Ricardo Vázquez “Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye”
Ricardo Vázquez “Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye”
MARIOTTO IMPULSA UNA LEY DE ÉTICA PÚBLICA Y BUSCA LA TRASPARENCIA DEL CUESTIONADO PODER JUDICIAL
N&P
Ley de Etica Publica
Lo dijo el senador del GEN-FAP, Ricardo Vázquez, autor del proyecto de Ley de Ética Pública que decidió impulsar el vicegobernador bonaerense.
La iniciativa obliga a todos los funcionarios públicos de la Provincia a presentar declaraciones juradas una vez al año, tal como ocurre en el orden nacional.
El Senado de la provincia de Buenos Aires abrió la discusión acerca de la transparencia de los funcionarios públicos en la Provincia a través de un proyecto de ley presentado por el titular del bloque GEN-FAP, Ricardo Vázquez, y que cuenta con un fuerte respaldo del presidente del Senado, Gabriel Mariotto.
El vicegobernador se reunió ayer con Vázquez y con la jefa del bloque oficialista, Cristina Fioramonti, y acordó con ellos impulsar el debate en comisión para que “todos los funcionarios de la provincia, como hace nuestra presidenta (Cristina Fernández) y todos los funcionarios de la Nación, presenten la declaración jurada como corresponde”.
“Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye, esto sin dudas contribuirá positivamente para el pronto tratamiento del proyecto de ley y la rápida puesta en marcha de este mecanismo de transparencia pública”, señaló hoy Vázquez.
El autor de la iniciativa resaltó la necesidad de contar con una normativa provincial que refleje la transparencia de los funcionarios “ya que cuando se habla de ética, hablamos de responsabilidad, imparcialidad, eficacia, respeto al ordenamiento y cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales acorde al Estado que representa”.
También precisó que la norma estipula deberes, prohibiciones e incompatibilidades que se aplican a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Buenos Aires, a los órganos denominados extra-poder y a los Municipios.
Se intenta “objetivar la moral de los funcionarios para que más allá de las propias convicciones existan pautas mínimas comunes que comprendan a todos sin excepción”, fundamentó el senador del GEN.
En 1999 se sancionó la ley 25.188 de Ética Pública en el orden nacional y en la Provincia el decreto-ley 9624/80.
En este sentido, Vázquez manifestó que “es necesario contar con una nueva ley más cercana en el tiempo, gestada por esta democracia y cuyos postulados estén en consonancia con las normas locales, nacionales y los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte”.
El vicegobernador se comprometió a promover el rápido tratamiento en el Senado de un proyecto que, entre otras cosas, obliga a los funcionarios bonaerenses de los tres poderes a presentar declaraciones juradas todos los años.
“Buscamos que haya más transparencia”, explicó Mariotto, tras una reunión con el autor de la propuesta, el legislador Ricardo Vázquez.
La iniciativa parlamentaria busca adecuar al ámbito de la administración bonaerense lo que sucede en la esfera de Nación, donde desde 1999 todos los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año.
“Buscamos que haya más transparencia porque eso nos da más institucionalidad y nos permite atacar los distintos nichos de corrupción”, explicó Mariotto tras recibir en su despacho al creador del proyecto de Ética Pública, el jefe de la bancada del GEN, Ricardo Vázquez, y su par del FpV-PJ, Cristina Fioramonti.
El titular del Senado explicó que el bloque oficialista había pensado en elaborar una iniciativa similar, pero “nos dimos cuenta de que ya estaba presentado por el senador Vázquez del GEN, un espacio político distante del nuestro, pero con el que compartimos un ideal”.
“Acordamos que vamos a impulsar el debate en comisión de su proyecto para que todos los funcionarios de la provincia, como hace nuestra presidenta (Cristina Fernández) y todos los funcionarios de la Nación, presenten la declaración jurada como corresponde, sin ningún tipo de problemas”, indicó Mariotto.
La iniciativa legislativa del GEN tiene estado parlamentario desde marzo de 2011 y se encuentra en la Comisión de Trabajo y Legislación Social.
