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jueves, 17 de noviembre de 2011

El gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo se ha comprometido en mantener a la provincia canadiense libre de aborto.


Patrick Craine
CHARLOTTETOWN, Prince Edward Island/PEI - 16 de noviembre 2011 (Notifam) - El gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo se ha comprometido en mantener a la provincia canadiense libre de aborto, ahora que ha surgido un renovado empuje para un mayor acceso al procedimiento mortal.
“Ahora mismo, yo no veo una razón para cambiar el estatus presente”, le dijo Doug Currie, el Ministro de Salud, al periódico The Guardian (El Guardián) en la PEI. “Yo no veo que nada vaya a cambiar, y el estatus presente está sólidamente establecido, por lo que ésa es mi posición sobre este asunto en estos momentos”.
La presión mediática adviene luego de que se formara un nuevo grupo cabildero a favor del aborto, que lleva por nombre la Organización de la PEI para los Derechos Reproductivos (PEI Reproductive Rights Organization/PRRO), la cual planifica llevar a cabo una concentración el próximo 19 de noviembre, con un llamado al gobierno para que el aborto retorne a la provincia.  
La provincia ha sido descrita como “el santuario de la vida”, luego de que ha estado libre de aborto durante más de 25 años. Ello fue el resultado de una exitosa campaña por parte de los defensores pro-vida durante la década de 1980, cuando se cabildearon a los hospitales en toda la provincia para que cesaran de proveer abortos.
El gobierno sí cubre los gastos de las mujeres que buscan obtener abortos fuera de la isla, primordialmente en las provincias de New Brunswick y Nova Scotia.
“Cualquier persona debe de tener el mismo acceso al cuidado de la salud – es por eso que tenemos un sistema público para el cuidado de la salud”, le dijo el vocero de la PRRO, Sam Wight, a laGuardian. “Esto no es accesible a todos. Ha habido momentos en la historia donde aquí ha estado accesible. Por eso, no hay ninguna razón para que no lo esté de nuevo”.
El lanzamiento del grupo cabildero encaja con un esfuerzo realizado por una profesora en la universidad de la PEI, la doctora Colleen MacQuarrie, para recopilar las historias en las que se narran las  dificultades por las que  pasan las mujeres de la PEI para poder obtener abortos. La intención señalada en la investigación de MacQuarrie es la de ayudar a “establecer la justicia reproductiva” y “cambiar la política pública de la PEI para obtenerle un acceso a las mujeres”.
El empuje a favor del aborto ha recibido el apoyo del Partido Verde (Green Party of PEI) de la provincia, que quedó colocado en tercer lugar durante las elecciones del otoño de este año, con un 4.4%.
Sharon Labchuk, la líder del partido político, dijo que la posición del gobierno del Partido Liberal (Liberal Party of PEI) representa “una descarada discriminación en contra de las mujeres, especialmente de las mujeres de bajos ingresos.”
Según Ann Marie Tomlins de la PEI Derecho a la Vida (PEI Right to Life), el grupo cabildero ha estado inundando el recinto de la universidad de la PEI con literatura pro-aborto, para dar a conocer el hecho de que la provincia paga por los abortos que se practican fuera de la isla.
Tomlins enfatizó que existen numerosos procedimientos que son médicamente necesarios, para los cuales los ciudadanos de la PEI tienen que viajar fuera de la isla, pagándose el viaje por cuenta propia.  
“¿Entonces por qué debemos de pagar por la transportación de una persona para que se le practique una cirugía electiva, o en cuanto al aborto, su opción?”, ella cuestionó.
“Yo no creo que deben de haber abortos en lugar alguno”, ella añadió.
Para enviar sus comentarios, se incluye la siguiente información de contacto:
Honorable Robert Ghiz – Premier of Prince Edward Island – Canada – teléfono: (+1) 902-368-4400 - correo electrónico: rwjghiz@gov.pe.ca  
Honorable Doug Currie – Minister of Health and Wellness of Prince Edward Island – Canada – teléfono: (+1) 902-368-5250 – correo electrónico: dwcurrie@gov.pe.ca
Versión del original en inglés:
Traducción del inglés por: Marlene Gillette-Ibern

viernes, 4 de noviembre de 2011

La CTA apoyando las propuestas genocidas.


