martes, 17 de junio de 2014

Serio revés judicial para la delincuente clarissa Antonini.

                                             

Mientras la delincuente Clarissa Antonini insiste en dormir la siesta y encubrir delincuentes, el Juzgado de Garantías Nro 5. Departamental, habría tomado intervención en la IPP Nro. 7108-13, que la delincuente archivó alegremente SIN TOMAR MEDIDA ALGUNA DE PRUEBA, y le habría indicado a la fiscal que investigue.
Eso habría ocurrido hace semanas, pero como ya quedó demostrado, la delincuente no se distingue por la diligencia.
Y todo está expresado en potencial, ya que a la fecha, solo tengo comentarios informales en mesa de entradas.
Un pequeño detalle es que la delincuente ha sido denunciada penalmente y con posterioridad recusada.
Otro pequeño detalle es que dicha recusación fué puesta en conocimiento del Juez.
Y para abundar, diré que a un año del hecho denunciado ....no se ha hecho nada...
Cuando uno recurre al Juez de Garantías es para solicitar se garantice el debido proceso, no para recibir mas agravios.
En el día de la fecha se nos "sugirio" contratar a un abogado de la matricula para constituirnos en parte...
Otro detalle mas:YA NOS HABIAMOS CONSTITUIDO.
Esto me hace dudar serriamente de que hayan leido el expediente, pero lo ciero es que la denegatoria de derechos elementalísimos estan a la vista.
Veremos que dice la Cámara.
Esta nota continúa.

Escandalosa absolución a Sobisch en la Causa por la Zona Liberada.

CARLOS FUENTEALBA, PRESENTE AHORA Y SIEMPRE



(AW) Sobisch fue absuelto, aunque se reconoció que liberó la zona; aunque quedó demostrado que habilitó a un grupo de la patota para que atacaran a los manifestantes en la destilería; aunque también se dejó constatado que ese grupo agresor conocidos como los “cascos amarillos “eran militantes del MPN que actuaron en patota.
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Escandalosa absolución a Sobisch en la Causa por la Zona Liberada. El saldo una nueva represión a los/as docentes neuquinos/as
Desde Activar- Lucha y Organización Contra el Genocidio y la Impunidad- manifestamos nuestro más enérgico repudio a la absolución del ex gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Omar Sobisch en la Causa por la Zona Liberada y nos solidarizamos con los/as docentes de la educación de Aten que fueron reprimidos por la policía por manifestar su claro descontento al veredicto.
Para esta jornada el gremio Aten había decretado un paro de 72 hs para movilizar y estar presente en la lectura del veredicto en la Causa de la “Zona Liberada”. Recordemos que los docentes neuquinos se encuentran en medidas de fuerza desde el 5 de marzo de este año y aún no han obtenido respuestas a sus reclamos por salarios y mejores condiciones para la educación pública. Pero si hoy han recibido como respuesta nuevamente la represión.
Sobisch fue absuelto, aunque se reconoció que liberó la zona; aunque quedó demostrado que habilitó a un grupo de la patota para que atacaran a los manifestantes en la destilería; aunque también se dejó constatado que ese grupo agresor conocidos como los “cascos amarillos “eran militantes del MPN que actuaron en patota.
Sobisch fue absuelto, porque así lo determinó en un escandaloso fallo el juez Marcelo Muñoz quien presidía las intancias del debate oral y público, fue él quien permitió, entre otras cosas, que un policía de civil hiciera inteligencia a los trabajadores de prensa, inteligencia propia de los grupos para-policiales de la época de la dictadura y la Triple A.
Sobisch fue absuelto y luego de escuchar el fallo los/as trabajadores de la educación iniciaron los cantos de repudio a ese escandaloso veredicto judicial y como respuesta recibieron una violenta represión policial y gases lacrimógenos. Varias trabajadoras de la educación fueron heridas. Un fue gravemente lesionada en su rostro con una piedra que salió despedida de la patota del MPN que se encontraba del otro lado de la vaya resguardado por las fuerzas policiales, otra maestra se encuentra todavía en observación por el golpe recibido en su brazo.
El veredicto en esta Causa, nos demuestra que en esta provincia es imposible juzgar a funcionarios públicos y mucho menos si se trata de dirigentes de MPN, pero más imposible aún es que se haga justicia luego de que son sentados en el banquillo. Y esto sucede porque en Neuquén no existe la igualdad ante la ley. Así se demostró en este juicio que la zona se liberó, la represión de los cascos amarillos que atacaron a los/as docentes existió, los atacantes eran punteros del MPN, la orden existió, pero Sobisch fue absuelto.
Tanto el fallo que absolvió a Sobisch, como la represión sufrida hoy por los docentes es una nueva demostración de impunidad de la que gozan los dirigentes del MPN, y es otra clara falta de independencia de los poderes del Estado que actúan como lacayos del poder político.
Sobisch fue absuelto hoy por la justicia neuquina, pero a Sobisch lo condenamos todos/as. Lo condenamos por liberar la zona en la destilería en el 2006, lo condenamos por ser el responsable político de la represión de Arroyito que dejó como saldo el fusilamiento público del compañero Carlos Fuentealba. Lo condenamos todos/as por sus políticas represivas.
¡¡¡¡BASTA DE IMUPUNIDAD EN NEUQUÉN!!!!
REPUDIAMOS LA REPRESIÓN A LOS DOCENTES LUEGO DE CONOCIDA EL VEREDICTO!!!!
Activar, lucha y Organización Contra el Genocidio y la Impunidad.

