En el día de hoy, el Tribunal de Cuentas dictó sobre la causa que comprende la ejecución fraudulenta del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES) en el 2005, el cual motorizó el sistema de tickets tras las crisis del 2001 para que los mendocinos de menos recursos los canjeen para abastecerse de productos relativos a la subsistencia.

En el 2000, la ley N° 6.783 garantizaba el aporte de $15 millones para programas destinados a la producción, el trabajo, la protección de la familia, la infancia y la adolescencia, entre otras cuestiones de índole social.

Así, en el 2005, con base en esta ley, el Ministerio de Desarrollo Social emitió la resolución N° 1.763 para crear el Programa Vale Más, que entregaba ayuda a población en riesgo en forma de tickets. Sin embargo, el sistema fue una fuente de dinero sin control ya que hubo tickets mellizos y planillas duplicadas, un mecanismo de estafa al estado.

El dictamen no aplica sanciones (cargos monetarios) sobre las autoridades del primera línea del entonces Ministerio de Desarrollo Social, pero menciona la responsabilidad de la entonces ministra del área, Ana María Gotusso. Si bien no le imputa cargos, sí indicó que incurrió “en procedimientos administrativos irregulares”, ya que no controló las dependencias que estaban a su cargo.

El fraude salió a la luz durante la gestión de Cobos cuando Sergio Pinto, ex ministro de Desarrollo Social, y Alberto Monetti, coordinador del Programa Vale Más, realizaron la denuncia.

La Cámara Penal de La Plata ordenó el cese de la prisión preventiva de Osvaldo “el Karateca” Martínez en la causa del cuádruple crimen de La Plata.

El padre de Martínez explicó “primero queremos encontrarnos con él, que se estalle un poco, contenerlo. Luego, los abogados trabajarán en el juicio oral”.

“Mi hijo no mintió sobre las llamadas telefónicas”, afirmó, en tanto, su madre.

El padre de Marisol Pereyra, en tanto, se lamentó. “Seguimos mendigando justicia”, dijo, y agregó: “Quiero al verdadero asesino de mi hija”.

Luego del cacerolazo de anoche frente al domicilio del juez Norberto Oyarbide, en el barrio porteño de Recoleta, el magistrado decidió abandonar la causa contra Moreno.

El juez  Oyarbide dijo sobre la causa contra Guillermo Moreno: “La causa ya no es mas mía, me aparto por violencia moral y por la garantía de juez imparcial”.

La despachante de aduana, Paula De Conto, confirmó esta mañana que: “La llamaron desde el juzgado para avisarle  que ‘Oyarbide  dejó la causa. Es una muestra de que que cuando nos unimos, se puede”.

‘Y ahora quedaré a la espera de que se defina nuevo tribunal. La denuncia no la voy a retirar, porque los hechos sucedieron. Voy a seguir adelante’.

Marcelo Romero: Un fiscal denunciado.

Un fiscal de La Plata fue denunciado
Denunciado por haber propuesto una instancia de mediación entre Mariana Condori, una chica que apareció muerta en su casa, y su pareja, quien ahora está sospechado de ser el autor de la muerte, ocurrida días después de esa propuesta. La presentación la realizaron familiares de la joven, muerta el 14 de marzo último, acompañados por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y distintas organizaciones sociales de La Plata. Se hizo ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. El denunciado es el fiscal Marcelo Romero, a quien acusán de "graves irregularidades" y violación de pactos internacionales de Derechos Humanos. En su descargo Romero indicó que las recomendaciones para que no se proponga mediación en esos casos es posterior al caso de Condorí.

Mariana Condorí tenía 20 años y era madre de tres hijos. Vivía en pareja con Gabriel Maldonado desde hacía un año y medio, con quien tenía una hija. Según la relata el CIAJ en su presentación, “Maldonado ejercía todo tipo de violencias hacia Mariana: violencia física, psicológica, agresión hacia sus hijos, obstrucción de su autonomía económica”.

También indican que el 7 de marzo de 2012, una semana antes de su muerte, Mariana llegó en moto junto a su pareja a la casa de su madre. Según el relato de sus familiares “durante todo el trayecto fue recibiendo de parte de Maldonado, golpes de puño en la cara, cabeza, espalda y abdomen”.

La familia, advirtiendo el estado en el que llegó la joven, la indujo a hacer la denuncia policial. Así fue que se presentó en la Comisaría 3era de La Plata.

“No era la primera agresión que recibía Mariana, pero en la Comisaría nada le preguntaron sobre hechos anteriores. La mandaron al cuerpo médico y al hospital para constatar las lesiones; pero no pudo ir por falta de recursos para su movilidad”, recuerdan.

En la presentación se indica que la denuncia que realizó Mariana fue recibida por la UFI Nº 6 a cargo de Romero, quien dispuso: “…se cite a la víctima a efectos de que manifieste cuál es su situación actual respecto del ilícito denunciado, como así, si presta conformidad en la iniciación de un proceso de mediación con la intervención de la Secretaría respectiva a efectos de procurar una solución alternativa al conflicto…”.

La causa salió de la fiscalía para notificar a Mariana el día 13 de marzo y el 14, Mariana fue hallada muerta por ahorcamiento en su casa del barrio de Villa Elvira, en circunstancias que aún están siendo investigadas, a fin de determinar si se trató de un suicidio o un homicidio a manos de su pareja Maldonado. La causa de la muerte de la joven también tramita en la misma Unidad Fiscal a cargo de Romero.

El propio Romero indicó a Diagonales.com que la mediación fue “propuesta” por él como un “paso de rigor”. Sin embargo aclaró que se trata de una “propuesta”, de “una pregunta” y no de “una disposición”. No obstante, admitió que existe una orden de la Procuración para que no se proponga más esa instancia de mediación, pero que la misma “es posterior al caso de Mariana Condori”.

Romero admitió el derecho de la familia de la víctima de hacer la presentación, aunque dijo que será la Procuración la que finalmente resolverá si su proceder estuvo acorde a lo que en el momento en el que actuó disponían las normas y recomendaciones.

La denuncia. “Al cumplirse 6 meses de la muerte de Mariana Condorí, sus familiares y el CIAJ, representante legal en la causa, solicitan se sancione al fiscal Romero por la gravedad de la decisión adoptada”, anunció la organización que acompaña a los familiares de la víctima.