La propuesta establece que todos los funcionarios o agentes de los tres poderes del Estado provincial y municipal con categoría o función no inferior a la de director o equivalente presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción en el cargo.
La misma, deberá ser actualizada una vez al año (actualmente rige el Decreto-Ley Nº 9624/80 que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido, en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.
Asimismo, el texto de la ley prevé una serie de ítems que apuntan a la “transparencia”, a través de la explicitación de una serie incompatibilidades con la función pública (dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione, tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste).
La Ley de enjuiciamiento a magistrados, el Consejo de la Magistratura y la Procuración
La reforma propuesta en el ámbito del Senado bonaerense incluye e implica modificar la ley de enjuiciamiento a magistrados, el Consejo de la Magistratura, la Procuración y la ley de ética pública.
Desde el Senado, donde tiene mayoría, Mariotto impulsa una amplia reforma legal que permitirá apartar preventivamente de su cargo a jueces y fiscales denunciados, antes de ser suspendidos; examinar periódicamente la condición psíquica de los magistrados y poner puntaje u orden de mérito a todos los aspirantes a funcionarios.
El vicegobernador Gabriel Mariotto acordó conla senadora Cristina Fioramonti, presidenta del bloque del Frente para la Victoria, avanzar con la reforma sobre "la corporación" judicial.
El paquete legal incluye tres proyectos, uno para modificar la ley de enjuiciamiento a magistrados; otro, el Consejo de la Magistratura, y el último, la Procuración.
A éstos se suma la señalada ley de ética pública para magistrados y funcionarios públicos, acordado entre Mariotto y la oposición.
Mariotto propone, además, fijar nuevos requisitos para selección del fiscal de Estado.
Mariotto busca dar una cruzada contra el cuestionado Poder Judicial, al que se considera una "corporación", empezando por la Suprema Corte.
El presidente de este tribunal preside también el Consejo de la Magistratura, que el Vicegobernador busca transparentar.
El jury a magistrados también es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial.
En una de las medidas más fuertes, Mariotto busca introducir reformas en la ley de enjuiciamiento a magistrados para poder apartar preventivamente a los jueces, en camino a la suspensión por parte del jury.
Se podría tomar esa medida durante la primera reunión del jurado en la audiencia de jurisdicción, "cuando se tornare inconveniente el ejercicio de su función" .
Es decir, mucho antes de la eventual suspensión por parte del jury . Este apartamiento será por 90 días, prorrogables por otros 90. No supondrá la quita de la remuneración.
Se procura poner plazos al presidente de la Corte para que una vez presentada una denuncia fije la primera audiencia en un plazo no superior a los 30 días.
"Habrá debate", expresó la diputada Fioramonti, autora de la mayoría de los proyectos.
En el Senado, el Frente para la Victoria cuenta con dos tercios de los 46 senadores, una mayoría suficiente para aprobar la reforma.
En Diputados el Frente para la Victoria es la primera minoría, pero podría acordar con el Frente Amplio Progresista, que impulsó junto con Mariotto la ley de ética pública.
La propuesta establece que todos los funcionarios de los tres poderes del estado provincial -es decir, incluidos los jueces, camaristas y ministros de la Corte- presenten una declaración jurada patrimonial desde la asunción en el cargo.
El texto deberá ser actualizado una vez al año (actualmente rige el decreto-ley Nº 9624/80, que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.
Se trata de transparentar la Justicia y acelerar los procesos. En la actualidad hay 140 juries de enjuiciamiento en trámite.
"El presidente De Lázzari ha acelerado el jury en forma histórica. Fijó una audiencia cada quince días", dijeron ayer en el palacio de tribunales.
Mariotto había prometido públicamente que no permitiria la connivencia entre el delito, la policia, los jueces y la politica.
Los proyectos ingresaron el viernes 7 de setiembre formalmente en el Senado.
El debate recién empieza.La lucha continúa.
Fuentes: AgePeBa / María José Lucesole /LA NACION
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