La Corte Suprema requirió hoy que se tomen medidas urgentes contra el narcotráfico en el norte del país.

El pedido fue dirigido al Consejo de la Magistratura de la Nación, al ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al ministerio de Seguridad.

El máximo tribunal presentó un documento al respecto firmado por todos sus miembros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.

Lorenzetti había dicho días atrás que el narcotráfico era un de los temas más importantes junto a la Ley de Medios que exigía diálogos con la Casa Rosada.

“Pasan caravanas de 100 vehículos, con armas, y nadie los puede parar, la Gendarmería ha retrocedido, los jueces no tienen elementos, faltan jueces, hay juzgados vacantes, falta crear juzgados”, indicó el titular de la Corte en una entrevista al diario Perfil.

Por su parte, el secretario de Seguridad Sergio Berni, aseguró que las fronteras del país están bien cuidadas. “Por supuesto que están bien cuidadas” dijo ante la consulta y advirtió que la lucha contra el narcotráfico “no se agota en las fronteras ni en los radares”.

“Muchos hablan de las fronteras, pero fíjese que el 80 % de la cocaína es consumida en los Estados Unidos, que tiene una población de adictos de más de dos millones de personas. ¿Hay un cielo más custodiado o una frontera más custodiada que la de México y EE.UU.?”, se preguntó Berni, en diálogo con radio La Red.

El abogado querellante Gregorio Dalbón pidió hoy la ‘inmediata detención’ del motorman imputado por la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 52 personas en febrero de 2012, a raíz que incumplió con una orden judicial para concurrir a realizarse un estudio médico de salud mental.

Dalbón, uno de los cuatro querellantes en la causa que ya está elevada a juicio el cual se realizará en marzo próximo, pidió al Tribunal Oral Federal 2 la detención del motorman Marcos Antonio Córdoba, el que condujo la formación que impactó en Once: “Dado que mediante las labores de control que esta querella viene ejecutando en el marco de los presentes actuados, he tomado conocimiento de que el imputado Córdoba ha incomparecido, de manera injustificada, a la realización del estudio ‘neurocognitivo’ orientado a epilepsia de carácter ampliatorio respecto a aquellos practicados durante la etapa de instrucción”. “Córdoba ni siquiera justificó su faltazo al Cuerpo Médico Forense el jueves pasado, y dicha incomparecencia es como un  virtual incumplimiento de las obligaciones que le fueran impuestas  por la justicia”. Dalbón, también querellante por  las causas por los otros accidentes en Once, el de hace pocas semanas donde hubo centenar de heridos, y en el de Castelar de junio pasado, dijo “hay en común una falencia por parte de los maquinistas y que en los tres casos están imputados por el mal manejo de la formación respectiva”. “Los tres los defiende la abogada Valeria Corbacho,  a quien la totalidad de los medios de prensa señalan como íntimamente relacionada con el gremio La Fraternidad”. “En función de lo que he venido sosteniendo a lo largo del presente escrito, conlleva a corroborar la existencia de una comunidad de intereses y el manejo global que, sobre los tres casos judiciales mencionados, ostenta dicho gremio de manera francamente sospechosa”. Este accidente será sometido a juicio a partir del 18 de marzo de 2014 y serán juzgados 29 acusados, entre ellos los empresarios Mario y Claudio Sergio Cirigliano; los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; el ex directorio de la ex concesionaria TBA y el motorman Córdoba, entre otros.

El delincuente Miguel Ángel Espósito condenado.

El ex comisario Miguel Angel Espósito, acusado de la “privación ilegal de la libertad calificada” del Walter Bulacio, el joven que murió en abril de 1991, tras ser detenido cuando iba a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Núñez, fue condenado hoy a 3 años de prisión en suspenso.

La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 29, que consideró a Espósito -que no estuvo presente en la sala- autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida por funcionario público.

Walter David Bulacio de 17 años murió a manos de agentes de la Policía Federal Argentina, convirtiéndose en un caso emblemático de brutalidad policial, llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Bulacio se encontraba entre la concurrencia del recital que la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ofrecía el 19 de abril de ese año en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Una razzia encomendada al personal de la Seccional 35ª, a la sazón a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito, lo detuvo a efectos de averiguación de antecedentes.

