Casanello remitió a otros jueces federales la declaración de Leonardo Fariña.

El magistrado envió copias a Ercolini, Rafecas y Martínez de Giorgi, para que se incorporen a causas que éstos llevan adelante. En su resolución, Casanello señaló parte del relato de Fariña abarca hechos que ya están siendo investigados

Félix Romero de Igarzabal, ex integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires, fue condenado hoy a ocho años de prisión por abusar de sus nietas, desde su niñez hasta su adolescencia.

Félix Romero abusaba de sus tres nietas todos los domingos después de la misa, razón por la cual fue condenado hoy a ocho años de prisión. Según publicó Página/12, recibía a su familia para el almuerzo de los domingos y luego de haber ido a misa, aprovechaba para estar a solas con cada una de sus tres nietas en alguna habitación.

Las chicas ya son jóvenes y tienen actualmente 20, 24 y 26 años. Los abusos los sufrieron en la mansión de “Veco”.

Las hermanas pudieron contarlo luego de que la menor, en su pubertad, estalle en llanto y cuente sus sufrimientos a una de sus hermanas. Y así, poco a poco las tres fueron hablando, contando sobre aquellos horrores.

Por su edad –tiene 92 años y ya está jubilado como magistrado– Romero de Igarzabal cumple la pena en la misma casa donde cometió los aberrantes delitos. La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 4 de San Isidro, en un juicio abreviado. Sus nietas reclaman ahora una indemnización por daño psicológico y moral, en una causa que tramita en el Juzgado Civil N° 1.

Los abogados de la querella argentina contra los crímenes del franquismo han emitido hoy un comunicado en el que denuncian que el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz «incumple la normativa aplicable» por negarse a detener a los dos torturadores vivos que reclama la juez argentina.

Los abogados de la querella argentina denuncian que el juez Pablo Ruz incumple la ley

por Alberto Pradilla

Según han denunciado a través de un comunicado los abogaos de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, el expolicía Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y el antiguo guardia civil golpista Jesús Muñecas Aguilar deberían de haber sido arrestados y puestos a disposición del juez en un plazo no superior a 24 horas.

Sería entonces cuando el magistrado, en este caso Pablo Ruz, tomaría una decisión sobre los dos represores reclamados por la juez Servini, y se la comunicaría a su colega en Buenos Aires, quien podría comenzar el trámite de extradición. En lugar de esto, el juez del tribunal de excepción esperará hasta la solicitud de entrega para citarles a declarar.

«Confiamos en que, cuando se curse la solicitud de extradición por parte del juzgado argentino, los imputados se encuentren a disposición de la justicia y que la Audiencia Nacional adopte cualquiera de las dos decisiones que en Derecho corresponden: el enjuiciamiento de los imputados en España o su extradición a Argentina. Cualquier otra decisión implicará dejar aún más en evidencia, nacional e internacionalmente, que el lugar en el que los imputados cometieron sus crímenes se ha convertido en el único refugio que tienen en el mundo ante la actuación de la justicia», indican los abogados.

Suspenden el aumento de la tarifa del subte

Ordenan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como medida cautelar suspender el aumento de la tarifa del subte

Lo dispuso este lunes el juez Pablo Mántaras, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La semana pasada, y como medida precautelar, el magistrado había resuelto la suspensión del incremento y solicitó al Ejecutivo presentar informes 

 

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El juez Pablo Mántaras, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó este lunes al Gobierno porteño, como medida cautelar, suspender la entrada en vigencia de la Resolución N° 1798/SBASE/13, que establece la nueva tarifa de servicios de subte, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo debatida en el proceso.

La semana pasada, el magistrado había dispuesto la suspensión en forma precautelar y ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad que en el plazo de dos días acompañe un informe del cual resulten los antecedentes que motivaron el dictado de aquella resolución.

Según la resolución firmada este lunes, “la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario –establecido por la Resolución N° 1798/SBASE/13–sin que la Ciudad hubiese instrumentado y ejecutado algún tipo de política pública permitiendo y asegurando el acceso al servicio a aquellas personas que no disponen de recursos suficientes para pagar la nueva tarifa, podría causar un perjuicio de muy difícil o, directamente, de imposible reparación ulterior”.

“En tal sentido, en el Informe elaborado por el Ente Único Regulador se afirma que entre el año 2011 y el 2012 se produjo una merma de casi el 24% en el volumen general de pasajeros pagos, aunque aclarando que no puede que toda la disminución haya sido ‘exclusivamente’ como consecuencia del anterior aumento –dispuesto por el Decreto N° 27/12-”, agrega.

Asimismo, añade, “en el citado documento se señala que –hasta el momento– el Gobierno no habría realizado los estudios necesarios para determinar cuál podría ser el impacto de la suba del boleto en el universo de usuarios del servicio... Estas circunstancias permiten inferir –al menos con la provisoriedad exigible en esta etapa del proceso– que un nuevo aumento podría tener un efecto similar al que tuvo la anterior modificación de la tarifa y que, según informó el Ente, determinó que un grupo relevante de usuarios ya no pudiera afrontar el nuevo costo del pasaje”.

