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Una banda dedicada a la llamada “industria del juicio”, fue desbaratada en la provincia de Córdoba gracias a las oportunas investigaciones encomendadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
González Gaviola explicó que si bien “el sistema de riesgo de trabajo viene con una serie de indicadores muy positivos vinculados a la baja de siniestralidades, ya que hemos tenido una caída en un 30% en la muertes y en un 27 % en los accidentes, esto debería ir acompañado de la disminución de los juicios, pero paradojalmente hemos visto que aunque se están haciendo mejor las cosas en prevención, los juicios han ido aumentando”.
¿Cuáles son las razones de este aumento?
Por una parte, por las vulnerabilidades que la Ley de Riesgo de Trabajo (LRT) tiene, por las inconstitucionalidades que se han dictado. En este sentido, se está trabajando con una línea de acción con la nueva ley para evitar que estos juicios se hagan a futuro.
Pero también lo que descubrimos es que había una serie de actividades fraudulentas en donde se pretendía cobrarle al sistema de riesgo de trabajo por enfermedades inexistentes, en una especie de asociación ilícita entre abogados, médicos y algún otro actor que se encargaba de reclutar trabajadores. Esta gente ha sido revisada por médicos y las enfermedades por las que se aducía cobrar y, en las que en muchos casos se cobró, eran inexistentes.
Quien tiene el mérito de haber desbaratado esto, es la justicia, ya que le dio curso a las solicitudes de investigación que nosotros hiciéramos oportunamente. Un grupo de profesionales está en prisión efectiva. Incluso ha sido ratificada e incrementada la cantidad de gente que está en prisión, que ya superan la diez personas en la provincia de Córdoba.
¿Cómo fue el curso de los hechos?
Yo hablé con el tribunal superior. Ellos me dijeron que estaban viendo algo raro también. Se comprometieron a investigar. Le pidieron al fiscal general que asignara un fiscal específico para este tema, quien avanzó y después la causa se hizo tan grande que la están llevando dos fiscales. Hay más de cinco mil expedientes que ya fueron homologados y que están siendo estudiados. Esto empezó a mediados del 2010.
¿Cuál es la falencia de la ley?
Nació como una ley muy mezquina, en donde durante mucho tiempo las indemnizaciones tenían topes, no tenían sistema de actualización y además eran diferencialmente negativas para el trabajador con respecto a una persona que sufría la misma lesión si iba a la acción civil, ya que percibía una compensación muy superior al Sistema de Riesgo de Trabajo.
La parte más importante de esto ha sido resuelto por un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que en noviembre del 2009, mejoró sustancialmente las indemnizaciones, en el componente que nosotros podíamos denominar como de “compensación del lucro cesante” que produce quedarse con una invalidez en forma definitiva.
¿Y qué falta resolver?
La justicia ha habilitado en varios fallos que no es suficiente en muchos casos el pago del daño del lucro cesante sino que también corresponde el pago del daño moral. Entonces la gente también está recurriendo a esto. Estamos trabajando en las propuestas de modificación de ley para que el sistema administrativo tomando la jurisprudencia, incorpore como un componente de pago, el pago por daño moral y de esta manera la gente no tendría que recurrir a la justicia y quedaría saldado en el ámbito administrativo.
El otro elemento que estamos trabajando en el tema de litigiosidad es que cuando uno de los fallos de la Corte dijo que Comisiones Médicas no era el único organismo capaz de determinar la magnitud del daño que queda en una lesión definitiva, abrió la posibilidad a que se determinara este daño en los 600 tribunales laborales que hay en el país y al estilo de otras descentralizaciones que se hicieron, se hizo sin una política en donde se unificaran criterios y en realidad en la Argentina tenemos sistemas previsionales muy débilmente regulados
Entonces una de las cosas que estamos trabajando con las cortes, es tener un sistema de auditorías de pericias médicas que permita determinar cuál es el grado de solvencia para darle un resguardo al juez quien está tomando una decisión en un tema en el cual él no tiene expertis y lo que le están proveyendo es insumos de alta calidad. Segundo hacer que en Argentina se use una sola tabla de medición. La LRT contempla un baremo en donde a cada discapacidad le corresponde un porcentaje X. En Argentina hay muchos jueces y peritos que se apartan de esto lo que significa que en la práctica hay una diversidad de derechos porque a la misma lesión, aplicando distintas tablas, le corresponde distintos porcentajes.
¿Qué implica para la gestión de la Superintendencia el desbaratamiento de esta banda?
Por primera vez desde la Superintendencia se entró a ver un submundo que no estaba advertido en la LRT, la cual estaba prevista como una ley cerrada donde la gente no podía ir a la justicia. Sin embargo la gente está yendo mucho a la justicia y esto está generando un incremento en el costo del sistema. Si nosotros sacáramos todo el dinero que las ART tienen para prevenir, como pasivos contingentes de los juicios que poseen, la alícuota podría bajar en un 30% y esto ayudaría a la competitividad de la Argentina, bajaría el costo, descongestionaría a la justicia que además hoy está colapsada.
Me parece que de esta manera nosotros estamos dando un paso adelante en la reconstrucción de un Estado más proactivo, que es lo que tanto el presidente Kirchner como la presidenta Cristina Fernández vienen impulsando, un Estado con capacidad de regular los intereses de la sociedad y de laudar cuando hay conflicto.