En el escrito presentado ante la Procuración, el CIAJ manifiesta: “Aun cuando distintos organismos internaciones de derechos humanos –Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité de seguimiento de la Convención de Cedaw, entre otros - y la legislación vigente en el ámbito nacional y provincial prohíben que en casos de violencia de género y contra las mujeres, se fijen audiencias de conciliación, mediación u otros medios que promuevan instancias de acercamiento y/o reconciliación entre la víctima y la persona denunciada, estas aún son promovidas por los funcionarios judiciales”.

“La aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad”, sigue.

Y completa que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2010 sobre el acceso de mujeres a la justicia, hizo hincapié en que hacer este delito negociable o transable, parte de la premisa de que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, situación que queda excluida de las instancias de violencia contra las mujeres en tanto se enmarcan en relaciones de poder y dominación entre los géneros”.

En la denuncia se incluye una solicitud para que la Procuración instruya a los fiscales acerca de cómo abordar a las víctimas de violencia de género así como las diligencias pertinentes para instruír adecuadamente las causas donde se investigan estos hechos.

En el escrito, el Colectivo expresa que “resulta fundamental que, así como recientemente la Procuración General emitió un Protocolo de actuación para recepción de testimonio de niños/as víctimas de violencia y abuso, en este caso se emita directiva tendiente a unificar prácticas de investigación y abordaje de casos de violencia de género. Se deberán establecer los modos de actuación sugeridos (historización de la situación de violencia, protección de las denunciantes, acumulación de denuncias anteriores, sistematización de datos, etc.) y que la mediación sea una medida vedada para estos casos”.

con la tecnología de

CICLO DE LA VIOLENCIA

La joven, de 24 años, murió como consecuencia de las quemaduras sufridas en el 85 por ciento de su cuerpo. Su familia siempre acusó a su pareja por el hecho. 

El novio de Fátima Catán, una joven que murió quemada en agosto de 2010 en su casa de Villa Fiorito, fue detenido anoche. Está sospechado de haber prendido fuego a su pareja, quien falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas, informaron fuentes policiales y judiciales.

Martín Santillán fue detenido anoche, durante un allanamiento realizado por personal de la comisaría 5a.de Lomas de Zamora en una casa de Villa Fiorito. El joven quedó imputado del delito de "homicidio" en un caso de violencia de género.

Santillán fue apresado por orden del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, a pedido del fiscal de instrucción de ese distrito, Gerardo Loureyro, y de la familia de Fátima Catán.

Según señalaron fuentes judiciales, el juez tuvo en cuenta las declaraciones de testigos sobre las constantes peleas que existían en la pareja. Otro elemento de peso para ordenar su detención fueron las denuncias hechas por Fátima, en las que aseguraba que era víctima de violencia por parte de su novio.

Fátima, embarazada de 5 semanas, vivía con Santillán en una casa en Villa Fiorito. El 19 de agosto de 2010 resultó quemada en un confuso incidente y tuvo que ser internada. Murió tres días después en el hospital San Martín de La Plata, a causa de las quemaduras sufridas en el 85 por ciento de su cuerpo.

Según la versión que Santillán le dio a la Policía después del hecho, Fátima estaba limpiando discos compactos con algodón y alcohol, encendió un cigarrillo y se prendió fuego. Pero la familia de la joven siempre sostuvo que Fátima era víctima de violencia por parte de su pareja y lo señaló como responsable de lo ocurrido. Hasta el momento, Santillán nunca había estado detenido.

 

Por Sibila Camps

Finalmente, y pese al reclamo de organizaciones de derechos humanos, el juez federal Ariel Lijo dispuso el archivo de la causa del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, por su actuación como agente civil de inteligencia durante la última dictadura, tal como se lo había recomendado el fiscal de la causa.

El juez firmó el archivo del expediente, tal como se lo había recomendado del fiscal Jorge Di Lello por faltas de pruebas, que en las últimas horas se especulaba con que iban a ser presentadas por los organismos de derechos humanos que iniciaron la demanda.

Organismos de derechos humanos, en tanto, anunciaron que apelarán la semana que viene el archivo de la causa contra Martínez, donde se investigaba si participó en la desaparición de trabajadores de ese gremio cuando fue agente civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército.
"Vamos a plantear que la causa se siga investigado, que seamos tomados como querellantes y en caso contrario vamos a ir a la Cámara Federal por denegación de justicia", dijo Enrique Fukman, de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), una de las 11 organizaciones que en julio del año pasado denunciaron a Martínez.
También solicitarán que se recabe pruebas sobre las actividades del sindicalista en la "Zona 4", perteneciente a Campo de Mayo, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
"En el legajo de Martínez aparece que estuvo en Zona 4, por lo que queremos saber cuáles fueron sus tareas, qué órdenes recibió, cuál fue su accionar en relación a la gente desaparecida en esa zona", explicó Fukman.
La causa número 8677/11 fue archivada por Lijo porque, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez tuvo en cuenta que ni siquiera en la medidas previas solicitadas antes de expedirse “pudieron incorporarse elementos que permitieran generar un cuadro de imputación mínimo que sea acorde a los presupuestos de la responsabilidad penal para iniciar una investigación penal”.
Es decir, luego de las medidas preliminares llevadas a cabo, “no se incorporaron pruebas que permitan describir una imputación a Gerardo Martínez en su participación en un hecho concreto dentro de esa estructura”.

Oyarbide encubrió otra vez al delincuente Amado Boudou.

El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por una denuncia debido a la supuesta irregularidad en la refacción de su despacho en el Senado.

El dirigente político y empresario Juan Ricardo Mussa denunció a Boudou por las refacciones que según él costaron 600 mil pesos, presupuesto que incluyó la instalación de un jacuzzi.

Daniel Lauro, Director de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales del Senado, declaró en la causa y sostuvo que se remodelaron tres baños y se hicieron trabajos de pintura en el despacho de Boudou y en una sala de reuniones.

Lauro sin embargo aseguró que no instaló un jacuzzi y que se trató de “sanitarios normales”, alcanzando un gasto de 96.400 pesos, según consignó el secretario Administrativo del Senado, Juan Zabaleta.

“Se encuentran documentadas cada una de las etapas que se llevaron a cabo para lograr, en definitiva, la remodelación de oficinas, despachos y áreas del Honorable Senado”, sostuvo Oyarbide en su fallo.

La juez Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de ocho acusado en el marco de una causa por espionaje.