La CTA presente en una jornada histórica en el Congreso
Diputados aprobó dictamen sobre el aborto legal
La Comisión de Legislación Penal de Diputados aprobó un dictamen de ley para la despenalización del aborto y la reforma del Código Civil, el primer paso para habilitar el tratamiento en el recinto de la Cámara baja, previsiblemente en 2012. Antes pasará por las comisiones de Familia y de Salud. La CTA estuvo presente en esta jornada histórica a través de su secretaria de Género, Alejandra Angriman.
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500 mujeres mueren por año por abortos mal realizados en la clandestinidad. Desde el fin de la última dictadura militar, 3 mil mujeres han perdido la vida por no gozar de una ley que permita la realización de abortos en condiciones dignas. “Es una deuda que la democracia tiene con las mujeres”, dijo en diálogo con ACTA Dora Martínez, secretaria gremial de la CTA Capital. La trabajadora de salud pública y mental e integrante de ATE agregó: “hace años que venimos peleando contra un modelo que intenta disciplinar con los bajos salarios, con los no reconocimientos de las tareas: la feminización de la pobreza es una realidad en el continente y también en Argentina”.
Mientras un grupo de jóvenes de Las Rojas (MST) cantaban contra el Opus Dei, el brazo más conservador y represor de la Iglesia Católica, Alicia Coca, delegada de Sitos-CTA y también trabajadora de la salud enfatizó: “estamos pidiendo que los legisladores se hagan cargo de la deuda que tienen con las mujeres. Nuestras mujeres necesitan educación para poder decidir sobre su cuerpo, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En este país se practican abortos ilegales todos los días: la legalización debe ser una política de Estado”.
El proyecto de ley presentado a Diputados propone permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. “La mayoría de las mujeres pasamos por esta experiencia pero de manera clandestina, con mucho miedo. Lo que necesitan nuestras hijas es que no se sea más hipócrita. La ley no tiene que ver con si se cree o no se cree, o si se es católico o no, tiene que ver con una política de Estado, con una necesidad que tienen sobre todo las clases más bajas. Es una cuestión de justicia social y distribución de la riqueza para que todas las mujeres tengan acceso a la salud pública”, explicó Coca.
La trabajadora de la salud llamó también a organizar campañas de salud y de educación sexual de calidad en un país donde todavía existen la salud y la educación públicas. “Creemos que más allá de lo que piense la Presidenta, están los legisladores que deben legislar desde la realidad y no desde la Fe. Pónganse en el lugar de las mujeres, de los millones de mujeres que pasan por esto y que necesitan una legislación que las ampare. En general son de sectores pobres y llegan al hospital casi desangrándose”, describió la realidad Alicia Coca.
Elena Reta, integrante de la Comisión Nacional de la CTA, agregó: “la democracia tiene una deuda con los derechos, principalmente con los de las mujeres jóvenes y pobres. Hay una hipocresía de la sociedad porque no se discute la autonomía en las decisiones de nuestros propios cuerpos y en esto se va la vida de nuestras mujeres jóvenes. En realidad es una cuestión de clase”, concluyó Reta.
"Es responsabilidad del Estado modificar la legislación para despenalizar y legalizar el aborto seguro como principio de salud pública y respeto por los derechos humanos", aseveró Alejandra Angriman, secretaria de género de la CTA nacional luego de haber participado de los debates en el Parlamento que llevaron a la aprobación del histórico dictamen.

martes, 24 de mayo de 2011

Arzobispo genocida.


