domingo, 30 de septiembre de 2012

En el día de hoy, el Tribunal de Cuentas dictó sobre la causa que comprende la ejecución fraudulenta del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES) en el 2005, el cual motorizó el sistema de tickets tras las crisis del 2001 para que los mendocinos de menos recursos los canjeen para abastecerse de productos relativos a la subsistencia.



En el 2000, la ley N° 6.783 garantizaba el aporte de $15 millones para programas destinados a la producción, el trabajo, la protección de la familia, la infancia y la adolescencia, entre otras cuestiones de índole social.
Así, en el 2005, con base en esta ley, el Ministerio de Desarrollo Social emitió la resolución N° 1.763 para crear el Programa Vale Más, que entregaba ayuda a población en riesgo en forma de tickets. Sin embargo, el sistema fue una fuente de dinero sin control ya que hubo tickets mellizos y planillas duplicadas, un mecanismo de estafa al estado.
El dictamen no aplica sanciones (cargos monetarios) sobre las autoridades del primera línea del entonces Ministerio de Desarrollo Social, pero menciona la responsabilidad de la entonces ministra del área, Ana María Gotusso. Si bien no le imputa cargos, sí indicó que incurrió “en procedimientos administrativos irregulares”, ya que no controló las dependencias que estaban a su cargo.
El fraude salió a la luz durante la gestión de Cobos cuando Sergio Pinto, ex ministro de Desarrollo Social, y Alberto Monetti, coordinador del Programa Vale Más, realizaron la denuncia.

jueves, 27 de septiembre de 2012

La Cámara Penal de La Plata ordenó el cese de la prisión preventiva de Osvaldo “el Karateca” Martínez en la causa del cuádruple crimen de La Plata.



El padre de Martínez explicó “primero queremos encontrarnos con él, que se estalle un poco, contenerlo. Luego, los abogados trabajarán en el juicio oral”.
“Mi hijo no mintió sobre las llamadas telefónicas”, afirmó, en tanto, su madre.
El padre de Marisol Pereyra, en tanto, se lamentó. “Seguimos mendigando justicia”, dijo, y agregó: “Quiero al verdadero asesino de mi hija”.

Luego del cacerolazo de anoche frente al domicilio del juez Norberto Oyarbide, en el barrio porteño de Recoleta, el magistrado decidió abandonar la causa contra Moreno.



El juez  Oyarbide dijo sobre la causa contra Guillermo Moreno: “La causa ya no es mas mía, me aparto por violencia moral y por la garantía de juez imparcial”.
La despachante de aduana, Paula De Conto, confirmó esta mañana que: “La llamaron desde el juzgado para avisarle  que ‘Oyarbide  dejó la causa. Es una muestra de que que cuando nos unimos, se puede”.
‘Y ahora quedaré a la espera de que se defina nuevo tribunal. La denuncia no la voy a retirar, porque los hechos sucedieron. Voy a seguir adelante’.

domingo, 23 de septiembre de 2012

Marcelo Romero: Un fiscal denunciado.


Un fiscal de La Plata fue denunciado
Denunciado por haber propuesto una instancia de mediación entre Mariana Condori, una chica que apareció muerta en su casa, y su pareja, quien ahora está sospechado de ser el autor de la muerte, ocurrida días después de esa propuesta. La presentación la realizaron familiares de la joven, muerta el 14 de marzo último, acompañados por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y distintas organizaciones sociales de La Plata. Se hizo ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. El denunciado es el fiscal Marcelo Romero, a quien acusán de "graves irregularidades" y violación de pactos internacionales de Derechos Humanos. En su descargo Romero indicó que las recomendaciones para que no se proponga mediación en esos casos es posterior al caso de Condorí.

Mariana Condorí tenía 20 años y era madre de tres hijos. Vivía en pareja con Gabriel Maldonado desde hacía un año y medio, con quien tenía una hija. Según la relata el CIAJ en su presentación, “Maldonado ejercía todo tipo de violencias hacia Mariana: violencia física, psicológica, agresión hacia sus hijos, obstrucción de su autonomía económica”.

También indican que el 7 de marzo de 2012, una semana antes de su muerte, Mariana llegó en moto junto a su pareja a la casa de su madre. Según el relato de sus familiares “durante todo el trayecto fue recibiendo de parte de Maldonado, golpes de puño en la cara, cabeza, espalda y abdomen”.

La familia, advirtiendo el estado en el que llegó la joven, la indujo a hacer la denuncia policial. Así fue que se presentó en la Comisaría 3era de La Plata.

“No era la primera agresión que recibía Mariana, pero en la Comisaría nada le preguntaron sobre hechos anteriores. La mandaron al cuerpo médico y al hospital para constatar las lesiones; pero no pudo ir por falta de recursos para su movilidad”, recuerdan.

