martes, 20 de enero de 2015

La victoria es del Pueblo.

DOS CAUSAS ARMADAS MENOS



(AW) Fueron absueltos Mariano Skliar, delegado general de la Junta Interna de Promoción Social (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires y Humberto Rodriguez, secretario adjunto del mismo sindicato, ambos judicializados por organizarse y luchar. Aún quedan 5 mil compañerxs criminalizados en todo el país.
diosnel y maro 526x186
 
 
 Mariano Skliar, delegado general de la Junta Interna de Promoción Social (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires y militante del Frente Popular Darío Santillán, fue imputado por denunciar la política de desfinanciamiento y vaciamiento en el área impulsada por el gobierno de la Ciudad. Hoy, la justicia dictó la absolución definitiva a nuestro compañero, que el 1 de agosto de 2013 salió a las calles en el legítimo derecho a la protesta. Junto a él, fue procesado y también absuelto Humberto Rodriguez, secretario adjunto de ATE.
 
Diosnel Pérez, delegado de la Villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillán, fue procesado como organizador e instigador de la toma del Parque Indoamericano en 2010, junto con el Tano Nardulli, de la CCC. Luego de un proceso de 4 años, con dos absoluciones previas y la impunidad total en la causa a los policías metropolitanos y federales que reprimieron a miles de familias en la toma y asesinaron a Rosmery Churapuña, Emilio Canabiri y Bernardo Salgueiro, el tribunal presidido por la Jueza Beatriz Lara finalmente definió absolver a los dos luchadores sociales. 
 
Desde el FPDS celebramos la decisión judicial en ambas causas, y afirmamos que la absolución es una victoria de los movimientos populares frente a las políticas de persecución y criminalización que ejerce el gobierno de la Ciudad contra el pueblo.  
 
Queremos mencionar, además, que la profunda crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y la falta de políticas sociales y estructurales para la zona sur de la Ciudad no está resuelta, y tampoco el gobierno muestra interés ni voluntad en mejorar la situación de las familias que allí habitan, a las que excluye y expulsa privilegiando los múltiples negociados inmobiliarios que impulsa en la Ciudad.
 
Denunciamos también el desfinanciamiento y vaciamiento de las áreas públicas de gobierno, parte de la política privatizadora y elitista de Macri. 
 
Este triunfo popular es un paso más para seguir denunciando y resistiendo las políticas privatistas del macrismo, y continuar exigiendo tierra y vivienda para todos los vecinos de la Ciudad.
 
Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la protesta, exigiendo el cese de la persecución política y el desprocesamiento de lxs 5 mil compañerxs criminalizados en todo el país, y luchando por mejores condiciones en nuestros puestos de trabajo, por la salud pública, la educación, y por una ciudad que nos incluya a todxs.
 
Exigimos justicia por Rosmery Churapuña, Emilio Canabiri y Bernardo Salgueiro, y repudiamos la nefasta absolución de los policías metropolitanos y federales implicados en la represión.
 
 
Contactos:
 
Mariano Skliar (Militante del Frente Popular Darío Santillán y Delegado Gral. de la Junta Interna de ATE Promoción Social CABA): 1136743448
 
Diosnel Pérez (Militante del Frente Popular Darío Santillán, Villa 20; Lugano): 155.923.5552
 
Luka Morello (Área de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán): 156.197.7171
 
Prensa: 156 160 1182
 
 
 
¡BASTA DE CAUSAS ARMADAS, PERSECUCIÓN GREMIAL Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES!
Frente Popular Darío Santillán
 

domingo, 18 de enero de 2015

Fueron condenados pero están en libertad.

PRESOS DE ATE SANTA CRUZ



(AW) 4 de los compañeros presos desde hace un año en Santa Cruz, en una causa armada fueron condenados a tres años de prisión, pero todos fueron liberados, ya que cumplieron con un tercio de la pena, el fallo será apelado.
alt