Matthew Cullinan Hoffman
24 de mayo 2011 (Notifam) – Un sacerdote católico de la diócesis de Barcelona ha denunciado a su arzobispo y otros dos obispos españoles por su continua asociación con los hospitales donde se realizan abortos y esterilizaciones, a pesar de una admonición del Vaticano para poner fin a sus asociaciones con dichas instituciones.
Según un informe publicado recientemente en el sitio cibernético español Religión y Libertad/ReL, el Padre Custodio Ballester le escribió al Cardenal Arzobispo Lluís Martínez Sistach de Barcelona, a principios de abril, pidiéndole que “denuncie públicamente y ponga fin a esta escandalosa situación y a cualquier participación, representación y connivencia de la Iglesia Católica en las juntas de directores de la Santa Creu y de Sant Pau (los hospitales) de Barcelona”, al igual que algunos otros.
“De esta manera, quedará claro que es imposible colaboración alguna con un crimen abominable que clama por la justicia”, escribió Ballester.
Tal como Lifesitenews/Notifam informó en 2010, Martínez Sistach y otros obispos de la región de Cataluña continúan asociando sus diócesis con los hospitales, en donde se practican abortos quirúrgicos, se distribuye la pastilla abortifaciente del día siguiente, y se esterilizan pacientes.
Ballester dijo que no todavía no ha recibido una respuesta del obispo, según informa Religión y Libertad. Sin embargo, él dice que los oficiales del Vaticano le han dicho que ellos están al tanto de la situación y que les han pedido a Martínez Sistach y los demás obispos que terminen sus asociaciones con los hospitales.
Cuando Ballester llevó copias de su carta a Roma para distribución entre las autoridades, “El Vaticano ya sabía del escándalo”, le dijo a ReL. “Los oficiales me aseguraron que el Vaticano ya había advertido a los prelados de Barcelona, Sant Feliu y Tarrasa, que la Iglesia tiene que abandonar los hospitales, pero hasta la fecha, ellos no han respondido”.
La protesta de Ballester surge luego de la renuncia del Padre Ignasi Fuster de la diócesis de Tarrasa, de su puesto en la junta de directores del Hospital Sant Celoni en marzo. Fuster renunció a su puesto, en respuesta a la política pública del hospital de distribuir la droga abortifaciente RU-486 a los pacientes. Aunque la diócesis ha denunciado dicha política pública, la misma no ha removido los demás representantes diocesanos de la junta del hospital.
El Cardenal Martínez Sistach también ha sido objeto de crítica por la decisión que tomó hace unas semanas de no castigar al sacerdote arquidiocesano Manel Pousa, quien admite haberle dado dinero,  por los menos a dos jóvenes, para el pago de sus abortos. Además, ha celebrado  “bodas” homosexuales, y se opone al celibato sacerdotal.

miércoles, 9 de febrero de 2011

La clínica de abortos de Gosnell Kermit:una “casa de horrores".

La moral perversa que facilitó la “casa del horror” de Gosnell

Niamh Ui Bhriain

Nota: Niamh Ui Bhriain es una activista pro-vida irlandesa en el Life Institute

9 de febrero 2011 (Life Institute) – Se necesita un horrible crimen en particular para hacer que un Fiscal de Distrito en Estados Unidos describa la escena del crimen como una “casa de horrores”. Pero si tomamos en cuenta lo que ha surgido acerca de la carnicería que tuvo lugar en la clínica de abortos de Gosnell Kermit, parece que el fiscal, Seth Williams, en realidad puede haber quedado corto al elegir sus palabras.

El informe de 281 páginas de la investigación del Gran Jurado sobre la práctica de Gosnell en Filadelfia es de difícil lectura. He sido un activista pro-vida la mayor parte de mi vida, pero las descripciones de cómo los bebés y las madres fueron masacrados en esta inmunda clínica de aborto fueron tan perturbadoras, que literalmente no pude dormir esa noche. Las fotografías que acompañan el informe muestran que los niños abortados quedaron tendidos en la clínica. Son fotografías simplemente desgarradoras.

Es el tipo de mal que te hace abrazar más a tus propios hijos, una letanía del horror más allá de nuestra comprensión. ¿Como existe tanta crueldad en el corazón de un ser humano que puede llevarlo a realizar esos actos monstruosos?

El doctor Kermit Gosnell abrió su clínica de aborto en 1979. Recaudó millones matando bebés. El Gran Jurado utilizó un lenguaje crudo y simple para describir su práctica.

