Bahía Blanca, 21 de febrero de 2011.-
Señora
Presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
Departamental Bahía Blanca
DRA. SUSANA A. GONZÁLEZ LA RIVA ARISTEGUI
SU DESPACHO
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de presentar mi renuncia como integrante de ese colegio, cuya departamental dignamente preside.
Dicha decisión se encuentra motivada en que desde hace algún tiempo no me siento representado por el colegio, en sus niveles departamental y provincial, y ello más allá de la impronta de cada representación y de mi apoyo crítico a la dirigencia anterior.
Si bien debe resultar importante para muchos colegiados, en especial para los más jóvenes, las becas para estudios de postgrado, descuentos en comercios y servicios, como así los reclamos por los salarios tan retrasados respecto a los de otras jurisdicciones, siempre creí que la verdadera razón de ser de la colegiación de jueces y otros funcionarios radica en la firme y decidida defensa de la independencia judicial y de los derechos fundamentales que consagran las normas constitucionales.
Por el contrario, en mi opinión, el colegio provincial parece haberse convertido prácticamente en un apéndice acrítico del poder político de turno. Cuando se proyectó ese esperpento autoritario de código contravencional impulsado por el entonces ministro Stornelli, afortunadamente abandonado por las resistencias y críticas que generó, ninguna palabra oficial se escuchó de ese colegio.
Cuando se produjeron arteros e injustos ataques a magistrados que se limitaban a cumplir la normativa vigente en clave constitucional, ataques que excedían la crítica a la que estamos expuestos, se escucharon a otros sectores e incluso al Colegio de Abogados salir en defensa de esos colegas, no por razones de simpatía o afinidad, ni por intereses corporativos sino en preservación de la ley y de las instituciones, y paradójica y patéticamente ese Colegio de Magistrados guardó sugestivo silencio. Recientemente, con motivo de la problemática de la delincuencia juvenil, también arreciaron los agravios a colegas del fuero, que no mereció respuesta de ese colegio y sí en cambio de la Red de Jueces Penales Bonaerense que tengo el gusto y el honor de integrar desde hace menos de dos años.
Es probable que la irrupción de integrantes del Ministerio Público Fiscal, que constituye una estructura jerárquica y logró ubicar a su jefe en la vicepresidencia departamental, haya contribuido a cristalizar lo que -según entiendo- implica una desnaturalización de la institución colegial, en cuanto a sus fines y a su independencia.
Este ámbito departamental es lo suficientemente pequeño como para que todos conozcan las virtudes, calidades y defectos de cada funcionario o magistrado. Si bien cabe reconocer que la aparición del Consejo de la Magistratura significó un avance, pues los exámenes desalentaron a varios personajes que antes, con la discrecionalidad absoluta del poder político, habrían llegado a altos cargos, lo cierto es que el sistema de designación sigue siendo deficiente.
Como todos conocemos, muchas veces, apenas aprobados los exámenes ya se sabe (sin necesidad de poderes adivinatorios) quien ocupará determinado cargo; y sino, ya constituida la terna, no importarán demasiado las calidades profesionales y personales de cada candidato sino su cercanía con el poder político. Es frustrante pero es así; es legal, tiene que ver con la discrecionalidad del gobernador y lo más lamentable es que ni siquiera se trata meramente de cuestiones ideológicas, sino que además de la pertenencia a determinado grupo político suele primar el amiguismo y el parentesco. Y de esta manera no siempre se elige al mejor candidato, que es lo más costoso, en términos institucionales.
Todos conocemos también que desde hace demasiado tiempo, advenedizos y oportunistas políticos locales, que siempre están con los que ganan en el nivel provincial, influyen decididamente en las designaciones judiciales.
Quizá tenga la autoridad moral de decir esto, que por primera vez pongo por escrito con este grado de detalle, (aunque lo he referido en clases, disertaciones y en una solicitada suscrita por los secretarios en los 90, cuya redacción se me encargara), por cuanto he sido designado juez pasados los 40 años de edad, sin contar con “padrino” y porque en esa época, con el nuevo sistema procesal, había muchos cargos y pocos candidatos experimentados. Por lo demás, hace tiempo que he desistido de concursar para un puesto en la Cámara de Apelaciones. Como Ud. sabe, esa decisión se debe a razones personales y profesionales que no es del caso exponer aquí, pero también -debo admitirlo- para evitar darles el gusto a los mencionados personajes de poner “bolilla negra” a mi postulación.
En lo que respecta a esta cuestión de las designaciones no veo que el colegio asuma una postura clara y firme, propendiendo a la excelencia que beneficie a la sociedad, es decir actuar para que se elija siempre, y no a veces, al mejor candidato, esto es al de mayor trayectoria, al más versado, probo, sensato, capacitado y comprometido con las instituciones republicanas y la independencia del Poder Judicial.
En definitiva, dado que nunca me interesaron los cargos por los cargos mismos, ni en la justicia ni en ese colegio, a esta altura de mi vida y de mi trayectoria profesional, y no tan lejos del retiro, sólo deseo estar donde me sienta cómodo. Créame que la presente se trata de una decisión tan dolorosa como meditada.
Por lo expuesto, solicito ponga la presente renuncia indeclinable a consideración del Consejo Directivo y oportunamente se libren las comunicaciones que correspondan a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se disponga el cese del descuento de la cuota colegial en mis haberes. Asimismo, pongo en su conocimiento que en este acto destruyo dos credenciales que obran en mi poder.
Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta con el respeto y el aprecio de siempre.-
José Luis Ares
DNI 12.971.893
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