Los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo, integrantes del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenaron este viernes a trece represores a cumplir penas de entre tres años y prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas e imposición de tormentos agravados en perjuicio de 69 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata,Prefectura Naval Argentina y Escuela de Infantería de Marina.

Sin embargo, el TOF no resolvió el pedido de revocatoria

 de las prisiones domiciliarias que habían realizado las querellas.

Además, los Magistrados ordenaron a la Justicia de primera instancia que investigue la

 posible responsabilidad o participación de civiles -funcionarios judiciales y policiales,

 por ejemplo- en la comisión de delitos de lesa humanidad.

Del total, siete exmilitares estarán presos de por vida: se trata de Mario José Osvaldo Forbice,Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Rafael Alberto Guiñazú, 

José Omar Lodigiani,Roberto Luis Pertusio y Raúl Alberto Marino, que fue condenado

 por primera vez.  

También fueron sentenciados Justo Alberto Ignacio Ortíz (25 años); Julio César Fulgencio Falcke(14 años), Mario Ángel Racedo (12 años), Juan Eduardo Mosqueda (14 años), 

Ariel Macedonio Silva (10 años) y Juan Carlos Guyot (3 años en suspenso). 

En este caso también estaba acusado Aldo Carlos Máspero, pero fue apartado por 

cuestiones de salud y, durante la instrucción, fallecieron el exmarino Juan Carlos Malugani y

 el el exjefe de la Subzona XV del Ejército, Pedro Barda.

La lectura de la sentencia comenzó 45 minutos después de la hora anunciada y fue seguida

 por los organismos de derechos humanos a través de una pantalla colocada afuera del Tribunal.

 Dentro del recinto se encontraban las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y familiares de

 detenidos y desaparecidos.

“Sentimos un poco de paz”

El fallo generó reacciones diversas pero no sorprendió a nadie. Inclusive, desde temprano, 

algunos ya hablaban de recurrir a instancias judiciales superiores. “Nosotros conocemos 

la posición política e ideológica de estos jueces y después de la absolución de Duret, no 

esperábamos que avanzaran mucho más. Han dado una condena a perpetua a uno que ya

 estaba condenado y el resto fueron condenas leves”, evaluó en diálogo con 0223, Carlos Díaz, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Oeste de la provincia de Buenos Aires. Y anticipó que “ahora queda un arduo trabajo en Casación”   

Por su parte, la doctora Gloria León, representante de la Secretaría de Derechos Humanos 

de la Nación, una de las querellantes, se mostró emocionada al salir del TOF. “Estas

 circunstancias siempre son ambivalentes porque otras vez sale el dolor a flor de piel por

 el tiempo transcurrido y por los compañeros que no están, mientras los represores siguen

 sin decir nada. Por otro lado, tenemos satisfacción y un poco de paz al ver que este 

estado de derecho está juzgando al estado terrorista”, destacó. 

“Es un muy buen fallo”

En tanto, el doctor César Sivo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos, dijo estar “muy conforme con el fallo” ya que “las condenas se ajustan a lo que 

habíamos pedido o si están por debajo, es por poca diferencia”. “Desde el momento en el que

 todos se van condenados podemos sentirnos satisfechos porque la Justicia, aunque tardó, llegó”, aseveró en declaraciones a este medio.

A su vez, consideró “muy positivo” el hecho de que los Jueces hayan ordenado “formar causas 

contra los policías y los jueces” que pudieron haber intervenido durante la represión. También

 resaltó la decisión del Tribunal de “dar copias de los principales testimonios de la causa a la

 Fiscalía para que abra nuevas causas criminales”.

“En general, es una sentencia que cubre todos los aspectos que las partes acusadoras

 veníamos a buscar a este juicio: la acreditación del campo de concentración y de los 

subcentros clandestinos de detención; la acreditación de la participación de Prefectura

 y de la Inteligencia en la represión. Pudimos  ver toda la trama y, aunque no tuvimos a todos

 los actores presentes, los que estuvieron se fueron condenados”, definió.

Reparación histórica

Por último, la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilce Moler, reflexionó que “para quienes venimos desde hace años bregando por Justicia en distintos lugares del país y en Mar del Plata particularmente, esto es una reparación histórica”. 

“Las denuncias de los familiares o de las propias víctimas llegaron y ahora ya no lo decimos nosotros, son los jueces los que decidieron que deben estar todos los represores condenados. Aparte, con la decisión de que se empiecen a investigar las complicidades civiles, de a poco irá saliendo a la luz la trama de la otra Mar del Plata, en donde queda claro que se trató de una dictadura cívico – militar”, concluyó.

