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domingo, 7 de junio de 2015

La justicia obliga a la Dirección de Datos Personales a dar información.

La ADC patrocinó al diputado Manuel Garrido en un amparo contra la Dirección de Protección de Datos Personales por denegar información pública sobre su funcionamiento y sobre las condiciones del nombramiento de su director.

La justicia falló a favor del diputado nacional Manuel Garrido (UCR – CABA), patrocinado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en un amparo presentado contra la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por información que le fuera negada en 2013.

Garrido había realizado un pedido de información pública a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, entonces bajo la dirección de Juan Antonio Travieso. En el mismo se pidió información respecto de la actividad de la Dirección, así como también de las condiciones del nombramiento de Travieso. Pero la misma fue negada por considerar, entre otras razones “que los Diputados de la Nación renuncian al derecho de acceso a la información pública al ingresar a sus bancas”.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, consideró que “de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Anexo VII del Decreto Nº 1.172/2003, cualquier persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, motivo por el cual la condición de diputado nacional no comporta impedimento alguno para solicitar informes a instituciones púbicas”.

martes, 30 de abril de 2013

La Justicia recibió el primer planteo inconstitucionalidad contra las leyes que modificaron el sistema de medidas cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de Casación, parte de la reforma judicial impulsada por el Gobierno Nacional.



La presentación la realizó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y se trata de una acción “colectiva” en representación de “todos los habitantes de la Nación que ven amenazado su derecho a la tutela judicial”, y exigió una medida cautelar que le prohíba al gobierno la promulgación y publicación las leyes aprobadas en el Congreso.
Tras el sorteo, la causa quedó radicada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 8, a cargo de la jueza subrogante Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.
Gil Domínguez hizo la presentación en “carácter de titular afectado del derecho de incidencia colectiva a la tutela judicial efectiva y al derecho de amparo y profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires”.
“Vengo a promover la presente acción de amparo preventivo contra el Estado Nacional- Poder Ejecutivo Nacional respecto del proyecto de ley mediante el cual se establece la regulación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte”, sostuvo en su escrito.
El letrado cuestiona “el proyecto de ley mediante el cual se crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial con sede en Capital Federal sancionados por el Congreso de la Nación y próximos a ser promulgados y publicados en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Se trata de normas “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental y humano al amparo”.
En el escrito pidió “la nulidad e inconstitucionalidad de la inminente amenaza de concreción en actos lesivos definitivos, inexorables e irreparables que implican los proyectos sancionados y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de promulgarlos y publicarlos en el Boletín Oficial”.
“Los proyectos sancionados por el Congreso que establecen el régimen regulatorio de las medidas cautelares contra el Estado afectan de forma directa derechos fundamentales y humanos, subjetivos y colectivos, patrimoniales y no patrimoniales, contemplados expresa o implícitamente en la regla de reconocimiento constitucional argentina”, según el constitucionalista.
Algunos derechos, según la presentación, podrían verse afectados por el régimen de medidas cautelares, y entre ellos mencionó el “derecho de trabajar, a formar sindicatos, a ejercer toda industria lícita, a navegar y comerciar, a peticionar a las autoridades, a la reunión, a la educación, la garantía de la autonomía y autarquía universitaria, a la integridad personal, a entrar, circular, permanecer, residir y salir del territorio, a la expresión y al acceso a la información sin censura previa”.
Ante la creación de nuevas cámaras de Casación, el abogado explicó que la ley “establece que los recursos de casación e inconstitucionalidad proceden contra las medidas cautelares y que la concesión de ambos recursos, suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto la Cámara de Casación respectiva dicte sentencia”.
“Por ende, una persona que obtuvo una medida cautelar en Primera Instancia, que fue suspendida por la apelación estatal, que luego fue confirmada por la Cámara de Apelación, vuelve a tener suspendida la medida cautelar por un nuevo recurso estatal hasta que la Cámara de Casación resuelva. Esto conlleva, lisa y llanamente, la muerte definitiva e indigna del derecho a la tutela judicial efectiva cautelar”, detalló.
Se trata de la primer presentación más allá que entidades de jueces y abogados ya anunciaron que próximamente interpondrán medidas cautelares contra las leyes ya aprobadas y otras que esperan tratamiento del Senado como son los cambios en el Consejo de la Magistratura.
NA

viernes, 13 de enero de 2012

Obispos de Venezuela piden elecciones libres y reconciliación nacional.