La juez Arroyo Salgado procesó a ocho acusados en una causa por espionaje

Alcanza a Juan Bautista Yofre, Pablo Carpintero, Héctor Alderete, Carlos Pagni, Edgar Mainhard, Roberto García, Néstor Ick y Daniel Reimundes. Se investigan también los delitos de asociación ilícita, sustracción de documentos y encubrimiento agravado

 

 

Fallo completo 1549.89 Kb.

La medida alcanza a Juan Bautista Yofre, Pablo Alfredo Carpintero, Héctor Guillermo Roberto Alderete, Carlos Orlando Pagni, Edgar Walter Mainhard, Roberto Ángel García, Néstor Carlos Ick y Daniel Manuel Reimundes.

Asimismo, la magistrada ordenó trabar embargo con respecto a cada uno de los imputados sobre sus bienes y/o dinero por la suma de $500.000 con respecto a Yofre, $300.000 con respecto a Carpintero, $300.000 con respecto a Alderete, $200.000 con respecto a Reimundes, $200.000 con respecto a García, $200.000 con respecto a Pagni, $200.000 con respecto a Ick y $200.000 con respecto a Mainhard.

EDGAR MAINHARD: Causa judicial promovida por la Secretaría de Inteligencia.

PROCESADO POR INFORMAR

Mi versión como procesado Un caso que recién comienza. Hay muchas instancias todavía. Nada está firme. No vaya a ser que quienes esperaban que un periodista 'buchoneara' a sus fuentes, termine en un típico caso de 'el tiro por la culata'. por EDGAR MAINHARD CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En una causa judicial promovida por la Secretaría de Inteligencia se dictó mi procesamiento por encubrimiento de una supuesta red de espionaje ilegal (el monopolio del espionaje legal pertenece al Estado, siempre que existan órdenes judiciales previas). Tal como lo declaré por escrito al Juzgado Federal interviniente, un periodista no le exige a sus fuentes más que información veraz, nunca las buchonea y asume las consecuencias. De acuerdo a Su Señoría, yo tendría que haber denunciado que recibía correos obtenidos supuestamente en forma ilegal. Se equivocó Su Señoría: las fuentes son tan sagradas como la amistad. Yo decido, bajo mi responsabilidad, qué información doy y qué información no doy, pero un periodista siempre intenta obtener toda la información posible, y la única limitación es la veracidad. De todos modos, en esta causa judicial existen algunas cuestiones muy interesantes que no han sido motivo de investigación en el tribunal de 1ra. instancia (Sandra Arroyo Salgado) pero sí pueden aparecer en las instancias de apelación. Es obvio que la magistrada ha tenido alguna forma de limitación en su investigación, cuyos motivos no estoy en condiciones de explicar pero sus alcanes se sospechan en ambientes tribunalicios. Por ejemplo, es falso que ex agentes de inteligencia trabajaran por cuenta propia en el espionaje ilegal del correo electrónico de diversas personas. Si fuera cierto que existió lo que la Fiscalía concibe como una "pyme" destinada a comercializar intrusiones de correos electrónicos, eso no resuelve una cuestión mucho más importante que no ha sido abordada y que provoca enormes dudas sobre la actuación judicial en el caso. Para realizar las intrusiones, los ex agentes de inteligencia reportaban a sus superiores, recibían órdenes, contaban con aprobación o, al menos, tolerancia de sus jefes, una situación que puede convertirse en un búmeran para el propio gobierno del Frente para la Victoria. En todo caso, de ser cierto el punto de vista de la Fiscalía, corroborada por Su Señoría, la ilegalidad le cabe a todo el flujo informativo, por completo, no solamente al que, según la Fiscalía, fue comercializado. Por lo tanto, la actuación de la Fiscalía fue incompleta, y complaciente hacia la Secretaría de Inteligencia, que intentó circunscribir el caso segun sus intereses. El jefe inmediato de los agentes de inteligencia, segun parece, era un interventor de cierta fuerza de seguridad, hoy legislador provincial bonaerense, en reiteradas ocasiones vinculado al Centro de Estudios Legales y Sociales. Pero ese ex funcionario del Ejecutivo Nacional podría afirmar que, si bien los imputados se desempeñaban en su jurisdicción, reportaban directamente a su propio jefe, un ministro de la Nación, hoy día senador nacional. ¿Un ministro del Ejecutivo Nacional monitoreaba la actividad de esos ex agentes? Es más: ¿impartió órdenes ese funcionario a esos ex agentes? Nada de eso mereció algún interés en la 1ra. instancia judicial. Muy pobre el trabajo. Un fiscal demasiado preocupado por ordenar los procesamientos incumplió con su tarea más elemental: el conocimiento profundo de los hechos, prevaleciendo el relato trivial, frívolo, de la Secretaría de Inteligencia, involucrada en una reyerta interna del Frente para la Victoria que han resuelto fabricando responsables fuera del gobierno. Y la magistrada avaló la superficialidad. ¿Cuál era la competencia de ese funcionario del Ejecutivo Nacional, hoy senador nacional sabelotodo, para realizar ese supuesto monitoreo o bien el encargo de tareas a espaldas de la Secretaria de Inteligencia? Porque, tal como podría aparecer en la próxima instancia de Apelación, parece que la Secretaría de Inteligencia promovió la denuncia cuando comenzó a quedar en ridículo ante el entonces Presidente de la Nación -a quien habitualmente le presenta un informe cotidiano-, quien presumía de tener información más específica sobre ciertos temas. Una cuestión muy importante consiste en la calificación de la información obtenida, que para la Secretaría de Inteligencia, la Fiscalía y la magistrada resultan "secreto de Estado". ¿A qué llaman "secreto de Estado"? Se ha aplicado con una liviandad extrema el concepto de "secreto de Estado" a cualquier dato, cualquier apreciación. Como imputado/procesado en la causa reconozco una extraordinaria frustración: hay una causa por violación de secretos de Estado y todavía no tomé conocimiento de alguna información relevante que pueda considerarse secreto de Estado. De todos modos, para la instancia de la apelación, si se persiste en la cuestión del "secreto de Estado", podría imaginarse un supuesto como el siguiente: un Presidente ordena a su ministro que active a sus espías para que investiguen a su propia esposa, que se encuentra a punto de ser candidata, pero él quiere conocer el contenido del correo electrónico de su cónyuge: Desde un punto de vista, la intrucción confidencial del Presidente a su ministro podría considerarse un secreto de Estado aún cuando se trate de un asunto privado familiar. Pero esa instrucción, en caso de probarse que alguna vez existió, es ilegal. En ese caso, quien lo difunda no estaría cometiendo un delito de violación del secreto de Estado sino un aporte a la Justicia para que investigue una acción ilegal amparada en la discrecionalidad y la impunidad que permiten los "secretos de Estado". Es muy importante a causa de lo que vendrá. En fin, un caso que recién comienza. Hay muchas instancias todavía. Nada está firme. No vaya a ser que quienes esperaban que un periodista 'buchoneara' a sus fuentes, termine en un típico caso de 'el tiro por la culata'.