“Este caso es sobre un médico que mató bebés y puso en peligro a mujeres”, escribieron los miembros del Gran Jurado. “Lo que queremos decir es que él, regular e ilegalmente, hizo nacer a bebés vivos y viables en el tercer trimestre del embarazo… y luego asesinó a estos recién nacidos seccionando su médula espinal con unas tijeras. La práctica médica mediante la cual llevó a cabo este negocio fue un fraude repugnante en el que aplicó sobredosis a sus pacientes con drogas peligrosas, propagó enfermedades venéreas entre ellas con instrumentos infectados, perforó sus vientres e intestinos, y en al menos dos ocasiones causó su muerte. Con los años, muchas personas llegaron a saber que algo estaba pasando aquí. Pero nadie puso fin a esa situación”.

El equipo de investigadores tomó declaración a una trabajadora de la clínica, Tina Baldwin, quien dijo que Gosnell bromeó una vez sobre un bebé que se retorcía mientras le cortaba el cuello: “Eso es lo que se llama una gallina con la cabeza cortada”. Hay muchas, muchas otras historias de horror.

Pero el informe del Gran Jurado es explícito también en otras formas: especifica que se le permitió a Gosnell continuar con décadas de atroces asesinatos, porque se tomó la decisión política de abandonar la regulación de las clínicas de aborto.

Por eso el fracaso de no proteger a la madre y los bebés no fue simplemente una falta de regulación o de una pobre coordinación entre distintos organismos. Fue una decisión política adoptada con el fin de proteger la industria del aborto.

El informe señala que en 1993 “… el Departamento de Salud de Pennsylvania decidió abruptamente, por razones políticas, detener totalmente la inspección de las clínicas de aborto. Las políticas en cuestión no fueron anti-aborto, sino a favor de él. Con el cambio de administración del Gobernador Casey a la del Gobernador Ridge, los funcionarios llegaron a la conclusión que las inspecciones ‘pondrían una barrera a las mujeres que buscan abortar. Es mejor dejar que las clínicas hagan lo que quieran’, aun cuando, como Gosnell demostró, eso significaba que lo pagarían las mujeres y los bebés”.

Es difícil leer ese párrafo sin concluir que esos políticos que tomaron esta decisión terrible – muy probablemente a puertas cerradas y sin informar al público – no deberían ser juzgados junto a Gosnell y acusados de imprudencia temeraria. Lo que hicieron fue francamente criminal, y deben asumir su parte de la culpa. Como ha señalado más de un comentarista, bajo la mirada de los políticos pro-aborto fueron mejor regulados los salones de belleza y las peluquerías que las clínicas de aborto.

Por supuesto, los medios de comunicación de Estados Unidos restaron importancia o ignoraron la participación de los ideólogos pro-aborto en el surgimiento de esta casa de horrores (los medios de comunicación irlandeses, por su parte, han ignorado la historia de Gosnell, al no querer dejar que la verdad sobre la industria del aborto impacte negativamente sobre su presión para tener legalizado el aborto en este país).

El informe del Gran Jurado no tira golpes, y la ira y el disgusto de los investigadores es evidente en cada línea. Pero mientras que su rechazo es indudablemente sincero, hay una confusión moral en el que se sustenta ese rechazo, porque los investigadores, a pesar de todo lo que habían visto y oído, encontraron necesario reafirmar un “derecho” al aborto.

Esto es claramente contradictorio e ilógico. Si es malo matar niños, su edad no debería importar. Pero la ley es perversa, y ha deformado la moral hasta el punto en el que el horror causado por personas como Gosnell se torna inevitable.

Gosnell estaba matando bebés en una clínica repugnante, y él no respetó el plazo legal para la matanza de niños en el Estado de Pennsylvania. Pero para la mayoría de miles de niños que murieron a manos de Gosnell, la ley lo apoyaba en forma absoluta. Gosnell buscó la parte más lucrativa del negocio del aborto, los abortos tardíos. Y mientras él quebrantó la letra de la ley, el espíritu de la ley había establecido su derecho a matar a los bebés con fines de lucro. Para Gosnell, era entonces sólo cuestión de romper las reglas.

El informe detalla cómo los bebés grandes, nacidos vivos – a los siete y ocho meses de gestación – respiraban y se movían antes que Gosnell cortara sus cuellos o rompiera sus médulas espinales. Describe con detalles repugnantes cómo Gosnell y otros bromeaban sobre el tamaño de los bebés que estaban a punto de ejecutar, e incluso algunas veces jugó con ellos antes de matarlos. Cualquier persona con algún sentido de la moralidad estaría consternada por esta horrible revelación.

