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La Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Mario Filozof, Julio Lucini y Rodolfo Pociello Argerich, no hizo lugar este lunes a un recurso de casación
La Sala VI de la Cámara Nacional enlo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Mario Filozof, Julio Lucini y Rodolfo Pociello Argerich, rechazó este lunes un recurso de casación presentado por la defensa de Diego Lagomarsino contra el fallo de ese mismo tribunal que había confirmado la resolución que declaró la competencia del fuero federal en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El magistrado envió copias a Ercolini, Rafecas y Martínez de Giorgi, para que se incorporen a causas que éstos llevan adelante. En su resolución, Casanello señaló parte del relato de Fariña abarca hechos que ya están siendo investigados
El juez Bonadio decretó el procesamiento del ex secretario de Ambiente del kirchnerismo y del rector de la Untref
Otros tiempos. Cristina Kirchner le toma juramento a MussiCrédito: Presidencia
Juan José Mussi fue uno de los viejos barones del Conurbano que estuvo con Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner cuando correspondiera. Le dejó como herencia política la intendencia de Berazategui a su hijo Patricio.
Fue designado por el kirchnerismo como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y por ostentar ese cargo estuvo al frente de la Autoridad Cuenca Riachuelo Matanza (Acumar), el ente tripartito en el que conviven el gobierno nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que tiene la misión de sanear el Riachuelo.
El Acumar fue creado en 2006 y en 2008 fue conminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para acelerar la tarea siempre postergada de la limpieza del Riachuelo.
Cuando el kirchnerismo lanzó la exposición Tecnópolis, la Presidencia invitó a Acumar para que tuviera un stand en la muestra.
El juez Claudio Bonadioinvestigó cómo fue el proceso por el que se contrató empresas para la construcción de los stands de Acumar en Tecnópolis en los años 2012 y 2013. La causa comenzó en 2013 y el año pasado fueron las indagatorias.
En 2012 Acumar contrató los servicios de gestión de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) para que a su vez contratara a los que finalmente diseñaron y construyeron el stand. Acumar pagó 20 millones de pesos por esa obra. Para conseguir ese dinero Mussi aumentó a 104 millones de pesos el presupuesto del área de Fortalecimiento Institucional de Acumar. Lo hizo sin el acuerdo de los otros integrantes del organismo interjurisdiccional. Ni la Provincia de Buenos Aires, que entonces era gobernada por Daniel Scioli, ni la Ciudad de Buenos Aires en la que mandaba Mauricio Macri, aprobaron aquel aumento de presupuesto.
La Untref cobró algo más de un millón de pesos por la administración del otorgamiento de los contratos. La Universidad –que no tiene carreras afines con la construcción como ingeniería o arquitectura- contrató de manera directa a empresas.
Juan José Mussi era el encargado de garantizar la limpieza del Riachuelo.
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Las cuatro empresas que se presentaron para todos los rubros de la construcción fueron las mismas. Y ganaron cada una en un rubro. Se repartieron el negocio. O algo así. Porque varias de ellas tenían algunas personas que se repetían en las diferentes sociedades. Algunas de las empresas tenían domicilio falso. Y una de ellas, KUDI S.A, tenía como objeto social tareas relacionadas con la actividad petrolera y del gas.
En el expediente declararon técnicos de la Auditoría General de la Nación (AGN), Sindicatura General de la Nación (Sigen) y contadores de la Corte Suprema de la Nación, quienes cuestionaron la contratación.
Para el juez Bonadio el armado del "negocio" fue amañado y por eso fueron procesados tanto Mussi como Aníbal Jozami, rector de la Untref.
En el año 2013 hicieron una licitación que ganó KUDI SA, una de las empresas que el año anterior había entrado en el "acuerdo". Ya KUDI S.A había modificado su razón social, para que el asunto no fuera tan desprolijo. Esta vez a esa empresa la contrataron por algo más de cuatro millones de pesos para mantener lo que ya se había construido el año anterior. Pero hubo que hacer dos veces la licitación porque habían puesto como condición que las empresas participantes hubieran tenido una facturación superior a los cinco millones de pesos en los últimos años. Como KUDI S.A no cumplía con ese requisito, barajaron y dieron de nuevo.
