La designación del secretario Laureano Durán, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, resulta inconstitucional y vulnera la garantía de la independencia judicial.

ADC y Poder Ciudadano presentaron ayer un amicus curiae en el caso “Uriarte”. Allí, se sostuvo que la designación del secretario Laureano Durán, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, resulta inconstitucional y vulnera la garantía de la independencia judicial.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) junto a Poder Ciudadano presentaron un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respaldo a la declaración de inconstitucionalidad de la designación de Laureano Durán como juez subrogante y del artículo 7 del Reglamento de Subrogancias del Consejo de la Magistratura.

El amicus aporta argumentos al máximo tribunal para decidir en la causa “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura” en la cual se discute la validez de la designación del secretario Durán por parte del Consejo de la Magistratura, en tanto la misma no respetó los estándares locales e internacionales sobre designación de jueces/zas. En efecto, el procedimiento de la ley 26.376 indica que ante la vacancia, el órgano judicial debe ser cubierto provisoriamente por un/a juez/a de igual competencia. Si ello no fuera posible, se deberá acudir a la lista de abogados elaborada por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado.

La Corte Suprema, en el caso “Asociación de Magistrados y Funcionarios”, consideró que dicha ley 26.376 en ninguna hipótesis “contempla la posibilidad de que los secretarios judiciales puedan ser incluidos en las listas de abogados … que debe confeccionar el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado de la Nación…”, sin que esa exclusión conlleve a la desigualdad de trato. En el caso del secretario Durán, si bien el Poder Ejecutivo había remitido un listado de conjueces al Senado, el Consejo de la Magistratura concretó la designación del secretario a pesar de no figurar en tal lista.

A su vez, el Reglamento de Subrogaciones, aprobado por el Consejo de la Magistratura al incluir a los secretarios judiciales en la conformación de las listas de conjueces, vulnera la normativa constitucional (artículo 99 inciso 4) y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ello conlleva la afectación de la garantía de independencia judicial, reconocida tanto a nivel interno como internacional.

Es preciso destacar la gravedad institucional del caso en tanto el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, en el cual subroga Durán, tiene a su cargo la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y representa el 40% del padrón electoral.

Zaffaronidenunciado.

Aseguran que por haber defendido al juez Axel López durante su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación violó artículos que rigen el comportamiento de los abogados matriculados en Capital Federal. 

El doctor Carlos Arena, precandidato a intendente de Vicente López por el Frente Renovador, y elsenador provincial Jorge D’Onofrio, presidente del bloque de Sergio Massa en el Senado Bonaerense, presentaron una denuncia en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, a través de la cual acusan a Eugenio Zaffaroni por haber asumido la defensa del juez Axel López y “no cumplir con los dos años de restricción para ejercer la profesión que exige la ley, a partir del momento en que un matriculado deja de ser juez”.

Entre los fundamentos del documento de la denuncia, Arena y D’Onofrio sostienen que el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “asumió y defendió en el tribunal de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura” a López, habiendo ejercido como abogado con pleno uso de su matrícula, lo cual está explícitamente restringido por el artículo 3 de la Ley 23.187, que rige la actividad de los abogados matriculados en Capital Federal. Zaffaroni había renunciado como ministro de la Corte Suprema el 1° de enero pasado.

Del mismo modo, los denunciantes precisaron que la actuación de Zaffaroni “ha sido pública y notoria”, ya que los medios periodísticos nacionales difundieron en innumerables ocasiones sus entrevistas como defensor de López, y publicaron extractos de sus alegatos en portales digitales de noticias.

Por otra parte, en el marco de las acciones que Carlos Arena impulsó en Vicente López, reforzó su compromiso con la campaña “Basta de jueces saca presos”, liderada por Sergio Massa, iniciativa que en tiempo meteórico reunió más de tres millones de adhesiones, las cuales ya se presentaron en el Senado de la Nación. En declaraciones periodísticas, el pre candidato a intendente y autor del libro "Zaffaroni el padre de la inseguridad" enfatizó que "jueces como Axel López deberían estar presos y ser considerados partícipes necesarios de los delitos que cometen sus liberados".

No es la primera vez que D'Onofrio y Arena arremeten en conjunto contra el máximo exponente del garantísmo en la Argentina. Arena es el autor del libro titulado "Zaffaroni, el padre de la inseguridad" y D'Onofrio fue quien lo prologara y participara junto a Arena en diciembre pasado en su presentación pública nada menos que junto al constitucionalista Daniel Sabsay.

La Corte Suprema declaró “admisible” la vía a la que recurrió el Gobierno en respuesta al fallo de la jueza María Servini de Cubría.

La magistrada declaró “inconstitucional” el punto de la reforma judicial que promueve la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por medio del voto popular.

Los miembros de la Corte argumentaron razones de “urgencia” para resolver sobre el fondo del asunto, al dar a conocer el fallo de manera oficial esta tarde.

Cinco fallos fueron dictados hoy en distintos tribunales de la Capital Federal y del interior del país, en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura.

Según publicó esta tarde el Centro de Información de Judicial (CIJ), “dos de esos fallos fueron dictados por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, en presentaciones hechas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi”.