Transcribimos.
Condenaron a estatales de Río Gallegos en un juicio armado
Esta mañana finalizó el juicio contra cinco militantes de ATE, procesados por el incendio de un edificio público el año pasado. Cuatro fueron condenados (quedaron libres por haber cumplido más de un tercio de la pena) y la enfermera Patricia Benítez fue absuelta. Para nueve de cada diez santacruceños, son inocentes.
Condenaron a estatales de Río Gallegos en un juicio armado
En los tribunales de la capital de la provincia de Santa Cruz esta mañana se leyó la sentencia del juicio en el que fueron procesados cinco militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Ernesto Apendino, Juan José Vera y Alberto Arteaga recibieron penas de tres años de prisión y la orden de realizar tres años de tareas de parquizado, forestación y pintura de plazas públicas y concurrir a un curso sobre ecología y medio ambiente. Según la condena, se los consideró culpables de los delitos de “estrago simple” y “daño agravado en concurso real con lesiones leves agravadas”.
Los tres trabajadores quedaron en libertad apenas terminado el juicio, dado que ya habían cumplido un año en prisión, esto en virtud del artículo 13 del Código Penal. Recordemos que desde hace poco más de un año estaban presos a la espera del juicio oral que acaba de finalizar.
Por su parte el trabajador Diego Reyes fue condenado a un año de prisión por el delito de “lesiones leves agravadas” y “daño agravado”. Como también estuvo un año preso se le consideró cumplida la pena y quedó libre. Reyes es uno de los trabajadores que más sufrió el año de prisión antes del juicio. De hecho denunció públicamente en una de las audiencias las torturas y los vejámenes que recibió estando detenido.
La enfermera Patricia Benítez fue absuelta, algo que ya se sabía desde la última audiencia del viernes 21 de noviembre, cuando se la dejó en libertad por “falta de mérito”. Sin embargo esta trabajadora salteña también sufrió un año de detención, lo que demuestra la arbitrariedad y el maltrato recibido por parte de la Justicia patagónica.
Un sexto trabajador acusado en el juicio, Luis Díaz, quien se había autoinculpado por los hechos y no estaba preso, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por ser coautor secundario del delito de “estrago simple”.
Los “considerandos”
Los jueces plantearon que las penas fueron atenuadas debido a que consideraban que si la policía y los bomberos hubieran intervenido en el incendio, las consecuencias hubieran sido menores. Con esta definición, el propio Estado reconoce de algún modo que la denuncia contra las fuerzas represivas provinciales por haber dejado la “zona liberada” tenía asidero. Sin embargo no ordenaron investigarlas.
Luego de las jornadas del juicio, con testimonios amañados y falta de pruebas contundentes en contra de los imputados, la sentencia evidentemente resulta arbitraria.
A los testigos propuestos por la defensa no se les concedió valor probatorio, al considerarlos “parciales” ya que son compañeros de militancia, de trabajo o amigos de los acusados. Sin embargo a dos empleadas estatales que declararon como testigos comprometiendo a los acusados sí se les dio valor probatorio pese a que después se rectificaron y denunciaron que les fraguaron la declaración.
También se consideró ciertas las declaraciones de los mismos policías que el tribunal cuestionó por no actuar dejando que se incendie el edificio. Y se tomaron como verdaderas las versiones de policías que no declararon en el juicio oral sino sólo ante la jueza de instrucción. Testimonios que fueron impugnados por la defensa, sin resultado favorable alguno.
El Tribunal cuestionó hasta las planillas de ingreso y egreso que demostraban que la enfermera Benítez estaba trabajando cuando se produjo el incendio. Cuestionamiento que de todos modos no alcanzó para inculparla, como pretendían.
A su vez ordenó investigar al dirigente de esa lucha de los trabajadores estatales, Raúl Gómez.
“Empate”, solidaridad y simpatía popular
Dentro y fuera de los tribunales de Río Gallegos esta mañana había familiares de los acusados, acompañados de militantes y organizaciones gremiales, políticas y sociales como la CTA, ATE, el gremio de Judiciales y partidos de izquierda. El dirigente del PTS y abogado del CeProDH Carlos Platkowski viajó desde Buenos Aires para estar presente durante la sentencia.
Pese a las condenas y el tiempo transcurrido en prisión, los familiares de los imputados se manifestaron contentos ya que hoy mismo sus seres queridos salieron en libertad. Algunos de ellos definieron esta situación como un “empate” ya que, aunque fueron condenados por un delito que no se pudo probar y que evidentemente tiene mucho de causa armada, hoy sus familiares “vuelven a casa”.
El doctor Platkowski denunció ante los medios al Tribunal, ya que no tuvo en cuenta las denuncias fehacientes y comprobables de Diego Reyes respecto a las torturas que recibió (le fracturaron la nariz en la comisaría, fue dejado desnudo en el patio de la alcaldía, entre otros ataques) por lo que no ordenó investigación alguna sobre esos hechos. Y a su vez marcó el “cinismo sin límite de parte de los jueces, que condenan a tomar cursos de ecología y medioambiente a los trabajadores estatales condenados, mientras en la provincia las multinacionales petroleras destruyen sin control los recursos naturales y hasta el momento ningún gerente pisó un tribunal”.
Vale destacar que gracias a la campaña realizada por el Comité por la Libertad de los Presos de ATE, entre los que se encuentran Norma Garrigue, madre de Ernesto Apendino, y Alfonso Lobo, secretario de Prensa de ATE Santa Cruz, que junto a los familiares del resto de los detenidos y las denuncias de los propios compañeros que con gran valor se animaron a sacar a la luz los apremios y las terribles situaciones que hicieron de esta una causa armada, se logró instalar en la opinión pública la causa como un hecho incontrastable de criminalización de la protesta social y persecución a las luchas.
Esto quedó en evidencia con la solidaridad que la comunidad santacruceña les brindó a los presos de ATE en todos estos meses. Una encuesta del portal Tiempo Sur sobre este juicio arrojó un resultado contundente: sólo el 13% de la población de la provincia cree que los cinco militantes de ATE son culpables.
Una opinión colectiva que abre el interrogante sobre cuál hubiera sido la sentencia en este juicio si existiera un jurado popular sorteado democráticamente en lugar de un tribunal más relacionado con el poder político y económico que con las necesidades de las mayorías.