En la presentación se indica que la denuncia que realizó Mariana fue recibida por la UFI Nº 6 a cargo de Romero, quien dispuso: “…se cite a la víctima a efectos de que manifieste cuál es su situación actual respecto del ilícito denunciado, como así, si presta conformidad en la iniciación de un proceso de mediación con la intervención de la Secretaría respectiva a efectos de procurar una solución alternativa al conflicto…”.

La causa salió de la fiscalía para notificar a Mariana el día 13 de marzo y el 14, Mariana fue hallada muerta por ahorcamiento en su casa del barrio de Villa Elvira, en circunstancias que aún están siendo investigadas, a fin de determinar si se trató de un suicidio o un homicidio a manos de su pareja Maldonado. La causa de la muerte de la joven también tramita en la misma Unidad Fiscal a cargo de Romero.

El propio Romero indicó a Diagonales.com que la mediación fue “propuesta” por él como un “paso de rigor”. Sin embargo aclaró que se trata de una “propuesta”, de “una pregunta” y no de “una disposición”. No obstante, admitió que existe una orden de la Procuración para que no se proponga más esa instancia de mediación, pero que la misma “es posterior al caso de Mariana Condori”.

Romero admitió el derecho de la familia de la víctima de hacer la presentación, aunque dijo que será la Procuración la que finalmente resolverá si su proceder estuvo acorde a lo que en el momento en el que actuó disponían las normas y recomendaciones.

La denuncia. “Al cumplirse 6 meses de la muerte de Mariana Condorí, sus familiares y el CIAJ, representante legal en la causa, solicitan se sancione al fiscal Romero por la gravedad de la decisión adoptada”, anunció la organización que acompaña a los familiares de la víctima.

En el escrito presentado ante la Procuración, el CIAJ manifiesta: “Aun cuando distintos organismos internaciones de derechos humanos –Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité de seguimiento de la Convención de Cedaw, entre otros - y la legislación vigente en el ámbito nacional y provincial prohíben que en casos de violencia de género y contra las mujeres, se fijen audiencias de conciliación, mediación u otros medios que promuevan instancias de acercamiento y/o reconciliación entre la víctima y la persona denunciada, estas aún son promovidas por los funcionarios judiciales”.

“La aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad”, sigue.

Y completa que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2010 sobre el acceso de mujeres a la justicia, hizo hincapié en que hacer este delito negociable o transable, parte de la premisa de que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, situación que queda excluida de las instancias de violencia contra las mujeres en tanto se enmarcan en relaciones de poder y dominación entre los géneros”.

En la denuncia se incluye una solicitud para que la Procuración instruya a los fiscales acerca de cómo abordar a las víctimas de violencia de género así como las diligencias pertinentes para instruír adecuadamente las causas donde se investigan estos hechos.

En el escrito, el Colectivo expresa que “resulta fundamental que, así como recientemente la Procuración General emitió un Protocolo de actuación para recepción de testimonio de niños/as víctimas de violencia y abuso, en este caso se emita directiva tendiente a unificar prácticas de investigación y abordaje de casos de violencia de género. Se deberán establecer los modos de actuación sugeridos (historización de la situación de violencia, protección de las denunciantes, acumulación de denuncias anteriores, sistematización de datos, etc.) y que la mediación sea una medida vedada para estos casos”.
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CICLO DE LA VIOLENCIA
CICLO DE LA VIOLENCIA
La joven, de 24 años, murió como consecuencia de las quemaduras sufridas en el 85 por ciento de su cuerpo. Su familia siempre acusó a su pareja por el hecho. 
El novio de Fátima Catán, una joven que murió quemada en agosto de 2010 en su casa de Villa Fiorito, fue detenido anoche. Está sospechado de haber prendido fuego a su pareja, quien falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas, informaron fuentes policiales y judiciales.

Martín Santillán fue detenido anoche, durante un allanamiento realizado por personal de la comisaría 5a.de Lomas de Zamora en una casa de Villa Fiorito. El joven quedó imputado del delito de "homicidio" en un caso de violencia de género.

Santillán fue apresado por orden del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, a pedido del fiscal de instrucción de ese distrito, Gerardo Loureyro, y de la familia de Fátima Catán.

Según señalaron fuentes judiciales, el juez tuvo en cuenta las declaraciones de testigos sobre las constantes peleas que existían en la pareja. Otro elemento de peso para ordenar su detención fueron las denuncias hechas por Fátima, en las que aseguraba que era víctima de violencia por parte de su novio.

Fátima, embarazada de 5 semanas, vivía con Santillán en una casa en Villa Fiorito. El 19 de agosto de 2010 resultó quemada en un confuso incidente y tuvo que ser internada. Murió tres días después en el hospital San Martín de La Plata, a causa de las quemaduras sufridas en el 85 por ciento de su cuerpo.