Por este contrato con KUDI S.A fue procesado solo Mussi. Tanto el ex secretario de Ambiente del kirchnerismo como el rector de la Universidad de Tres de Febrero fueron procesados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
En varias instancias judiciales fue analizado un documento de la Universidad Nacional de La Plata que certifica que la Presidente se recibió de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios
Copia reducida del acta 710 del folio 237 del libro 74 correspondiente a la inscripción del título de Cristina Fernández de Kirchner
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Copia reducida del acta 710 del folio 237 del libro 74 correspondiente a la inscripción del título de Cristina Fernández de Kirchner
En diferentes expedientes judiciales que tramitaron en los tribunales de Comodoro Py, jueces, fiscales y camaristas llegaron a la misma conclusión: Cristina Fernández de Kirchner es abogada. Se recibió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
En el año 2007 se abrió una investigación judicial a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz y del abogado Fabián Bergenfeld. El expediente lleva el número 14533/20017 y cayó en el juzgado de Norberto Oyarbide. La denuncia se realizó el 2 de octubre de 2007 y el 5 de octubre dos personas viajaron desde la ciudad de La Plata hasta el juzgado del tercer piso de los tribunales federales.
Carátula del expediente que está en la sección correspondiente a la justicia Federal del Archivo General del Poder Judicial
Portada de la causa 14.522/2007 asignada por sorteo de la Cámara Federal al juzgado de Norberto Oyarbide.
Allí se presentaron Hernán Gómez y Julio César Mazzotta. El primero era el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, hoy es el fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Mazzotta, el otro visitante del juzgado, era por entonces prosecretario de Asuntos Jurídicos de la UNLP. Actualmente ocupa el cargo de secretario.
Los dos hombres de la UNLP llegaron con el libro de Actas de Registro de Títulos número 76. Ambos funcionarios de la Universidad aclararon ante Oyarbide que era la primera vez en la historia que uno de esos libros abandonaba la sede de la casa de altos estudios. Ese registro es la "única constancia original de todos los títulos expedidos que están asentados en cada libro". Gómez y Mazzotta explicaron que el título de Cristina Fernández de Kirchner estaba anotado en el libro 76 acta 710 folio 237 y que esa "anotación es la que avala que existe el título, el que se expide una única vez con la fecha allí registrada en el cual consta la firma de quien lo retira".
Acta judicial firmada por los funcionarios de la Universidad de La Plata en el juzgado.
Señalaron también que "la anotación de la expedición del título se asienta en este libro de actas una vez que se completa el trámite interno en la Facultad y en los respectivos ministerios".
Luego de eso, según el acta judicial que firmó Oyarbide, junto a su secretario Carlos Leiva y los dos funcionarios de la UNLP, se sacó una fotocopia certificada del acta. Además dejaron en el juzgado una copia reducida del folio donde está asentado el título de Cristina Fernández de Kirchner. En ese mismo folio, que forma parte del expediente judicial que está en el Archivo Federal y se puede consultar, aparecen los títulos de Elsa Noemí González quien se recibió de farmacéutica y de César Gabriel Di Pascual, que también se graduó como abogado.
Copia reducida del folio 237 del libro 74 donde se inscribieron tres actas de títulos. La 710 corresponde a Cristina Fernández de Kirchner
En el acta 710 a la que accedió Infobae, se lee: "En la fecha, en cumplimiento de la resolución del Señor Presidente de la Universidad recaída con motivo de la nota núm ....de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y que consta en el expediente Código 401 núm. 10400, año 1979 procedí a hacer entrega al señor Cristina Elisabet Fernández. Natural de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, de 26 años de edad, domiciliado en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, calle 25 de mayo núm. 156, de su diploma de abogado. Quien firma esta acta en testimonio de su posterior entrega en la Facultad. La Plata, 10 de diciembre de 1979". Debajo está la firma de Cristina Fernández de Kirchner.
