Sentencia en el juicio que se le realizó al comisario Césr Ricardo Brandt.

DESALOJO VIOLENTO

El comisario Brandt fue condenado a seis meses de prisión y un año de inhabilitación (AW) Ayer en El Maitén se conoció la sentencia en el juicio que se le realizó al comisario Césr Ricardo Brandt por los hechos de represión ocurridos en Vuelta del Río el 15 de Marzo de 2003. El policía fue condenado a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial por un año para ejercer la función pública, por el delito de abuso de autoridad . Esquel, 16 de agosto de 2012 (Puerta E).- Por Gustavo Macayo En el día de hoy, 16 de Agosto de 2012, se dió lectura en El Maitén a la sentencia en la causa "Brandt". La Cámara Criminal del Noroeste del Chubut, a través del voto unánime de los Dres. O'Connor, Rodríguez y Rolón, condenó al comisario Césr Ricardo Brandt por los hechos ocurridos en Vuelta del Río el 15 de Marzo de 2003, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial por un año para ejercer la función pública, por el delito de abuso de autoridad en carácter de actor (art. 45, 248 y 26 del Código Penal). Impusieron las costas del proceso, en un 30% al condenado y un 70% a cargo del Estado Provincial, teniendo en cuenta que lo demorado del proceso se consideró una responsabilidad del Estado. No se hizo lugar a los cargos por Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Vejaciones, y Daños de los que había sido acusado el comisario, por la Querella y el Ministerio Público Fiscal. El tribunal tripartito tomó en cuenta a los fines de graduar la pena, por un lado la vulnerabilidad de la(s) familia(s) directamente afectadas por el accionar del oficial y la comisión policial a su cargo, y por otro la falta de antecedentes penales del comisario. Durante casi tres horas se pudo escuchar el fallo, que consta de 55 fojas. Sabemos que este fallo puede ser impugnado por la defensa de Brandt, pero muy difícilmente pueda ser apelado por las demás partes. Si bien es una condena bastante suave para la gravedad institucional que han tenido tanto los hechos como el propio proceso penal, no deja de ser un cierto avance en lo que hace al control judicial y la penalización del accionar policial, cuestiones que en general han sido siempre bastante esquivas para los jueces. Mucho más, tratándose de Comunidades Originarias, las que han sido históricamente castigadas tanto por policías como por fallos judiciales. Asimismo, nos queda el sabor desgradable de la impunidad que ha tenido el desempeño del resto del personal policial que tantos daños causó durante el desalojo intentado contra la familia Fermín, impedido por la resistencia digna y pacífica de toda la Comunidad Mapuche-Tehuelche. Así también quedó demostrada el enorme coraje, dignidad y solidaridad de todos los comuneros, así como el acompañamiento solidario y afectuoso de muchas personas, lo que ha hecho posible hasta hoy su resistencia, y la defensa del territorio ancestral. Sabemos que el retorno del Juez José Colabelli al Poder Judicial ha significado un enorme retroceso para el servicio de justicia, y también un duro golpe para todo el Pueblo Mapuche-Tehuelche; seguramente habrá que seguir luchando muchos años más por una justicia sin discriminaciones ni privilegios. Pero esta tarea debe involucrar no sólo a los Pueblos Originarios, sino también al resto de la sociedad que muchas veces permanece indiferente o en silencio. Aún cuando la sentencia aún no está firme, quiero agradecer especialmente al Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, que ha hecho un aporte esencial para que podamos llegar a un pronunciamiento judicial. Asimismo, a todos los que ofrecieron sus testimonios, y también su hospitalidad y atención para que podamos asistir y participar del proceso judicial. Muy particularmente, a Gabino Huilinao y toda su familia por las atenciones, a todos los maiteneros por su acompañamiento, y al periodista Andrés Campos por la tarea de difusión

El terror como forma de control social.

Un negocio de terror

(AW) La violencia y la muerte. Moneda corriente en nuestras prisiones. De la misma forma que cada hecho policial es repetido hasta el cansancio por los grandes medios, de la misma manera se oculta todo lo que sucede en las cárceles. La persistencia de compañerxs periodistas comprometidos logra que a veces los hechos trasciendan. Tras la mentada seguridad, un sucio negocio. El terror como forma de control social.




Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011.-

Por Rodolfo Grinberg (Agencia Walsh).-

No son necesarias demasiadas palabras para narrar los hechos. Miércoles 26 de octubre, 17.00 horas, un "filipino" se produjo en el pabellón 4 de la Unidad Nº 48 de San Martín. Las facas salieron a relucir. Es un todos contra todos. La sangre corre. Los heridos se cuentan por decenas. La guardia mira y se divierte. "Espectáculo gratis" piensan. El espectáculo dura horas. Mariano José Ramos recibe un facazo por la espalda que lo atraviesa de lado a lado. "Si se salva va a quedar cuadripléjico" dijeron en el hospital Bocalandro. La faca viajó en su espalda hasta que llegó al hospital. Le atravesó la aorta y le cortó la médula. Pudo (y aún puede) ser muerte. Fue (¿por suerte?) cuadriplejía.

Hasta acá los hechos. Cierto periodismo morboso podría llegar a relatar detalles. Mostrar el instante justo del horror si hubiesen podido filmarlo. Hacer primeros planos de los cuerpos chorreantes de sangre. Explicar el espíritu malvado de los presos. Clamar por más seguridad. Reclamar encierros interminables.
Sin embargo, silencio.

Silencio absoluto es la palabra que los medios comerciales le confirieron a lo sucedido. A pesar de la gravedad del hecho, sólo el matutino "Tiempo Argentino" en su edición del miércoles 9 de noviembre (2 semanas después) dio cuenta de lo acontecido.

El lector sabrá sacar conclusiones. En una época en que cada hecho policial suele ser amplificado y repetido hasta el cansancio, mucho más que cualquier hit musical, lo que ocurre en las cárceles es ocultado sistemáticamente. ¿Será que no vende? ¿Que no aumenta el tan mentado rating? ¿Será que para estos traficantes del dolor existe aún algo llamado pudor? No tenemos respuestas ciertas. Lo concreto es que ni los medios tildados de "amarillos", ni los que se piensan más serios han publicado nada sobre el tema. Medios vinculados con el poder político (nacional o provincial) y medios vinculados con el poder económico más concentrado coinciden en el silencio.

En la denuncia que presentó el Secretario de Ejecución Penal de San Martín, Dr. Juan Manuel Casolati, a la fiscalía de turno, se afirma que "el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) conocía y sabía que se estaba por producir una pelea en el interior del pabellón y que a pesar de ello, nada hizo para evitarla". Los interrogantes vuelven a presentarse ¿Por qué no se hizo nada para evitar la pelea? ¿Qué oscuros intereses fundamentan esa actitud?

Más adelante el escrito presentado por Casolati afirma que "Los testimonios recibidos dan cuenta del tráfico y consumos de droga en general en la Unidad 48 y en particular al interior del pabellón nro. 4; Según manifestaciones de los detenidos, muchos de los internos que participaron en las peleas se encontraban absolutamente drogados y que las drogas, -en general pastillas y marihuana- es comercializada con la anuencia del propio personal penitenciario que participa activamente en el negocio ilegal de las mismas".
Nada nuevo bajo el sol. Las cárceles, la pobreza, la exclusión social, la muerte, son un gran negocio. Sabido es que la denuncia de más arriba muestra el menudeo, el chiquitaje, el pequeño lucro que maneja la guardia penitenciaria. Numerosas denuncias confirman que los guardiacárceles no solo manejan el comercio de drogas dentro de los penales, sino también el de facas, celulares, tarjetas de teléfonos, visitas íntimas y todo lo que se pueda imaginar y vender.

Sin embargo, creemos que no son estos "pequeños" sucios negocios la causa principal por la que los grandes medios ocultan las cárceles.

Un informe elevado por el propio Casolati, surgido a partir de la visita que este realizara junto a miembros de la Comisión Provincial por la Memoria y del CELS, explica que "De los registros de la unidad surgía que en la fecha del hecho, solo se encontraba una enfermera en la unidad, sin presencia de médico de guardia y que el detenido RAMOS, fue trasladado al Hospital con un automotor particular, pues la ambulancia no funcionaba." Una lectura no demasiado profunda daría cuenta de un problema de corrupción estructural dentro del Servicio Penitenciario, teniendo en cuenta que el presupuesto del mismo fue en 2010, de $1.347.685.900, lo que da un promedio de $ 4300 mensuales por detenido (ver Informe del Comité contra la Tortura 2011). ¿Cómo explicar las graves deficiencias denunciadas? La corrupción, los negociados (por demás conocidos), tal vez sean una parte de la explicación, no toda.