Condena para los responsables del triple crimen de Moreno.

ROSARIO, SANTA FE



(AW) Tras casi 3 años, se hizo justicia por Jere, Mono y Patom. Los jueces, en un fallo unánime, condenaron a los responsables del asesinato de los tres militantes populares. Con penas de entre 24 y 33 años, los 5 acusados estarán desde hoy en la cárcel.
jere-mono-y-patom 249x134
   
La justicia, aquella que exigimos ante cada muerte injusta, hoy se hizo presente. Se pudo demostrar que con la lucha incansable y sin resignaciones, no hay batallas perdidas.  Jere, Mono y Patom, no eran soldaditos de nadie, ni estaban en el lugar equivocado. Eran 3 pibes, militantes populares, que luchaban, día a día, por cambiar esta injusta realidad en la que vivimos. A los pibes los mato el narcotráfico y hoy eso quedo muy claro.
 
Desde el primer momento lo dijimos y lo seguimos afirmando, el Triple Crimen de Moreno expuso la dura realidad que desde hace largos años atraviesa el día a día de la ciudad. Expuso una realidad que el poder empresarial y político de la ciudad y provincia pretender tapar: las dimensiones del negocio narco, su vínculo con la economía “legal” (boom inmobiliario, boom de la soja) y las redes de connivencia entre la Policia Santafesina, el poder judicial y político.
 
También puso delante de nuestros ojos la cara oculta de la “Rosario turística y que crece de cara al río” con edificios de lujo para pocos y casinos que parecen una postal de Miami. La ciudad de los y las pibes y pibas que sin laburo, sin posibilidades de estudio y presos/as del consumismo capitalista buscan en el narcotráfico una salida. La cuenta es sencilla: mientras año a año crece el número de homicidios en la ciudad –el 70% jóvenes- aumenta las sumas de las cuentas bancarias de los dueños del narco.
 
Los/as niños/as y jóvenes de Rosario viven una situación de emergencia. Por ello resulta urgente que se apruebe la Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud por parte del Consejo Municipal, iniciativa que venimos impulsando desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Sin embargo, el Partido Socialista que gobierna la ciudad se niega a reconocer la realidad, siquiera da la cara para debatirla. Mientras tanto, se siguen ajustando los presupuestos para las políticas sociales municipales y provinciales dirigidas a la infancia y jóvenes y reforzando estrategias represivas.
 
Esperamos que esta sentencia ejemplar sea el puntapié inicial para que le sigan todos los juicios que hay por delante para hacer justicia por cada pibe y piba que muere en la ciudad. 
 
¡Mientras sigamos luchando, ellos estarán presentes!

sábado, 17 de enero de 2015

REMATAN UN CAMPO CON 50 FAMILAS CAMPESINAS VIVIENDO EN ÉL.

LA JUSTICIA CORDOBESA CONTRA LOS CAMPESINOS



(AW) Entre los departamentos de Cruz Eje e Ischilin, se encuentra el campo “La Libertad” de 12500 héctareas, habitado por varias generaciones de alrededor de 50 familias campesinas, fue comprado en remate judicial , a pesar de que la justicia reconoció a los trabajadores del campo como habitantes del lugar. Todo indica que los compradores piensan usar la violencia para policial para desalojar a las familias. El Movimiento Campesino de Córdoba esta en alerta y movilización.
REMATE
(AW)En reportaje concedido a esta agencia por los compañeros  Cintia y Luis del Movimiento Campesino de  Córdoba contaron que del  Campo la Libertad de 12.500 Hectáreas se remataron 9500. Viven allí 50 familias, funciona una escuela, las familias viven de la cría de cabras, apicultura, leña, cultivos, el desalojo no solo los privaría  de su vivienda, sino que también de su sustento desu modo d vida pues tendrían que emigrar a las ciudades a malvivir en las villas miseria de emergencia. La justicia primero dictaminó que los campos estaban deshabitados, presionada por los campesinos realizó inspecciones que comprobaron lo evidente allí viven numerosas familias desde hace varias generaciones.  En una particular visión los veedores judiciales interpretaron que en ese lugar donde no hay tendido eléctrico la casa sin televisión no esta habitada, con este criterio 4000 hectáreas están deshabitadas y sobre estas los compradores ya podrían tomar posesión.El remate es para pagar acreedores de la quiebra del Banco Feigin. El Movimiento Campesino ha pedido desde hace mucho que el campo se expropie pero el Gobierno de Córdoba no lo hace y su justicia avanza contra los derechos de las familias pobladoras. Todo indica que los compradores que invirtieron 14.000.000 de pesos , un precio de oferta, no se quieren perder el negocio solo porque halla unas personas viviendo allí y que van a usar métodos mafiosos para intentar desalojar ya que en los legales podrían perder. Los campesinos no defienden un negocio, defienden su dignidad, su manera de vivir no se van a rendir fácil. Tendremos que estar alerta para apoyarlos.