lunes, 16 de junio de 2014

La Cámara Primera en lo Criminal de Formosa confirmó el procesamiento de Félix Díaz y otros cuatro qompi.

El oficio de criminalizar a los qom

La Cámara Primera en lo Criminal de Formosa confirmó el procesamiento de Félix Díaz y otros cuatro qompi por “robo de armas” y lesiones a policías, mientras que la causa que investiga la represión que dejó dos muertos sigue congelada, y el reclamo territorial irresuelto. El clima: causas armadas, campañas mediáticas, la presión provincial y la censura de los proyectos que buscan mejorar las condiciones de los qom en Formosa.
Marcha Qom
El procesamiennto por supuesto robo de armas de integrantes de la comunidad qom mereció estas reflexiones ante lavaca.
Federico Efron, integrante del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y abogado de la comunidad: “El principal vicio de la causa es que no se ha escuchado a la comunidad y se le ha dado preeminencia a lo que dice la policía, aunque todo esté basado en mentiras. No se escucha a la comunidad, que va con la verdad, con pruebas, con testigos. Eso no le ve nadie, y no les importa”.
Félix Díaz, cacique qom: “Nos quieren encerrar para que no se repita esta decisión política de las comunidades indígenas de defender nuestros territorios”.

El día que todo cambió

El 23 de noviembre del 2010 la comunidad qom La Primavera cortó la ruta nacional 86 en reclamo de una serie de hectáreas que mantienen, al día hoy, en disputa con una familia de apellido Celía; terrenos que plantean como propios dada la preexistencia de los pueblos originarios, avalada por distintas leyes nacionales e internacionales, violada en la práctica en el año 2007 cuando el gobierno formoseño da un reconocimiento de ocupación a los Celía.
Desde entonces se desató un conflicto que lleva muertos casi una decena de qom, un policía, audiencias en la Corte Intermericana de Derechos Humanos, más de cinco causas abiertas, represiones y heridos, todo como colorario de una discusión que tiene que ver con el territorio y que nunca fue tratada en profundidad. Desviar el eje del conflicto es parte de la estrategia que practican el gobierno provincial y el nacional, y vale la figura de Félix Díaz para entenderlo: su aparición como líder de la comunidad como parte de una necesidad práctica, pero también como simplificación mediática (a favor o en contra) que personaliza reclamos colectivos e históricos. En su prontuario figuran entonces tres casuas en curso (en dos fue ya sobreseído) que sintetizan cómo la justicia y el gobierno provincial tratan los problemas territoriales y a los pueblos originarios en Formosa.
La última novedad confirma el procesamiento de Félix, de Clemente Sanagachi y Miguel Kisinakai por la causa de aquél 23 de noviembre del 2010 en que se los acusa de “lesiones graves y leves” y de “robo de armas” (fue revocada la figura de “resistencia a la autoridad”, por la cual los volverán a indagar), durante la mañana del corte; otra de las causas investiga los sucesos que ocurrieron durante la tarde, entre ellos las muertes del qom Roberto López y el policía Heber Falcón. La separación entre mañana y tarde no es menor: “Nosotros estamos seguros que es una causa armada para darle el viso legal a lo que pasó a la tarde, que es la represión”, plantea el abogado del CELS que sigue la causa Federico Efron.