Fuente 0223.com.ar

En el juicio por la represión ilegal en la Base Naval II de Mar del Plata fueron condenados oficiales del Ejército, la Marina y la Prefectura. El tribunal abrió el camino para que se investiguen las complicidades civiles.

ARGENTINA
EL GENERAL ARRILLAGA Y EL ALMIRANTE PERTUSIO, DOS DE LOS TRECE CONDENADOS POR LA REPRESION EN MAR DEL PLATA

Siete sentencias a prisión perpetua

El capítulo marplatense de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado emitió sentencia sobre trece genocidas imputados. Siete de ellos fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en el marco del denominado juicio ?Base Naval II?. Se trata del general retirado Alfredo Manuel Arrillaga, los marinos retirados Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice. La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo, que integran el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata, quienes coincidieron con el pedido del fiscal y de los particulares damnificados en esos siete casos. También hubo un párrafo para que sean investigados los cómplices civiles.

Los represores condenados fueron investigados por homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de 69 perseguidos políticos, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina y Escuela de Infantería de Marina (ESIM). En tanto, los marinos Justo Alberto Ignacio Ortiz, Julio César Falcke y Angel Narciso Racedo fueron condenados a 25, 14 y 12 años de prisión, respectivamente; los prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva a 14 y 10; y el marino Juan Carlos Guyot, ex auditor civil de la Armada que estaba excarcelado, a 3 años de prisión por haberlo considerado partícipe secundario de la desaparición y homicidio de Roxana Frigerio.

Entre las víctimas por cuyos casos fueron condenados estos represores se encuentran, además, Susana Haydée Valor (embarazada) y su pareja, Omar Alejandro Marocchi; Susana Beatriz Pegoraro (embarazada); Laura Adhelma Godoy de De Angeli (embarazada); Liliana del Carmen Pereyra (embarazada) y su pareja, Eduardo Alberto Cagnola, y Patricia Elizabeth Marcuzzo (embarazada) y su pareja, Walter Claudio Rosenfeld. Con respecto al pedido de la fiscalía y la querella por la revocatoria de arresto domiciliario de los implicados, ya que el único que se encontraba en cárcel común era Arrillaga, el tribunal decidió resolverlo vía incidente a partir del 19 de abril, cuando se lean los fundamentos de la sentencia.

El tribunal ordenó que se investigue la posible responsabilidad o participación de civiles, jueces, fiscales, defensores y policías en la comisión de delitos de lesa humanidad por ocultar pruebas tales como los pedidos de hábeas corpus o no dar cuenta del entierro de cuerpos en cementerios sin ser identificados.

El veredicto se dio a conocer en la sala del tribunal ubicada en avenida Luro al 2400, en pleno centro marplatense, frente a un auditorio repleto de familiares de imputados, miembros de organismos de derechos humanos y con la presencia del secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto. En la puerta se produjeron incidentes cuando un grupo del Movimiento Teresa Rodríguez lanzó piedras contra el frente del tribunal con consignas contra la Justicia y el Gobierno, y terminó protagonizando algunos enfrentamientos con militantes de derechos humanos.

Esta causa fue impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de esa ciudad, la Secretaría de Derechos Humanos nacional y bonaerense, además de querellas particulares. Tuvo 69 víctimas y 16 imputados, ya que durante la instrucción de la causa murieron dos de los represores acusados: el marino Juan Carlos Malugany y quien fuera jefe de la Subzona XV del Ejército Pedro Barda, considerado el máximo responsable del accionar del terrorismo de Estado en esa ciudad. Tampoco pudo ser juzgado Aldo Máspero, del Ejército, porque fue declarado inimputable a raíz de su estado de salud.

Oyarbidet, decidió encubrir a las Bonafini.

El magistrado ordeno la preventiva además para Alejandro Gotki.Todos
están acusados de asociación ilícita por el desvío de fondos de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo. Sergio y el contador ya fueron detenidos,
según pudo confirmar Infobae

El juez federal Norberto Oyarbide procesó con prisión preventiva a los hermanos
Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de fondos de la Fundación Madres de
 Plaza de Mayo, y les imputó los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita..Asimismo, dispuso la detención del contador Alejandro Gotkin, 
quien era socio de Sergio Schoklender en la constructora Meldorek, aquella 
a la que la Fundación le confiaba la construcción de viviendas sociales en el 
marco del programa “Sueños Compartidos”.

Hasta el momento, se entregaron Sergio Schoklender y Gotkin, y en
 las próximas horas hará lo propio Pablo.