Además, los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials y Esteban Furnari también frenaron la aplicación de la ley de reforma al Consejo de la Magistratura, tras dictar la inconstitucionalidad parcial de la ley de las medidas cautelares.

Finalmente, la jueza federal de Neuquén Carolina Pandolfi, tomó una decisión similar al poner un freno de seis meses a la aplicación de la ley que impulsó el kirchnerismo y que llamó “democratización de la justicia”.

El Juez federal de Mar del Plata Alfredo López dictó una medida cautelar que suspende la conformación del nuevo Consejo hasta tanto se resuelva si la reforma es constitucional.

"Estamos muy satisfechos", declaró el presidente del Colegio de Abogados local, que realizó la presentación

La reforma judicial sufrió este viernes su primer traspié en tribunales. Es que el magistrado Alfredo López dictó una medida cautelar que suspende la elección en el Consejo de la Magistratura hasta tanto haya una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de una de las leyes aprobadas por el Congreso.

La decisión de López responde a una presentación realizada por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, que se mostró satisfecho por la decisión judicial. 

En este marco, Fernando Román González, titular de ese cuerpo, aseguró que la decisión "responde a la intención del Colegio y de otros tantos de todo el país" que es "evitar esta nueva ley porque viola el articulo 114 de la Constitución Nacional".
Román González explicó que el planteo lo realizaron el lunes pasado y "el juez López, como medida cautelar, ordenó la suspensión del nuevo Consejo y de las primarias para el 11 de agosto".
"Estamos muy satisfechos porque en forma cautelar, también declarando las inconstitucionalidad de las nuevas normativas que impiden las precautorias, nos permite seguir discutiendo la constitucionalidad de este consejo de la magistratura", agregó el letrado.

El Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y remover jueces federales, le pidió a la Corte Suprema casi 130 millones de pesos para poder pagar los sueldos de mayo de su personal.

De acuerdo con una información difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), en esa solicitud el Consejo de la Magistratura manifiesta que: “según la disponibilidad de fondos en sus cuentas bancarias y la proyección anual de recursos y gastos realizados a la fecha, presenta un déficit que no le permite afrontar el pago de los sueldos de mayo”.

“Por eso, solicita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que considere la transferencia de la suma necesaria para atender tales compromisos, que ascienden a 128.750.265 pesos”.

El CIJ indicó que: “La Corte, a través de la Secretaría General de Administración, está evaluando la situación planteada y la posibilidad de atender lo solicitado en el marco del Fondo Anticíclico del Alto Tribunal”.

Cri$tina Kirchner promulgó este viernes la ley de deforma judicial.

A través del decreto 503/2013 la Presidenta  promulgó la Ley 26.853, sancionada por el Congreso el 24 de abril pasado.

Por la norma, se crearon las Cámaras Federales de Casación en lo Contencioso Administrativo, del Trabajo y la Seguridad Social y en lo Civil y Comercial.  El oficialismo impulsó la creación de nuevas cámaras bajo el argumento de que así se apunta a “agilizar” los trámites judiciales y que exista de manera más rápida sentencia definitiva.

Los sectores que se opusieron a la norma señalaron que: “así se busca recortar poder a la Corte Suprema, ya que se ubica una instancia judicial adicional antes de que las causas lleguen al máximo tribunal”.

La norma promulgada indica que: “la ley entrará en vigor a partir de su publicación” y que “una vez constituidas las Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aun a los que se encuentren en trámite”.

La jefa de Estado todavía no promulgó la reforma del Consejo de la Magistratura, otra de las iniciativas del paquete de modificaciones al poder judicial, que promueve la elección de consejeros en los próximos comicios. La promulgación habilitará a la oposición y asociaciones de abogados a impugnarla en tribunales.

Armella Martini y los Grobba tienen que responder por su asociación ilícita.

La Corte Suprema apartó al juez Armella y pidió la intervención de la Justicia penal y del Consejo de la Magistratura

Es en el marco de la causa Riachuelo. Lo decidió este martes, a partir de los informes de la Auditoría General de la Nación referidos a contrataciones realizadas por AySA y CEAMSE. Requirió se investigue al magistrado y todos los presuntos responsables  

 

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes apartar al juez federal de Quilmes, Luis Armella, de la causa “Mendoza”, en donde el Máximo Tribunal ordenara la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.

Según la resolución, firmada por todos los ministros, “frente al contenido y conclusiones de los informes presentados por la Auditoría General de la Nación ante esta Corte -con motivo tanto de la medida instructoria ordenada por resolución del pasado 29 de agosto, como del requerimiento efectuado el 18 de septiembre para la audiencia pública celebrada el primero de noviembre-, el Tribunal debe adoptar con la mayor celeridad las medidas que -por un lado- preserven la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado; a la par que, además, permitan llevar a cabo las investigaciones necesarias -por los órganos competentes- con el objeto de juzgar las eventuales responsabilidades de diversa índole que podrían resultar de los informes mencionados, contra todos los presuntos involucrados, en las contrataciones realizadas por Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en cumplimiento del plan integral de saneamiento de la cuenca”.