Oficina de Violencia Doméstica.

En cuatro años, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió a más de 50.000 personas

Lo aseguró Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta del Máximo Tribunal y responsable de esa dependencia. En el cuarto aniversario de la oficina, la ministra destacó la tarea de acceso a justicia que brinda el organismo 

 

Videos

1 de 1

Datos estadísticos 824.39 Kb.

Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y responsable de la Oficina de Violencia Doméstica, destacó que la existencia del organismo permitió visibilizar una problemática que estaba oculta en la sociedad argentina.

La ministra dijo que en estos cuatro años se han obtenido muchos logros. Entre ellos, se refirió a la replicación de la oficina en el interior del país: los superiores tribunales de justicia de las provincias de Tucumán, Salta y Santiago del Estero han abierto sus propias oficinas de violencia doméstica.

Actualmente la OVD está implementando un nuevo sistema de registro de indicadores de violencia doméstica para que todas las provincias obtengan estadísticas de las denuncias judiciales en forma estandarizada.

Según las estadísiticas de la OVD, desde el 15 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2012 han ingresado a la oficina más de 30 mil casos y 20 mil consultas informativas. Se han realizado cerca de 30 mil derivaciones a la justicia civil y 20 mil al fuero penal.

La Corte creó la Oficina para garantizar el acceso a justicia a las personas que se encuentran afectadas por hechos de violencia doméstica.

La OVD (que no ofrece asesoramiento telefónico, las denuncias deben realizarse personalmente) brinda atención especializada las 24 horas del día, todos los días del año (inclusive sábado, domingos y feriados), en Lavalle 1250, Planta Baja.

"Hay más luchadores sociales con causas penales que genocidas de la dictadura militar".

SE PRESENTÓ INFORME ANTE LA CORTE SUPREMA

(AW) El pasado miércoles 12 de setiembre  los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fueron recibidos en audiencia por la Corte Suprema de Justicia. Allí fueron atendidos por el Dr. Ricardo Lorenzetti a quien le hicieron entrega del Informe sobre Criminalización de la Protesta 2001-2012 elaborado y publicado en marzo pasado. Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que informó sobre otro de los aspectos de la persecución: el espionaje del que están siendo víctimas los representantes sindicales de base, afirmó que actualmente "Hay más luchadores sociales con causas penales que genocidas de la dictadura militar" (Ver artículo del PTS más abajo).- Buenos aires, 12 de setiembre de 2012.- Organismos de DDHH presentaron Informe sobre Criminalización de la Protesta ante la Corte Suprema de Justicia Integrantes de los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fueron recibidos en Audiencia en la que entregaron el Informe sobre Criminalización de la Protesta 2001-2012 elaborado y publicado en marzo pasado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha - APEL; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI; y la Liberpueblo, Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo. Participaron de la audiencia Enrique Fukman y Veronica Jeria por la AEDD, Myriam Bregman por el CEPRODH, Nicolás Tauber por Liberpueblo, Martín Alderete por CADEP, Alejandra Giordano por CADHU, y Liliana Alaniz por APEL. Fueron recibidos por el Dr. Ricardo Lorenzetti. Durante el desarrollo de la audiencia, Enrique Fukman y Verónica Jeria por la Asociación de Ex -Detenidos Desaparecidos informaron cómo se confeccionó el informe, que releva las causas judiciales abiertas en todo el país contra integrantes de más de 150 organizaciones entre los años 2003 y 2012. Fukman destacó la persecución centralmente dirigida contra gremialistas, pueblos originarios, reclamos y luchas por tierra y vivienda, y en los últimos dos años la profundización de la judicialización de las luchas contra la megaminería contaminante. Se destacó que a medida que aumenta la conflictividad sindical y, aumentan la cantidad de delegados de base criminalizados. A su vez, Verónica Jeria detalló la actividad desarrollada por el diputado neuquino Alejandro López quién tuvo la iniciativa de solicitar al poder Judicial que informe las causas relacionadas con la criminalización de la protesta y obtuvo la alarmante cifra de más de mil causas abiertas en la actualidad en esa provincia, con una fuerte acción persecutoria sobre los pueblos mapuches y sectores sindicales. Asimismo, los integrantes de la AEDD informaron sobre el alarmante aumento, a partir del año 2010, en la cantidad de personas asesinadas por luchar por sus derechos, la situación vivida en el parque Indoamericano donde en la causa penal donde se investigan los asesinatos provocados por la Policía Federal y Metropolitana no existen avances, mientras que avanza la causa judicial abierta contra Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, acusados por el mero hecho de solidarizarse con el reclamo de vivienda y reclamar contra la represión y los asesinatos a manos de la Policía. Finalmente se refirieron sobre el agravamiento de la causa contra 24 integrantes de la comunidad Qom La Primavera en Formosa, y sobre la militarización que se está llevando adelante en esa provincia. Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, informó sobre otro de los aspectos de la persecución: el espionaje del que están siendo víctimas los representantes sindicales de base. Dio cuenta de la causa conocida como Proyecto X y se refirió especialmente a la actuación del fiscal Paulo Starc, impulsor de la mayoría de las causas que padecen los trabajadores de la zona norte del gran Buenos Aires, así como el intento de detener a un abogado de su organización por un tema de mero trámite o del intento de detener a Hemosilla y a Coria, de Kraft por tener muchas causas acumuladas y seguir manifestándose por sus derechos. También se refirió a la enorme cantidad de juicios de desafueros que están recayendo de mano de las empresas a la par que la justicia penal inicia procesos. Nicolás Tauber de Liberpueblo se refirió a la situación en varias provincias del país, entre ellas la de Chaco y al caso de Mártires López. Tauber, puso en conocimiento de la Corte que muchas de las causas relacionadas con el "proyecto X", en especial las referidas a la lucha de los trabajadores de Kraft (ex Terrabussi) del año 2009, estarían llegando próximamente a la Corte Suprema y por eso es de nuestro interés que se conozca en qué marco se está dando este recrudecimiento de la protesta social. Se refirió también a la grave situación vivida en la autopista Panamericana hace unos días cuando el Secretario de Seguridad Sergio Berni comandó personalmente la represión llevando a más de 60 personas (incluidos 12 menores de edad) detenidas a Campo de Mayo. Liliana Alaniz de APEL se refirió al asesinato de Mariano Ferreyra y a la actuación de las patotas, ligadas en muchos casos a las empresas. Destacó la situación de persecución que se vive en el ferrocarril Roca. --------------------------------------------------------------------------------------------------- COMUNICADO DE PRENSA Myriam Bregman: "Hay más luchadores sociales con causas penales que genocidas de la dictadura militar" (PTS, 12/09/12) Ante el recrudecimiento de la criminalización de la protesta social en Argentina integrantes del "Encuentro Memoria, Verdad y Justicia" hicieron entrega hoy de un informe a la Corte Suprema de Justicia en una audiencia realizada en el Palacio de Justicia. Participaron integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y de otros de organismos de derechos humanos. La abogada del PTS Myriam Bregman, querellante en diversas causas de lesa humanidad y en la causa en que se investiga el espionaje ilegal de Gendarmería conocida como "Proyecto X", al terminar la audiencia puntualizó: "expusimos sobre la situación grave que viven los delegados de base en este país, a los que se les arman causas judiciales que parten del espionaje que sobre ellos realizan, además de escuchar sus teléfonos y perseguirlos. Hay más luchadores gremiales y por el derecho a la tierra con causas penales que genocidas de la dictadura militar" Bregman recordó además que "hay casos muy graves como el fiscal Paulo Starc, de Tres de Febrero, que avaló todo el accionar ilegal de la Gendarmería y ahora manda a detener a los manifestantes porque ya se manifestaron reiteradas veces y no comprenden que eso para el fiscal está prohibido". Asimismo, la abogada destacó que "también informamos sobre las causas de desafuero que inician complementariamente las empresas para poner a los trabajadores en la indefensión total" Secretaría de Prensa PTS en el Frente de Izquierda www.pts.org.ar Twitter: @PTSArg Facebook: PartidodelosTrabajadoresSocialistas.PTS

