El pueblo originario Ngäbé Büglé de la región de Kodriri, en Panamá, protesta hace 16 días en la Vía Panamericana.

PANAMÁ-PROTESTA

Indígenas panameños protestasen contra proyecto hidroeléctrico

El pueblo originario Ngäbé Büglé de la región de Kodriri, en Panamá, protesta hace 16 días en la Vía Panamericana contra la entrada del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el río Tabasará.

Audios disponibles:

Manolo Miranda, dirigente del movimiento 10 de abril Ngäbé Büglé (protesta) - Radio Temblor de Panamá - 1 min 08 seg. (534 KB)

Manolo Miranda, dirigente del movimiento 10 de abril Ngäbé Büglé (Gobierno no cumple acuerdo) - Radio Temblor de Panamá - 26 seg. (208 KB)

La medida de presión de los indígenas se ha mantenido de manera pacífica. No obstante, los dirigentes informaron que las acciones aumentarán ante la falta de respuesta de las autoridades. Los manifestantes exigen la paralización de las obras y la salida de la maquinaria de la zona, hasta lograr un acuerdo. Además, solicitan la presencia de la ministra de Gobierno, Roxana Méndez. Según los Ngäbé Büglé, los trabajos de construcción de la hidroeléctrica se iniciaron sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en la región. Además, denunciaron que las comunidades serán inundadas en forma directa mediante la formación de un embalse. Los manifestantes estiman que alrededor de 40 comunidades se verán afectadas por la construcción de la hidroeléctrica. Asimismo, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Bugle y Campesino exige una ley de régimen especial para prohibir la minería y las hidroeléctricas en territorio indígena. El Gobierno del Ricardo Martinelli se comprometió con los indígenas a crear esta ley especial después de la huelga que paralizó el país en febrero de este año. En ese entonces, los Ngäbé Büglé se oponían a la Ley 8, que intentaba reformar el Código Minero para dar apertura a inversiones de otros Gobiernos en el país. (PÚLSAR)

“Los Gobiernos no atienden las necesidades de los pueblos indígenas”.

GUATEMALA-CUMBRE

Se realizó el primer encuentro para analizar las experiencias en la participación política de las poblaciones indígenas en la vida social de los países. Las organizaciones solicitaron escuelas de formación política y mayor compromiso de los Estados.

La cumbre fue promovida por la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), los pasados 15 y 16 de junio en la sureña Panajachel.

El intercambio se centró en la discusión de la coyuntura política de Abya Yala y los pueblos indígenas frente al poder, sus procesos de lucha, la participación política, los derechos de los pueblos originarios y los desafíos en la transformación del poder.

En este encuentro participaron la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el Consejo Nacional de Ayullus y Marcas del Qullasuyu de Bolivia (CONAMAQ), la Fundación Pachamama y la asociación Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku de CONAIE, Ecuador.

Por parte del país organizador, participó la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), la Defensoría Maya, el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG) y la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

Rafael Flores, miembro de CONAMAQ, destacó la importancia que ha tenido para Bolivia que un hermano indígena ejerza la Presidencia del estado y así buscar la transformación hacia un Estado Plurinacional orientado al buen vivir.

Desde Ecuador, la integrante del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, Patricia Gualinga, resaltó el avance conseguido en la reforma a la Constitución donde se integró la pluriculturalidad.

Sin embargo, manifestó la insuficiencia de esta reforma a la hora de poner en práctica los derechos de los pueblos indígenas, debido a que “el Gobierno no entiende las verdaderas necesidades”.

Entre las conclusiones se destacan la implementación de escuelas de formación política, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la necesidad de la Refundación del Estado y de fortalecer la participación integral de los pueblos indígenas en lo político.

Las organizaciones acordaron realizar un segundo encuentro en Bolivia a finales de este año. (PÚLSAR)

Biodiversidad e indigenas.

