El delncuente Gabriel Sifredi tiene una nueva causa penal.

El conocido delincuente parajudicial Gabriel Sifredi, es objeto de otra causa penal.
Este personaje nefasto, que ha convertido al distrito de Florencio Varela en un gigantezco aguantaero de marginales, es el feliz poseedor de otra causa penal.                                                
                                              

Cultor del abolicionismo mas recalcitrante, este sujeto, recibió centenares de denuncias sobre hechos contravencionales de su insumbencia, negandose a juzgar, invocando una oscuridad de la Ley inexistente.
El art.248 del Código Penal contempla claramente esta conducta delictiva expresada por Sifredi.
El abandono de persona es otra opción que estamos contemplando, ya que son varias las victimas de la inacción dolosa de este delincuente.
La negativa rotunda del delincuente a tomar declaraciones testimoniales o considerar la prueba documental, sumado a no intervenir estando obligado a ello en flagrancia, desembocó en esta nueva causa penal.
Hay barrios enteros, en verdadera sublevación, contra este sujeto desleznable, responsable del estado de anomia reinante.
Veremos que inventa la mafia parajudicial, para encubrirlo.

Idas y vueltas en el laberinto de la (in)Justicia.

NO A LA PLANTA DE MONSANTO

El próximo miércoles 8 de enero, se dará a conocer la resolución sobre el amparo presentado en septiembre de 2012, donde se pidió la paralización de la obra de la empresa Monsanto, la cual fue consentida por la Intendencia de Malvinas Argentinas y el cumplimiento de la Ley General Nacional del Ambiente 25.675. Dicha reglamentación, indica realizar estudios de impacto ambiental y una consulta popular, antes de dar curso a proyectos de esta envergadura en cualquier lugar del territorio argentino. Córdoba, 4 de enero de 2014 ( http://ecoscordoba.com.ar).- Por Débora Padilla Idas y vueltas en el laberinto de la (in)Justicia Para éste miércoles, se dictará sentencia al amparo presentado por Malvinas Argentinas, para la no instalación de Monsanto, Este miércoles 8 de enero, se dará a conocer la resolución sobre el amparo presentado en septiembre de 2012, donde se pidió la paralización de la obra de la empresa Monsanto, la cual fue consentida por la Intendencia de Malvinas Argentinas y el cumplimiento de la Ley General Nacional del Ambiente 25.675. Dicha reglamentación, indica realizar estudios de impacto ambiental y una consulta popular, antes de dar curso a proyectos de esta envergadura en cualquier lugar del territorio argentino. Un proceso de amparo implica, entre otras cosas, una acción rápida de protección de derechos y garantías constitucionales. En el caso de Malvinas Argentinas, la población se vio privada de sus derechos y garantías elementales y legítimas. Es entonces que presentaron el amparo y también una medida cautelar, la cual se debería resolver aún más rápido hasta que el amparo se tenga un dictamen. El planteamiento en ambas presentaciones es el mismo, sólo que tienen diferentes plazos. Gaston Mazalay, miembro de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, nos hizo un sintético relato de sinuoso camino de estas peticiones presentadas a la justicia cordobesa. En relación a la medida cautelar, esta se presentó a una jueza en 1ra. Instancia, la cual falló a favor de la Intendencia de Malvinas Argentinas y por ende de Monsanto, indicando que la empresa podía hacer primero la obra y luego se realizaría el estudio de impacto ambiental, para ver si continuaban con la puesta en funcionamiento de la misma. Esta decisión se apeló a la Cámara de Casación, la cuál falló a favor de los vecinos de Malvinas. Es entonces que el intendente de Malvinas, Daniel Arzani, apeló éste fallo al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el cual salió a favor de Arzani y por lo tanto de Monsanto. En ese momento, se solicitó un recurso extraordinario para que la petición pase a un tribunal federal. Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia no dio aviso de si resuelve ni a favor ni en contra sobre este recurso, privando a que el proceso acceda a justicia federal. En la historia del amparo, este siguió corriendo paralelamente a la medida cautelar. En octubre de 2013 salió en la 1ra. Instancia un fallo a favor de la Intendencia de Malvinas. Entonces, se apeló  a la Cámara de Casación, que anteriormente salió a favor de los vecinos en la medida cautelar y la cual dará su sentencia este miércoles a las 13hs. Entonces…¿? Toda esta tragicomedia de veces y reveses trata a los ciudadanos como unos ineptos. ¿Cómo puede ser que se permita construir algo y después se vea si contamina o no, si será nocivo o no? No hace falta haber estudiado Derecho para ver lo absurdo de esta situación. ¿Alguien puede venir y hacer una inversión de millones de dólares sin saber si eso después se lo aprueban o no? Todo huele a gato encerrado. El intendente de Malvinas indicó que de salir negativo el estudio de impacto ambiental, la empresa no podría seguir con su etapa de puesta en funcionamiento. Por su parte, Monsanto indica que un estudio de impacto ambiental no determina el sí o no de la situación sino que es un “sí, pero”. Salió también a relucir, en esta trifulca, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos García Allocco, el cual falló a favor de Monsanto, mantiene paralelamente a su ejerció público actividades productivas agropecuarias relacionadas a la soja, cuestión que para otros miembros de la Justicia no pesan a la hora de realizar fallos. Sin olvidar también que la esposa de García Allocco fue senadora de De la Sota en 2003. No se puede pensar la Justicia como un ente abstracto que decide sólo desde la imparcialidad. La Justicia está hecha por las personas. Entonces cabe pensar quienes están implicados en este juego  de violación de las leyes, de fallos absurdos y de silencios cómplices. Incoherencias discursivas, que en realidad parece que taparan acuerdos que quedan por fuera de la población, donde ya las grandes inversiones están garantizadas por todos los poderes sin importar sus implicancias por más nocivas que sean. Hace más de tres meses que un acampe y los cuerpos de cientos de personas están trabajando de justicia, están parando la construcción de esta planta, afrentando la violencia de un estado y empresa cómplices. Pero más allá de esto se sigue luchando en otros frentes y se espera la paralización de las obras de manera judicial. Se está pidiendo a gritos, a los cuatro vientos, la defensa de los derechos más básicos e imprescindibles del ser humano, el derecho a la vida y a la salud.