Copia del acta 710 que certifica que Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el título de abogada.
Con esa información sumada al expediente, Oyarbide le dio vista a quien era el fiscal del caso Horacio Comparatore (hoy fallecido). El fiscal, en un dictamen que también firmó su entonces adjunto Patricio Evers, pidió la desestimación de la denuncia por "la contundencia de las pruebas" aportadas por las autoridades de la UNLP. Y Oyarbide desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Se había denunciado a la Presidente por usurpación de títulos y falsificación de documentos públicos.
Los denunciantes plantearon nulidades que fueron analizadas por la Cámara Federal. Germán Moldes, fiscal ante ese tribunal, dictaminó que debían ser rechazadas. Los camaristas federales Eduardo Freiler y Eduardo Farah confirmaron la decisión de Oyarbide. Luego rechazaron un recurso de Casación presentado por Sanz y su abogado.
Los denunciantes ampliaron la denuncia debido a que la UNLP difundió allá por 2007, las fichas donde constan tanto los datos de la graduación de Cristina Fernández de Kirchner como los de la de su esposo Néstor Kirchner. Alegaban que los documentos eran falsos porque los números de folio y acta y del título de Néstor Kirchner (758-253) eran mayores que los de Cristina Fernández de Kirchner quien se había recibido luego del fallecido ex presidente.Pero la diferencia radica en que el libro donde se asentó el título de Néstor Kirchner es el número 64 y el de Cristina Fernández de Kirchner el 76. Néstor Kirchner se recibió en julio de 1976, meses después de comenzada la dictadura, y Cristina Fernández de Kirchner lo hizo el 1 de octubre de 1979.
Fichas de la Universidad de La Plata de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los denunciantes las aportaron a la causa judicial.
Ante la ampliación de la sospecha, en noviembre de 2007 Comparatore planteó que Oyarbide no era competente y que esa nueva denuncia debía investigarse en La Plata. En marzo de 2008 Oyarbide volvió a desestimar la denuncia. Comparatore apeló pero Moldes, su superior, desistió del recurso porque consideró que los hechos eran los mismos. Y ante ese desistimiento la Cámara Federal selló el final del caso.
No obstante eso, se presentaron otras denuncias similares. Una de ellas, realizada en 2010, cayó en el juzgado de Sergio Torres y lleva el número 1941/2010. La denuncia, una vez que se certificó la documentación del expediente a cargo de Oyarbide, fue desestimada. En 2013 otro denunciante insistió con el asunto. El caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo y lleva el número 915/2013. El juez pidió la causa que había cerrado Oyarbide y luego de la lectura de la documentación fue desestimada. En ambos casos intervinieron dos fiscales federales que pidieron la desestimación de las denuncias.
La feria judicial llegó a su fin y los jueces comenzarán a encargarse de las causas en las que están implicados los funcionarios. Por su parte, se espera que la ex mandataria sea procesada en unos meses
Culminada la feria judicial, el juez federal Claudio Bonadío pediría la declaración indagatoria a Aníbal Fernández por la causa FIFA, por la que ya se encuentra detenido José Luis Meiszner, ex presidente de Quilmes y socio de varios negocios del ex jefe de gabinete, entre ellos el que respecta a Fútbol Para Todos. En este caso, Fernández y Julio Grondona están involucrados junto con Meiszner por las declaraciones de Burzaco “el malo”, hermano del Secretario de Seguridad, más conocido como “el bueno”.
Lo
La juez federal María Servini de Cubría, recibe las causas del triple crimen de General Rodríguez sumada a la de efedrina, es probable que comience desde lo más bajo con los hermanos Zacarías a lo más alto del poder, aunque aún no lo haría contra Aníbal Fernández, según indicó el portal “Informador Público”.