Justicia lenta, justicia rápida

Llamativamente, o no, las causas que investigan el accionar de los qom avanzan mucho más rápido que las que estudian la represión policial – que incluyó armas de fuego- de aquella jornada. Ejemplos:
  • En julio del 2013 el Superior Tribunal de Justicia de Formosa – la máxima instancia provincial- revocó el sobreseimiento de Félix Díaz que había pedido el CELS junto a la abogada Marina Morales Ríos, ratificando lo dispuesto por la Cámara Primera en lo Criminal. En su escrito, el Superior Tribunal recomendó además la recalificación de Díaz como “instigador” del homicidio del policía, y confirmó el rechazo a que Erma Peteñi, viuda del qom muerto Roberto López, se constituyera como querellante en la causa.
  • Ésas habían sido las últimas cartas que jugó la defensa en la justicia provincial, además de apelar el sobreseimiento de los policías imputados por la presunta autoría del homicidio de López, Gustavo Javier Coronel y Orlando Roberto Paredes. Nada de esto logró tener curso en la justicia formoseña, que ratificó una y otra vez las medidas de la Cámara Primera en lo Criminal, que se han centrado en criminalizar a los qom.

Causas armadas

Sobre la causa que confirma el procesamiento a Félix por “robo de arma”, el abogado Federico Efron dijo a lavaca: “El principal vicio de la causa es que no se ha escuchado a la comunidad y se le ha dado preeminencia a lo que dice la policía, aunque todo esté basado en mentiras. No se escucha a la comunidad, que va con la verdad, con pruebas, con testigos. Eso no le ve nadie, y no les importa”.
El propio Díaz reconoce que el procesamiento no le sorprende, que es lo que esperaba, y que va en la línea con lo que llama “discursos que están dirigidos a mí pero no directamente, que hacen alusiones de que yo soy el que trato de incidir en la violencia en la provincia a través de no acatar las órdenes judiciales y policiales, como forma de justificar el despojo usando la institución judicial”. Para Félix y para el CELS, las causas fueron armadas por el gobierno provincial y plantea su preocupación “porque las instituciones deberían ser independientes”.
En el marco de este procesamiento, la Cámara de Apelaciones, a cargo de Roberto Alberto Sala, revocó una la figura de “resistencia a la autoridad” que caía sobre Félix y cuatro compañeros, lo que habilita una nueva instancia de discusión: “Se lo va a volver a indagar a Félix por el delito de atentado a la autoridad. Ahora se van a disponer nuevas audiencias testimoniales de los policías que nosotros, por suerte, vamos a poder controlar. Luego, deberá resolver nuevamente el juez”, señala el Efron.
En esa causa también hay procesados otros integrantes de la comunidad: a Eugenio Fernández se le imputa el delito de “abuso sexual simple” a una policía. “Es una mentira. Está todo armado”, asegura.
La lectura política de Félix y la comunidad: “Nos quieren encerrar para que no se repita esta decisión política de las comunidades indígenas de defender nuestros territorios”.