El ex presidente Fernando De la Rúa y los siete acusados por los presuntos sobornos para la tramitación en el Senado de la reforma laboral, en 2000 fueron absueltos.

Lo determinaron  los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, quienes consideraron que: “no se probó el presunto pago los $5 millones de pesos para la aprobación de la ley de reforma laboral, a pesar de la confesión del secretario parlamentario Mario Pontaquarto”.

No se pudo probar además la reunión en la Casa Rosada donde, según la acusación: “De la Rúa autorizó el pago de coimas con la frase, ‘Eso arréglenlo con De Santibañes’” que así lo había declarado en un primer momento Pontaquarto, pero luego el arrepentido tuvo  contradicciones.

Los jueces absolvieron también: al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Fernando de Santibañes y cuatro ex senadores peronistas: Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

La fiscal Sabrina Namer, antes del fallo solicitó que ‘De la Rúa fuera condenado a seis años de prisión’.

El ex presidente  en su alegato final le pidió a  los jueces que : “Dicten una sentencia ejemplarizadora, que al absolverme restablezca mi dignidad y la confianza en la Justicia”.

El proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial vuelve a analizarse tras estar cajoneado casi todo este período legislativo.

CODIGO CIVIL - REFORMA

Cuando parecía que la iniciativa de casi 2.500 artículos iba a quedar en el olvido, el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ley de Servicios Audiovisuales le dio un poco de aire y así es que volvió a cobrar vida.

Este jueves, tras ocho meses de parate, volverá a reunirse la Comisión Bicameral de Seguimiento de esa modificación en el Salón Azul del Senado.
Así las cosas, hay varios puntos con visiones encontradas para analizar y sobre los cuales es necesario generar consenso.
En este sentido, vale mencionar que -en los últimos meses- la Iglesia católica comenzó a levantar su voz contra algunos puntos de la reforma en lo que se refiere al divorcio, la reproducción humana asistida y la gestación por sustitución, por solo nombrar algunos temas. De acuerdo con el Episcopado, estos temas preocupan porque de esta forma no se protege a la familia, la niñez y las nuevas vidas.

"Si se aprueba sin modificaciones este proyecto, algunos seres humanos en gestación no tendrán derecho a ser llamados personas", advirtió en su momento el organismo encabezado por José María Arancedo, retomando los cuestionamientos que ya habían adelantado en torno a los cambios en materia de fecundación asistida, el uso de embriones y el alquiler de vientres.

En este contexto, de acuerdo con Parlamentario.com, los puntos controvertidos y que podrían sufrir modificaciones con respecto al proyecto que envió el Poder Ejecutivo son los siguientes:
* Reproducción humana asistida
La iniciativa actualiza la legislación mediante la incorporación de técnicas como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, entre otras, regulando el consentimiento informado, la prevalencia de la voluntad procreacional y la equiparación de la filiación por este medio de la reproducción humana con la natural y la adoptiva plena.

Esto significa que, en materia de filiación, se establece que en los casos de reproducción humana asistida, el vínculo se establece por medio de la "voluntad procreacional" de quienes se someten "voluntaria y conscientemente" a estas nuevas técnicas.

La iniciativa sostiene que podría revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluadas por autoridad judicial y, también cuando exista un riesgo para la salud.
La reforma también prevé la gestación post-mortem mediante técnicas de reproducción humana asistida. Como regla general, si la implantación del embrión se realiza después del fallecimiento, no existiría vínculo filial.

