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En el reclamo por "la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley de Impuestos a la Ganancia aplicada a la jubilación".
El jubilado Marcelo Asmar, representado por la doctora Mónica Castañeira, presentó un amparo en el Juzgado Federal Nº2 contra la AFIP reclamando "la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley de Impuestos a la Ganancia aplicada a la jubilación" y logró que esa instancia judicial fuese habilitada.
La resolución que acogió el amparo salió el pasado 13 de julio -antes del inicio de la feria judicial-, declarando "la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley de Impuestos a la Ganancia sobre la jubilación, que no es una ganancia, sino la justa retribución de una tarea", consideró la letrada. "El impuesto a la ganancia sobre el haber jubilatorio no corresponde, porque no hay ganancia -añadió-. La ganancia existe en aquel que tiene una inversión que corre un riesgo empresarial y tiene o no ganancia". En la opinión de Castañeira, es "autoritario el tema, porque los que tienen haberes -ya sean activos o pasivos- son cautivos porque sí o sí les descuentan. Además, este caso es el de un haber de un jubilado que ya aportó cuando estaba en actividad". Así, se declaró "inconstitucional la aplicación de la Ley de Impuesto a la Ganancia sobre la jubilación". En la resolución se detalló que la jubilación de Asmar "no es susceptible de ser alcanzada por el impuesto a la ganancia, teniendo en cuenta el carácter alimentario del beneficio, y que es producto de los aportes extraordinarios realizados por el peticionante durante su vida laboral a fin de acceder a una vejez decorosa". El amparista tiene 95 años. Ahora hay que esperar lo que defina la AFIP, que puede llegar a apelar.  |
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Posted: 21 Jul 2012 05:25 PM PDT
 Representantes del Frente Amplio Progresista (FAP) y de la Coalición Cívica (CC) cargaron ayer contra el gobernador Daniel Scioli, quien decidió avanzar con la renovación de los permisos de explotación de salas de juego a cambio del pago de un canon que le reportaría 1.500 millones de pesos con el objetivo de conseguir fondos adicionales en medio de la complicada situación financiera que atraviesa la Provincia. La operatoria alcanza a 14 salas de juego ubicadas en territorio bonaerense cuyas licencias están próximas a vencer y que ahora serán extendidas por unos 15 años. Para la renovación, la Provincia estableció el pago de un canon extraordinario e inmediato, que alcanzaría los 1.100 millones de pesos, y otro, accesorio y en 60 cuotas, en torno a los 400 millones de pesos. Ayer, el diputado bonaerense del FAP Juan Carlos Juárez dijo que desde ese bloque se analiza la posibilidad de ir a la Justicia para frenar la extensión de las licencias de bingos, al considerar que ese trámite "debería hacerse a través de una ley. "No es muy buen ejemplo desde el punto de vista educativo que una provincia tenga que recurrir a financiarse con el juego, porque además el Gobierno va a recibir un adelanto más o menos de 2 mil millones de pesos, frente a los 50 mil millones que va a recaudar el juego durante todo ese tiempo", aseguró Juárez. El diputado sostuvo que "como el acuerdo con los Bingos llega hasta el 2027, es decir va a alcanzar a otras tres gestiones más, entendemos que cualquier avance en este sentido debe ser mediante la sanción de una Ley". Juárez dijo que desde su espacio impulsarán una modificación a la ley de Bingos porque las salas de juego "tienen que tener un canon mucho más importante que el que se les cobra". "ESCANDALOSO" Los cuestionamientos de Juárez se sumaron a los del presidente del bloque de diputados de la CC, Walter Martello, quien calificó a la medida como "una de las situaciones más escandalosas en lo relacionado entre juegos de azar y política". "Se va a renovar por 15 años licencias que aún no están vencidas. Es un mecanismo inédito en la administración pública, que además, se hace a cambio de un canon irrisorio y no es por el pago del aguinaldo, ya que el monto no alcanza para cubrirlo", sostuvo Martello. En ese sentido, Martello afirmó que la operación significa un "formidable negocio para los bingueros avalado por el gobernador y el directorio de Lotería de la provincia". Como Juárez, Martello también lanzó una advertencia sobre las posibles implicancias legales de la renovación de licencias. "Estamos viendo la posibilidad de denunciar al gobernador por incumplimiento de las leyes que adhieren a los pactos de lucha contra la corrupción. Ya que se plantean pautas específicas en cuanto a las contrataciones. Además pretendemos que se nos dé la posibilidad de un debate parlamentario". "Con esta medida, por cada 100 pesos que reciben los bingos por las máquinas tragamonedas, el Estado obtiene sólo 5 pesos". |