El conflicto territorial

La causa que estudia el conflicto territorial está caratulada como “usurpación de tierras”, tiene como procesado a Félix Díaz y está en manos de los mismos magistrados que sostuvieron el procesamiento del qarashe por “robo de armas”.
Así como este revés, a fines del año pasado se concretó un postergado relevamiento de tierras a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno provincial, que dejó afuera 20 hectáreas, justo las del conflicto con los Celía. “Dentro de ese relevamiento nos dejaron afuera, omitieron el lugar donde estamos nosotros, para poder justificar que estamos fuera del reconocimiento oficial tanto de Nación como de Provincia. Eso abre la vía libre para la actuación de la justicia hacia mi persona”, plantea Díaz.
Cercado por distintas instituciones (que incluyen policías, gendarmes, jueces, fiscales, políticos y hasta el INAI) Félix se sincera y dice: “Me siento muy dañado y cansado por la persecución del gobierno nacional y provincial”. Sobre todo, más allá de estas causas que buscan acusarlo, plantea la “ignorancia de nuestra situación social” y enumera: “No nos dan acceso a la salud, y bloquean los proyectos que podrían mejorar nuestra calidad de vida”.
Uno de esos proyectos proponía un programa de cultivos sutentables en la comunidad, desarollado por la Facultad de Agronomía de la UBA: “Pero lastimosamente la Facultad no está aprobando el proyecto porque está a nombre de nuestra comunidad”, denuncia Félix. “Se suma a todo lo demás y eso a mí me preocupa, porque parecería que somos los enemigos”.

Lavaca.

lunes, 2 de junio de 2014

Boudou a declaración indagatoria.

Caso Ciccone: el juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al vicepresidente Amado Boudou 


Convocó además a José María Núñez Carmona, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guillermo Reinwick y Nicolas Ciccone. Amado Boudou deberá concurrir el 15 de julio a las 11