En tanto, Oyarbide dispuso la falta de mérito para Alejandra Bonafini
 y Fernando Caparrós Gómez, financista y titular de Monetización S.A.
 En esa financiera se sospecha que se cambian cheques de la Fundación.

Asimismo, el magistrado ordenó un embargo de 200 millones de pesos
 contra Sergio Schoklender y de 150 millones para Pablo y para Gotkin.

“Pablo va a hacer lo mismo que la vez anterior, va a aprovechar un momento
 para despedirse de los seres queridos y se va a entregar”, confirmó su
 abogado, Pablo Slonmsqui, en diálogo con el canal TN.  

“No alcanzo a ver cuál es el delito”, indicó el letrado al manifestar su sorpresa
por el volumen de la causa, de 1.500 hojas. “Me sorprende que hay personas
que están en idéntica situación que él y nunca fueron llamadas a declarar, como
 Hebe de Bonafini”, añadió. 

Según informaron allegados a la investigación, para evitar una filtración de
la información, el juez dispuso notificar con gente de su juzgado en persona
 en cada uno de los domicilios constituidos de los acusados.

Caso Mariano Ferreyra: cómo es la acreditación de periodistas para los alegatos en el juicio oral.

La Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a mi cargo, informa que este viernes 15 de febrero, a las 10, comenzará en el Salón Auditorium de Comodoro Py 2002, la etapa de alegatos en el juicio oral en el que se investiga el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital, integrado por los jueces Horacio Dias, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi.

En la primera jornada está previsto que inicien su alegato los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la cobertura periodística del juicio, los medios interesados deberán acreditarse previamente enviando un correo electrónico a prensa@csjn.gov.ar

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal, se podrán tomar imágenes fílmicas y fotográficas durante breves minutos antes del inicio del debate. CIJ TV (www.cij.gov.ar) transmitirá en vivo la audiencia y se suministrará la señal a los canales de televisión que la requieran.

Maria Bourdin
Directora de Comunicación Pública
Corte Suprema de Justicia de la Nación

El caso del delincuente Luciano Arruga pasa al fuero Federal.

La causa Arruga pasa a la Justicia Federal como desaparición forzada

Es porque la Justicia Federal de Morón aceptó su competencia en la causa por la desaparición del joven, ocurrida en 2009 tras su detención en el destacamento policial.

La decisión la tomó en las últimas horas el juez federal 1 de dicho Departamento Judicial, Juan Pablo Salas, al considerar que se trató de un caso de "desaparición forzada de persona". 

Detienen a etnosubversivo chileno.

En Argentina detienen lonco Mapuche Juan Millacheo Lican perteneciente al lof chequenko

Según información emitida por Radio Bío Bío, el lonko del Lof Chekenco Juan Ciriaco Millacheo, fue detenido en Neuquén, Puelmapu, tras resistir prácticamente una década la persecución del Estado chileno.

La información señala que la autoridad mapuche fue detenido por la PDI de Temuco en el territorio mapuche trasandino y tras su captura se iniciaron conversaciones entre ambos estados para que sea regresado a este lado de la cordillera y que la justicia chilena ordene su encarcelamiento.

El lonko fue condenado bajo la Ley Antiterrorista el año 2004 a 10 años de cárcel, por su supuesta participación en un incendio de plantaciones de la forestal Mininco en el fundo Poluco-Pidenco, el año 2001.

Según se confirmó durante las últimas, horas, el Lonko será llevado al Tribunal de Garantía de Collipulli, donde se controlará su detención y establecerá la pena efectiva que cumpliría, teniendo en cuenta que puede existir una prescripción parcial de la condena.

El caso Poluco-Pidenco es emblemático en la historia del movimiento mapuche, por ser el resultado de la "Operación Paciencia", bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando tras el homicidio del joven weichafe Alex Lemún, se inició la agresiva persecución de dirigentes de comunidades mapuche en lucha.

Fueron condenados dirigentes y luchadores de Malleco y Arauco a 10 años de cárcel bajo la Ley Antiterrorista.

Un prófugo hallado en una playa brasileña.

ARGENTINA
Arrestaron al represor de la ESMA Gonzalo Sánchez en el balneario de Angra dos Reis

      10 de febrero 2013
El ex integrante de Prefectura conocido por sus víctimas como 
?Chispa? estaba en Brasil desde hace once años y trabajaba en un 
astillero como ingeniero naval. Fue encontrado a partir de un trabajo 
conjunto entre el Ministerio de Seguridad argentino y el brasileño.

En la ESMA, Sánchez contó a los secuestrados los métodos que se usaban para asesinar y desaparecer cuerpos.


