Asociación Civil Contra la Violencia Institucional. Nihil Novo sub Sole.

La decisión de la jueza federal Arroyo Salgado de indagar al fiscal general de San Isidro Novo, la del jurado de enjuiciamiento de abrir su juicio político y la de la Suprema Corte de Justicia de desplazar a la procuradora general Falbo y conceder el respaldo que había pedido el fiscal provincial Angelini sugieren que por primera vez las instituciones han decidido ocuparse de las redes de ilegalidad que desde la política, las fuerzas de seguridad y la justicia protegen a los más graves delitos.

Luego de muchos años de impunidad todas las furias se han desatado sobre el fiscal general Julio Novo, del departamento judicial bonaerense de San Isidro: el jurado de enjuiciamiento provincial resolvió abrir el procedimiento de su juicio político; la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Delgado lo citó a prestar declaración indagatoria por encubrimiento de narcotráfico y la Suprema Corte Bonaerense desplazó del caso a la Procuradora General María del Carmen Falbo, que lo protegía, y aceptó todos los pedidos del fiscal de primera instancia Luis María Angelini, que Novo y Falbo le negaban. Todo esto es consecuencia de investigaciones y denuncias iniciadas en 2009 por diversos fiscales que dependían de Novo y detectaron su comportamiento ilegal, por el diputado provincial Marcelo Sain y por el fiscal federal de la misma localidad Fernando Domínguez, y deja en evidencia la relación promiscua entre intendentes y fiscales bonaerenses. Esto no se soluciona saturando la provincia de policías, como cree el gobernador Daniel Scioli; desfederalizando los delitos de narcomenudeo, como ya hizo la provincia de Buenos Aires y la semana pasada reclamaron varias otras provincias durante la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, ni militarizando las fronteras y las villas, según la temeraria propuesta del diputado Sergio Massa, quien llega a postular la pena de muerte sin juicio previo por la mera sospecha de participación en ese delito. La única respuesta viable es desmantelar esa apretada red de ilegalidad que incluye a delincuentes con o sin chapa, policiales, judiciales y políticos, sin la cual esos graves delitos no serían posibles.

El rol de la Corte

Quienes resolvieron iniciar el juicio político a Novo fueron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Hitters, el diputado del Frente Amplio Progresista Abel Buil, los senadores Nidia Moirano, del macrismo, y Jorge Ruesga del Frente para la Victoria. Se opusieron el diputado nacional Marcelo Longin D’alessandro, del Frente Renovador, y dos abogados de la matrícula. La decisión impacta en la Procuradora General María del Carmen Falbo, quien podría terminar imputada junto con Novo. La utilización del caso Novo en la campaña electoral es inevitable y hasta cierto punto sería legítima siempre que no se forzaran los hechos a cambio de un título escandaloso en los medios del Equipo de Demolición y Enchastres del Grupo Clarín, EDEN, y su socio La Nación. Los datos de la realidad son contundentes y están documentados desde hace no menos de seis años.