Poder Judicial de la Nación 
USO OFICIAL 

///nos Aires, 29 de mayo de 2014. 
En base al requerimiento del fiscal federal Rívolo de fs 24/26 y del 
dictamen del fiscal federal Di Lello de fs 4925/4931, las medidas probatorias 
realizadas a lo largo de la instrucción han permitido circunscribir el objeto procesal 
en los siguientes términos: 
Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían 
adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras 
Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de 
Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la 
impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición 
de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor 
Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone 
Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma 
pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública. En este sentido, 
Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las 
reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner — Jefe de asesores de la 
AFIP— en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habría 
intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el 
levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para 
contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez 
que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la 
Moneda. 
La maniobra se habría desarrollado de la siguiente manera. 
Para la adquisición de Ciccone se utilizó la empresa The Old Fund 
(TOF). TOF fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un 
negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la Provincia de 
Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y José María Nuñez Carmona—
amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales— junto con 
Alejandro Vandenbroele —conocido de ambos—. Dicha empresa, de objeto amplio 
y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento hasta el momento y contaba 
con una sola empleada. En dicha negociación, Boudou intervino en su carácter de 
Ministro de Economía y en fecha 11 de marzo de 2010 firmó una addenda al 
convenio original entre el Gobierno Nacional y el Gobierno provincial que implicó, 
finalmente, la emisión del título de deuda por $ 312.941.277, 63 y un ingreso para 
TOF de $ 7.667.161, que se cobró el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera 
factura emitida. En ese momento, el Estado habría tenido intenciones de adquirir la 
empresa concursada “Ciccone Calcográfica” para la impresión de papel moneda, 
debido a que la producción de billetes de Casa de la Moneda era insuficiente. A raíz 
de un pedido efectuado por AFIP, el 15 de julio de 2010 el Juzgado Comercial n° 8 
decretó la quiebra de la empresa “Ciccone Calcográfica”. Al día siguiente, la firma 
fue ofrecida por AFIP a Casa de la Moneda para que continúe con la actividad; 
hecho que dio inicio al expediente 39.183/2010. 
Tal circunstancia determinó que los dueños de la empresa —la familia 
Ciccone— buscaran la aprobación de un plan de pagos en la AFIP y así se levantara 
la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, habría 
hablado con Gabriel Bianco quien lo habría conectado con Amado Boudou y Nuñez 
Carmona. 
Boudou y Nuñez Carmona se habrían interesado en el negocio que 
implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma TOF, 
puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba 
integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la 
maniobra se habría materializado con división de funciones: Boudou habría aportado 
su condición de funcionario público y Nuñez Carmona habría realizado, como 
privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el 
Ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y 
que Nuñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, 
asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante 
de la firma TOF. 
En este sentido, para negociar la adquisición de la empresa, Boudou y 
Nuñez Carmona se habrían reunido, al menos, en dos oportunidades con los dueños 
de la firma “Ciccone Calcográfica” (una en Telefe el 29 de julio de 2010 y otra 
posterior en I Fresh Market el 1 de septiembre de 2010). A su vez, Nuñez Carmona 
y Vandenbroele se habrían reunido, al menos, en tres oportunidades (una en Bice, y 
dos en el Hotel Hilton). 
Como conclusión de esas reuniones, el 1 de septiembre de 2010, TOF 
–firma de capitales extranjeros— adquirió la mayoría accionaria de la firma 
“Ciccone Calcográfica”. El acuerdo consistió en la cesión del 70% de la empresa —
incluidos los títulos de créditos de varios acreedores—, a cambio del levantamiento 
de la quiebra, de la aprobación del plan de pagos de la deuda fiscal, de la inyección 
de capitales para recuperar su productividad y del pago de 50.000 dólares mensuales 
a cada uno de los dueños originales por el know how. Poder Judicial de la Nación 
USO OFICIAL 