Procesan a un envenenador con agrotóxicos.

LAVALLE CORRIENTES

(AW) El juez de Instrucción Nº 2 de Goya, doctor Carlos Balestra, dictó el procesamiento en contra del imputado Ricardo Nicolas Prieto en la causa vinculada a la muerte por agrotóxicos del niño Nicolás Arévalo, de la localidad de Lavalle, provincia de Corrientes.Nicolás Arévalo, un niño 4 de años, falleció hace poco más de un año en el hospital Pediátrico "Juan Pablo II", donde llegó en gravísimo estado derivado desde el Hospital zonal de Goya. El niño presentó un cuadro de intoxicación provocado por el uso indebido de un plaguicida altamente peligroso en una chacra ubicada en el Paraje Puerto Viejo.  . JUSTICIA PARA LOS NENES DE LAVALLE/CORRIENTES, ENVENENADOS CON AGROTÓXICOS Caso Nicolás Arévalo: Juez dictó auto de procesamiento a un imputado  Así lo informó durante el programa "Dialogando" el doctor Julián Segovia, abogado querellante de la causa vinculada a la muerte por agrotóxicos del niño Nicolás Arévalo, de la localidad de Lavalle. Según lo confirmado, por el citado profesional, el juez de Instrucción Nº 2 de Goya, doctor Carlos Balestra, dictó el procesamiento en contra del imputado Ricardo Nicolas Prieto, hijo de un productor tomatero de esa localidad correntina. Segovia se manifestó "satisfecho" por la medida en esta instancia introductoria, al decir: "El juez ha tomado una resolución objetiva en esta causa compleja en todos los sentidos, considerando que no existen numerosos casos análogos. Es algo muy positivo para el caso". Nicolás Arévalo, un niño 4 de años, falleció hace poco más de un año en el hospital Pediátrico "Juan Pablo II", donde llegó en gravísimo estado derivado desde el Hospital zonal de Goya por fuertes dolores en todo el cuerpo y vómitos. Su prima de 5 años también fue internada en el mismo nosocomio, pero los médicos luego decidieron trasladarla de urgencia hacia el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires. El niño presentó un cuadro de intoxicación que habría sido provocado por el uso indebido de un plaguicida altamente peligroso en una chacra ubicada en el Paraje Puerto Viejo. La autopsia, en efecto, determinó que la causa de la muerte fue por intoxicación. "ESTOY MUY MAL PORQUE NICOLÁS ME DEJÓ" A continuación, Gladis, madre de Nicolás, a un año y medio del fallecimiento del pequeño, confió a Radio Sudamericana: "Me quedé mal, ando mal porque Nicolás se me fue y lo que me pasó con el papa después le paso a él", dijo con tono cansino y triste. "El nene que me quedó, tengo mucho miedo de que le pase lo mismo. Tengo que cuidar a los hijos que me quedan", insistió la mujer, quien junto a su familia sigue viviendo en Puerto Viejo, de la localidad de Lavalle. Gladis, según aseguró no recibe ayuda de ninguna parte, tampoco tuvo asistencia psicológica en ningún momento luego del fatal desenlace. La casa de la familia Arévalo queda a 15 metros del tendalero y no hay cercos que separen la vivienda del tendalero cuyos propietarios son de apellido Prieto. "Ahora ponen plásticos y hacen la fumigación con una manguera". Sólo se atrevió a decir la madre del niñito que perdió la vida por causa de intoxicación con los venenos propios de esa práctica con pesticidas.

La Justicia ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reincorporar a los maestros que habían sido apartados por hacer una parodia contra Mauricio Macri.

 Indicaron que la acatarán.

La juez Elena Liberatori ordenó al Ministerio de Educación porteño que reincorpore a los docentes apartados por haber realizado un acto en el que parodiaban su accionar.

Según argumentaron los maestros, el acto se realizó con presencia de los padres, que dieron su autorización a que los chicos vieran la manifestación.

“Es por demás alarmante desde el punto de vista de la democracia que esto esté ocurriendo”, afirmó la jueza en su fallo.

