viernes, 12 de julio de 2013

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que tiene como fin agilizar el trámite de adopciones.

El diputado Marcelo Feliú (FpV-PJ) llevó adelante la iniciativa, la cual fija “un plazo 6 meses desde que se toma la primera medida de protección del menor de edad para que el juez decida si están dadas las condiciones de “desamparo moral o material” para resolver la adoptabilidad”.
Feliú aclaró que “esto no quiere decir que a los 6 meses se entregue en adopción a un niño, pero sí que el juez tendrá que analizar el expediente en ese lapso”.
La legislatura bonaerense informó que “en la provincia actualmente existen 947 niños con la declaración de adoptabilidad ya formulada, de los 5.000 que se encuentran institucionalizados, y hay 17.601 familias inscriptas para adoptar”.

jueves, 4 de julio de 2013

La Justicia admitió el amparo y ordenó suspender el proyecto La Greta de YPF.

FRACKING EN CHUBUT



(AW) La empresa YPF S.A. deberá suspender las actividades en el pozo de exploración no convencional (fracking) de petróleo conocido como “La Greta”, ubicado a 15 kilómetros de Río Mayo, debido a que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hizo lugar al amparo ambiental presentado por Marcelo Pintihueque por intermedio de la dra. Silvia de los Santos.

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Chubut, 24 dejunio de 2013 ( Puerta E).-

La empresa YPF S.A. deberá suspender las actividades en el pozo de exploración no convencional (fracking) de petróleo conocido como “La Greta”, ubicado a 15 kilómetros de Río Mayo.
Así lo informó la abogada Silvia de los Santos, quien indicó que el miércoles pasado tomó conocimiento de la sentencia judicial mediante la cual se admitió un amparo ambiental y se concedió una medida cautelar que la letrada había presentado en representación de Marcelino Pintihueque, integrante de la comunidad Comarca Chubut.
“El amparo había sido declarado inadmisible en primera instancia y la cautelar rechazada”, recordó De los Santos, al tiempo que agregó: “ahora la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala B, revocó la sentencia, declaró admisible el amparo y otorgó la medida cautelar de suspender el proyecto de YPF S.A.”.
La abogada comentó que “el amparo y medida cautelar se presentaron contra la provincia del Chubut e YPF S.A. por el pozo de exploración no convencional (fracking) de petróleo en Río Mayo, Chubut, conocido como La Greta”.
Al momento de iniciar esta acción legal, De los Santos explicaba que la medida interpuesta se basaba en “la falta de consulta al mundo indígena ante cualquier actividad a realizarse en su territorio, la violación del debido proceso y acceso a la información ambiental, la participación efectiva de la comunidad en audiencia pública y la preservación del agua”. Además el amparo realiza tres denuncias, una de ellas es la falsificación de documento público, la existencia de un expediente mellizo y la omisión de los deberes de funcionarios públicos “por incumplimiento de las funciones del Instituto Provincial del Agua, y de los organismos competentes por falta de resguardo de zona arqueológica y material arqueológico en superficie”, señalaba

El juez Claudio Bonadio convocó para el miércoles 10 de julio por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Moreno-acusado-

El juez Bonadio lo citó a indagatoria por la causa en la que el funcionario está imputado debido a que aplicó multas a las consultoras privadas que miden la inflación.
Para el juez: “Moreno no tenía facultades para multar a las consultoras privadas que determinaban que la inflación era mayor a lo que publicaba el INDEC desde el año 2007”.
Por los delitos que será indagado Moreno, el Código Penal establece que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
La Secretaría de Comercio aplicó en 2011 multas de hasta 500.000 pesos a varias consultoras que realizan investigaciones económicas y que revelaban que el costo de vida era mayor al de los números oficiales del gobierno Nacional.