MUNDO–BIODIVERSIDAD
Indígenas piden respeto a sus derechos en tratado contra biopiratería
Representantes indígenas presentes en la Décima Conferencia de la ONU sobre Diversidad Biológica reclaman incluir sus reivindicaciones en la ley que pretende reglamentar el uso y el comercio de recursos genéticos y de conocimientos tradicionales.
Audios disponibles:
Karmen Ramírez Boscán, integrante de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Colombia (reconocer) - 1 min 25 seg. (670 KB)
Karmen Ramírez Boscán, integrante de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Colombia (reivindicaciones) - 27 seg. (216 KB)
Karmen Ramírez Boscán, integrante de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Colombia (biopirateria) - 57 seg. (450 KB)
Karmen Ramírez Boscán, integrante de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Colombia (Logros foro) - 1 min 01 seg. (483 KB)
Integrantes del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB) expresaron este jueves su preocupación sobre el rumo de las negociaciones del Protocolo sobre Acceso y Repartición de Beneficios, conocido como Protocolo ABS.
Mencionaron que uno de los problemas es definir a quien pertenecen los conocimientos tradicionales.
Según las representaciones de China e India los conocimientos tradicionales son bienes públicos y, por lo tanto, los beneficios obtenidos con ellos pertenecen al Estado.
Al respecto, la integrante de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Colombia, Karmen Ramírez Boscán, afirmó que esta posición dificulta incluir la reivindicación de los pueblos originarios.
Ellos reclaman ser beneficiarios por la comercialización de sus conocimientos.
Otro punto de debate son los mecanismos de control de la biopiratería. Los países del norte se oponen a las normas de control efectivo para mantener el acceso gratuito de sus industrias a recursos genéticos y conocimientos que pertenecen a las comunidades locales.
También está en cuestión la vigencia de la nueva ley. Los países del norte quieren que se implemente a partir de su sanción. Por el contrario, países del sur y comunidades indígenas exigen una vigencia retroactiva.
Boscán destacó uno de los pocos avances en las negociaciones que ya duran casi 2 semanas.
Dijo que Canadá cedió a la presión generalizada y aceptó que el borrador del Protocolo ABS haga mención a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU en 2007. (PÚLSAR)

Ley antirracismo en Bolivia.

BOLIVIADDHH: Ley Antirracismo instruye a construir una cultura de paz y armonia
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El Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDyD) informó el domingo que el 90 por ciento de la Ley Antirracismo instruye al Ejecutivo la construcción de una cultura de igualdad y armonía para erradicar el racismo y la discriminación difundido en la sociedad desde la colonia, cuando los españoles establecieron reglas estrictas de subordinación y segregación de los indígenas y de la población mestiza.El director ejecutivo de esa entidad, Víctor Vacaflores, señaló que sólo el 10 por ciento de esa norma habla sobre los medios de comunicación y periodistas, que pretenden derogar dos artículos de esa Ley, que, en su opinión, atentan contra la libertad de expresión."Lo que tenemos que pedirle al país, a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, a los jóvenes es que lean con serenidad la Ley y allí podrán descubrir la intención, la voluntad de construir otro país en armonía. Tenemos que nuevamente construir nuestras relaciones, nuestro lenguaje, todo en aras de una mejor convivencia", dijo el activista en una entrevista con los medios estatales.Vacaflores manifestó que está consternado por la capacidad de algunos medios de comunicación que tergiversaron esa Ley y la mostraron como un "monstruo" que iba a acabar con la libertad de expresión."Sólo el 10 por ciento habla de la prensa y de ese porcentaje sólo el 10 por ciento habla de las sanciones", indicó.Los medios de prensa rechazan los artículos 16 y 23 de esa norma, que permite juzgar a periodistas e incluso suspender la licencia de los medios de comunicación que amplifiquen acciones racistas, aunque todavía el asunto está sujeto a reglamentación.Insistió en que el 90 por ciento de esa norma, promulgada el pasado viernes por el presidente Evo Morales, es preventiva y educativa para evitar cualquier forma de discriminación y no una "Ley del castigo".Vacaflores sostuvo que el objetivo de ese proyecto es que todos los bolivianos "midan su lenguaje" para erradicar gradualmente la intolerancia racial, sexual, cultural, económica y social en Bolivia.En esa dirección, agregó que esa norma prevé la creación de un Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, que debe aglutinar a representantes de las organizaciones sociales, entidades defensoras de los derechos humanos, instituciones públicas del Estado y a representantes de los medios de comunicación.Ese Comité velará porque se cumplan las políticas preventivas en el ámbito educativo y la promoción de los derechos humanos, remarcó Vacaflores.Fuente : Agencia Boliviana de Información ABI