Asimismo, dispuso que se extraiga copia de dichos informes y que sean remitidos al Consejo de la Magistratura, a fin de que tome intervención a los efectos de examinar la eventual responsabilidad de Armella.

Por otro lado, también resolvió remitir copia a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que, mediante sorteo, se designe al juzgado “que habrá de intervenir en la investigación contra todos los presuntos involucrados por la eventual responsabilidad penal que resultaría de las actuaciones que se acompañan”.

Con la sanción del Senado que convirtió en ley la transferencia de los depósitos judiciales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al de la Nación Argentina, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, confirmó que la Ciudad apelará a la justicia.

Vidal detalló que presentarán una medida cautelar para detener la norma. ”Si bien la ley establece un retiro gradual de los fondos, 1.200 millones por año, a partir de que se promulgue nos vamos a presentar en la Justicia para pedir una medida cautelar y así evitar que la ley se ponga en practica“.

Además, el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, adelantó que realizaría una “presentación judicial”.

Tras la sanción de la ley, el abogado constitucionalista Alberto García Lema, letrado patrocinante de la entidad, adelantó que “la preparación de la demanda está muy avanzada”, según confirmó al diario La Nación.

Mientras que al diario Clarín desde el Banco Ciudad le manifestaron que “se presentará un recurso de amparo para intentar que la Justicia dicte una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, en la que planteamos que la ley de traspaso de fondos es inconstitucional, porque con la reforma constitucional de 1994, los asuntos judiciales en cuestión quedaron como una facultad del Gobierno de la Ciudad y por tanto es la Legislatura local y no el Congreso el que puede plantear modificaciones”.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, hará entrega esta tarde desde el Centro Metropolitano de Diseño de los primeros créditos otorgados por el Banco Ciudad dentro del programa “Mi Primera Casa”. Se espera que allí se pronuncie en público sobre el resultado de la votación.

Sin embargo, según reseñó La Nación, el gobierno porteño esperaría que se publique la norma en el Boletín Oficial y, además, “verá cómo el Banco Nación, que es el beneficiario de los fondos, pretende hacerse cargo de los depósitos”.

Desde el Consejo de la Magistratura también se pronunciaron al respecto. El consejero Alejandro Fargosi realizó algunas apreciaciones sobre el traspaso de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación. “Es lamentable que el Senado sancione una ley inconstitucional”, sostuvo. “Es un grave error legal e institucional, porque los depósitos judiciales no son del Gobierno sino de las partes que litigan y su administración corresponde al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo ni al Legislativo”, explicó el representante de los abogados porteños.

En este sentido, el consejero expresó que “el gobierno central no tiene derecho a manejar los depósitos judiciales”, y finalizó asegurando que “el kirchnerismo busca debilitar al Banco Ciudad porque no quiere gobiernos locales fuertes y con autonomía y en el proceso no le importa si perjudica a la gente, que va a ser la víctima en este caso, junto a los trabajadores del banco”.

El Senado aprobó y convirtió en Ley el proyecto que establece que los depósitos judiciales de los juzgados nacionales sean hechos en el Banco de la Nación.

La iniciativa fue debatida durante casi seis horas y contó con el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria y obtuvo 38 votos a favor y 25 en contra de los bloques de la oposición.

La iniciativa propone que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación, y resalta que los valores que en el momento de entrada en vigencia de la ley se encuentren en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en esa entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas.

Lo mismo ocurrirá con las cuentas abiertas en el Banco Ciudad para las causas en trámite que sólo se cerrarán una vez que la tramitación de esas causas haya cesado.

El artículo 2 de la norma propone que en cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquella, en el Banco de la Nación.

Petra, otro juez en apuros.

MENDOZA 
Petra presentó su renuncia para intentar evitar el juicio político

(AW) El camarista está procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Ahora es el Poder Ejectivo quien decide se acepta o no la dimisión. Petra tiene varias denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura. Está siendo investigado por una vinculación al camarista profugo Otilio Romano y a dos jueces más que actuaron en la última dictadura cívico - militar.

Miércoles 9 de Noviembre de 2011.

Fuente: Los Andes on Line y el Sol on Line.

La más reciente fue presentada por la Universidad Nacional de Cuto (UNCuyo) por "mal accionar" en la investigación de los terrenos en litigio con Dalvian. En esa presentación, también se pidió el Jury de Enjuiciamiento

Petra también fue procesado por la Justicia Federal por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.

Esta medida fue adoptada por el juez sanrafaelino Eduardo Puigdéngolas, quien investiga el accionar del acusado luego de que este apartara en setiembre del 2010 al juez Walter Bento en la causa donde se investiga a Otilio Romano y otros jueces por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.

Hay que recordar que Petra fue fotografiado junto al juez cuestionado en un bar céntrico de la capital provincial, tres semanas después de favorecerlo.

La presidenta Cristina Fernández es quien finalmente decidirá si acepta o no la renuncia. Mientras tanto, Petra seguirá en su cargo. De todos modos, el magistrado actualmente está de licencia por enfermedad.