Excepcionalmente, habría vínculo si el fallecido hubiera consentido por documento homologado por escribano o hubiera dejado sentado en su testamento dicha implantación para después de su muerte -el texto establece como límite hasta un año después de su deceso-.
Se trata de uno de los puntos más ríspidos del proyecto, ya que implica reconocer el momento del comienzo de la existencia de la persona humana, para poder abarcar los casos de niños concebidos mediante estas técnicas.
El debate, en el que la opinión de la Iglesia juega un rol importante, impone la disyuntiva de creer si la existencia de las personas comienza desde la concepción en el seno materno o recién con la implantación del embrión criopreservado en la mujer.
"La maternidad y la paternidad quedarán desfiguradas con la denominada voluntad procreacional. Se legitima, por un lado, la promoción del alquiler de vientres que cosifica a la mujer y, por otro, el congelar embriones humanos por tiempo indeterminado pudiendo ser estos descartados o utilizados con fines comerciales y de investigación", apuntó el Episcopado en un documento.

Se advirtió, además, que con este proyecto "se discriminará en su derecho a la identidad a quienes sean concebidos por fecundación artificial, porque no podrán conocer quién es su madre o su padre biológico", mientras que los cónyuges que se unan en matrimonio "no tendrán obligación jurídica de fidelidad ni tampoco de convivir bajo un mismo techo", por lo que "los lazos afectivos matrimoniales quedarán debilitados y desvalorizados".
"Queremos una sociedad en la cual se fomenten los vínculos estables y se dé prioridad a la protección de los niños y de los más indefensos. Los deseos de los adultos, aunque parezcan legítimos, no pueden imponerse a los derechos esenciales de los niños. Es necesario que reconozcamos y demos protección jurídica a toda vida humana desde la concepción, y que recordemos que no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable", advirtieron.

* Gestación por sustitución
El Ejecutivo proponía legalizar este método para aquellas personas que no pudieran concebir hijos. Puede haber hasta cuatro personas involucradas en el procedimiento: aquellas que quieran ser padres -los comitentes-, la que llevaría adelante el embarazo -la gestante-, y la o el donante, si los hubiera.
La iniciativa original admitía lo que comúnmente se denomina "alquiler de vientre", pero la cuestión trajo controversias -sobre todo, desde la asunción del Papa Francisco- y no es del todo seguro que el dictamen del oficialismo incluya esta permisión.

En este caso, el elemento central es la voluntad procreacional, expresado el consentimiento previo, informado y libre de las personas que intervienen.
Asimismo, el juez que intervenga debe constatar que la gestante no haya recibido retribución alguna, no haya sido sometida a un proceso similar más de dos veces; y que haya dado a luz, al menos, un hijo propio.
* Divorcio
El proyecto enviado al Congreso contiene una serie de modificaciones controversiales en este punto, de modo que los legisladores podrían introducirle modificaciones al texto del Poder Ejecutivo.

La propuesta original simplifica los trámites para solicitar el divorcio estableciendo que puede ser válido también con el único deseo de uno de los cónyuges, en cualquier momento de la relación matrimonial.

Para tomar la determinación no sería necesario que el cónyuge invoque causas -en el régimen actual existen causales como la instigación a cometer delitos o las injurias graves-. En esta línea, cuestiones como el adulterio o la falta de convivencia ya no tendrían efectos jurídicos adversos.

Además, la pareja podría hacer propuestas, contrapropuestas, y acordar sobre los efectos que tendrá la disolución. Desaparece el mínimo de tres años de matrimonio necesario para divorciarse, así como también la doble audiencia previa al fallo.

Al respecto, los obispos manifestaron su "preocupación" por el modelo de familia proyectado, que "expresa una tendencia individualista y se opone a los criterios evangélicos y también a valores sociales fundamentales", como "la estabilidad, el compromiso por el otro, el don sincero de sí, la fidelidad, el respeto a la vida propia y ajena, los deberes de los padres y los derechos de los niños".

Llorar como hombres lo que no se supo defender como mujeres.

FAMILIARES DE MILITARES PRESOS, PROTESTAN FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

 

 

En el día de la fecha, en horas de la mañana, un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina se presenta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el objeto de exigir una inmediata reunión con el titular del organismo, Dr. Julio César Alak.

 

Motiva la solicitud la permanente violación de los derechos humanos sufrida actualmente por el personal detenido por hechos relacionados con los trágicos hechos que dividieron a los argentinos en la década del 70. Porque más allá de las aberraciones jurídicas cometidas en nombre de la ley por jueces prevaricadores e inescrupulosos, el estado argentino no deja de sorprender todos los días, con medidas arbitrarias y selectivas que menoscaban los derechos más elementales de una porción de la población carcelaria.