Es una ironía de la historia que la investigación que podría derrumbar este funcionamiento mafioso del Ministerio Público Bonarense y los señoríos municipales del Gran Buenos Aires y La Plata haya quedado a cargo del ahora fiscal federal Domínguez. En 2006 Domínguez era fiscal general adjunto provincial en San Martín, cuando consiguió la fugaz detención y procesamiento del intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, denunciado por una empresa pavimentadora. Cariglino consiguió que el fiscal de Quilmes Luís Antonio Armella, ahijado de Falbo, iniciara una investigación paralela a la de San Martín, de modo que quienes terminaron detenidos fueron los denunciantes. Falbo apercibió al fiscal Domínguez y lo desplazó a una fiscalía que investiga accidentes de tránsito, donde no pudiera cruzarse con un intendente o un concejal, mientras su protegido Armella era ascendido a juez federal. Cariglino fue elegido por Falbo para iniciar un plan piloto: Malvinas Argentinas se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías descentralizadas, pagar los impuestos y las tasas y proveer el servicio de limpieza. Este modelo se generalizó a toda la provincia, con la dependencia económica y funcional de los intendentes, que deciden qué insumos brindan, si atienden las necesidades edilicias, aportan o restan empleados. Además, la ley permite al Fiscal General poner y quitar fiscales a discreción, lo cual propicia el intercambio de favores entre los intendentes, la Procuradora provincial y los fiscales comunales, de cuya actuación política no hay mejor ejemplo que Novo y su persecución contra Angelini para que no pudiera investigar el crimen de Unicenter. La descentralización tal como se aplicó en vez de acercar la justicia a la sociedad ha municipalizado el ministerio público y se ha convertido en fuente de impunidad y negocios espurios de sectores políticos, grandes empresas zonales, policías y penitenciarios. En toda la provincia rige un sistema eficaz por el cual tampoco existen más investigaciones sobre el manejo de los dineros públicos, el financiamiento de las campañas, el sistema de contrataciones de obra pública y las distintas formas de violencia institucional. Pero no todo quedaría así para siempre. En 2012 Armella se hundió en las turbias aguas del Riachuelo y la Corte Suprema nacional lo separó de la causa por su saneamiento, aunque recién ahora la Comisión de Juicio Político del Consejo de la Magistratura nacional decidió acusarlo porque las obras eran encomendadas a empresas vinculadas con sus familiares. Aún así no están seguros los votos de los representantes de la UCR necesarios para alcanzar los 2/3 en el plenario. Por su parte Domínguez concursó para un cargo en el Ministerio Público de la Nación y en 2013 fue designado fiscal federal de San Isidro con las mejores calificaciones. Entre otras causas, le tocó la denuncia de Angelini contra Novo. Pura justicia poética.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense que la semana pasada aceptó abrir el procedimiento contra Novo no fijó fecha para su comienzo y aun deben darse una serie de pasos procesales. En cambio la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, anunció el cronograma para tomar las indagatorias. Novo deberá defenderse de los cargos y las pruebas aportadas por Domínguez recién el 12 de noviembre, una vez realizada la elección presidencial del 25 de octubre. Antes que él deberán sentarse ante Arroyo los adjuntos de Novo, Rodrigo Caro (el 27 de octubre) y Eduardo Vaiani (el 29), y las secretarias de su fiscalía Mariana Busse (3 de noviembre) y Melisa Fernanda Rey (5 de noviembre). Novo había conseguido que Falbo enviara el pliego para la designación como fiscal de Melisa Fernanda Rey. Cuando el vicegobernador Gabriel Mariotto se opuso a tratarlo, el Frente Renovador amenazó con parar todas las designaciones. Pero esto fue antes del éxodo, cuando tenía número para ello. Debido al llamado a indagatoria, la Asociación Judicial Bonaerense de San Isidro pidió a la Suprema Corte que licencie a Novo, sus adjuntos y sus secretarias.

La Tía Pochi

Luego de la nota “La puerta giratoria”, publicada aquí sobre el caso en enero, la Suprema Corte se avocó al tema (Resolución 1/15) y solicitó que la Procuradora explicara su proceder. Como las respuestas de Falbo fueron insastisfactorias, la Corte firmó la resolución 1947/15 que puso en debate su actuación y la de Novo y ordenó que su Subsecretaría de Control de Gestión estudiara las denuncias de Angelini contra Novo. Los inspectores de la Corte corroboraron la carga laboral excesiva y la falta de medios humanos y materiales necesarios para causas que exigen máximo apoyo y, sobre la base de ese informe, la Suprema Corte desplazó a Falbo del expediente y puso a disposición del fiscal Angelini dos oficinas con los empleados y la tecnología adecuados para continuar la investigación. Esta especie de per saltum mide la gravedad institucional de la situación y la delicada situación de Falbo.

El fiscal federal Domínguez determinó que la abogada defensora y la cuñada y socia de Gustavo Adolfo Juliá son próximas colaboradoras de Novo, en cargos de alta responsabilidad. Además, la secretaria privada y pareja del fiscal Novo estaba en contacto con el defensor de uno de los sicarios que intervinieron en el crimen de Unicenter y con la madre de ese abogado. El homicidio de los colombianos Héctor Edinson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gartner en ese centro comercial se produjo el 24 de julio de 2008. Ese día se presentó en Unicenter acompañado por un grupo de policías otro de los colaboradores de Novo, Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas, “sin ningún motivo claro que justificase su presencia en el lugar”.

La causa por ese homicidio se acumuló a la iniciada por la denuncia de Angelini contra Novo. En la resolución del 30 de diciembre por la que dispuso el allanamiento de tres sedes de la fiscalía general, el penúltimo día del año pasado, Arroyo Salgado citó en forma textual un tramo impactante del dictamen del fiscal Domínguez en el que señala que la secretaria de la fiscalía Mariana Busse es la esposa del defensor de Gustavo Adolfo Juliá, el abogado Carlos Alberto Broitman.