CARACAS, 13 Ene. 12 (ACI/EWTN Noticias).-Los Obispos de Venezuela hicieron un enérgico llamado a la paz en lugar de la inseguridad y la violencia; a la reconciliación nacional en todos los ámbitos, y a la realización de elecciones libres para elegir al próximo presidente de la república en octubre.

En la exhortación titulada "2012: Año de reconciliación nacional", al finalizar hoy su 97º asamblea plenaria ordinaria, los prelados señalan que es importante contar con un estado de derecho pero la máxima prioridad debe ser lograr "la reconciliación de los venezolanos".

Tras expresar su apoyo a "la necesidad de un proyecto común compartido, como el que tenemos en la Constitución", los Obispos reiteran su "rechazo a la imposición de un determinado proyecto de país que conlleve la exclusión política de quienes no lo acepten o lo adversen".

Una pretensión de ese tipo, advierten los prelados de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), "atenta contra los derechos garantizados en la Constitución, el verdadero interés nacional y los principios éticos que deben sustentar una sociedad".

Los obispos subrayan luego la imperiosa necesidad del respeto a los derechos humanos, que tienen su origen en el plan de Dios.

Entre ellos, resaltan, sobresale "el derecho a la vida de las personas, desde la concepción hasta la muerte natural, de donde emana el compromiso de conciencia que tenemos todos de defender la vida y de generar condiciones y oportunidades de un desarrollo auténticamente humano para todos".

Ante los problemas de inseguridad que viven los venezolanos, recuerdan que no basta con medidas parciales o con la represión; sino que se debe ir a las causas del mal, y expresan que se unen "al clamor de tantas familias y personas, víctimas de la delincuencia y de la inseguridad, en la solicitud de la aplicación de la Ley para el Desarme y Control de Municiones" que busque bajar la tasa de criminalidad.

Los prelados también se refieren a la difícil situación de las cárceles y renuevan, "por razones humanitarias y de justicia" su pedido para que se otorgue "medidas de gracia a los presos políticos".

Sobre las elecciones para elegir al presidente para el periodo 2013-2019, los obispos afirman que deben ser libres, recuerdan además el deber cívico de asistir a votar y exigen "al Consejo Nacional Electoral actuar con total independencia y garantizar las condiciones para que haya equilibrio en la campaña electoral".

Esto debe hacerse, señalan, "sin ventajismos que pongan en duda la credibilidad del evento y hacer respetar los resultados. De la misma manera pedimos la presencia de una Observación Internacional respetable y plural".

Finalmente alientan a los católicos a unirse en oración a las iniciativas a favor de la reconciliación nacional y extienden su llamado a "los creyentes de las diversas confesiones religiosas y a los hombres y mujeres de buena voluntad".

miércoles, 28 de diciembre de 2011

La presidente de Argentina, Cristina Fernández, padece un carcinoma papilar tiroideo y será intervenida quirúrgicamente el 4 de enero, informó el martes el portavoz del gobierno Alfredo Scoccimarro.

Detectan un cáncer de tiroides a Cristina Kirchner: será operada el 4 de enero





Scoccimarro dijo a la prensa en Casa de Gobierno que la afección fue detectada en el lóbulo derecho de la tiroides durante un estudio de rutina realizado el pasado 22 de diciembre. Aclaró que “los estudios prequirúrgicos que indicaron la ausencia de compromiso en los ganglios linfáticos y la ausencia de metástasis”.

“Se detectó la existencia de un canciroma papilar en el glóbulo derecho de la glándula tiroides. En el dia de hoy se constató la ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos y la inexistencia de metástasis. La localización de la enfermedad se haya circunscripta a la glándula”, añadió el funcionario.

El carcinoma papilar es un cáncer que afecta los tiroides, que se ubica en el cuello.

La mandataria, de 58 años, será intervenida en el Hospital Austral y se tomará licencia hasta el 24 de enero, se informó. El vicepresidente Amado Boudou quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante este lapso.

Según Scoccimarro, el jefe de Departamento de Cirugía del Hospital Austral, Pedro Saco, estará al frente de la operación. “El tiempo probable de la internación es de 72 horas”, dijo.

martes, 20 de diciembre de 2011

Acto de la Resistencia.


Miércoles 21.
Capital Federal: 

Hora: 12:00

Lugar: Av. Córdoba 3120.

Motivo: Decimos NO a: La destrucción del Ameghino de parte de los funcionarios inescrupulosos que Macri designó.