jueves, 15 de enero de 2015

La justicia ordena ¡todos adentro!

LEAR


Ju

(AW) El dictamen de la Sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo da lugar a las medidas cautelares de reinstalación de los trabajadores de la autopartista que siguen con el reclamo. Aun no tienen respuesta de cuándo será efectivizado, por lo tanto para rechazar cualquier tipo de maniobra dilatoria, los obreros convocan mañana a las 7am frente a la empresa.
cumpaslear 349x234 349x234


Con el fundamento de que los despidos masivos que la multinacional yanqui realizó hace seis meses son ilegales por no haber realizado previamente el Proceso Preventivo de Crisis. La justicia ordena a la patronal reincorporarnos inmediatamente y pagarnos los salarios caídos. Este triunfo es fruto de la lucha que venimos dando con todos los que nos han acompañado para que no queden familias en la calle.

Ayer nuestros abogados notificaron a la empresa y al Ministerio de Trabajo de la resolución judicial, exigiéndoles la inmediata reincorporación de los trabajadores. Pero no hemos obtenido ninguna confirmación sobre cuándo será efectivizada. Los despedidos realizamos una nueva asamblea que resolvió rechazar las maniobras dilatorias que impidan el cumplimiento del fallo de la justicia y exigir al Ministerio de Trabajo que envíe funcionarios para llevar adelante esa medida. Por esto convocamos a una nueva Jornada de Lucha el próximo viernes 19 a las 7 a. m. frente a las puertas de Lear en Pacheco. Una vez más nos movilizaremos y haremos distintas acciones de lucha para lograr la reincorporación y pasar una Navidad sin familias en la calle.
Comisión Interna y trabajadores despedidos de Lear

sábado, 3 de enero de 2015

Piden juicio para 16 imputados en causa del Pozo de Quilmes.


La presentación fue formulada por los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro ante el juez subrogante a cargo del Juzgado Federal 3 de La Plata, Jorge Di Lorenzo, quien ahora deberá dar traslado a la defensa de los imputados y luego elevar el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de esa jurisdicción. Los acusados, entre quienes se encuentra el ex ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura cívico militar, Jaime Smart, y el médico policial Jorge Bergés, son investigados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de diez años. Según informa el sitio Fiscales.gob.ar, en la acusación se detallan los casos de 175 víctimas que estuvieron secuestradas en el Pozo de Quilmes entre noviembre de 1975 y marzo de 1979, uno de los centros clandestinos que integró el Circuito Camps. Del total de acusados, nueve actuaron en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, con sede en La Plata y la nómina está compuesta por Antonio Herminio Simón, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale,Carlos Marí­a Romero Pavón, Gustavo Adolfo Cacivio, Miguel Ángel Amigo y Roberto Armando Balmaceda. Además, llegarán a juicio oral el ex subjefe policial, Rodolfo Aní­bal Campos; el ex segundo comandante del Cuerpo I del Ejército, Jorge Carlos Olivera Róvere; el ex segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infanterí­a X del Ejército, con sede en La Plata, Héctor Humberto Gamen; y el ex jefe del Batallón Depósitos de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno, Eduardo Samuel De Lío. En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales pusieron de relieve los crímenes sexuales cometidos allí "de manera sistemática" y dieron por probado la existencia de "otras formas de violencia sexual". La lista de acusados se completa con el ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, en su carácter de jefe de todas las brigadas de la provincia. El Pozo de Quilmes, ubicado en la esquina de Allison Bell y Garibaldi, funcionó en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Fue uno de los centros clandestinos sobre los que más se indagó en los juicios realizados en los '80 a las juntas militares y al equipo represivo encabezado por el jefe policial Ramón Camps. Entre otros casos, se acreditó que durante 1976 permanecieron secuestrados algunos de los jóvenes estudiantes secundarios de la denominada "Noche de los Lápices", como también se determinó que en 1977 y 1978 actuaron en el lugar representantes de las fuerzas armadas uruguayas, en el marco de la Operación Cóndor.