Aborto: Güiraldes elevó el expediente a la Cámara Civil.

Aborto no punible: el juez Güiraldes elevó el expediente a la Cámara Civil

El magistrado concedió este jueves los recursos de apelación presentados contra el fallo de la juez Myriam Rustán de Estrada que había ordenado la suspensión de la realización de un aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires

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El juez Miguel Ricardo Güiraldes, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 56, hizo lugar este jueves a las apelaciones presentadas contra el fallo de la jueza Myriam Rustán de Estrada que había ordenado la suspensión de la realización de un aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, y elevó el expediente a la Cámara Nacional en lo Civil para que resuelva los recursos.

El fiscal Marcelo Romero quiere que lo asciendan.

Marcelo Romero, fiscal que sigue la causa por los sobornos en la Cámara de legisladores de Buenos Aires, aseguró que pedirá el celular del diputado camporista Ottavis, quién habría recibido un mensaje que advertía sobre un cash de 150 mil pesos para votar la reforma tributaria. 

“Se hizo presente en la fiscalíala diputada Arata , una de las involucradas en el supuesto soborno. Lo que hay que establecer es si existió este hecho y si constituye un delito. Lo que tenemos hasta ahora son dichos de diputados que dicen que hay una foto dando vueltas, del diario Clarín, y evidentemente la Justicia no puede estar ajena frente a esta información”, manifestó el magistrado en declaraciones radiales.

Y agregó “si llega a ser verdad, sería un delito gravísimo; o se podrá establecer que no existió nada”.

“Si eventualmente hay que investigar los buzones, donde quedan registrados estos mensajes, hay que solicitarlo. El mensaje de texto está equiparado a la correspondencia epistolar”, afirmó Romero.

Finalmente, sobre la posibilidad de que alguno diga que se trató de un “chiste”, Romero concluyó: “En ese caso alguien va a tener que dar explicaciones de qué tipo de broma es esta”.

Schoklender:Un delincuente que huye hacia adelante.

Schoklender se presentó ante Oyarbide

El ex apoderado de la fundación de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender se presentó en los tribunales de Retiro para entregar documentación y declarar en forma espontánea ante el juez federal Norberto Oyarbide.

La documentación fue recibida por el secretario del magistrado pero éste se negó a tomarle declaración y le comunicó que debe estudiar las evidencias secuestradas en el viernes pasado, como computadoras y cajas fuertes.

Schoklender fue informado que será convocado cuando Oyarbide lo considere necesario.

Mientras tanto, el juez comunicó en las primeras horas de hoy que con el objetivo de garantizar el éxito de la investigación, dispuso el secreto de sumario.

Schoklender fracasó en su maniobra parajudicial.

Schoklender se presentó ante Oyarbide

El ex apoderado de la fundación de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender se presentó en los tribunales de Retiro para entregar documentación y declarar en forma espontánea ante el juez federal Norberto Oyarbide.

La documentación fue recibida por el secretario del magistrado pero éste se negó a tomarle declaración y le comunicó que debe estudiar las evidencias secuestradas en el viernes pasado, como computadoras y cajas fuertes.

Schoklender fue informado que será convocado cuando Oyarbide lo considere necesario.

Mientras tanto, el juez comunicó en las primeras horas de hoy que con el objetivo de garantizar el éxito de la investigación, dispuso el secreto de sumario.

El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni es desconcertante.

EL DR. ZAFFARONI PREDICA CON LA BRAGUETA ABIERTA…

Si algún agravio nos faltaba recibir a toda la familia policial, era la infame calificación de golpistas. Pero que esta inmerecida injuria pública provenga de un jurista con prestigio internacional como es el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni es desconcertante, además de grave. Solamente podemos encontrar alguna explicación al conocer los antecedentes personales y cívicos de este señor, que no son nada ejemplares para un magistrado de tan alta investidura.Hemos utilizando el método que tanto pregonara y nos enseñara su padrino político, Néstor Kirchner: La Memoria.Así es que logramos recordar claramente, de quién se presume hoy de exhibir una ética y moral impoluta como para acusarnos a los policías de golpistas, lo siguiente:Que fue Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia entre 1975 y 1984. Es decir durante TODO EL GOBIERNO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, COMÚNMENTE LLAMADO LA DICTADURA!!!Que el Dr. Eugenio Zaffaroni al ser propuesto para Ministro de la Corte tuvo 831 impugnaciones y solamente 134 adhesiones. No obstante fue designado.Que en el interrogatorio a que fue sometido en el Senado, admitió que había incumplido obligaciones con la AFIP durante 8 años.Que reconoció que al asumir como Director del Inadi en el año 2000, omitió consignar en su declaración jurada que tenía una cuenta en el Banco Credit Suisse de Suiza, con U$S 40.000.  Que en el Senado fue cuestionado por el modo por el cual compró en el 2002 una casa en el barrio de Flores que pagó U$S 82.000  siendo que en 1998 esa casa había sido vendida en U$S 400.000; y explicó que parte del dinero se lo habían prestado amigos de México.Que también reconoció haber jurado como Juez por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional; que antes había jurado por la Constitución reformada por el gobierno del General Agustín Lanusse y que más antes, también había jurado durante el gobierno del General Juan Carlos Onganía.Que se lo impugnó, además, por su sociedad con el abogado Jacobo Grossman, ex preso en la Cárcel de Caseros con una larga lista de secuestros extorsivos, entre los que se anotaba el del Presidente de Pepsi Cola.