Reseña: Por Nuestro Proyecto Institucional Democrático; Por los Trabajadores del Ameghino, rentados, becarios y concurrentes; Por la Salud Mental como Derecho Humano; Por la Salud Mental Pública y Gratuita; Por el cumplimiento de las Leyes 448 y 26657 de Salud Mental.  SE LAS VERÁN NEGRA!!! No podrán con Nosotros!!

Convoca – Contacto: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL CSMN3 DR. A. AMEGHINO

lunes, 19 de diciembre de 2011

¿Es necesaria la ley antiterrorista?

ARGENTINA

Por Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

Buenos Aires, 16 de diciembre del 2011

El gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato.  La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática  tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos,  trabajadores y estudiantiles. 

El proyecto de ley adolece de  claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de ?punto final y obediencia debida? que votaron los legisladores sin pestañear. 

Hoy volvemos a los mismos vicios  y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con ?obediencia ciega?. 

En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el ?terrorismo económico?. 

No clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo.

Si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus  territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos  humanos de la persona y los pueblos.

La pregunta fundamental es ¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista?

Se han sancionado tres leyes antiterroristas, ¿hasta cuando?

El país vivió actos terroristas de diversos tipos, terrorismo de Estado, las dictaduras militares; los graves ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país con total impunidad.

Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario.

En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas.

Hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo. 

Los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos.

sábado, 19 de noviembre de 2011

Libertad a los presos políticos de la dictadura narcochavista!!!


 FUERZA SOLIDARIA

“APDA” pide liberación de Vivas, Simonovis, Mazuco y Leocenis

19 NOVIEMBRE 2011


Indira R. de Peña-Esclusa junto a el Dip. Adrián Oliva
Indira R. de Peña-Esclusa junto a el Dip. Adrián Oliva
Luego de revisar la situación de derechos humanos, medida en más de 3000 casos de violación del derecho a la libertad personal en Venezuela; la recién constituida Alianza Parlamentaria Democrática de América (Apda), resolvió exigir al Estado venezolano la urgente revisión de 22 casos remanentes de presidio por causas políticas y la inmediata liberación de Iván Simonovis y Henry Vivas por motivos humanitarios ,dados sus cuadros de salud.

La Alianza invocó el debido respeto a la inmunidad parlamentaria del Diputado José Sánchez “Mazuco”, para quien pidió libertad inmediata con la razón complementaria de haberse comprobado su padecimiento de cáncer.

El caso de Leocenis García también logró la consensuada petición de inmediata liberación, tomada nota de que el comunicador se ha declarado en huelga de hambre, tras varios meses de privación ilegítima de libertad, a causa de críticas editoriales a funcionarias del Estado venezolano que “jamás debieron derivar en castigo de prisión”.

La resolución dada en Bogotá este 18 de noviembre, fue impulsada por los diputados Eduardo Gómez Sigala y Miguel Ángel Rodríguez, además de la comunicadora Indira Peña en representación de “Fuerza Solidaria”. En la evaluación y el pronunciamiento final coincidieron parlamentarios de Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela.

La “APDA” se declaró además en posición de denuncia contra la “violencia que ha empleado el Ejecutivo Nacional contra el derecho a la libertad de información y de expresión”, por lo que –sentencian- han sido perseguidos y han perdido sus trabajos miles de venezolanos antes adscritos a la televisora, emisoras de radio y demás empresas de comunicación impedidas de operar en Venezuela por decisiones del gobierno central.

Respecto de Globovisión, la Alianza exigió el cese inmediato del acoso político y económico emprendido por el gobierno de Venezuela contra la planta. Consideran los legisladores que las escandalosas sanciones financieras, producto de retaliaciones políticas, buscan la inviabilidad de la empresa y atentan contra la estabilidad de todos sus trabajadores.

APDA emitió también reclamo específico a Conatel, denunciando el ilegal cierre del registro de productores nacionales audiovisuales desde la época del “segundo cierre de RCTV”. Al respecto exigió su inmediata reapertura, con el fin de respetar la libertad de trabajo, de empresa y el respeto al mandato constitucional de pluralismo.

Finalmente hubo una exhortación a la directiva de la Asamblea Nacional, para que acoja y promueva la discusión y aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Política que, por iniciativa popular, fue presentada al Parlamento venezolano el pasado mes de febrero. “Sería clave para allanar el camino a la convivencia y a la tolerancia”, dijeron.

sábado, 22 de octubre de 2011

Denuncian a la comisaria 6a de Florencio Varela.