 

Como en la época del nazismo más furibundo, el método de la represalia se ha instituido en el estado argentino. Por la fuga de dos detenidos, sufren sus consecuencias los que permanecen todos los días cumpliendo con dignidad el arbitrario castigo impuesto. En un claro atentado contra la integridad de la vida humana, se priva a detenidos que cuentan con más de 60 años, de la atención médica indispensable para poder mantenerse con vida. Los establecimientos carcelarios, no cuentan con la infraestructura de salud necesaria para cubrir las necesidades de personas que tienen en el presenta más de 60, 70 u 80 años de edad.

 

 

El Hospital Militar constituye el lugar natural donde física y mentalmente, estos hombres deberían atender sus dolencias en el ocaso de sus vidas. Pero la política del odio y de la venganza, instituidos desde los ámbitos gubernamentales, pretende aplicar una pena de muerte encubierta, para regocijo y aplauso de quienes han hecho de los derechos humanos un negocio rentado sumamente lucrativo.

 

Nos presentamos ante el Ministerio de Justicia porque le corresponde a este organismo tutelar el respeto y goce de los derechos humanos de toda la población argentina, incluyendo en esta categoría a nuestros familiares y amigos. Venimos con la serenidad y la firmeza de estar reclamando aquello que nos corresponde. No venimos a rogar, ni pedir clemencia. Como familiares de soldados, venimos con la frente alta a reclamar por nuestros derechos.

 

Porque no estamos dispuestos a permitir que, en nombre de los derechos humanos, se termine aplicando un genocidio sobre el grupo humano que nos representa. Porque no tenemos ninguna duda de que en el presente, desde el estado argentino, se está persiguiendo a nuestros familiares y amigos, como grupo humano con identidad propia, privándolos de derechos reconocidos universalmente, lo que constituye lisa y llanamente, un crimen de lesa humanidad.

 

María Cecilia Pando

 DNI 18046597

La Corte Suprema de Argentina informó que, “declaró inconstitucional la elección por voto popular de parte de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, encargado de nombrar y remover magistrados”.

Según el texto del fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ): “La Corte dejó sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias”.

Como consecuencia, quedaron invalidadas las elecciones de consejeros (previstas para las próximas primarias, el 11 de agosto), sin perjuicio de que se puedan realizar los comicios para las categorías de senadores y diputados.

En un fallo de 67 páginas, la Corte convalidó lo sentenciado por la jueza María Servini de Cubría y declaró inconstitucionales los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855.

“Es inválido obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares”, determinó el Máximo Tribunal en su sentencia.

También  consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que estipula la ley sancionada a instancias de Cristina Kirchner.

El fallo fue avalado por seis de los siete miembros de la Corte Suprema, mientras que el juez Raúl Zaffaroni firmó en disidencia.

El monumento a Colón se queda.

Se trata de una resolución interina de la jueza federal Claudia Rodríguez Vidal, hasta que el Ejecutivo nacional produzca un informe previsto en el nuevo régimen de medidas cautelares.
Obligado por una medida judicial y por una fuerte presión ciudadana, el Gobierno nacional debió suspender el retiro del Monumento a Cristóbal Colón que corona la plaza homónima, detrás de la Casa Rosada, desde 1921.
El Gobierno nacional busca que el destino del emblemático monumento sea Mar del Plata. Pero tanto agrupaciones que defienden el patrimonio como funcionarios porteños se niegan a que se concrete el traslado.
“Si dejamos que esto pase, mañana nos afanan el Obelisco”, advirtió con ironía Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete porteño, Rodríguez Larreta.
En este contexto, la jueza Claudia Rodríguez Vidal, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, hizo saber al Poder Ejecutivo Nacional que deberá abstenerse de concretar cualquier acto que implique el desmantelamiento y traslado del monumento a Colón, que se encuentra ubicado detrás de la Casa Rosada.
Se trata de una disposición interina, en los términos del artículo 4°, inciso primero, tercer párrafo, de la ley 26.854 (nuevo régimen de medidas cautelares), “a los fines de resguardar la eficacia de las resoluciones que autos pudieran dictarse”, y hasta tanto se expida sobre el informe que le fuera solicitado en función de ese artículo 4°.

El constitucionalista Alejandro Gil Domínguez presentó un pedido de per saltum por el tema de las medidas cautelares que fueron limitadas en la reforma judicial.

Gil Domínguez solicita de este modo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma.

La jueza de primera instancia primera instancia, Cecilia Madariaga de Negre, había rechazado un amparo de Domínguez porque consideró que no había un caso concreto que afectara al accionante. Sin embargo, Gil Domínguez consideró que en el caso existe “gravedad institucional”.

“Después del fallo de primera instancia oportunamente apelé‚ y me toco la Sala I del fuero Contencioso, pero interpuse un per saltum y le notifiqué a la Cámara planteando que hay una situación de gravedad institucional”, señaló en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Al fundamentar su presentación, el constitucionalista enumeró que las Naciones Unidas dijeron que “la ley viola el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos; también por los derechos que la ley deja indefensos y porque la comunidad jurídica se ha expedido en contra”.

