La Cámara Penal de Morón ratificó la prisión preventiva a Julio César Grassi por lo que el sacerdote, condenado a 15 años por abuso sexual de menores, continuará preso, donde se encuentra detenido desde septiembre.

La Cámara rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del cura contra la resolución por la que se dictó la prisión preventiva por abuso de menores.

En una resolución de ocho carillas, los camaristas Fabián Cardoso, Aldo Acosta Argañaraz y Elisabet Miriam Fernández ratificaron de esa manera la resolución “que hizo cesar la alternativa a la prisión preventiva y ordenó la inmediata detención del nombrado”.

Dora Molina participó del operativo que el MTP realizó en 1989. Tuvo dos fallos a favor para asumir el cargo, pero el TSJ revocó la sentencia.

Le prohíben trabajar en la Ciudad por haber estado en el copamiento a La Tablada

 

Por: 
Nicolás Eisler

 Tuve dos fallos a favor y sin embargo nunca me reincorporaron. Clarín presentó un amparo contra la Ley de Medios y frenó su aplicación cuatro años", se queja Dora Molina. La mujer ganó en 2007 un concurso para ingresar en la planta permanente de la Agencia Recaudadora de la Ciudad (AGIP), pero su condena por haber participado del copamiento de La Tablada le impidió asumir el cargo y, a pesar de contar con decisiones favorables en primera instancia y la Cámara, hace pocos días el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño revocó las sentencias.

Transcurrieron más de 24 años desde que el Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentó tomar el Regimiento de Ejército de La Tablada, y pasaron más de diez desde que el ex presidente interino Eduardo Duhalde indultó a quienes habían sido condenados por participar del hecho. Pero Molina aún padece las consecuencias de haber actuado, junto con Enrique Gorriarán Merlo y otros 80 militantes, un 23 de enero de 1989, con la supuesta intención de evitar un levantamiento carapintada.

En 2003, luego de cumplir con diez de los 15 años de condena que recibió y de haber sido incluida en el indulto declarado por Duhalde, Molina comenzó a trabajar en la Dirección General de Rentas de la Ciudad, renombrada AGIP años más tarde. En 2007, decidió presentarse a un concurso para incorporarse a la planta permanente del organismo. "Sabía que iba a tener que pelearla", reconoce Molina, aunque nunca imaginó que ese "pelearla" iba a significar pasar por todas las instancias judiciales de la Ciudad y luego intentar llegar a la Corte Suprema. En 2007, las condiciones de admisibilidad para quienes pretendieran ser empleados de la administración pública porteña estaban reguladas por el artículo 7 de la Ley 471. “Quienes hubieran sido condenados por delito doloso o por delito contra la Administración Pública" estaban impedidos de ingresar a la planta permanente del gobierno capitalino.

Con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo porteña, Molina planteó que la norma "obstaculizaba la resocialización del condenado, estigmatizándolo y sometiéndolo a un nuevo castigo, es decir, a una doble punición, y que por ende era contraria a los principios que surgen" de la Constitución Nacional, de la Convención Americana de  Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso, pidió que la cláusula fuera declarada inconstitucional. Mientras la causa estaba en la justicia, la Legislatura porteña modificó la ley y prohibió el ingreso de las personas que estuvieran procesadas o condenadas por "delito contra la Administración Pública", pero quitó la restricción para los delitos dolosos. 

El magistrado Roberto Gallardo, que al momento de la presentación subrogaba por la licencia de Patricia López Vergara el juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 6, rechazó el pedido para aplicar la nueva normativa, pero decidió que la vieja era "inconstitucional" y ordenó que Molina fuera incorporada "como empleada de planta permanente".

El gobierno decidió apelar el fallo y el expediente pasó a la Cámara, que confirmó la decisión de que Molina fuera reincorporada, aunque anuló la declaración de inconstitucionalidad. La reacción del Ministerio Público fue la misma y la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia porteño.

El máximo órgano judicial de la Ciudad rechazó, en un fallo dividido, la demanda de Molina, y por eso Sol Blasco, abogada del Área de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional de la Defensoría, decidió llevar el caso hasta la Corte Suprema. "Planteamos que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia es arbitraria porque no se expide sobre el planteo. La Ley 471 era tan anticonstitucional que fue modificada con objeciones sobre esa índole", explicó. "Creemos que hay cuestiones federales y garantías constitucionales que están afectadas. Y pedimos que se declare la inconstitucionalidad de la vieja ley o aplique la nueva", completó la abogada para justificar la intervención de la Corte. "Lo que padecí fue una limitación completamente arbitraria, una doble condena", lamentó Molina.

Este viernes la Suprema Corte de Salta, autorizó a abortar a una adolescente de 14 años con un embarazo de nueve semanas, que fue violada por su padrastro.

La Corte dejó sin efecto una medida cautelar dictada por el juez de familia Víctor Soria que impidió  la práctica del aborto.

El fallo de 60 páginas, recordó que el 12 de julio pasado ya había declarado ‘plenamente constitucional’ la posibilidad de que se realizara un aborto en caso de violación, considerando que el juez se ‘apartó de los mandatos constitucionales’.

La madre de la adolescente sorprendió el 9 de noviembre pasado a su pareja en plena violación, en su casa en un barrio de las afueras de Salta.