Jorge R.Zownier, Marcos Coronel, Alicia Gomez, Hector Martinez, la comisaria 6a de Florencio Varela, y el delito en banda.

A nadie sorprendo si digo que muchos malvivientes ingresan a la policia con la esperanza de tener carnet para delinquir, o en todos casos, delinquir desde una posicion mas comoda.
A nadie sorprende si digo, que muchos que ingresan de buena fe, o con la sola esperanza de una ocupacion laboral segura, terminan contagiandose de los vicios, y desembocan en lo mismo.
Pero el problema-por mas que a nadie sorprenda- es que esta gente termina convirtiendose en lisos y llanos delincuentes, que ya no reparan en nada, y cualquier vulneracion de derechos que les reporte una ventaja, les viene bien, y no dudan en delinquir desvergonzadamente.
Sobre la caterva provincial, podemos recordar a Dellepiane, Bianchi, Castro, Gonzalez, Garcia, Liquitay y tantos otros.
La basura moral amontonada en la comisaria 6a de Florencio Varela, nos ha regalado un nuevo capitulo, que ya es casi de bucaneros.
La señora Elena Villalba, es la propietaria de dos inmuebles en la localidad, que le fueron ocupados por el delincuente Hector Mrtinez (policia) y su coparticipe delictiva Alicia Gomez, con la complicidad de Nilda Herrera.
Enterada de esto, la propietaria se presento reclamando el reintegro de los inmuebles, acompañando en su inocencia, copia de los titulos.
Los delincuentes, se negaron siquiera a dialogar, explicitando que la propiedad era de ellos.
La señora Villalba, como es honesta y cree en las autoridades, se dirigio a la comisaria en donde otro delincuente que simula ser oficial de policia, y hasta cobra un sueldo por ello, le tomo una “exposicion”, asegurandole a la victima que hablaria con estos delincuentes para que revean su conducta…
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Interrumpimos la nota para dar un curso acelerado de derecho penal para los delincuentes de la comisaria 6a de Florencio Varela.
1)Ya desde el gobierno de Ricardo Alfonsin, en la Provincia de Buenos Aires, LAS EXPOSICIONES NO TIENEN ABSOLUTAMENTE NINGUN VALOR JUDICIAL.
Es un placebo, un caramelito, que se le da a las victimas para dejarlos conformes.
De hecho, en este momento han sido eliminadas de las tareas policiales.
2)En conocimiento de un delito el oficial policial DEBE iniciar las actuaciones correspondientes, sin opciones alternativas, por lo que lo actuado por el sub comisario Jorge R.Zownier, ES UN DELITO CALIFICADO.
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Por supuesto, el delincuente Zownier, no proceso a su subordinado, ni le inicio un sumario por los hechos enumerados.
SENCILLAMENTE NO HIZO NADA!!!
Es decir que un matrimonio, con el auxilio de una tercera, despoja alegremente de su propiedad a una ciudadana, y aca no ha pasado nada…
Las autoridades, no solo no hacen lo que estan obligados a hacer, sino que ademas, actuan sofisticamente, induciendo a engaño a la victima (victimizandola una vez mas) y encubren a otro delincuente que comparte el uniforme que deshonran.
Lo cierto es que la pobre mujer, desengañada de la banda de delincuentes de la comisaria 6a, decidio recurrir a la justicia, iniciando una causa que para su desgracia cayo en las manos del delincuente parajudicial Esteban Manco, pero esa es otra historia.
En esta nos limitamos a contar lo que antecede, y ni siquiera nos extendemos con Fabian Cabrera, Carlos Risso, Matias Alfredo Saez, Rodolfo Barrios y otras lacras.
Con estos ultimos y el patetico Manco, ya quedo debiendo dos notas.
Pero en una sociedad en la que se quedan con dos inmuebles porque si, ¿a quien le puede importar, dos notas?
Esto sigue.

miércoles, 31 de agosto de 2011

Cristianos masacrados en India.

India recuerda a cristianos masacrados por extremistas hindúes

ROMA, 24 Ago. 11 (ACI).-El Arzobispo de Cuttack-Bhubaneswar (India), Mons. John Barwa, pidió a las autoridades del país garantizar la libertad religiosa y el respeto a la minoría cristiana, que este 24 de agosto recuerda el tercer aniversario de la masacre que sufrió en el estado de Orissa a manos de extremistas hindúes.

