Zanola, causa máxima preocupación en el Gobierno
El sindicalista de los bancarios, procesado y detenido en la causa de los medicamentos adulterados, continúa enviando mensajes, desde la cárcel, que alteran los ánimos de los funcionarios de Gobierno. El motivo de su traslado al penal de Ezeiza. Las pericias judiciales que complican a Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano.
Tres veces le negó el juez federal Norberto Oyarbide la excarcelación a Juan José Zanola, el titular de La Bancaria, detenido desde el 30 de noviembre pasado, en el marco de la causa de “la mafia de los medicamentos”. En la última oportunidad, su defensa había alegado que el penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado, “no garantiza el debido tratamiento de las dolencias que padece”. En respuesta, una junta médica determinó que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que Zanola sufre, puede ser tratada eficazmente en el hospital de la cárcel. Más allá de los argumentos legales esgrimidos, LPO pudo saber que mientras el sindicalista estuvo detenido en Devoto, permaneció en un pabellón vip. Allí, alojado en una especie de “casita”, Zanola gozaba del derecho de visitas en distintos horarios, se comunicaba por celular y tenía su propia televisión. Pero esta situación de privilegio cambió el 15 de octubre, cuando fue trasladado al penal de Ezeiza. Desde aquella fecha, el titular de La Bancaria, no cuenta con beneficios especiales y vive en una celda común. Fuentes cercanas a la investigación reconocen que, en los últimos tiempos, Zanola había enviado claros mensajes al Gobierno nacional, amenazando con que si su situación personal no se resolvía favorablemente, él iba a empezar a hablar y a desenmascarar a quienes están implicados y aún no fueron procesados en la causa. Ante esta luz de alarma, la Justicia dispuso su traslado al penal de Ezeiza en condición de preso sin privilegios, una medida que restringió de manera notoria su capacidad de operaciones. Las similitudes con Camioneros “Hugo Moyano debería correr la misma suerte de Juan José Zanola”, señaló un par de meses atrás, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, y una activa denunciante en la causa. En ese sentido, la investigación tuvo un vuelco importante el viernes pasado. Es que los primeros resultados de un peritaje para determinar si la obra social de los Camioneros operó con comprobantes falsos de medicamentos oncológicos resultaron más que inquietantes: los expertos informaron a la Justicia que encontraron "diferencias" en los troqueles que tenía la organización, que "no se corresponden" con los originales.El peritaje se realizó específicamente sobre troqueles del medicamento oncológico Erbitux, destinado a pacientes de la obra social de Camioneros (Oschoca), provistos por la Droguería Urbana. Se contrastaron con uno original del laboratorio Merck, el fabricante. Al frente de la cuestionada Oschoca, se encuentra la actual y tercera esposa de Hugo Moyano, Liliana Esther Zulet. Droguería Urbana es, a su vez, la principal proveedora de remedios de alta complejidad de la obra social del gremio Camioneros.Existen versiones de que en la última conversación telefónica que mantuvo Moyano con el ex presidente Néstor Kirchner, horas antes de su muerte, el líder de la CGT le habría recriminado en duros términos la actuación del juez Oyarbide, quien justamente ese día, había citado a indagatoria a Marcos Daniel Hendler, el dueño de Droguería Urbana.Para Ocaña "La obra social de Camioneros es responsable porque era la que presentaba los legajos para los reintegros. Además, si fuera cierto lo que dicen, no les seguirían comprando hoy a Droguería Urbana, como lo hacen."Para mayores complicaciones, en la causa que sigue el juez Oyarbide apareció también una sugestiva escucha telefónica, en la que el dueño de Droguería Urbana pedía que le mandaran a hacer "19 troqueles de Erbitux" para Camioneros.El asunto de los troqueles es clave porque son imprescindibles para obtener, en drogas muy costosas como las de tratamientos oncológicos o de HIV, el reintegro de la Administración de Programas Especiales (APE), del Ministerio de Salud. La sospecha de la Justicia es que estos troqueles se falsificaban para estafar al Estado y que en ese negocio fueron cómplices droguerías y obras sociales. Para Ocaña, el asunto puede ser aún más grave si se comprueba que hubo pacientes reales que recibieron remedios de origen dudoso.
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