La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría ordenó este viernes la suspensión de los avisos publicitarios del diputado Francisco de Narváez por entender que violan los plazos que marca la ley para publicitar candidaturas electorales.

A fines de marzo pasado, el oficialismo denunció a De Narváez y a otros partidos políticos de la oposición por realizar publicidad electoral fuera del período previsto por la actual legislación, luego de que el diputado lanzara una campaña publicitaria que comenzó con el mensaje ‘Ella o vos’.

La jueza dijo: “El cuestionado aviso publicitario podría interpretarse en principio, como acto de campaña electoral, al pretender colocar en este momento del año, a través de los medios de audio y televisión, en mente de los ciudadanos que deberán votar, la diferencia entre su persona -o su proyecto- y quienes ejercen el gobierno nacional -léase Ella o Vos , por ejemplo”.

La jueza falló a partir del pronunciamiento del fiscal electoral Jorge Di Lello, quien había recibido una denuncia del diputado y apoderado del Frente para la Victoria, Jorge Landau.

En su resolución, Servini de Cubría libró oficio a Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), para que notifique a los canales de televisión y radios de su decisión de suspender la difusión de los spots.

Servini de Cubría explicó que el artículo 64 del Código Electoral establece que: “queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a cargos públicos electivos antes de los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada para el comicio”.

Jorge Landau, en nombre del FPV, había denunciado a varios dirigentes opositores por violación a la ley electoral. Esto fue a raíz de carteles y spots publicitarios en los que publicitaban sus nombres y algunas consignas. El FPV denunció que no se podía hacer campaña electoral antes del mes previo a las elecciones. Uno de los denunciados fue Francisco De Narváez por su campaña “Ella o vos”. La denuncia incluyó también a Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Carlos Melconián, y el sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas. En todos los casos las piezas publicitarias daba a conocer propuestas generales sin el pedido del voto.

El Gobierno porteño podrá continuar con el enrejado del Parque del Centenario, luego de que el juez Osvaldo Otheguy desestimara hoy la medida cautelar solicitada por un grupo de vecinos para detener esa iniciativa.

La medida se dio a conocer luego de que durante dos días se registraran incidentes por enfrentamientos entre vecinos y feriantes que se oponen al enrejado del predio del barrio porteño de Caballito con la Policía Metropolitana.

El miércoles último además la Justicia porteña había dictado una medida precautelar que frenaba por al menos 48 horas las obras de mejora previstas en el Parque Centenario, pero el nuevo fallo desestimó este recurso presentado por aquellos que rechazan el vallado del parque. “Lo argüido por la actora con respecto a la violación de las competencias de la Comuna 6, con los elementos aportados hasta ahora a la causa no se presenta como un probable vicio de la conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló el reciente fallo en uno de sus párrafos.

En los fundamentos, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indicó que, por lo tanto, “no se vislumbra con claridad suficiente que el enrejado sea de exclusiva competencia comunal de conformidad con la norma invocada por los actores”.

Y precisó que “más allá de ello, de los mismos términos de la Resolución Nº 11/12 de la Junta Comunal Nº 6, no se desprendería con claridad una oposición al enrejamiento, puesto que expresa un acompañamiento al GCBA en el mejoramiento del Parque”.

“Respecto de la probable violación de la ley Nº 4121 no aparece verosímil el derecho en tanto en esta etapa del proceso no se puede llegar a conocer la probable afectación sufrida por los feriantes en el marco de esa ley, en grado suficiente como para constituir una ilegitimidad”, concluyó Otheguy.

Subrogancia de tres juzgados.

La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal resolvió la subrogancia de tres juzgados

Mediante una acordada extraordinaria firmada este jueves, dispuso seguir el procedimiento previsto en el artículo 1° inciso a) de la ley 26.376. Se trata de los juzgados de primera instancia números 1, 4 y 7 de ese fuero

Acordada completa 24.36 Kb.

Mediante acuerdo extraordinario, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió este jueves la subrogancia de los juzgados de primera instancia números 1, 4 y 7 de ese fuero según el procedimiento establecido por el artículo 1° inc. a) de la ley 26.376.

A continuación, la parte resolutiva de la acordada:

“1) Designar Jueces Subrogantes de los Juzgados N° 1, N° 4 Y N° 7 de esta jurisdicción, a los titulares de los Juzgados N° 2 , doctores Horacio Alfonso, Francisco de Asís Soto y Alejandro Saint Genez, respectivamente, hasta que se cubran definitivamente las vacantes y 2) Dejar sin efecto a partir de la fecha toda resolución o acordada dictada por el Tribunal que sea contraria a esta decisión.- 

En atención a que la Corte Suprema, a partir del último pedido efectuado por el Tribunal, no ha autorizado la designación de Secretarios Judiciales como Jueces Subrogantes, no se han tenido en cuenta Juzgados N° 5 y N° 8, 10 que asimismo respeta literalmente lo dispuesto por la ley 26.376.-

Regístrese, notifíquese a los señores Jueces de Primera Instancia, a la Oficina de Asignación de Causas del Tribunal y comuníquese de inmediato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante oficio de estilo.”