La masacre anticristiana ocurrió en el distrito de Kandhamal (Orissa), en 2008. Cobró más de 100 muertos y obligó a otras 56 000 personas a desplazarse al interior del país.

Mons. Barwa dijo a la agencia Fides que los cristianos vivirán este aniversario en oración. Señaló que los fieles quieren vivir en paz e indicó que a pesar del sufrimiento de 2008 no albergan odio o venganza. Sin embargo, seguirán exigiendo una compensación para las víctimas y el castigo para los autores de la tragedia.

En ese sentido, informó que pedirán al Tribunal Supremo garantizar el derecho a la libertad de culto y de religión, pues aún persisten "formas sutiles de opresión y discriminación contra los cristianos" y que pese a que no hay violencia de masas, "muchos cristianos están siendo aterrorizados y abatidos".

Alertan sobre limpieza étnica

Mientras esto sucede en Orissa, la agencia Fides informó este 23 de agosto que la comunidad cristiana del estado de  Karnataka teme "un posible plan de 'limpieza étnica'", que partiría luego del censo selectivo de cristianos e iglesias iniciado por la Policía.

El Consejo Global de Cristianos Indios dijo que este censo no es sólo administrativo, sino "un intento de poner en práctica la agenda oculta del Sangh Parivar", la organización que protege a los radicales hindúes.

Indicó que los párrocos y pastores deben indicar en una tarjeta el nombre de la iglesia y su ubicación exacta, información sobre los fieles y los días y horas de celebración. Señaló que esto recuerda la sospecha "del censo de los cristianos" realizada anteriormente en el estado de Madhya Pradesh.

miércoles, 3 de agosto de 2011

Cierre de campaña PRO.


La Unión PRO comenzó con su cierre de campaña para el balotaje del próximo domingo, y estuvieron junto al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el rabino Bergman y la candidata para vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal.
M24Digital entrevistó al Jefe de Gobierno, junto a otros medios y resaltó que: “El PRO se mantuvo en una campaña de diálogo, tolerancia y trabajo equitativo. Trataron de crear con los vecinos un mayor vínculo como forma para entenderse ante las necesidades de cada uno.
Para que todos vivamos mejor y felices y lograr una mejor calidad de vida, y se logra mirando hacia el futuro, sin descalificar, ni agredir a nadie, es la única manera de salir adelante, siempre con el diálogo, para tener un mejor futuro.
La unidad es la única manera para vivir mejor. La oposición está en su derecho de querer ir al balotaje, ya que no logramos el 51% como lo dice la Constitución.
Trataremos de continuar relaciones con países americanos y también con los asiáticos, y así crear nuevos puestos de trabajo para una mejor calidad de vida en la Ciudad’.
Se le preguntó si votaría a la Presidenta y respondió que “Es imposible que yo vote a Cristina”.
Y cerró la entrevista indicando que, “El domingo espera que sea una jornada de ‘Fiesta Cívica’”.

martes, 31 de mayo de 2011

La sociedad tiene que entender que la proximidad de las elecciones desvela a los políticos y a sus entornos pero no por cuánto de sus proyectos podrán plasmarse sino por cuántos espacios de privilegio ganarán o perderán en el reparto.