Una vez que se concretó la operación, se habría puesto en marcha el 
salvataje de la empresa para así lograr el objetivo final de contratar con el Estado 
Nacional para la impresión de billetes. 
En primer término, se habría logrado el aval de la AFIP, lo que 
resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra. En este sentido, el 31 
de agosto de 2010, un día antes de que se adquiriera formalmente “Ciccone 
Calcográfica”, y sólo 45 días después de que se decretara la quiebra solicitada por la 
propia AFIP, el ente regulador cambió su posición y se presentó en el expediente 
manifestando su voluntad de otorgar un plan de facilidades de pago. Asimismo, dos 
semanas después de la venta de “Ciccone Calcográfica”, el 14 de septiembre de 
2010, la AFIP contestó el traslado del juez comercial, y prestó expresa conformidad 
para el levantamiento de la quiebra, condicionado a la presentación de un plan de 
pagos. Sin embargo, dos días después de esa manifestación, el 16 de septiembre de 
2010, la AFIP otorgó apoyo incondicional. Paralelamente, el 3 de septiembre de 
2010, Olga Ciccone aportó ante el juez de la quiebra la conformidad de 
Vandenbroele, como cesionario de los créditos de “Ciccone Calcográfica” y 
representante de TOF, sin informar, Vandenbroele, que TOF no sólo era cesionario 
sino también dueño del 70% de la firma. 
En segundo término, se procedió al depósito del dinero necesario. El 3 
de septiembre de 2010, TOF depositó en el expediente de quiebra la suma de $ 
567.000 pesos en concepto de honorarios impagos a la sindicatura. El 7 de 
septiembre de 2010, Miguel Castellanos, director de la firma London Supply y 
conocido desde la infancia de Nuñez Carmona, Boudou y Vandenbroele, a través de 
su empresa, ordenó la transferencia de $ 1.800.000 pesos a la cuenta del fuero 
comercial. Finalmente, el 14 de octubre de 2010, TOF habría depositado $ 
1.986.753 pesos. Como consecuencia, finalmente, el 24 de septiembre de 2010 se 
levantó la quiebra, circunstancia que se efectivizó el 19 de octubre de 2010. 
En tercer término, para obtener la posesión de la firma — debido a que 
el juez de la quiebra, el 25 de agosto de 2010, otorgó el arrendamiento de la planta a 
la firma Boldt SA, por el término de un año— a fines de octubre de 2010, Nuñez 
Carmona, a través de Lautaro Mauro, se habría reunido con Gabella —director de 
Boldt SA. En esa oportunidad, Nuñez Carmona se habría presentado como 
representante de Boudou, y le habría referido que habían comprado “Ciccone 
Calcográfica”, le habría exigido que abandonaran la planta y le habría dicho que, en 
caso de no hacerlo, Boldt podía tener problemas con la AFIP y en futuras 
contrataciones con el Estado. En diciembre de 2010, Boldt SA recibió una sanción 
de la Secretaría de Comercio, en la que se dispuso el cese de la vigencia del contrato y una multa diaria de $ 15.000 pesos por cada día de demora en el desalojo. En junio 
de 2011, Boldt abandonó la planta. 
En cuarto término, con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea 
contratada por el Estado Nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que 
tramitaba en Casa de la Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la 
producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central. 
Concretamente, el 16 de junio del año 2009 se inició en Casa de la Moneda una 
licitación pública para adquirir el equipamiento integral para la producción de 
billetes, donde se calculó una inversión de $521.723.160, aprobada el 27 de agosto 
de 2009 por la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía. 
Luego de casi un año y medio de avanzado trámite, Amado Boudou, en su calidad 
de Ministro de Economía, habría ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido 
por el Banco Nación para el otorgamiento del crédito necesario para efectivizar la 
compra de los equipos. En este sentido, el 2 de noviembre de 2010, pocos días 
después de que se modificara la composición accionaria de TOF, se corrió vista a la 
Gerencia de Administración y Finanzas de Casa de la Moneda y, al día siguiente, esa 
gerencia informó que no se contaba en el presente o futuro inmediato con los fondos 
suficientes para constituir una carta de crédito por el total de la inversión. 
Finalmente, se dejó sin efecto la licitación y se ordenó desglosar el requerimiento de 
compra. 
En quinto término, y paralelamente, se habría procurado obtener el 
certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Para ello, primero se tramitó 
un plan de pagos ante la AFIP, ilegal por vía administrativa, que incluía la quita de 
intereses, honorarios y multas. En ese marco, el 25 de octubre de 2010, Resnick 
Brenner, Jefe de Asesores de AFIP, realizó un dictamen dirigido al Administrador 
Federal donde consideró, de forma inédita en esa clase de trámites, que era menester 
obtener la opinión del Ministro de Economía, respecto del temperamento que debía 