El juez federal civil y comercial Raúl Tettamanti renunció esta tarde como subrogante para intervenir en el caso Clarín.

El magistrado había salido sorteado por la Cámara Federal para hacerse cargo interinamente del juzgado civil y comercial número 1, donde se tramita la ley de medios audiovisuales. 

El Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de la ley de medios y Tettamanti tenía a cargo el juzgado donde se sustancia ese expediente.

El Gobierno ejerció una fuerte presión durante los últimos días ya que pretende nombrar un juez oficialista para que declare la validez de la ley.

El viernes último, el ministro de Justicia, Julio Alak, vinculó al Grupo Clarin con el secuestro de Alfonso Severo, y advirtió Tettamanti fue designado “a dedo” en el juzgado 1 por el presidente de la Cámara, Martín Farrell, y por Recondo , en una “maniobra absolutamente irregular”.

La corte Suprema de Justicia permitió el nombramiento del juez jubilado Raúl Tettamanti, quien quedó oficializado como nuevo magistrado subrogante a cargo del tribunal en lo Civil y Comercial Federal N° 1, que tiene entre sus expedientes la presentación del Grupo Clarín por el artículo 161, conocido como la “cláusula de desinversión”, de la ley de medios.

La Corte Suprema declaró “inoficioso” pronunciarse sobre un pedido que le formuló la Cámara del fuero sobre la designación de un subrogante en ese juzgado, con lo que tácitamente avaló la designación de Tettamanti, según indicó la agencia DyN de fuentes judiciales.

La postulación de Tettamanti fue la que ayer motivó la denuncia contra el consejero de la Magistratura Ricardo Reccondo por parte de la candidata oficialista a ocupar ese juzgado, María Lorena Gagliardi, por la presunta elección “a dedo” del juez que deberá fallar en la causa por la ley de medios.

Con la sanción del Senado que convirtió en ley la transferencia de los depósitos judiciales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al de la Nación Argentina, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, confirmó que la Ciudad apelará a la justicia.

Vidal detalló que presentarán una medida cautelar para detener la norma. ”Si bien la ley establece un retiro gradual de los fondos, 1.200 millones por año, a partir de que se promulgue nos vamos a presentar en la Justicia para pedir una medida cautelar y así evitar que la ley se ponga en practica“.

Además, el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, adelantó que realizaría una “presentación judicial”.

Tras la sanción de la ley, el abogado constitucionalista Alberto García Lema, letrado patrocinante de la entidad, adelantó que “la preparación de la demanda está muy avanzada”, según confirmó al diario La Nación.

Mientras que al diario Clarín desde el Banco Ciudad le manifestaron que “se presentará un recurso de amparo para intentar que la Justicia dicte una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, en la que planteamos que la ley de traspaso de fondos es inconstitucional, porque con la reforma constitucional de 1994, los asuntos judiciales en cuestión quedaron como una facultad del Gobierno de la Ciudad y por tanto es la Legislatura local y no el Congreso el que puede plantear modificaciones”.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, hará entrega esta tarde desde el Centro Metropolitano de Diseño de los primeros créditos otorgados por el Banco Ciudad dentro del programa “Mi Primera Casa”. Se espera que allí se pronuncie en público sobre el resultado de la votación.

Sin embargo, según reseñó La Nación, el gobierno porteño esperaría que se publique la norma en el Boletín Oficial y, además, “verá cómo el Banco Nación, que es el beneficiario de los fondos, pretende hacerse cargo de los depósitos”.

Desde el Consejo de la Magistratura también se pronunciaron al respecto. El consejero Alejandro Fargosi realizó algunas apreciaciones sobre el traspaso de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación. “Es lamentable que el Senado sancione una ley inconstitucional”, sostuvo. “Es un grave error legal e institucional, porque los depósitos judiciales no son del Gobierno sino de las partes que litigan y su administración corresponde al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo ni al Legislativo”, explicó el representante de los abogados porteños.

En este sentido, el consejero expresó que “el gobierno central no tiene derecho a manejar los depósitos judiciales”, y finalizó asegurando que “el kirchnerismo busca debilitar al Banco Ciudad porque no quiere gobiernos locales fuertes y con autonomía y en el proceso no le importa si perjudica a la gente, que va a ser la víctima en este caso, junto a los trabajadores del banco”.

El Senado aprobó y convirtió en Ley el proyecto que establece que los depósitos judiciales de los juzgados nacionales sean hechos en el Banco de la Nación.

