- La gestión del NO
Por estos días la ciudad de Buenos aires nos muestra una insuficiencia gravísima en la gestión de su gobierno. Y los estudiantes, docentes, médicos, asistentes sociales y los sectores vulnerables se resignan a recibir un no como respuesta permanente a sus necesidades y reclamos.
Por un lado, asistimos a un largo conflicto que involucra a la escuela pública y que denuncia un mal manejo del presupuesto que tiene su correlato en los bajos salarios, falta de obras y las precarias condiciones de infraestructura en que se encuentran los colegios.
Y por el otro, se decide cerrar las puertas, por varios días, de una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, argumentando falta de fondos. Este organismo es el encargado, entre otras responsabilidades, de otorgar ayuda social a las familias de bajos recursos que tramitaron un subsidio habitacional o a las personas mayores que acuden a la Dirección de la Tercera Edad buscando algún beneficio.
El rumbo elegido por el Ejecutivo porteño en materia de políticas públicas, indica que las decisiones apuntan a hacer cada vez más visible y significativa la desprotección social.
Resulta ostensible el corrimiento del Estado como garante de los derechos y una orientación en las políticas públicas que va a contramano de cualquier demanda social.
Estos hechos ponen blanco sobre negro y demuestran que en su accionar la actual administración está muy lejos de ajustarse a derecho.
La constitución de la Ciudad fija las atribuciones y deberes del jefe de gobierno, en su art.102 se señala:…“El jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación de las normas. Dirige la administración pública, procura su mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos”.
Nada de eso sucede, en el Ejecutivo local. Por el contrario, se expresa ineficacia, ausencia de voluntad política y desinterés por priorizar recursos que eviten un mayor riesgo social.
Entendemos que por la problemática planteada, debemos remitirnos a considerar los Derechos Humanos en clave social. Para lo cual, se señala que en la Ciudad rigen las declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados (art.10 CABA).
Hay consenso entre los especialistas en reconocer al Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como estándar para la observación del desarrollo de las políticas públicas. Este plexo jurídico amplía la mirada y va más allá de los meros derechos individuales.
Los derechos sociales reivindican para las personas condiciones de vida digna que le permitan desarrollar su potencial humano y requieren del diseño e implementación de políticas públicas adecuadas que posibiliten su efectivo acceso. Tienen como atributo ser universales e interdependientes: acceso a la vivienda, protección de la infancia y la adolescencia, derecho a la vida, a la Educación, etc.; indivisibles: la falta de garantía y protección del derecho humano a la alimentación no permitirá el acceso a la educación, perjudicará el derecho humano a la salud, y limitará el ejercicio del derecho al desarrollo personal; progresivos: en reconocer mínimos sociales y que requieren de la disponibilidad de políticas, programas y recursos para la atención de las necesidades básicas. Se estima a la educación, recreación y cultura como parte de esos mínimos sociales.
Amnistía Internacional sostiene que la violación de estos derechos no es una cuestión de ausencia de recursos adecuados, si no de falta de voluntad, negligencia y discriminación.
Tomando como parámetros estos principios, la violación sistemática de estos derechos resulta para los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, muy grave.
Reparar estas condiciones nos coloca en el rol de exigir al Gobierno local el respeto a las obligaciones contraídas y garantizar irrestrictamente los derechos que hacen a la condición humana.
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