adoptarse. En virtud de ello, el día 8 de noviembre de 2010, Boudou, en su calidad 
de Ministro de Economía, firmó la nota n° 154 dirigida al Administrador Federal 
donde opinó que, si bien no era de su competencia pronunciarse al respecto, la 
concesión del plan de pagos se correspondía con las políticas generales del gobierno. 
En consecuencia, el 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor 
de la concesión del plan de pagos ilegal, que Ricardo Echegaray rechazó de puño y 
letra, oportunidad en la que afirmó que el plan debía ajustarse a derecho (Resolución 
970). 
En virtud de que Ricardo Echegaray frustró el plan de pagos ilegal, a 
Ciccone Calcográfica no se le otorgó el certificado fiscal para contratar con el Poder Judicial de la Nación 
USO OFICIAL 
Estado. Por ello, durante el año 2011, la firma —que, luego de la adquisición, pasó a 
llamarse Compañía de Valores Sudamericana (CVS) — habría llevado a cabo un 
negocio privado de impresión de boletas electorales con el Frente para la Victoria, 
partido para el que Amado Boudou era candidato a vicepresidente. Ese negocio 
habría sido tercerizado por CVS, ya que la empresa no contaba con las máquinas 
necesarias para hacer la tarea y, además, se habría desarrollado sin la intervención 
del Síndico de la quiebra ni del Gerente de Administración de la empresa, quienes 
habrían desconocido los términos del acuerdo debido a que no existiría un contrato 
escrito. Dicha operación le habría reportado a CVS un ingreso de $ 12.212.953,09. 
Una vez que Boudou fue elegido vicepresidente, el 14 de noviembre de 
2011, CVS, a través de Vandenbroele, solicitó un nuevo plan de pagos ante la AFIP, 
que fue aprobado el 25 de noviembre de 2011 y desembocó en la concesión del 
certificado fiscal para contratar con el Estado, el 13 de diciembre de 2011. Es decir, 
tres días después de que Boudou asumiera como vicepresidente. 
Finalmente, en sexto término, se habría cumplido el objetivo último de 
la maniobra: la contratación con el Estado Nacional para la impresión de billetes de 
curso legal. Así, el 6 de septiembre de 2011, cuando todavía no se habían iniciado 
las gestiones ante la AFIP para la aprobación del segundo plan de pagos y la 
obtención del certificado fiscal, CVS, a través de Vandenbroele se puso a 
disposición de Casa de la Moneda para cubrir impresiones de billetes, lo que dio 
inicio a la reapertura del expediente n° 39.183 que culminó el 16 de abril de 2012 
con la firma del contrato entre CVS y Casa de la Moneda. Se acordó la impresión de 
410.000.000 de billetes, por los que se abonaría el 58,74% del precio neto por millar 
que acepte el Banco Central, según cada denominación de billete, más IVA, y un 
canon locativo sobre la planta. 
En estos términos, teniendo en cuenta el hecho descripto; la prueba 
incorporada a raíz del entrecruzamiento de llamadas; la declaración del ex 
Presidente de Casa de la Moneda a fs 5440/5; las manifestaciones efectuadas por 
Carosso Donatiello a fs 5477/9; que están vigentes los planteos efectuados por la 
defensa en torno a la nulidad de dos declaraciones testimoniales; en cumplimiento 
con la celeridad en la resolución del caso expresamente requerida por los tribunales 
superiores y la solicitud reiterada de la defensa en el mismo sentido; y dado que se 
encuentra reunido el estado de sospecha exigido por el artículo 294 del Código 
Procesal Penal de la Nación, cítese a prestar declaración indagatoria a Amado 
Boudou, José María Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick 
Brenner, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick. En los dos últimos casos, 
reléveselos de juramento prestado oportunamente, debido a que la declaración indagatoria es el acto procesal que mejor asegura el derecho de defensa (artículo 18 
Constitución Nacional). 
Fíjese las audiencias para los días: martes 15 de julio del corriente, a 
las 11:00hs, para Amado Boudou; miércoles 16 de julio del corriente, a las 11:00hs 
para José María Nuñez Carmona; jueves 17 de julio del corriente, a las 9:00hs para 
Rafael Resnick Brenner y a las 11:00hs para Alejandro Vandenbroele; viernes 18 de 
julio del corriente a las 9:00hs para Guillermo Reinwick y a las 11:00hs para Nicolás 
Ciccone. 
Asimismo, cítese a prestar declaración testimonial a: Eduardo Romano 
para el día 18 de junio del corriente a las 10:00hs; Eduardo Taiá, para el día 25 de 
junio del corriente a las 10:00hs. 
Por otro lado, requiérase a las empresas de telefonía celular Claro, 
Personal, Movistar y Nextel que informen si César Guido Forcieri, DNI 27.547.857, 
fue abonado de su compañía en algún momento y el número asignado. 
Notifíquese al Ministerio Público Fiscal y a las defensas. Asimismo 
hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública -acordada nro. 15/2013 de la 
C.S.J.N.- y cúmplase con lo ordenado. 
 