La iniciativa fue debatida durante casi seis horas y contó con el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria y obtuvo 38 votos a favor y 25 en contra de los bloques de la oposición.

La iniciativa propone que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación, y resalta que los valores que en el momento de entrada en vigencia de la ley se encuentren en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en esa entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas.

Lo mismo ocurrirá con las cuentas abiertas en el Banco Ciudad para las causas en trámite que sólo se cerrarán una vez que la tramitación de esas causas haya cesado.

El artículo 2 de la norma propone que en cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquella, en el Banco de la Nación.

A dos años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario ya se celebraron más de 6 mil casamientos entre personas del mismo sexo en todo el país, la mayoría de ellos en Buenos Aires y Capital Federal según informó la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

Este domingo se cumplen dos años de la aprobación de la legislación que convirtió a la Argentina en el primer país de Latinoamérica y el Caribe en otorgar el derecho a las parejas del mismo sexo.

La CHA sostuvo que las provincias con número alto de casamientos son las que registran mayor cantidad de población, entre las que citó Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

“Las estadísticas son solo una referencia para saber que la Ley de Matrimonio Igualitario es una necesidad para toda nuestra comunidad GLTTBI en todo el país” aseguró el presidente de la CHA, César Cigliutti.

“Lo fundamental es que desde hace dos años tenemos este derecho, que el Estado reconoce a nuestras familias y que la democracia de nuestro país respeta la diversidad, como debería ser en todas partes del mundo”, agregó.

“Betancur, José c/ ANSeS s/ reajustes varios” .

Aclaración de la Corte Suprema de Justicia.

 

Fallo completo 90.26 Kb.

En el día de la fecha los medios de comunicación han dado a conocer la noticia según la cual el Tribunal habría confirmado una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que instituyó un “suplemento por sustitutividad” que permitiría que la jubilación del titular alcanzara un 70% de la base remuneratoria calculada.

En ese sentido, cabe aclarar que en la causa “Betancur, José c/ ANSeS s/ reajustes varios” la Corte sólo desestimó un recurso extraordinario interpuesto por la ANSeS por carecer de fundamento, requisito que guarda relación con la admisibilidad del remedio procesal y no con las cuestiones de fondo involucradas.

A fin de dar mayor precisión a la cuestión, se hace saber que la Sala III del fuero de la Seguridad Social, tras indicar las operaciones necesarias para calcular el haber inicial de la jubilación, expresó que la progresividad que deben tener los ordenamientos jurídicos que regulan esta clase de derechos, según los convenios internacionales que cita y la interpretación que efectúa de la ley 24.241, impedían que la tasa de sustitución de la prestación respecto de los salarios por los que se aportó fuera inferior a la oportunamente reconocida por la ley 18.037.

Tal disposición motivó al organismo previsional a deducir dos recursos extraordinarios, los que no fueron admitidos por razones formales. Es decir que la Corte en el caso, dados los términos de los recursos y los límites de su jurisdicción, no se expidió sobre la decisión de fondo adoptada ni tampoco con respecto al referido suplemento. Es por ello también, que no se analizaron los fundamentos esgrimidos en la sentencia de cámara.

De tal modo, es necesario aclarar que esta decisión no constituye un precedente que pueda fundar reclamos futuros.

Casación garantiza la publicidad de sus actos de gobierno, alienta la participación de ONG y agiliza sus trámites.

 

Acordada completa 44.15 Kb.

En la acordada suscripta por todos sus integrantes en la fecha, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso reformar su reglamento en cuanto a las normas que regulan el trámite de sus fallos plenarios, desde sus facultades de uniformar la interpretación del derecho penal vigente como órgano máximo de la justicia penal nacional.

Tras una amplia deliberación de todos sus miembros -y tal como lo hizo con la acordada nº 1 de reglas prácticas para acelerar los juicios de lesa humanidad y causas complejas- se resolvió simplificar, agilizar, transparentar y publicitar el antiguo trámite de los recursos de inaplicabilidad de ley mediante las disposiciones que contiene la acordada que se adjunta.

Entre otras innovaciones, se incorporó la facilitación de la actuación de los amicus curiae, la realización de audiencias públicas, la intervención del Ministerio Público Fiscal y la abreviación de etapas del trámite para el dictado de sus fallos plenarios.

Pedido de los universitarios presos en huelga de hambre.

