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Unidos por el río - Vicente López
Para
Vecinos de Vicente López e integrantes de la Asamblea Unidos por el Rio y el Foro Salud y Ambiente local, con el patrocinio de Naturaleza de Derechos, interpusieron ante la Justicia de San Isidro, un habeas corpus colectivo y preventivo contra el Municipio de dicha localidad bonaerense, a fin de que cesen las requisas y cacheos personales que personal municipal conjuntamente con la Policía de la provincia de Buenos Aires, realizan todos los fines de semanas a los vecinos que concurren a recrearse al espacio verde costeño de Vicente López.
La presentación judicial recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías Penal de San Isidro, la que inmediatamente dispuso que el trámite fuera tratado por el Juzgado penal de Garantías departamental de turno, en el caso, Garantías Nro 2, a fin de garantizar la doble instancia judicial.
Con el habeas corpus interpuesto, los vecinos tratan de neutralizar una práctica sistemática de requisas ilegales con amedrentamiento psicológico, implementado por el Municipio de Vicente López desde hace un tiempo atrás, que se constituye en una modalidad estatal para implementar solapadamente “un estado de sitio de hecho”, donde se ejerce una suerte de derecho de admisión para acceder al espacio verde y costero de Vicente López.
Efectivamente las requisas se realizan en retenes dispuestos sobre todas las arterias que conducen al Vial Costero (espacio público), transformando el acceso al mismo en un ingreso a un lugar privado.
De las más de 20 informaciones sumarias de vecinosvicentelopecinos adjuntadas a la presentación judicial, surge clara la actividad ilegal del Municipio en realizar requisas sin orden judicial y efectuar un prejuzgamiento de los vecinos, los cuales al negarse a ser requisados son violentados y amedrentados por los miembros de la fuerza policial.
El Municipio de Vicente López aduce que las requisas son para evitar que las personas "ingresen" con alcohol al Vial Costero. Con ese fin, los vecinos que quieren acceder al espacio público verde son obligados a mostrar sus pertenencias y arrojar inclusive el agua de sus termos.
Lo que el Municipio desconoce que toda requisa debe ser ordenada por un Juez, y que excepcionalmente se puede relevar la autorización judicial para casos de emergencia y flagrancia, ello es cuando acabadamente surja que el requisado ha cometido un delito. En este sentido, ante la justicia, Naturaleza de Derechos argumentó que en un estado de derecho la motivación que debe guiar a las fuerzas de seguridad en una requisa personal debe ser la de hallar cosas provenientes o constitutivas de un delito o elementos que puedan ser utilizados para la comisión del mismo, además de exigir que los hechos se produzcan en la vía pública, y con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonablemente y objetivamente permitan justificar la medida, tal como lo prescribe jurisprudencia unívoca en la materia.
Un operativo público de control razonable y compatible con el orden constitucional es que las fuerzas policiales estén presenten en el lugar, que lo patrullen, que ante un hecho objetivo evidente que denote la probable comisión de un delito o bien que el mismo se ha cometido, ahí actúen y no poner un vallado “de ingreso” a un lugar público con requisas y cacheos ilegales a todos los vecinos, incluidos, en algunos casos, a menores.
La Justicia ya requirió información al Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Municipio de Vicente López, resta que dicte la resolución judicial.
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