¡Este señor, tan flojo de papeles para desempeñarse en ese cargo, no puede acusar a los policías de golpistas ni de nada! Porque para empezar, cualquier oficial de policía nunca habría podido ingresar a la Escuela Juan Vucetich ni con uno solo de sus antecedentes. Es decir que todo policía es investigado para ser admitido en la fuerza, y luego de treinta años, nuevamente investigado y estar libre de cualquier imputación como condición para otorgársele el retiro activo. Pocos son los funcionarios de otras áreas de la administración pública que pueden exhibir tales títulos. El Sr. Zaffaroni no podría haber ingresado en la policía.El Señor Juez debiera saber, por haber sido parte del Poder Judicial colaborador de aquella dictadura y por sus eminentes conocimientos de la realidad histórica argentina, que la institución policial de la provincia de Bs. As. ni sus miembros jamás fueron golpistas. No fueron policías precisamente los que colaboraron en la planificación ni en la ejecución de los derrocamientos de gobiernos democráticos; tampoco fueron policías los premiados con cargos políticos en los gobiernos militares, ni siquiera aquellos policías que eran abogados –que eran muchos- ocuparon cargos en el poder judicial, como sí lo hicieron civiles profesionales del derecho, tal el caso de quién alegremente nos acusa.La Policía de la Provincia de Bs. As. fue una repartición pública más del Estado que debió transitar obligadamente el curso de la historia. Sus integrantes éramos nada más que empleados públicos que debimos seguir con nuestra misión de brindar seguridad a los vecinos, que era nuestro deber y nuestra fuente de trabajo. Nuestro único medio de vida. Seguimos en nuestros puestos como siguieron los maestros, los médicos, los enfermeros y los empleados judiciales. Y la pasamos muy mal. Sufrimos persecuciones de los guerrilleros que nos cazaban como a liebres, perdimos compañeros y amigos en las emboscadas montoneras y juntamos los pedazos de camaradas destrozados con bombas que ponían esos “jóvenes idealistas”. Pero no nos escondimos, no pedimos custodias en nuestras casas, ni nos exiliamos. Nos quedamos junto al pueblo aterrorizado de entonces, como correspondía. Tampoco anduvimos por el mundo lloriqueando ni reclamamos indemnizaciones, porque entendemos que a la patria no se le pasa factura por los servicios prestados.Los policías somos víctimas sobrevivientes de aquella larga y trágica noche que la clase dirigente argentina no supo o no quiso prevenir ni evitar. Y todos, incluidos los más jóvenes, estamos padeciendo las secuelas injustamente. Esta es la verdad. Y es por ello que estamos hartos de escuchar a tantos tilingos importantes, que pretenden estar en la cresta de la ola a costa del buen nombre y honor de los trabajadores policías. No hay que callarse más. Y en mi opinión personal deberíamos exigirle al Juez Zaffaroni que ofrezca disculpas públicas por sus dichos.El desgraciado episodio en el que perdieran la vida los militantes Kostequi y Santillán, que precipito la salida del gobierno del Dr. Eduardo Duhalde, no fue una maniobra golpista. Esa afirmación es una infamia. Aquel episodio fue un proceder negligente de un grupo de policías sin disciplina, mal conducidos; producto de la pésima preparación y conducción política del equipo que seguía las pautas del nefasto plan iniciado en 1998 y elaborado por León Arslanián, que hoy asesora al gobierno nacional en materia de seguridad, y que tan solícitamente el Sr. Juez Zaffaroni acaba de respaldar públicamente, en lo que seguramente debe ser parte de una operación para insistir con los planes de Garré, Arslanián y compañía en el desguace de las instituciones policiales.…Y con respecto a las acusaciones acerca de que las estructuras políticas históricamente toleraron o toleran la corrupción policial, porque no exhibe las pruebas y da impulso judicial a una profunda investigación. ¿Quién mejor que un miembro de la Corte para encargarse de este asunto?Cualquiera sea el motivo de la inexplicable ofensa, habría que recomendarle al alto funcionario, que para acusar y pretender dar lecciones de ética y moral, primero hay que mirarse por debajo de la cintura y asegurarse de no tener la bragueta abierta.

Abril 27 de 2011.

Jesús Evaristo Scanavino

Comisario (ra)

Secretario de Organización de Apropoba

jescanav@hotmail.com