En tanto, el ministro Esteban Bullrich confirmó que acatarán la orden judicial. ”Primero, como corresponde, vamos a acatar la decisión judicial”, afirmó, y agregó: “Con la medida no estamos de acuerdo, se tomó en 24 horas. Es un fallo sin fundamentos, basados en una nota de diario”.

La consultora Buenos Aires City hizo públicos estudios sobre índices de precios y el secretario de Comercio Interior, Guillemo Moreno, la denunció ante la justicia, pero ésta determinó no se había cometido ningún delito.

El Juzgado en lo Penal Económico Nº 6 a cargo de Marcelo Aguinsky, fallo a favor de la consultora a cargo de Graciela Bevacqua, ex titular del INDEC, y Nicolás Salvatore, economista de la UBA.

Moreno había hecho la denuncia porque la consultora había publicado “índices de información falsos, con la única finalidad de provocar la suba de precios en el mercado local”.

Este fallo es un antecedente importante para otras causas similares que cayeron sobre otras consultoras como los estudios Ferreres y Melconian-Santángelo.

Pero en el fuero en lo Contencioso Administrativo las causas contra todas las consultoras, por presunta violación de la lealtad comercial se mantienen en pie.

El pedido de extradición para Moria Casán por el robo de joyas en Paraguay, llegó al juzgado Federal n°3 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas.

El pedido también incluye a Luciano Garbellano y Alexis Galo Sotto (asistente de la diva) por el robo de una gargantilla de Armando Joyas, valuada según éste, en 80 mil dólares.

Ahora, el magistrado Juan Pablo Salas tendrá un plazo de 45 a 60 días para decidir sobre el futuro de la vedette, su manager y asistente.

El abogado de la estrella, Matías Morla, habló con Jorge Rial, en radio La Red y manifestó: “La idea es que Moria sea juzgada acá. Vamos a pedir que declaren distintas personas porque hay una serie de irregularidades que hacen imposible defenderse, pero Moria no va a ningún lado”

Y agregó: “Es algo muy raro, es un hurto simple que está tomando una trascendencia que es inexplicable. La vinieron a buscar como si fuera Osama Bin Laden”.

Con la sanción del Senado que convirtió en ley la transferencia de los depósitos judiciales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al de la Nación Argentina, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, confirmó que la Ciudad apelará a la justicia.

Vidal detalló que presentarán una medida cautelar para detener la norma. ”Si bien la ley establece un retiro gradual de los fondos, 1.200 millones por año, a partir de que se promulgue nos vamos a presentar en la Justicia para pedir una medida cautelar y así evitar que la ley se ponga en practica“.

Además, el presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, adelantó que realizaría una “presentación judicial”.

Tras la sanción de la ley, el abogado constitucionalista Alberto García Lema, letrado patrocinante de la entidad, adelantó que “la preparación de la demanda está muy avanzada”, según confirmó al diario La Nación.

Mientras que al diario Clarín desde el Banco Ciudad le manifestaron que “se presentará un recurso de amparo para intentar que la Justicia dicte una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, en la que planteamos que la ley de traspaso de fondos es inconstitucional, porque con la reforma constitucional de 1994, los asuntos judiciales en cuestión quedaron como una facultad del Gobierno de la Ciudad y por tanto es la Legislatura local y no el Congreso el que puede plantear modificaciones”.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, hará entrega esta tarde desde el Centro Metropolitano de Diseño de los primeros créditos otorgados por el Banco Ciudad dentro del programa “Mi Primera Casa”. Se espera que allí se pronuncie en público sobre el resultado de la votación.

Sin embargo, según reseñó La Nación, el gobierno porteño esperaría que se publique la norma en el Boletín Oficial y, además, “verá cómo el Banco Nación, que es el beneficiario de los fondos, pretende hacerse cargo de los depósitos”.

Desde el Consejo de la Magistratura también se pronunciaron al respecto. El consejero Alejandro Fargosi realizó algunas apreciaciones sobre el traspaso de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación. “Es lamentable que el Senado sancione una ley inconstitucional”, sostuvo. “Es un grave error legal e institucional, porque los depósitos judiciales no son del Gobierno sino de las partes que litigan y su administración corresponde al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo ni al Legislativo”, explicó el representante de los abogados porteños.

En este sentido, el consejero expresó que “el gobierno central no tiene derecho a manejar los depósitos judiciales”, y finalizó asegurando que “el kirchnerismo busca debilitar al Banco Ciudad porque no quiere gobiernos locales fuertes y con autonomía y en el proceso no le importa si perjudica a la gente, que va a ser la víctima en este caso, junto a los trabajadores del banco”.

El Senado aprobó y convirtió en Ley el proyecto que establece que los depósitos judiciales de los juzgados nacionales sean hechos en el Banco de la Nación.

La iniciativa fue debatida durante casi seis horas y contó con el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria y obtuvo 38 votos a favor y 25 en contra de los bloques de la oposición.

La iniciativa propone que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación, y resalta que los valores que en el momento de entrada en vigencia de la ley se encuentren en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en esa entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas.

Lo mismo ocurrirá con las cuentas abiertas en el Banco Ciudad para las causas en trámite que sólo se cerrarán una vez que la tramitación de esas causas haya cesado.

El artículo 2 de la norma propone que en cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquella, en el Banco de la Nación.

Condenan a cadena perpetua a 14 criminales de dictadura argentina.

ARGENTINA-DDHH

11 miembros del Ejército argentino y 3 de la policía fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983. El Tribunal Federal de la ciudad de Bahía Blanca realizó la sentencia.

Dicho tribunal condenó este miércoles a los 14 acusados a prisión perpetua. Asimismo, sancionó a otros 3 imputados con penas de entre 17 y 18 años de cárcel. El Tribunal Oral Federal de la ciudad argentina de Bahía Blanca dictaminó el fallo y consideró los crímenes cometidos por los acusados como delitos de lesa humanidad. Esta resolución fue dada a conocer por el Centro de Información Judicial (CIJ). Allí señaló que los delitos "fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en Argentina durante la última dictadura cívico-militar". Este juicio contra militares y policías había comenzado en junio de 2011. La audiencia de lectura de fundamentos de la sentencia de este miércoles fue fijada para el próximo 9 de noviembre. Durante el desarrollo del juicio se investigaron los crímenes cometidos contra 90 personas en el centro clandestino de detención llamado "La Escuelita", ubicado en Bahía Blanca. Por otro lado, el Tribunal que sancionó a los acusados resolvió que el cumplimiento de la pena debe ser en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal de Argentina. Según organismos argentinos de Derechos Humanos, 30 mil personas fueron detenidas desaparecidas durante la última dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Además, 5 mil recién nacidos fueron apropiados ilegalmente. (PÚLSAR)

El boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios, condenado a cuatro años de prisión por la muerte de la joven embarazada Yamila González en un accidente de tránsito, podrá seguir manejando hasta que su sentencia por homicidio culposo quede firme.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había hecho un pedido a la justicia para que el boxeador quede inhabilitado para manejar, pero el Tribunal Oral Criminal Nº 3 lo desestimó hasta tanto el fallo sea confirmado por Casación.