En la denuncia de Casolati a la fiscalía se expone que " A momentos de la inspección en el pabellón 4 y el SAC, advertí en las celdas recorridas, prendas de ropa manchadas con sangre que no habían sido secuestradas ni por el Agente Fiscal que interviene el hecho del día 26/10, como así tampoco por la autoridad penitenciaria que investiga la pelea en sede administrativa; fui anoticiado que a momentos de nuestra visita, ningún miembro del Ministerio Público se había hecho presente en la unidad, en el marco de la investigación por las gravísimas lesiones que recibiera Ramos, de lo cual, habré de anoticiar al Señor Fiscal General Departamental, Dr. Marcelo Lapargo, a los fin que estime." La denuncia pone de manifiesto otra situación que se repite con mucha frecuencia: quienes tienen la obligación de investigar no lo hacen. Ni siquiera visitan las cárceles. Ninguna novedad. El poder judicial participa de la fiesta.

Fácil es presumir (en realidad es un secreto a gritos) entonces, que detrás del negocio de la seguridad y las cárceles se encuentran personeros del poder político, de la estructura judicial, del poder económico concentrado y por ende de los grandes medios. Fácil es suponer que nombres y rostros se repiten en cada uno de los actores enunciados. Fácil es reconocer el pacto de silencio.

Alguna vez la coyuntura política permite que estas noticias tomen estado público. Ejemplo claro fue la denuncia que realizara Horacio Verbitsky, en marzo de este año, contra el Servicio Penitenciario Bonaerense en oportunidad de la disputa política entre la presidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nada de denunciado en esa oportunidad fue solucionado, pero el mutis continúa.

Quizás en los intereses de los poderosos estén algunas de las respuestas a nuestros interrogantes.
Pero entonces... ¿Por qué tanta difusión de los hechos policiales en la calle y casi ninguna de lo que ocurre en los lugares de encierro? ¿Será qué allí es más difícil ocultar la responsabilidad del poder? ¿Será que las cárceles no deben mostrarse para que no se cuestionen? ¿Será que allí el sistema pasea desnudo?

Seguramente algo de eso debe haber, pero también creemos que existe una parte de la sociedad que no quiere saber. El terror prolijamente instalado desde los medios. La exacerbación del individualismo, del sálvese quien pueda. El miedo a los pobres, a los desalojados de la sociedad. La desconfianza hacia todo lo que se desconoce ha creado otras rejas. Rejas detrás de las cuales se esconde una parte de la sociedad que se "cree", se autotitula "decente". Rejas que, suponen, los protegen del afuera. Rejas que se pretenden como velo de lo que ocurre alrededor. Esa parte de la sociedad que clama por seguridad, pero que no quiere conocer su precio: el dolor y la tortura de miles de seres humanos. Esa parte de la sociedad que se niega a interpelarse, a preguntar los por qué. Tal vez, esa parte de la sociedad que así se sienta más tranquila, no quiera ver lo que sucede en las cárceles y retroalimente a los medios que ven en ella a buena parte de los destinatarios y consumidores de su mensaje.

Faltan respuestas. Seguro. Lo cierto es que hoy a casi 28 años del retorno de la democracia, a más de 8 de comenzado el gobierno de los Kirchner, las cárceles en nuestro país son, como se afirma en el libro "Cárceles de mala muerte", verdaderos campos de concentración, sitios donde se asesina, se tortura y se ultrajan todos los derechos. Las cárceles están allí. Aunque se pretenda no verlas. Aunque se las quiera ocultar. Están allí. Lacerando la conciencia. Por más que se cierren los ojos.

Aclaración: La Agencia Walsh, como muchos medios alternativos, no tiene la lógica de la primicia. A la espera de que algún medio de alcance nacional, que sí aspiran a publicar exclusivas y primicias, se hiciera eco de lo sucedido, no publicamos la información que hoy difundimos. Con criterio acertado o no, y "tocando" a conocidos en distintos medios, esperamos con el objeto de que esos medios le dieran difusión para que la noticia tuviese el mayor alcance posible. Esto sucedió 2 semanas después: un solo medio, "Tiempo Argentino", se decidió ayer a la publicación. Este artículo es quizás producto de la impotencia y la necesidad de hacer catarsis ante tanta sordera.