UTE: Kirchner - Bonafini - Schoklender


Tempranamente aprendí que la burbuja es un lugar cómodo para vivir pero malo para hacer pronósticos. Uno tiende a proyectar el microclima que allí se respira al universo entero y el margen de error suele ser monumental. En la burbuja siempre se convive entre similares; si uno tiene zapatos con cordones, todos tienen zapatos acordonados. Si uno lee, todos son lectores. Si uno mira con indulgencia, son todos indulgentes y cuando uno es cándido, todos lo son.
La euforia de que “todos” votaban al ingeniero Alsogaray me hizo festejar por anticipado el triunfo del liberalismo para la Argentina y a pesar del tropezón, celebro que haya sido en mis tempranos años de vida y de militancia porque aquel error significó un valioso antídoto contra la burbuja.
Aprendí que la frase era parecida pero que se había salteado la sutileza de los tintes y que no todos votaban al ingeniero sino todos los que estábamos en la misma burbuja; y así fue como descubrí vida más allá del propio ombligo. Y descubrí también la variedad de matices que ofrece la realidad política aunque debo confesar que me sigo sorprendiendo con los que se suman a diario. Alguien intentó explicarme que esto de ahora no son matices sino cromosomas fallidos, engendros monstruosos que la biología rechazaría como malformaciones malsanas y la política nacional abraza. Tiendo a encontrar lógico el razonamiento aunque la explicación en sí no alcanza para suavizar el impacto pernicioso de la subclase dirigencial que nos ahoga.
Liberada del síndrome de la burbuja hoy reconozco con claridad que quienes festejan que los detalles aberrantes de la entente Bonafini-Schoklender hayan salido a la luz, no son más que condóminos de una misma burbuja. Al gran público ni le rozan las porquerías que ese dúo dinámico viene haciendo desde que Néstor Kirchner los alquiló para su personal beneficio.
Los millones de individuos que de una u otra manera comen de la misma corrupción kirchnerista no se espantan con la indecencia ni con el delito ajeno porque, en el fondo, sobre facturar una obra pública o cobrar por ella y no realizarla no difiere de la inconducta de recibir un dinero por no hacer nada. Ambas acciones son una estafa y el cuánto no morigera la acción. El peronismo, en un acuerdo tácito con la sociedad, ha instalado el mecanismo perverso de “hoy por mí, mañana por mí” o lo que he dado en llamar permiso para robar.
Respecto de los que andan por ahí escandalizados con la información también conforman un sub grupo de cuidado. Son, en gran parte, los mismos que descalifican a Elisa Carrió por agorera, inflexible y creyente. Nada dicen de la propia arbitrariedad y de su inmadurez cuando toman, como los chicos, sólo lo que quieren del plato. Abren la galletita, le raspan la crema y tiran las tapas. Carrió es un todo y la madurez se aplica para entender que las personas son enteras, con lo que nos gusta y lo que nos gusta menos; y también nos indica que en la evaluación del combo se encuentra el valor de las personas, públicas y privadas, sin rasparles la crema y sin tirar las tapas porque la galletita es la crema y las tapas y porque la crema sola no es la galletita.
Elisa Carrió es la que decide con el dedo quién será diputado, y la que se adelanta a los acontecimientos como hace un líder. Muchos argentinos le computan como defecto esa cualidad excepcional que el mundo exalta y la rechazan simplemente porque esta sociedad adolescente se niega a escuchar la verdad. A pesar de todo, Carrió persiste y hoy tiene el coraje de denunciar las repugnancias de que son capaces los asesinos camuflados de defensores de la vida. Es la única capaz de desnudar el contrasentido del tortuoso acuerdo que subyace entre quien engendró asesinos y quien asesinó a los que lo engendraron. La Coalición Cívica, una construcción que lleva la impronta de Carrió mal que le pese a varios, señala contra todo el marketing “progre” los negociados de una madre que adoptó a quien es huérfano por decisión propia.
Es bueno recordar episodios que la memoria frágil y sesgada de nuestra sociedad tiende a olvidar con miserable desparpajo: Elisa Carrió fue echada de la Comisión Permanente por los Derechos Humanos, organismo tuerto si los hay que sí integra el rabino fashion devenido político, por haber opinado sobre la persecución judicial que padecen los hijos adoptivos de Ernestina Noble. La izquierda radicalizada que ayer mataba y hoy administra el estado la detesta porque es su auténtica enemiga. Y por eso, sólo por eso quienes aborrecen la actual dictadura debieran reconocer su perseverancia y defender su permanencia. A menos que alguien considere que su existencia no le hace bien al sistema y que la política se enriquecería con su ausencia.
“En la otra mano” como dicen los americanos, llenas están las crónicas de detalles sobre el avión de Schoklender cuya existencia muchos conocíamos, entre otras cosas porque dormía en el hangar vecino al de Francisco de Narváez. ¿Se habrán encontrado alguna vez próximos a despegar en el Aeropuerto de San Fernando? ¿Podrá hacerse hoy el sorprendido el candidato a gobernador o la decena de importantes empresarios que frecuentan esa aeroestación por los mismos motivos y que nunca dijeron nada del curioso vecino?
La sociedad tiene que entender que la proximidad de las elecciones desvela a los políticos y a sus entornos pero no por cuánto de sus proyectos podrán plasmarse sino por cuántos espacios de privilegio ganarán o perderán en el reparto. Hipocresías a granel hacen fila para llenarnos de naderías mientras una disyuntiva de fierro se debate frente a nosotros: la república de derecho o la dictadura de hecho donde no hay margen para “los menos malos” que, además, nunca fueron tales. Todos sabemos quiénes se encolumnan tras una u otra opción.