Aunque la Ley de Patronato de Menores prohíbe la detención de menores sin intervención del juez competente, Bulacio fue retenido en la comisaría; lo sacarían de allí recién a la mañana siguiente, rumbo al Hospital Pirovano.

Le fue diagnosticado traumatismo craneano, y dijo, con las pocas fuerzas que le restaban, al médico que lo atendió haber sido golpeado por la policía. Murió cinco días más tarde, tras haber sido trasladado a otro nosocomio; la autopsia encontró huellas inequívocas de golpe con objetos contundentes en miembros, torso y cabeza.

Fueron oficializados en el Boletín Oficial los diez jueces designados para la nueva Cámara Federal de Casación Penal.

La nueva Cámara Federal de Casación Penal de la Capital Federal y entre los designados está María Laura Garrigós de Rébori, actual presidenta de la agrupación Justicia Legítima, alineada con el Poder Ejecutivo.

La publicación en el boletín oficial fue luego que los pliegos fuesen aprobados por el Senado el 31 de Julio pasado, y el Gobierno Nacional los oficializó.

La nueva Cámara estará integrada además por los jueces:  Gustavo Bruzzone, Luis Niño, Horacio Díaz (juez de Tribunal Oral que realizó juicio al sindicalista José Pedraza por el crimen del militante Mariano Ferreyra), Luis Mario García, Daniel Morín, Eugenio Sarrabayrouse, Carlos Alberto Mahiques, Héctor Mario Magariños, y Pablo Jantus.

La Casación, máxima instancia penal del país, actualmente cuenta con cuatro salas que funcionan en Comodoro Py y es donde se definen muchas de las causas de corrupción de nuestro país.

El máximo tribunal salió al cruce de las críticas a Ricardo Lorenzetti por sus reuniones con Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner.

La Corte Suprema de Justicia comunicó hoy oficialmente que:  forman parte de la actividad normal  las reuniones entre los representantes de poderes del Estado  en medio de rumores entre un encuentro entre el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti; y el secretario legal y técnico de Presidencia, Carlos Zannini, a partir del cual se habría pactado el fallo que avaló la ley de medios.

“Que en nada contribuyen a este debate, ni al aludido fortalecimiento institucional los ataques dirigidos a los miembros del Tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública”, firmado por los siete integrantes del Tribunal.

El Tribunal Oral 1 de Campana condenó a José Arce y a su madre, por el asesinato en el 2008 de Rosana Galliano

Perpetua para Arce y su madre

El Tribunal Oral 1 de Campana resolvió condenar a prisión perpetua a José Arce y Elsa Aguilar, acusados de asesinar a Rosana Galliano el 16 de enero de 2008, en una casaquinta del barrio El Remanso, en Exaltación de la Cruz. Los dos condenados no irán a prisión hasta que el fallo quede firme. 

Mientras tanto, tendrán prohibida la salida del país y deberán presentarse una vez por mes en el juzgado. 

Los jueces Daniel Rópolo, Elena Bárcena y Raquel Slotow coincidieron, además, en absolver a los hermanos Paulo y Gabriel Leguizamón, quienes estaban acusados de ser autores materiales del crimen.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Pablo Mántaras levantó la medida cautelar que suspendía la suba del boleto a ese precio, dispuesto por el gobierno de la Ciudad.

El juez porteño Pablo Mántaras dispuso este viernes el levantamiento de la medida cautelar que suspendía el aumento del boleto del subte ordenado por el Gobierno porteño, que lo llevó a 3,50 pesos.

En la misma resolución, el juez ordenó al Gobierno porteño: “incorporar  al sistema de abonos y pases especiales actualmente vigente,  una tarifa o ticket social, o cualquier otra medida equivalente que establezca un valor diferencial que asegure su accesibilidad para los sectores de alta vulnerabilidad social”.

El magistrado  fijó 20 días hábiles para que informe el cuadro tarifario diferencial que se aplicará en esos sectores.

La tarifa social debe incluir a las personas con:  planes sociales de la Ciudad y del programa Jefes y Jefas de Hogar, del gobierno nacional, personas en situación de desempleo crónico o recurrente, a quienes tengan ingresos familiares por debajo de la canasta familiar que publica el Indec,  a quienes se encuentren en situación de indigencia, quienes tengan un subsidio por la tragedia de Cromagnon, los ex combatientes de Malvinas y todos los grupos identificados por las leyes porteñas como con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social.