Por su parte, el juez Ariel Lijo dictaría la prisión preventiva del ex vicepresidente Amado Boudou por peligro de fuga y otro magistrado haría lo mismo con Ricardo Jaime.
Aunque la Ley del Arrepentido no se aprobó, Ricardo Echegaray, jefe de la Auditoría General de la Nación, estaría brindando información sobre los tres personajes citados anteriormente como así también de la situación impositiva de Cristina Fernández.
En lo que respecta a la ex presidente, el juez Rafecas quiere mandar la causa a Santa Cruz, aunque los los camaristas Jorge Ballesteros, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, temen la reacción de la opinión pública si toman esa decisión. La idea sería procesarla dentro de unos meses y que quede en libertad pero embargarle los hoteles de su provincia en la investigación de lavado de dinero que se le sigue en varios juzgados federales.
También se aguarda las sanciones de las leyes del Arrepentido y la de Extinción de dominio, pero la situación de la ex mandataria marcharía lenta y se espera su evolución política.
Rechazaron apelaciones de los condenados por el crimen de Ferreyra
Lo decidió la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó recursos extraordinarios de las defensas. Los abogados podrán llegar igualmente a la Corte Suprema, pero deberán presentar un recurso de queja. Mariano Ferreyra fue asesinado a balazos el 20 de octubre de 2010.
Foto: Infojus Noticias.
Foto: Infojus Noticias.
Foto: Infojus Noticias.
La sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de las defensas, entre ellas la del sindicalista José Pedraza, presentaron contra el fallo del tribunal que, meses atrás, los condenó a prisión por el homicidio del joven Mariano Ferreyra. Las defensas de los condenados podrán llegar igualmente al máximo tribunal del país, pero deberán presentar un recurso de queja.
El fallo de la Sala III fue firmado hoy por los jueces Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Liliana Catucci, y rechazó las apelaciones presentadas por las defensas del ex titular de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza, su segundo Juan Carlos “Gallego” Fernández, los autores materiales Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez; el delegado ferroviario, Pablo Díaz; y Jorge González, Francisco Pipitó, Luis Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti.
Todos ellos están condenados por la muerte a balazos del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010, cuando participaba de una marcha de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca que reclamaban el pase a planta permanente.
Las defensas habían cuestionado la sentencia de la Sala III dictada el 10 de setiembre último que confirmó (y agravó en caso de los policía Mansilla y Ferreyra) las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal veintiuno (TOC 21). Al confirmar la sentencia, la casación condenó a Pedraza -como instigador del crimen que terminó con la cúpula de la UF en la cárcel- y a Fernández, a 15 años de prisión como instigador y partícipe necesario, respectivamente. Díaz, Sánchez y Favale -este sin pertenencia a la UF- recibieron 18 años de prisión.
Pipitó recibió una condena de once años, igual que González y el delegado Claudio Alcorcel, 8 años. Entre tanto el comisario Mansilla recibió 10 años de prisión al igual que el comisario Ferreyra; Lompizano y los efectivos de la policía Echavarría y Conti, a 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios público. Además, Casación confirmó las absoluciones de los ferroviarios Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño y Rolando Garay.
La causa vuelve al tribunal
Con la decisión de desestimar los planteos, ordenaron devolver la causa al TOC 21 donde se deberá decidir sobre la libertad de quienes aún permanecen en esa condición. Los jueces no hicieron lugar a los planteos argumentando que “las defensas no han logrado demostrar con éxito las causales de arbitrariedad invocadas para autorizar la habilitación de la vía extraordinaria”.
“Los recurrentes sólo realizaron una invocación genérica de garantías que a su juicio han sido vulneradas, pero no determinaron en el caso concreto cómo se habrían operado esas violaciones ni demostraron concretamente cómo lo resuelto ocasionaría la lesión efectiva de la defensa en juicio y el debido proceso”, dice la sentencia
Las defensas de todos los condenados aún podrán llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sean revisadas las sentencias aunque deberán hacerlo mediante la presentación de un recurso de queja ante el máximo tribunal.
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