María Zaldívar

lunes, 16 de mayo de 2011

EL INTELECTUAL BOLIVARIANO LUIS BRITTO TERCIA EN LA POLÉMICA SOBRE LA EXTRADICIÓN DEL PERIODISTA JOAQUIN PEREZ BECERRA.

VENEZUELA

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EXTRADICIÓN

Extradición es el procedimiento en virtud del cual un acusado o condenado de un delito según la ley de un Estado, es privado de su libertad en otro y regresado al primero para ser sometido a juicio o expiación en él.

Nadie otorga la extradición por supuestos delitos políticos, porque éstos sólo son tales en el país fuera del cual está el acusado. Según afirma Irureta Goyena,?en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías?.

Ésta es regla universalmente aceptada en el Derecho Internacional. Así, la Convención sobre Asilo Territorial de la OEA 1954 en su artículo 3 pauta que ?Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos?, mientras su artículo 4 estatuye categóricamente que ?La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos?.

También nuestro Derecho interno excluye en forma terminante la extradición por motivos políticos. Al respecto establece  el Código Penal de Venezuela en su artículo 6: ?La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los tramites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas. No se acordara la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de justicia?.

Interpol no puede tener ingerencia en estos casos, ya que según el artículo 3 de sus Estatutos,?Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial?.

Ejercer actividades de divulgación e información no es  delito, ya que según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ?Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión?.

Tampoco la divulgación de opinión e información está calificada como delito en Venezuela, ya que el artículo 57 de nuestra Constitución pauta: ?Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades?.

Para quienes fueren molestados por ejercer tales actividades, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: ?1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas?. El derecho de asilo puede ser invocado ante cualquier país perteneciente a la ONU. Divulgar información y opinión no es delito común, ni acto opuesto a  propósitos y principios de dicho organismo.

        En el mismo sentido, el artículo 69 de nuestra Constitución establece que ?La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas?.


        El artículo 271 de dicha Ley Fundamental añade que ?En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos?. De donde se concluye que sí puede ser negada la extradición de los extranjeros no responsables de dichos delitos, y debe ser rechazada la de quien no sea culpable de ninguno.


        Al respecto exige la Constitución, ?El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil?. De donde se infiere que no puede haber extradición sin debido proceso público y con garantías de defensa. El artículo 44 de la Ley Fundamental requiere que ?Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia?, para que el cónsul pueda activar los mecanismos de defensa de su compatriota que estime pertinentes.


El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 398  dispone que ?Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida?. Si el gobierno solicitante no ha presentado la documentación, se podrá detener cautelarmente al indiciado sólo hasta sesenta días continuos, tras los cuales será liberado si dichas pruebas no han sido presentadas. Para el caso de que sean aportadas, el artículo 402 ejusdem pauta que ?La Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado. A esta audiencia concurrirán el imputado, su defensor y el representante del gobierno requirente quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, la Corte Suprema de Justicia decidirá en un plazo de quince días?.


Preferiblemente, la documentación aportada no debe consistir en textos extraídos de supuestas computadoras mágicas a prueba de bombas,  confesamente obtenidas mediante una agresión ilegal, en las cuales según el mismo informe de Interpol se han contaminado los contenidos después del decomiso, y en cuyos archivos, según Álvaro Uribe Vélez, también constarían supuestas pruebas de que el presidente electo de Venezuela sería narcotraficante y terrorista. Interpol no es árbitro del mundo, para estar asignando a capricho boletas rojas que violan Declaraciones Universales de Derechos Humanos, Constituciones y tratados.


Según la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, los Estados se comprometen a conceder asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado a su país de origen si ello representa un peligro para él.


No lo digo yo: lo dicen las leyes y los tratados, que en Venezuela expresan la soberana e irrenunciable voluntad del pueblo. El que en otros países no exista Estado de Derecho no es razón para que éste deje de existir en Venezuela. Una sola violación de una norma no condena un sistema, pero debe ser corregida antes de que se convierta en norma la violación.


Secuestrar a un comunicador social inocente de todo delito común y entregarlo por la fuerza  a un país del cual no es nacional; a un país donde fueron asesinadas su esposa y cinco mil copartidarios; donde en tres años se cuentan más de 38 mil desaparecidos y más de tres millones de desplazados forzosos por operaciones militares ciertamente representa un peligro para él, y para quienes confiamos en que  constituciones, leyes y derechos humanos eran más que últimas palabras.