La Cámara de Garantías de Mar del Plata ya había revisado el fallo de inhabilitación y lo había revocado hasta que la condena quedara firme, pero aun así la ANSV había hecho el pedido.

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 consideró que la agencia no necesitaba recurrir a la justicia para pedir la inhabilitación de Barrios, ya que eso podía llevarse a cao administrativamente.

El boxeador de mudó a Córdoba recientemente, donde entrena bajo las órdenes de Luis Olivero Canales en el gimnasio del Club Argüello Juniors.

En Mar del Plata, un juez federal falló a favor de un demandante que reclamaba que no se cobrara el impuesto a las ganancias por haber cobrado el aguinaldo.

El titular del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó que no se cobre el gravamen al demandante, debido a que no hubo actualización del mínimo no imponible.

“Debe tenerse en cuenta que en la última década, caracterizada por la gran crisis económica y social que afrontó nuestro país a comienzos del año 2002, el mínimo no imponible fue sufriendo diversas actualizaciones por parte del Estado nacional”, afirmó en su fallo.

“En lo que va del 2012 y pese que ya faltan pocos meses para finalizar el año, el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias no ha sufrido modificación alguna. Ante lo cual, cabe preguntarse si, dado el escenario económico/social reinante actualmente en la República Argentina y la situación particular del amparista, resulta razonable que dichos montos continúen inmutables”.

“El propio texto expreso de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias (ordenada por Decreto 649/97) en su artículo 25 prevé la ‘actualización anual de los importes de las ganancias no imponibles y de las compensaciones’, según las pautas allí fijadas”.

“La falta de actualización en cuestión importa en los hechos una irrazonable afectación al módico salario que percibe mensualmente el amparista y con el cual debe hacer frente a todas las necesidades básicas e indispensables, propias y de su familia. Vulnerándose en forma manifiesta su poder adquisitivo”.

Carrascosa confirmado en perpetua.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires ratificó la cadena perpetua de Carlos Carrascosa al desestimar los recursos presentados por sus defensores en el caso del crimen de María Marta García Belsunce.

El máximo tribunal desestimó los dos pedidos de nulidad que habían sido presentados por la defensa del viudo, ratificando así su condena.

Según indicaron fuentes judiciales, el rechazo a la nulidad solicitada se tomó por razones procesales y no de fondo.

Los administradores de la web Taringa, los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama, irán a juicio oral y público tras la decisión del juez porteño Eduardo Daffis Niklisson de hacer lugar al pedido de la fiscal de instrucción Felisa Krasucki.

Los jóvenes están acusados de “violación a la ley de propiedad intelectual por permitir que a través de esa web se descarguen de manera ilegal obras sin autorización”.

Es la primera vez que se debatirá en un juicio oral, la responsabilidad de las páginas de internet para descargar música, películas, libros, etc., que están protegidos por la propiedad intelectual.

Los Botbol y Nakayama están acusados por la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación, pero hay otras causas pendientes por archivos de música.

La Justicia jujeña resolvió excarcelar a casi 60 personas que se encontraban detenidas por el violento intento de usurpación que protagonizaron en Humahuaca, que dejó un muerto.

58 integrantes de la organización “Tití Guerra” fueron liberados en el día de hoy. Se encontraban presos por la usurpación de un terreno y una casa en Humahuaca, Jujuy.

La Justicia incautó, en total, 30 mil pesos que tenían en su poder, que se presume que habrían sido para sostener la toma. 20 mil eran portados por un hombre y 10 mil por una mujer.

El miércoles, miembros de la organización Tití Guerra intentaron ocupar un terreno y encontraron la oposición de los vecinos. En el enfrentamiento, un joven de 29 años fue muerto por una bala en el pecho.

Por el hecho, fueron imputados 48 hombres y 10 mujeres, que fueron apresadas por la policía, con asistencia civil.

MARIOTTO IMPULSA UNA LEY DE ÉTICA PÚBLICA Y BUSCA LA TRASPARENCIA DEL CUESTIONADO PODER JUDICIAL.

Ricardo Vázquez “Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye” 

Escrito por N&P

Mariotto había prometido públicamente que no permitiria la connivencia entre el delito, la policia, los jueces y la politica. Ahora le toca el turno a la justicia.

Ricardo Vázquez “Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye”

MARIOTTO IMPULSA UNA LEY DE ÉTICA PÚBLICA Y BUSCA LA TRASPARENCIA DEL CUESTIONADO PODER JUDICIAL

N&P

Ley de Etica Publica

Lo dijo el senador del GEN-FAP, Ricardo Vázquez, autor del proyecto de Ley de Ética Pública que decidió impulsar el vicegobernador bonaerense.

La iniciativa obliga a todos los funcionarios públicos de la Provincia a presentar declaraciones juradas una vez al año, tal como ocurre en el orden nacional.

El Senado de la provincia de Buenos Aires abrió la discusión acerca de la transparencia de los funcionarios públicos en la Provincia a través de un proyecto de ley presentado por el titular del bloque GEN-FAP, Ricardo Vázquez, y que cuenta con un fuerte respaldo del presidente del Senado, Gabriel Mariotto.

El vicegobernador se reunió ayer con Vázquez y con la jefa del bloque oficialista, Cristina Fioramonti, y acordó con ellos impulsar el debate en comisión para que “todos los funcionarios de la provincia, como hace nuestra presidenta (Cristina Fernández) y todos los funcionarios de la Nación, presenten la declaración jurada como corresponde”.

“Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye, esto sin dudas contribuirá positivamente para el pronto tratamiento del proyecto de ley y la rápida puesta en marcha de este mecanismo de transparencia pública”, señaló hoy Vázquez.

