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FAMATINA
La Justicia de Chilecito dictó sentencia, este mediodía, a 11 de los 16 asambleístas denunciados por la diputada del Bloque Justicialista, Adriana Olima, quien los había acusado por supuestas agresiones físicas, entre otras cosas, según informaron desde la Asamblea de La Rioja y la Asamblea de Famatina.
Por Rocío Bao (especial para Agencia Walsh)
27 de mayo de 2013-
El 11 de marzo pasado, fueron imputados 16 vecinos en el marco de las protestas que mantienen hace ya siete años por la defensa del cerro Famatina, en La Rioja (en contra de la minería a cielo abierto), a los que Olima denunció por “agresiones físicas", "privación de la libertad" (la funcionaria afirmó que la secuestraron durante media hora en su auto), “asociación ilícita" (mayoría de funcionarios municipales denunciados) y “desobediencia a la autoridad”.
Esta es la diputada que habló al medio oficialista de la provincia, “El Independiente”, y que sin ningún tipo de escrúpulos expresó en su momento: “Tengo la convicción que la minería es una alternativa que tenemos en nuestro departamento, pero ellos (los asambleístas) dicen que no, por el futuro. Yo me pregunto por qué no mirar el presente y saber qué está pasando hoy”.
Las agresiones no pudieron ser comprobadas, por lo cual, de los once famatinenses citados por el caso “Olima y otros”, cinco fueron sobreseídos y a los siete restantes se les dictaminó “falta de mérito”, según estableció el juez Alberto Carrizo.
A causa de esta denuncia, según informan desde las Asambleas, el gobernador riojano Beder Herrera, había calificado de “cobardes” y “maricones” al párroco Omar Quinteros y al intendente de Famatina, Ismael Bordagaray; ambos opositores a la actividad minera y víctimas también, de violencia; en el caso de Quineros, y de falta de fondos para la gestión; en el caso de Bordagaray. Los dos fueron foco además, de una campaña difamatoria por parte de los medios afines a Herrera.
No obstante, aún quedan cuestiones judiciales por resolver, ya que, si bien hoy se dictaminó este sobreseimiento, los mismos vecinos continúan procesados por las otras acusaciones, por lo cual el juez a cargo seguirá investigando la causa. Además, desde las asambleas, especulan que hay treinta nuevos imputados por la represión del 11 de mayo.
A todo esto, se le suma la campaña mediática oficialista, que invierte los roles y tergiversa los hechos tapando la violencia de la policía y los funcionarios, y acusando a los vecinos de ser los culpables de todo acto violento.
En apoyo a los vecinos imputados, unas 200 personas llegaron temprano desde las localidades del departamento Famatina y rodearon con un abrazo el edificio donde se dictaminaba la sentencia.
El 11 de marzo pasado, fueron imputados 16 vecinos en el marco de las protestas que mantienen hace ya siete años por la defensa del cerro Famatina, en La Rioja (en contra de la minería a cielo abierto), a los que Olima denunció por “agresiones físicas", "privación de la libertad" (la funcionaria afirmó que la secuestraron durante media hora en su auto), “asociación ilícita" (mayoría de funcionarios municipales denunciados) y “desobediencia a la autoridad”.
Esta es la diputada que habló al medio oficialista de la provincia, “El Independiente”, y que sin ningún tipo de escrúpulos expresó en su momento: “Tengo la convicción que la minería es una alternativa que tenemos en nuestro departamento, pero ellos (los asambleístas) dicen que no, por el futuro. Yo me pregunto por qué no mirar el presente y saber qué está pasando hoy”.
Las agresiones no pudieron ser comprobadas, por lo cual, de los once famatinenses citados por el caso “Olima y otros”, cinco fueron sobreseídos y a los siete restantes se les dictaminó “falta de mérito”, según estableció el juez Alberto Carrizo.
A causa de esta denuncia, según informan desde las Asambleas, el gobernador riojano Beder Herrera, había calificado de “cobardes” y “maricones” al párroco Omar Quinteros y al intendente de Famatina, Ismael Bordagaray; ambos opositores a la actividad minera y víctimas también, de violencia; en el caso de Quineros, y de falta de fondos para la gestión; en el caso de Bordagaray. Los dos fueron foco además, de una campaña difamatoria por parte de los medios afines a Herrera.
No obstante, aún quedan cuestiones judiciales por resolver, ya que, si bien hoy se dictaminó este sobreseimiento, los mismos vecinos continúan procesados por las otras acusaciones, por lo cual el juez a cargo seguirá investigando la causa. Además, desde las asambleas, especulan que hay treinta nuevos imputados por la represión del 11 de mayo.
A todo esto, se le suma la campaña mediática oficialista, que invierte los roles y tergiversa los hechos tapando la violencia de la policía y los funcionarios, y acusando a los vecinos de ser los culpables de todo acto violento.
En apoyo a los vecinos imputados, unas 200 personas llegaron temprano desde las localidades del departamento Famatina y rodearon con un abrazo el edificio donde se dictaminaba la sentencia.