Luis Britto García

viernes, 29 de abril de 2011

La etnosubversión llegó a Buenos Aires de la mano de los matacos.


La actriz Nacha Guevara solicitó a la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, que reciba a los representantes del pueblo aborigen Qom que cortan la Avenida 9 de Julio.
“Le pido a la Presidenta que los reciba, son nuestros orígenes, son los primeros que tienen derecho a la tierra”, señaló.
“Cristina, recíbalos, porque ellos son muy humildes, muy respetuosos”, agregó, sin olvidar que “esto también es derechos humanos”.
“Tal vez por eso, por no tener estructura, por no tener sindicato, por no hacer presiones, nadie los está ayudando”, señaló Nacha.
Integrantes de la comunidad Primavera se manifiestan por el continuo avance que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, realiza sobre sus tierras, lo cual desencadenó en el asesinato de dos originarios el año pasado.

miércoles, 20 de abril de 2011

“Violencia contra la mujer” o “violencia de género” es una herramienta de la “cultura de la muerte” para imponer “derechos sexuales y reproductivos”.


NOTIVIDA, Año XI, Nº 755, 19 de abril de 2011
Cámara de Diputados de la Nación
LE DARÍAN RANGO CONSTITUCIONAL A BELEM DO PARA
Belem do Pará, la Convención americana para “erradicar la violencia contra la mujer”,  es una herramienta internacional para forzar la legalización del aborto.
Por Mónica del Río
Tienen dictamen los proyectos que intentan otorgar jerarquía constitucional a la Convención de Belem do Pará -Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer-.
“Violencia contra la mujer” o “violencia de género” es una herramienta de la “cultura de la muerte” para imponer “derechos sexuales y reproductivos”. Los comités del sistema de derechos humanos de la ONU consideran violencia toda traba que impida el aborto. La misma interpretación hace en nuestro país la reglamentación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer: “configura violencia contra la libertad reproductiva toda acción u omisión” de las instituciones de salud, de los cónyuges, padres, etc, que vulnere “el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o no tener hijos”; “incurren en violencia contra la libertad reproductiva” los profesionales que no provean anticonceptivos o se nieguen a “realizar prácticas lícitas atinentes a salud reproductiva”, desde esta perspectiva es “violencia contra la mujer”, por ejemplo, la negativa a practicar los mal llamados “abortos no punibles”. Esta interpretación ideologizada de la violencia se izaría ahora hasta la cúspide de la pirámide jurídica.
El Comité de Seguimiento de Belem do Pará

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Desde el año 2005, Belem do Pará tiene un Comité de Seguimiento (CEVI), una treintena de “expertas” que reciben y evalúan “técnicamente” los Informes de los Estados Parte y emiten recomendaciones. El Estado Argentino designó para integrar ese Comité a la militante abortista Susana Chiarotti Boero, Coordinadora Regional del CLADEM.
El Comité acaba de concluir la Primera Ronda de Evaluación que se inició en el año 2005.Entre las recomendaciones generales están: legislar sobre “violencia de género” en lugar de “violencia familiar”; incluir en la legislación todos los tipos de violencia: “psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y otras”; penalizar la violación dentro del matrimonio o unión de hecho, eliminar los métodos de conciliación o avenencia entre el agresor y la mujer víctima de violencia; prever “sanciones penales y/o administrativas a funcionarios públicos que no apliquen la normativa sobre violencia contra las mujeres”, dictar normas específicas sobre “femicidio”, etc
El dictamen de Diputados
El dictamen emitido el pasado 12 de abril aunó los expedientes 0590-D-2010 de Marcela Rodríguez (CC, BsAs), 0829-D-2010 de Gerónimo Vargas Aignasse (FpV, Tucumán), 1305-D-2010 de María laura Leguizamón (FpV, BsAs),  2336-D-2010de Ivana Bianchi (Peronismo Federal, San Luis), 2601-D-2010 de Silvia Storni (UCR, Cba.) y otros, 6602-D-2010 de Miguel Ángel Barrios (PS, Sta.Fe) y otros.
Podría ser tratado en el recinto en la próxima sesión porque Graciela Camaño le pidió  la preferencia el 16 de marzo.
Sobre “Violencia contra la mujer” se pueden  ver  los Notivida  Nº 172, 224, 274, 298, 306, 324, 325, 328, 329, 335, 344, 346,350, 351, 424, 426, 434, 458, 479, 494, 497, 566, 568, 581, 582 y 724.