Pero sin embargo muchas personas se han dejado convencer que el aborto es moralmente justificado, y apaciguan sus conciencias al señalar los plazos y las llamadas restricciones. Es una moral perversa, porque no tiene sentido argumentar que a los cinco meses y treinta días un niño puede ser asesinado, y que un día más tarde es un asesinato matar a ese mismo ser humano. La verdad es que la única forma de garantizar que la ley nunca más haga la vista gorda ante el horror revelado en Filadelfia es el restablecimiento del derecho a la vida de todos los niños por nacer y poner fin de inmediato al aborto legal.

Mientras tanto, no se le ha llamado la atención a la industria del aborto por lo que ocurrió en la clínica de Gosnell durante más de treinta años, aun cuando el Gran Jurado consideró que la Federación Nacional del Aborto había visitado las instalaciones, y que, mientras sus inspectores habían encontrado que era sucio e inadecuado, la Federación no compartió esa información con las autoridades. Así que las madres y los bebés siguieron muriendo, en condiciones que literalmente hacen llorar al corazón.

En la misma semana que Gosnell y sus colaboradores fueron acusados de asesinato, el presidente Obama habló de su apoyo continuo al aborto legal. No debe haber sorprendido a los observadores experimentados que éste sea el hombre que habla de compasión mientras apoya el aborto tardío y vota en contra de la Ley de los Nacidos Vivos.

Él apoya la industria del aborto, la que apoyan los abortistas tardíos como Gosnell, y que ahora están atacando las leyes de Irlanda a favor de la vida con todo lo que tienen. Su mayor aliado son los medios de comunicación irlandeses que están patéticamente dispuestos a publicar las exigencias de Planned Parenthood de “aborto seguro y legal” que ellos afirman es un “derecho” de la mujer.

Pasan convenientemente por alto que Gosnell está siendo acusado de la muerte de un aborto fallido en una mujer de 41 años de edad, Karnamaya Mongar, una refugiada de Nepal, y que el Gran Jurado también recolectó pruebas que él causó la muerte de al menos otra mujer y provocó lesiones graves – incluyendo la perforación del cuello uterino y del útero – a muchas otras. Ex trabajadores de la clínica también lo han acusado de practicar abortos en “menores de edad” en contra de su voluntad cuando sus madres se lo pidieron, y de realizar otros abortos sin formularios de consentimiento.

¿Son éstas las personas que pretenden ser el respaldo para los derechos de las mujeres? La farsa – y la carnicería – deben finalizar ahora.

Versión original en inglés en http://www.lifesitenews.com/news/the-perverse-morality-that-facilitated-gosnells-house-of-horror

Traducción por José Arturo Quarracino

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Los abortistas engañaron con informacion falsa al Congreso Argentino.

ONG abortista presenta datos manipulados ante diputados argentinos, denuncia experto
BUENOS AIRES, 30 Nov. 10 (ACI).-
La ONG "Human Rights Watch (HRW) manipula el texto del Código Penal" argentino y sostiene "la necesidad de legalizar el aborto" en el país sin precisar "razones jurídicas", denuncia el Dr. Nicolás Lafferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia.

El experto hace esta denuncia en el marco de la ponencia de Marianne Mollman de la abortista HRW esta tarde en la Cámara de Diputados de Argentina. En esta intervención sugerirá la despenalización del aborto en ese país, usando como recurso un informe publicado en agosto de 2010.

Sobre este informe, el Dr. Lafferriere afirma que las fuentes a las que recurre HRW "magnifican las estadísticas" sobre la cantidad de abortos. Esta organización omite toda referencia "al tema de la mortalidad materna" y a los problemas que existen "en torno a la atención obstétrica de emergencia".

El director del Centro de Bioética espera "que el Congreso Nacional no acepte las presiones internacionales y mantenga la coherencia de su legislación", y continúe protegiendo a "la vida humana desde la concepción".

Para leer el informe completo que rebate los argumentos de HRW, ingrese a http://www.centrodebioetica.org/biblioteca/aborto/hrwaborto.pdf