El autor de la iniciativa resaltó la necesidad de contar con una normativa provincial que refleje la transparencia de los funcionarios “ya que cuando se habla de ética, hablamos de responsabilidad, imparcialidad, eficacia, respeto al ordenamiento y cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales acorde al Estado que representa”.

También precisó que la norma estipula deberes, prohibiciones e incompatibilidades que se aplican a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Buenos Aires, a los órganos denominados extra-poder y a los Municipios.

Se intenta “objetivar la moral de los funcionarios para que más allá de las propias convicciones existan pautas mínimas comunes que comprendan a todos sin excepción”, fundamentó el senador del GEN.

En 1999 se sancionó la ley 25.188 de Ética Pública en el orden nacional y en la Provincia el decreto-ley 9624/80.

En este sentido, Vázquez manifestó que “es necesario contar con una nueva ley más cercana en el tiempo, gestada por esta democracia y cuyos postulados estén en consonancia con las normas locales, nacionales y los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte”.

El vicegobernador se comprometió a promover el rápido tratamiento en el Senado de un proyecto que, entre otras cosas, obliga a los funcionarios bonaerenses de los tres poderes a presentar declaraciones juradas todos los años.

“Buscamos que haya más transparencia”, explicó Mariotto, tras una reunión con el autor de la propuesta, el legislador Ricardo Vázquez.

La iniciativa parlamentaria busca adecuar al ámbito de la administración bonaerense lo que sucede en la esfera de Nación, donde desde 1999 todos los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año.

“Buscamos que haya más transparencia porque eso nos da más institucionalidad y nos permite atacar los distintos nichos de corrupción”, explicó Mariotto tras recibir en su despacho al creador del proyecto de Ética Pública, el jefe de la bancada del GEN, Ricardo Vázquez, y su par del FpV-PJ, Cristina Fioramonti.

El titular del Senado explicó que el bloque oficialista había pensado en elaborar una iniciativa similar, pero “nos dimos cuenta de que ya estaba presentado por el senador Vázquez del GEN, un espacio político distante del nuestro, pero con el que compartimos un ideal”.

“Acordamos que vamos a impulsar el debate en comisión de su proyecto para que todos los funcionarios de la provincia, como hace nuestra presidenta (Cristina Fernández) y todos los funcionarios de la Nación, presenten la declaración jurada como corresponde, sin ningún tipo de problemas”, indicó Mariotto.

La iniciativa legislativa del GEN tiene estado parlamentario desde marzo de 2011 y se encuentra en la Comisión de Trabajo y Legislación Social.

La propuesta establece que todos los funcionarios o agentes de los tres poderes del Estado provincial y municipal con categoría o función no inferior a la de director o equivalente presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción en el cargo.

La misma, deberá ser actualizada una vez al año (actualmente rige el Decreto-Ley Nº 9624/80 que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido, en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.

Asimismo, el texto de la ley prevé una serie de ítems que apuntan a la “transparencia”, a través de la explicitación de una serie incompatibilidades con la función pública (dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione, tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste).

La Ley de enjuiciamiento a magistrados, el Consejo de la Magistratura y la Procuración

La reforma propuesta en el ámbito del Senado bonaerense incluye e implica modificar la ley de enjuiciamiento a magistrados, el Consejo de la Magistratura, la Procuración y la ley de ética pública.

Desde el Senado, donde tiene mayoría, Mariotto impulsa una amplia reforma legal que permitirá apartar preventivamente de su cargo a jueces y fiscales denunciados, antes de ser suspendidos; examinar periódicamente la condición psíquica de los magistrados y poner puntaje u orden de mérito a todos los aspirantes a funcionarios.

El vicegobernador Gabriel Mariotto acordó conla senadora Cristina Fioramonti, presidenta del bloque del Frente para la Victoria, avanzar con la reforma sobre "la corporación" judicial.

El paquete legal incluye tres proyectos, uno para modificar la ley de enjuiciamiento a magistrados; otro, el Consejo de la Magistratura, y el último, la Procuración.

A éstos se suma la señalada ley de ética pública para magistrados y funcionarios públicos, acordado entre Mariotto y la oposición.

Mariotto propone, además, fijar nuevos requisitos para selección del fiscal de Estado.

Mariotto busca dar una cruzada contra el cuestionado Poder Judicial, al que se considera una "corporación", empezando por la Suprema Corte.

El presidente de este tribunal preside también el Consejo de la Magistratura, que el Vicegobernador busca transparentar.

El jury a magistrados también es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial.

En una de las medidas más fuertes, Mariotto busca introducir reformas en la ley de enjuiciamiento a magistrados para poder apartar preventivamente a los jueces, en camino a la suspensión por parte del jury.

Se podría tomar esa medida durante la primera reunión del jurado en la audiencia de jurisdicción, "cuando se tornare inconveniente el ejercicio de su función" .

Es decir, mucho antes de la eventual suspensión por parte del jury . Este apartamiento será por 90 días, prorrogables por otros 90. No supondrá la quita de la remuneración.

Se procura poner plazos al presidente de la Corte para que una vez presentada una denuncia fije la primera audiencia en un plazo no superior a los 30 días.

"Habrá debate", expresó la diputada Fioramonti, autora de la mayoría de los proyectos.

En el Senado, el Frente para la Victoria cuenta con dos tercios de los 46 senadores, una mayoría suficiente para aprobar la reforma.

En Diputados el Frente para la Victoria es la primera minoría, pero podría acordar con el Frente Amplio Progresista, que impulsó junto con Mariotto la ley de ética pública.

La propuesta establece que todos los funcionarios de los tres poderes del estado provincial -es decir, incluidos los jueces, camaristas y ministros de la Corte- presenten una declaración jurada patrimonial desde la asunción en el cargo.

El texto deberá ser actualizado una vez al año (actualmente rige el decreto-ley Nº 9624/80, que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.

Se trata de transparentar la Justicia y acelerar los procesos. En la actualidad hay 140 juries de enjuiciamiento en trámite.

"El presidente De Lázzari ha acelerado el jury en forma histórica. Fijó una audiencia cada quince días", dijeron ayer en el palacio de tribunales. 

Mariotto había prometido públicamente que no permitiria la connivencia entre el delito, la policia, los jueces y la politica.

Los proyectos ingresaron el viernes 7 de setiembre formalmente en el Senado.

El debate recién empieza.La lucha continúa.

Fuentes: AgePeBa / María José Lucesole /LA NACION