A ambos lados del mostrador

Mariana Busse es algo más que eso: ella misma actuó como codefensora de Juliá. Fue secretaria de la fiscalía de Novo entre febrero de 2005 y junio de 2008, cuando renunció para actuar como abogada de Juliá y, en 2011, después de la detención de su cliente en España con casi una tonelada de cocaína, volvió a la fiscalía, esta vez como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando, donde su actividad principal fue monitorear al fiscal Angelini y obstruir su tarea. A propuesta de Novo, ya había otro funcionario designado para cubrir esa secretaría pero cuando los Juliá cayeron en Barcelona, el 13 de mayo de 2011, Novo pidió a la Procuración que anulara ese nombramiento y en su lugar recomendó a la abogada de Juliá. Esa noche, a la hora de la cena, se produjo una conversación de 25 minutos entre el teléfono de Novo y el de la casa de Falbo. El llamado fue devuelto desde el conmutador de la Procuración General un día antes de que Falbo firmara la designación pedida. Esta vez la comunicación apenas duró un minuto, tiempo suficiente para informar que Falbo aceptaba el cambio y, tal como solicitaba Novo, designaría a Mariana Busse. Mientras trabajaba en la fiscalía, Busse viajó varias veces a Barcelona para interesarse en la situación de Juliá, presentando certificados médicos apócrifos con los cuales Novo le concedía licencias. Busse ejercía “la representación y articulación del interés privado dentro del organismo público de persecución penal”, dice Domínguez. El fiscal probó que mientras fue defensora de Juliá, Busse mantuvo numerosas comunicaciones telefónicas con Novo y sus adjuntos, pero no a los teléfonos conocidos que utilizaban, sino a números de una fiscalía de menores, que dieron intempestivamente de baja a fines de 2013 cuando avanzaban las investigaciones. La compañía telefónica Movistar también ocultó muchas llamadas que interesaban a la investigación, de lo que deberá rendir cuentas.

En su resolución de hace dos semanas, Arroyo Salgado le indicó a Domínguez que las preguntara a Falbo por el contenido de la comunicación que ella o sus colabores de la Procuración General “pudo haber mantenido con Novo o cualquiera del resto de los imputados entre mayo y junio de 2011, circunstanciando los motivos por los cuales fue Busse y no otro funcionario el designado”. Busse pidió a Novo licencia por su matrimonio con Broitman, quien también era conocido como defensor del prófugo en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, Ibar Esteban Pérez Corradi; de Manuel Kleiman, condenado en la causa Merluza Blanca; de los colombianos Meyendorff, Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, y Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, procesado como integrante y posible cabecilla de “una organización vinculada a la obtención, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes”. Al festejo de la boda asistieron varios funcionarios de la fiscalía de Novo que declararon contra Angelini en los distintos sumarios administrativos que le iniciaron para producir su remoción de la causa que insistía en investigar.

En los procedimientos contra la banda que integraba el colombiano Sánchez Gálvez y que invertía el dinero del narcotráfico en fideicomisos edilicios “se secuestró una carta en la que se menciona que el alcalde de Tigre habría alertado sobre la producción de unos allanamientos y a su vez habría mandado a investigar los motivos de los mismos a un fiscal prestigioso”. Agrega el fiscal Domínguez que “casualmente” en la causa “se verifican casi cien comunicaciones entre el imputado Novo y Federico Galmarini y Malena Galmarini”. La airada respuesta de la familia Galmarini fue que pidieran también el cruce de las llamadas de Novo con otros alcaldes del corredor norte, como Jorge Macrì y Gustavo Posse.

Melisa Fernanda Rey actuaba como secretaria privada de Novo, pero además viajaban juntos al exterior, incluso en cruceros, de lo que el fiscal Fernando Domínguez infiere que no sólo había entre ellos una relación laboral. Según Domínguez la acción de Novo y sus colaboradores intentó “ocultar la red de narcotráfico que subyacía a los crímenes” y la participación en ellos de Juliá, de Carlos Gustavo Luaces y de Madero Office Center SRL, empresa relacionada tanto con el triple crimen de General Rodríguez como con la causa Granero por el tráfico ilegal de efedrina. A partir de la designación de Mariana Busse, “toda la información, llamados telefónicos, efectos, testigos, etc. relacionados con la causa que tenía como imputados entre otros a Gustavo Adolfo Juliá y Carlos Gustavo Luaces pasaron a ser monitoreadas directamente por la pareja [y ahora esposa] del abogado defensor de estos dos sujetos”.