El ex prefecto Gonzalo Sánchez, ex miembro del Grupo 
de Tareas 3.3 de la Armada durante la dictadura y uno de los cinco 
prófugos históricos de la megacausa ESMA, fue detenido el viernes en 
Brasil. ?Chispa? u ?Omar?, alias y nombre de cobertura con el que lo 
recuerdan sobrevivientes del mayor centro clandestino de detención de la
Armada, fue localizado por Interpol en un balneario de Angra dos Reis, 
al sur de Río de Janeiro, luego de un trabajo conjunto con la policía de
Brasil, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Con el 
represor detenido en Río, ya comenzó a tramitarse su extradición para 
que pueda ser juzgado por centenares de secuestros, tormentos y 
asesinatos.

A mediados de los ?70, con el grado de oficial ayudante en la 
Prefectura Naval, Sánchez fue destinado al sector ?Operaciones? del GT 
3.3, con el que participó del operativo en el que cayó asesinado el 
escritor y militante montonero Rodolfo Walsh. Recordado por decenas de 
sobrevivientes, su nombre formó parte de la causa ESMA desde el 
comienzo. Chispa estaba prófugo desde octubre de 2005 y tenía pedido de 
captura internacional ordenada por el juez federal Sergio Torres desde 
2009.

La sobreviviente Graciela Daleo declaró en la causa que además de 
?Chispa? se hacía llamar ?Omar?, que era arquitecto naval, miembro del 
sector ?Operaciones?, y según sus propios dichos había integrado el GT 
3.3 desde sus orígenes hasta principios de 1979, cuando iban a mandarlo a
Galicia a supervisar la construcción de unos barcos que la Armada tenía
previsto comprar en España. El prefecto Sánchez relató ante más de un 
secuestrado en plena dictadura los métodos que aplicaba la Armada para 
asesinar y desaparecer cuerpos. Luego de fugarse de la ESMA y antes de 
ser asesinado y expuesto allí como trofeo de guerra, Horacio Domingo 
Maggio hizo constar en una declaración por escrito que conocía gracias a
?Chispa? los métodos navales para deshacerse de los cadávares. Al 
principio colocaban a varias personas en el interior de un automóvil y 
lo acribillaban a balazos para luego incendiarlo, le dijo el prefecto. 
Luego implementaron el ahorcamiento en la misma ESMA para después 
arrojar a los muertos al mar. Al tiempo de la fuga de Maggio, en 1978, 
se aplicaban los vuelos de la muerte. ?Se les coloca una inyección 
(somnífero), se los envuelve en una lona y se los tira al mar?, contó el
prefecto y escribió Maggio en abril de aquel año. La droga ?los dejaba 
atontados pero conscientes?, le dijo a otra sobreviviente, Graciela 
García. Chispa también le dijo a Ma-ggio que los vuelos se hacían desde 
helicópteros y precisó que ?los cuerpos eran tirados al mar en el sur, 
en zonas cercanas a dependencias de la Marina?. ?En momentos de 
debilidad se les escapaba información?, explicó Maggio el motivo de la 
confidencia. Sánchez también integró las patotas que participaron del 
operativo frustrado para secuestrar con vida al escritor y militante 
montonero Rodolfo Walsh, según declaró Miguel Angel Lauletta, que 
presenció ese operativo.

La detención se concretó el viernes a la tarde en un balneario de 
Angra dos Reis, destino de buceadores, escala de grandes cruceros y una 
de las ciudades más afectadas por las inundaciones que hace tres años 
produjeron derrumbes y deslizamientos. Al momento de ser abordado por 
los policías, el ex prefecto se identificó con su nombre completo y se 
entregó sin oponer resistencia. El Ministerio de Seguridad, que conduce 
Nilda Garré, destacó que la localización y detención fue posible por el 
intercambio de información con sus pares de Brasil y por el trabajo 
coordinado entre Interpol Argentina e Interpol Brasil. El ex miembro del
GT 3.3 vivía en ese país desde hace aproximadamente once años y 
trabajaba en un astillero como ingeniero naval. Desde el viernes 
permanece detenido en la Superintendencia de la Policía Federal de Río 
de Janeiro. Ahora comenzará el trámite de extradición. Cuando el 
Tribunal Supremo de Brasil la autorice, será entregado a las autoridades
argentinas.

Sánchez logró burlar al Estado durante siete años y tres meses. Era 
uno de los cinco prófugos históricos de la megacausa ESMA. Los otros son
el capitán de navío retirado Jorge Vildoza y los ex policías Roberto 
González, Juan Carlos Linares y Pedro Salvia. El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos ofrece recompensas de hasta 100 mil pesos a quienes 
brinden información que permita capturarlos.

FUENTE: PAGINA 12