Según la versión que Santillán le dio a la Policía después del hecho, Fátima estaba limpiando discos compactos con algodón y alcohol, encendió un cigarrillo y se prendió fuego. Pero la familia de la joven siempre sostuvo que Fátima era víctima de violencia por parte de su pareja y lo señaló como responsable de lo ocurrido. Hasta el momento, Santillán nunca había estado detenido.
pequeños violentos 

sábado, 22 de septiembre de 2012

Finalmente, y pese al reclamo de organizaciones de derechos humanos, el juez federal Ariel Lijo dispuso el archivo de la causa del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, por su actuación como agente civil de inteligencia durante la última dictadura, tal como se lo había recomendado el fiscal de la causa.


El juez firmó el archivo del expediente, tal como se lo había recomendado del fiscal Jorge Di Lello por faltas de pruebas, que en las últimas horas se especulaba con que iban a ser presentadas por los organismos de derechos humanos que iniciaron la demanda.
Organismos de derechos humanos, en tanto, anunciaron que apelarán la semana que viene el archivo de la causa contra Martínez, donde se investigaba si participó en la desaparición de trabajadores de ese gremio cuando fue agente civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército.
"Vamos a plantear que la causa se siga investigado, que seamos tomados como querellantes y en caso contrario vamos a ir a la Cámara Federal por denegación de justicia", dijo Enrique Fukman, de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), una de las 11 organizaciones que en julio del año pasado denunciaron a Martínez.
También solicitarán que se recabe pruebas sobre las actividades del sindicalista en la "Zona 4", perteneciente a Campo de Mayo, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
"En el legajo de Martínez aparece que estuvo en Zona 4, por lo que queremos saber cuáles fueron sus tareas, qué órdenes recibió, cuál fue su accionar en relación a la gente desaparecida en esa zona", explicó Fukman.
La causa número 8677/11 fue archivada por Lijo porque, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez tuvo en cuenta que ni siquiera en la medidas previas solicitadas antes de expedirse “pudieron incorporarse elementos que permitieran generar un cuadro de imputación mínimo que sea acorde a los presupuestos de la responsabilidad penal para iniciar una investigación penal”.
Es decir, luego de las medidas preliminares llevadas a cabo, “no se incorporaron pruebas que permitan describir una imputación a Gerardo Martínez en su participación en un hecho concreto dentro de esa estructura”.

Oyarbide encubrió otra vez al delincuente Amado Boudou.



El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por una denuncia debido a la supuesta irregularidad en la refacción de su despacho en el Senado.
El dirigente político y empresario Juan Ricardo Mussa denunció a Boudou por las refacciones que según él costaron 600 mil pesos, presupuesto que incluyó la instalación de un jacuzzi.
Daniel Lauro, Director de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales del Senado, declaró en la causa y sostuvo que se remodelaron tres baños y se hicieron trabajos de pintura en el despacho de Boudou y en una sala de reuniones.
Lauro sin embargo aseguró que no instaló un jacuzzi y que se trató de “sanitarios normales”, alcanzando un gasto de 96.400 pesos, según consignó el secretario Administrativo del Senado, Juan Zabaleta.
“Se encuentran documentadas cada una de las etapas que se llevaron a cabo para lograr, en definitiva, la remodelación de oficinas, despachos y áreas del Honorable Senado”, sostuvo Oyarbide en su fallo.

martes, 18 de septiembre de 2012

La juez Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de ocho acusado en el marco de una causa por espionaje.


La juez Arroyo Salgado procesó a ocho acusados en una causa por espionaje

Alcanza a Juan Bautista Yofre, Pablo Carpintero, Héctor Alderete, Carlos Pagni, Edgar Mainhard, Roberto García, Néstor Ick y Daniel Reimundes. Se investigan también los delitos de asociación ilícita, sustracción de documentos y encubrimiento agravado

 

La medida alcanza a Juan Bautista Yofre, Pablo Alfredo Carpintero, Héctor Guillermo Roberto Alderete, Carlos Orlando Pagni, Edgar Walter Mainhard, Roberto Ángel García, Néstor Carlos Ick y Daniel Manuel Reimundes.
Asimismo, la magistrada ordenó trabar embargo con respecto a cada uno de los imputados sobre sus bienes y/o dinero por la suma de $500.000 con respecto a Yofre, $300.000 con respecto a Carpintero, $300.000 con respecto a Alderete, $200.000 con respecto a Reimundes, $200.000 con respecto a García, $200.000 con respecto a Pagni, $200.000 con respecto a Ick y $200.000 con respecto a Mainhard.