Madero Office Center

El primer fiscal de la causa Unicenter, Diego Grau, sindicó como autores a Víctor Hugo Ovejero Olmedo, Jorge Daniel Moreyra y Mario Martín López Magallanes. Ovejero propuso como defensor al abogado Gustavo Manuel González y Moreyra y López Magallanes al hermano de aquel, Rodrigo Leandro González. El fiscal Grau los rechazó porque ambos abogados González “mantenían con sus asistidos una relación que excedía el marco profesional según dan cuenta las transcripciones de las intervenciones telefónicas”. La secretaria Melisa Fernanda Rey mantuvo “reiteradas comunicaciones telefónicas” con el número del abogado Gustavo Manuel González pero también con el teléfono de la madre del abogado. López Magallanes “se encuentra ligado al triple crimen de General Rodríguez en tanto dueño de la firma Unifarma SA –su abogado es Rodrigo González– e Ibar Esteban Pérez Corradi –cuyo abogado es Carlos A. Broitman– se encuentra prófugo con pedido de captura”, agrega el fiscal Fernando Domínguez. Pese a la objeción de Grau, el mismo juez Esteban Rossignoli que rechazó el allanamiento de Federal Aviation solicitado por Angelini decidió aceptar a los abogados González como defensores. El tercer piloto que acompañó a los Juliá en su último viaje a España fue Matías Miret, a quien la Justicia catalana absolvió. Hasta esa decisión estuvo detenido junto con Ovejero Olmedo, a quien le escuchó decir que participó con Moreyra y López Magallanes en los crímenes de Unicenter. Ovejero Olmedo, declaró Miret, le dijo que había robado joyas y relojes en España, que Juliá y Luaces vendían en la Argentina, pero que no le pagaron su parte. Dada esta vinculación, sigue el fiscal Fernando Domínguez, si la investigación de Unicenter avanzaba sobre Ovejero Olmedo y Moreyra “era sólo cuestión de tiempo establecer –como a la postre lo hicieron los fiscales Grau y Angelini– la consecuente participación que tuvieron Gustavo Adolfo Juliá, Carlos Gustavo Luaces y –quizás el punto neurálgico o más significativo de todo– los responsables de Madero Office Center SRL, gerenciadora de una red de narcotráfico en la Argentina”.

Entre los teléfonos que Novo compartía con Melisa Fernanda Rey y los del abogado Gustavo Manuel González y los de su madre, se verificaron no menos de 60 comunicaciones; las primeras ocurrieron tres semanas antes de los allanamientos a los domicilios de Ovejero Olmedo y Moreyra, de los que la fiscalía estaba al tanto. Los contactos telefónicos posteriores coincidieron con momentos significativos de las causas de Juliá y Luaces y de la actividad procesal del abogado González. En octubre de 2010, Angelini solicitó el allanamiento del estudio de los González, con un resultado paradójico: ellos se enteraron, pero el allanamiento no fue aceptado por el juez. Angelini pidió al mismo tiempo la declaración testimonial del ciudadano colombiano Julián Andrés Jiménez Jaramillo, quien conducía el auto de Duque Ceballos y Quinteros Gartner cuando los mataron, y que resultó ileso. El abuelo de Jiménez Jaramillo, a quien se menciona como “Don Jaramillo” era “uno de los líderes del cartel del Norte del Valle y para el que traficaba drogas Juliá”, sostiene el fiscal Fernando Domínguez. Su hipótesis es que Jiménez Jaramillo fue el entregador de quienes lo acompañaban en el auto, ultimados “presuntamente por encargo de Gustavo Adolfo Juliá y Carlos Gustavo Luaces”. En una estructura vertical como la del Ministerio Público, Angelini le habia pedido a Falbo que lo quitara de la órbita de Novo y le permitiera designar un secretario de su confianza, pero Falbo se negó y lo citó a La Plata que ¡dialogara con Novo y sus adjuntos! También ratificó que la designación de funcionarios era facultad del Fiscal de Cámaras. Al avocarse, la Suprema Corte concedió a Angelini la designación de funcionarios de su confianza y dispuso que sólo se ocupara de la causa de Unicenter y la del homicidio de San Fernando, en sonora desautorización a Falbo, que permite entrever su propio juicio político. Desmantelar la red de protección institucional es el primer paso imprescindible para enfrentar el fenómeno sobre el que es mucho más fácil reiterar consignas tan estrepitosas como ineficaces.