Aunque no de manera formal, una nueva denuncia sacude el de por sí agitado presente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que conduce Sara Derotier de Cobacho. Se trata de un grupo de promotores del área que denuncian haber sido despedidos a fines de 2009 de manera “irregular”, porque nunca recibieron el telegrama de despido y hasta incluso sospechan que sus sueldos podrían seguir siendo cobrados por otros. Los cuestionamientos alcanzan a la titular de la cartera y al subsecretario del área, Fernando Cano. Los promotores territoriales de la secretaría son trabajadores sociales que hacen trabajo de campo en los barrios. El 20 de diciembre de 2009, en vísperas de una reunión para planificar las actividades del año siguiente, un grupo recibió la noticia de que no debían presentarse porque el decreto que oficializaría su continuidad estaba “caído” y que, por lo tanto, “quedaban sin trabajo”. Entre esos 26 promotores está Liliana Enrique Galván, que brindó su testimonio aNOVA. Hija de desaparecidos, la mujer ingresó a la Secretaría de DD.HH el 1° de agosto de 2008, y trabajó sin vacaciones hasta el diciembre fatídico de 2009, cuando le informaron sobre la “caída” del decreto. “Lo llamativo -explica hoy- es que yo tengo la credencial que confirma que yo prestaría servicios hasta el 30 de diciembre de 2009, y el llamado fue el 20”. A partir de ese momento comenzó un extenso raid de entrevistas, trámites, averiguaciones, solicitudes de audiencia ignoradas y la acusación por amenazas al subsecretario Fernando Cano. Su situación laboral sigue igual, porque aún no recibió su telegrama de despido y tampoco conoce el destino de sus sueldos de dos años. La mujer aclara que “la mayoría de los que sufrimos esto no quieren hablar, por miedo. Hay mucho temor en la Secretaría”. Los trabajadores del área apuntan al subsecretario Fernando Cano, el marido de la nieta de Cobacho, Amanda Danielis. Debido al delicado estado de salud de la titular del área, Cano es quien se ocupa de la mayoría de los asuntos del organismo.
La respuesta de Cobacho Aquel diciembre de 2009, después de recibir la noticia, Liliana E. Galván fue a hablar junto a una compañera con la propia Sara Derotier de Cobacho. Según contó, la titular del área les dijo que “no nos hiciéramos problema, que los decretos caían todos los años, que íbamos a cobrar y en marzo de 2010 íbamos a ser reintegradas”. “En enero cobramos, pero en febrero ya no cobramos un centavo ni tampoco nos llamaron”, aclaró. En marzo, en una nueva reunión, Cobacho les explicó que había “problemas con la Gobernación” y que tenían que “entender”. En ATE les tomaron la denuncia pero les pidieron el telegrama de despido. Después fueron al IPS, donde les solicitaron la certificación del empleador para ver sus aportes jubilatorios. Sin embargo, de vuelta en el instituto, papeles en mano, Liliana E. Galván y su compañera se encontraron con que no les quisieron dar información respecto de sus aportes. “Nunca recibimos una carta de despido, y ahí empecé con los telegramas, aunque nunca nadie me respondió nada”, reconstruye hoy la mujer. Precisamente en uno de esos telegramas Liliana Enrique Galván advirtió sobre las amenazas que sufrió por parte de Fernando Cano: “Me llamó para pedirme que me dejara de joder, y me dijo: ‘¿No tenés miedo que te pase algo, con lo que le pasó a tu papá? Podés terminar en una zanja’”. Su padre fue secuestrado por la dictadura y permaneció desaparecido hasta el año 2009, cuando sus restos fueron depositados en el cementerio de Avellaneda. “Como hija de desaparecidos, me repugna que Cano esté ahí”, afirma la mujer, pero aclara que “si (el gobernador, Daniel) Scioli tiene ganas de dejar esa gente sabiendo cómo son, es su problema. Yo estoy peleando por mis derechos”.
Destino incierto El caso se agravó cuando Enrique Galván comenzó a sospechar que su sueldo pudo haber estado todo ese tiempo en otras manos, pese a que hoy “no pueda afirmarlo”. En agosto de 2010, transcurridos unos meses de su despido irregular, su deuda con el Banco Provincia -que le descontaba la tarjeta de crédito de su salario-, ascendía a nueve mil pesos. Sin embargo, “de la noche a la mañana, me llegó un resumen que decía que sólo debía 272 pesos -relató-. Hablé con el banco y me dijeron que habían cobrado la deuda de la cuenta de mi sueldo”. Con la tarjeta de cobro, Liliana E. Galván comprobó que la cuenta todavía existía, aunque su número de clave para ingresar era “incorrecto”. Ahí crecieron las sospechas. La mujer ya le pidió dos audiencias al gobernador Daniel Scioli, aunque nadie le respondió. “A mí nunca me llegó la carta de despido, y todavía figuro que trabajo para el gobierno de la Provincia -enfatizó-. Necesitó regularizar mi situación”. En su último telegrama, enviado el 19 de diciembre -y al que tuvo acceso NOVA-, Liliana E. Galván intimó a la Provincia para que “en un plazo de 48 horas aclare mi situación laboral, atento que desde el 1º de agosto de 2008 revisto como personal de la administración pública de la provincia de Buenos Aires en la Secretaría de Derechos Humanos”. “Asimismo –sigue el texto-, y en los términos y los alcances de la ley mencionada notifico que mi fuerza de trabajo se encuentra a plena disposición de la Secretaría y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no habiéndose dispuesto disponibilidad, cese ni reubicación por ninguna de las causales previstas”. La mujer sostiene que “por lo expuesto, y no otorgándome ninguna función desde el mes de diciembre de 2009, habiendo percibido mi última remuneración correspondiente a dicho mes y año; y no habiéndose dictado el cese de la relación laboral, intimo para que en un plazo de 48 horas se me abonen los salarios del período comprendido entre el mes de enero de 2010 y el mes de diciembre de 2011”. Todo eso, solicita Enrique Galván, “bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales ante el fuero que corresponda, y todo ello sin perjuicio de reclamar por los daños y perjuicios ocasionados debido a que en los registros públicos me encuentro de revista en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, hecho que me impide formalizar otra relación laboral bajo relación de dependencia”. Por último, la mujer pidió que se le informe “detalladamente” el destino de sus salarios “devengados entre el 01/01/2010 y el 01/08/2010”. Caso contrario, señaló, y a fin de poner “a buen resguardo” sus “derechos”, Liliana E. Galván radicará una denuncia penal por “la posible comisión de delitos de la acción pública”. | 
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