MARCOS PAZ

(AW) En un reciente comunicado los compañeros requieren la solidaridad del campo popular y la adhesión de detenidos y cautivas de otros penales. La medida fue tomada porque sistemáticamente penitenciarios y jueces niegan y/o dificultan las salidas anticipadas en la libertades transitorias, condicional y otras, establecidas en la Ley de Estímulo Educativo para los detenidos/as que avancen en sus estudios. Enviar solidaridad aagenciawalsh@agenciawalsh.org INDIGNACIÓN: Tan solo meses atrás el Senado aprobaba la Ley mientras que la presidenta de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, la salteña Sonia Escudero explicaba  que la iniciativa "permite reducir, hasta un máximo acumulado de 20 meses, la permanencia en las instituciones carcelarias aquellos internos que "completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios o superiores".  Hoy, jueces y penitenciarios niegan este derecho que por Ley corresponde a miles de seres humanos que el Estado decidió encerrar. Comunicado Los estudiantes de Marcos Paz que nos encontramos en huelga de hambre pacífica solicitamos a todas las organizaciones populares solidaridad a nuestra lucha por los derechos conculcados establecidos en la Ley de Estímulo Educativo que práctica el Consejo Correccional de la Unidad, con complicidad de los jueces. Asimismo, llamamos a los demás compañeros de otros penales que se quieran adherir a la medida se comuniquen con nosotros por las distintas vías que juzguen conveniente. Estamos en un estado de Derecho, la imparcialidad de los Consejos Correccionalesy de los magistrados debería presidir sus acciones y no el ensañamiento que agrava y alarga injustamente nuestro encierro. Compañeros, lo que está en juego, son derechos de rango constitucional que no existen para las personas en el encierro. Estudiantes Universitarios en huelga de hambre

Genocidas!!!!En la 4ta concentración contra la minería de oro y plata desde que a fines del mes de diciembre de 2011 la Legislatura provincial decidió derogar la Ley 3.981, que prohibía el uso de cianuro.

BARILOCHE

Alrededor de 3 mil personas se movilizaron contra el uso del cianuro (AW)En la 4ta concentración contra la minería de oro y plata desde que a fines del mes de diciembre de 2011 la Legislatura provincial decidió derogar la Ley 3.981, que prohibía el uso de cianuro; Una masiva concentración cantaba en el Centro Cívico de la cuidad de Bariloche: "Vení Cristina, vení y mirá, contra las minas cada día somos mas" FOTOGRAFÍA DE CHIWI GIAMBIRTONE Fuente: Agencia de Noticias Bariloche Una vez más, miles de barilochenses gritaron "no al uso de cianuro en la minería". Una masiva movilización se realizó este miércoles para reclamar al gobierno provincial que revea su política minera. Previamente, en el Centro Cívico, se leyeron adhesiones y comunicados de decenas de organizaciones que se comprometieron a continuar con la protesta hasta tanto el Ejecutivo que conduce Alberto Weretilneck dé marcha atrás con la Ley que derogó la norma que prohibía el uso de cianuro en la minería a cielo abierto. La multitudinaria concentración incluyó una "muerte masiva", durante la cual cientos de personas se acostaron en la plaza principal del Centro Cívico, mientras "la reina del Cianuro" se paseaba entre los "cadáveres". Organizaciones como Piuké, Comunidad del Limay, Árbol de Pie, Lihue, entre otras, convocaron al encuentro. Se leyeron adhesiones de otras provincias y se reunieron firmas en apoyo a "la lucha del pueblo de Famatina", La Rioja, donde la población impide con movilizaciones una explotación minera en un cerro. "El triunfo de esta lucha depende de la movilización del pueblo", dijo a ANB Luciano, uno de los integrantes de Piuké. Agregó que "los votos no son un cheque en blanco para nadie (en relación al gobierno provincial), y lo demostramos en la plaza". Y explicó: "no pensamos sólo en Bariloche, sino en todos los rionegrinos". El referente de la organización ambientalista criticó el "cambio de postura" del Intendente Omar Goye, quien hace una semana, en la anterior movilización, se "pronunció claramente contra el uso de cianuro en la minería (ver nota aparte), y luego emitió un comunicado ambiguo". "La pregunta (a Goye) fue concreta: 'sí o no', y se pronunció claramente por el no; ahora tendrá que meditar", indicó Luciano. FOTOGRAFÍA DE ALEJANDRA BARTOLICHE "Vení Cristina, vení mirá, contra las minas cada día somos más", fue uno de los cánticos más escuchados, dirigido al gobierno central que acompañó la decisión rionegrina de "sumarse al proyecto minero nacional". Además de las organizaciones convocantes, un consejero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche aseguró que el gobierno provincial "intenta ocultar los verdaderos intereses detrás de la nueva ley, que son los intereses de las multinacionales que dejarán nuestra tierra devastada". Entre las próximas actividades, se realizará el sábado una caravana a Ingeniero Jacobacci, donde vecinos autoconvocados organizan una jornada de lucha contra el proyecto Calcatreu, que en 2005 provocó movilizaciones que derivaron en la sanción de la ley anticianuro. En tanto, el domingo en el Centro Cívico de Bariloche se presentarán bandas y conjuntos musicales; mientras que el 4 y 5 de febrero se concretará en Lago Puelo, Chubut, un encuentro patagónico de organizaciones que luchan contra la megaminería.