 
 
 
 Ante mi: 
 
 
 
 
 
En se libró cédulas y se cumplió con lo ordenado. Conste. 
 
 
 
En notifiqué al fiscal federal que firmó. Doy fe. 

domingo, 1 de junio de 2014

Dificultades para aplicar el juicio por jurados.

Buenos Aires: Graves dificultades para aplicar el juicio por jurados

Por Red de Jueces Penales de la Pcia. de Bs. As.
 
Red de Jueces de la Provincia de Buenos Aires
 
 
Si bien en la Provincia de Buenos Aires el juicio por jurados es ley vigente desde el 29 de noviembre de 2013 (ley 14.543) y ya comenzaron a elevarse causas a los Tribunales para realizar los juicios, resulta imposible iniciarlos porque no hay listas de electores para sortearno se realizaron las ampliaciones o modificaciones edilicias indispensables (no hay lugares para que 18 personas sesionen aisladas ni estrados adecuados), no se creó la oficina judicialrespectiva lo que no es menor porque tiene a cargo la convocatoria inicial, no se proveyeron los equipos de grabación y no se dispusieron las partidas presupuestarias para los gastos de los jurados.
 
Por el Dr. Pedro Rodríguez
Presidente de la Red de Jueces Penales Bonaerenses

martes, 27 de mayo de 2014

LOS PETROLEROS DE LAS HERAS, LIBRES.

LIBERARON A OÑATE, VIVARES Y ARMOA



(AW) Los trabajadores petroleros detenidos en el mes de febrero, por reclamos a la empresa Bacsa quedaron en libertad por un fallo del juez de recurso Miguel Angel Meyer.
las-heras1
Oñate, Vivares y Armoa recobraron su libertad
 
Según se pudo conocer, a través de un oficio del juez de Recurso, Miguel Ángel Meyer, esta mañana quedaron en libertad los tres petroleros que se encontraban detenidos tras un reclamo en la empresa Bacsa, el pasado mes de febrero.
Martín Oñate, Néstor Vivares y José Armoa fueron detenidos por la policía provincial por directivas del juzgado de instrucción de Las Heras, a cargo de Eduardo Quelín, quien les imputó entre otros delitos, los de coacción agravada y entorpecimiento de las actividades economías y productivas debido al bloqueo que realizaron en la empresa de servicios Bacsa. Esta mañana a través de un oficio del Juez de Recurso quedaron en libertad

Proceso contra militares argentinos en la CIDH.

CorteIDH estudiará caso por supuesta injusticia en proceso contra militares argentinos

Efe 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, realizará este miércoles una audiencia pública acerca de una demanda contra Argentina por la realización de supuestos procesos judiciales injustos contra militares acusados de fraude. 

En la audiencia, los jueces escucharán a un perito ofrecido por los defensores y a otro por parte del Estado, además de los alegatos finales orales de las partes por este caso llamado "Argüelles y otros contra Argentina". 

Esta demanda se relaciona con la supuesta violación del derecho a la libertad personal y al deun juicio justo en los procesos internos realizados entre 1978 y 1980 contra oficiales militares por el delito de fraude militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar (CJM), entonces vigente. 

En total, fueron detenidos 50 oficiales militares que estaban a cargo de fondos de diferentes bases de la Fuerza Aérea Argentina, 20 de los cuales serían las presuntas víctimas del caso, explicó la CorteIDH. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que presenta los casos ante la CorteIDH, afirma que el Estado violó el derecho de las presuntas víctimas a contar con asistencia técnica para su defensa y que permanecieron incomunicadas por un período que excedió lo permitido por el CJM. 
Además, la CIDH señaló que las supuestas víctimas estuvieron en prisión preventiva por un plazo de entre 7 y 8 años, sin que el Estado haya justificado su detención. 

Después de la audiencia, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito a la CorteIDH y a partir de allí los jueces contarán con todos los elementos para emitir un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido. 
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.