La interrupción del embarazo fue solicitada  por la niña y su madre al descubrirse su estado en el hospital donde fue atendida.

La mujer detuvo el ataque sexual, y el hombre las golpeó brutalmente, por lo que la niña terminó en el Hospital Público Materno Infantil de Salta.

.La Municipalidad de Córdoba debe reparar los daños creados por el basural.

TRIUNFO DEL PUEBLO DE BOUWER

(AW) La jueza de primera instancia de Alta Gracia, María Graciela Vigilanti, falló a favor de los vecinos. Tras 28 años de recibir basura y tres del cierre del vertedero, la municipalidad de Córdoba deberá remediar los daños ( una parte de ellos) causados al pueblo de Bouwer, que fue usado como depósito de basura de la capital provincial. LA JUSTICIA OBLIGA A LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA A REMEDIAR EL VERTEDERO DE BOUWER EL PREDIO SE ENCUENTRA EN ESTADO "CALAMITOSO" Una inspección ocular fundamenta el fallo y emplaza a la captación y tratamiento de gases y lixiviados. La medida judicial se enmarca en la demanda iniciada en noviembre pasado por niños/as y adultos/as habitantes de Bouwer y Funam que solicitaban el "cese del daño". Córdoba (Argentina), 26 de diciembre de 2013.- La Municipalidad de Córdoba fue emplazada por la Justicia a remediar el vertedero de residuos de Bouwer. Así lo dispuso el pasado lunes la jueza de primera instancia de Alta Gracia, María Graciela Vigilanti, tras intervenir en la demanda realizada por 43 habitantes de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho. Lapresentación fue realizada el pasado 8 de noviembre ante los Tribunales II de la ciudad de Córdoba y cuenta con el patrocinio letrado del abogado Federico Macciocchi. En una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la noticia, la agrupación vecinal Bouwer Sin Basura y Funam calificaron el dictamen judicial como "altamente positivo, justo e impostergable". El intendente de Bouwer, Juan Lupi, coincidió con que la medida era "sumamente necesaria". Tras 28 años de recibir basura y a 3 años del cierre del vertedero "ahora deben cumplir un mandato judicial. Deberán por fin presentar un proyecto serio que respete la estricta ordenanza 33/2013 de Bouwer, en donde se describen las exigencias a cumplir en el proceso de remediación". El fallo emplaza a la Municipalidad de Córdoba a la captación y tratamiento de gases y lixiviados en todo el predio, pero especialmente en la fosa 9: último lugar de disposición de basura con dimensiones aproximadas de 17 metros de profundidad, 15 metros de altura, 300 metros de ancho y 800 metros de largo. "Calamitoso" es el estado del predio El pronunciamiento judicial tuvo lugar después de dos audiencias de partes en los Tribunales de Alta Gracia y una inspección ocular al enterramiento de Bouwer, en donde se constató que el estado actual del predio sigue siendo "calamitoso". Tras ingresar al antiguo vertedero acompañando a los vecinos de Bouwer, el biólogo Ricardo Suárez declaró que "la basura continúa expuesta, las membranas de la fosa 9 están resquebrajadas, y sin mantenimiento, mientras que los lixiviados -líquidos residuales- contaminan el suelo y las aguas subterránea. Además los gases totales que contienen sustancias tóxicas y cancerígenas siguen contaminando el aire que respiran los vecinos de Bouwer, dado que nunca fueron captados y ni tratados". El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y actualmente profesor invitado en la Universidad de Franche-Comté (Francia) saludó el fallo y destacó que tanto la Municipalidad como la Provincia de Córdoba "hasta ahora solo recordaron la remediación de Bouwer cuando les sobró tierra en el actual vertedero de Piedra Blanca y necesitaron deshacerse de ella. La falsa remediación pretendida quedó al descubierto. A partir de ahora, nada de venteo de gases sin tratamiento, ni simulacro de captación y tratamiento de lixiviados. Tendrán que financiar una clausura y postclausura previamente sometidas a las normas vigentes y audiencia pública. Esto les costará bastante más que solo trasladar tierra sobrante y desparramarla por encima de la basura". Montenegro también recalcó que la Municipalidad de Córdoba es "civilmente responsable por todos los daños y perjuicios que provocó la falta de remediación durante tres años". El asesor técnico de la Municipalidad de Bouwer, Mgter. Adolfo González, recordó que en el lugar "también funcionaron una fosa para la descarga de residuos industriales y un incinerador de residuos patógenos del que incluso se retiraron partes sin haber sido previamente remediado, lo que constituye una acción totalmente irresponsable que expande el riesgo a nuevos lugares y personas. La remediación del predio debe incluir también estas fuentes contaminantes". Continúa la lucha vecinal contra un nuevo vertedero "Que la Justicia ordene la remediación del predio es sumamente importante en el marco de nuestra lucha posterior al cierre del vertedero en 2010. Este pronunciamiento le da más legitimidad a nuestro histórico reclamo. Es un reconocimiento de que teníamos razón con lo que estábamos pidiendo", manifestó la vecina Isabel Pires. "Estamos contentos porque la jueza nos recibió y nos escuchó y también vino a ver qué era lo que estábamos denunciando. Estuvo en el predio, corroboró lo cerca que están nuestras casas de este gran monstruo contaminante", relató la vecina Mónica Rescala. "Lo que hizo la jueza es lo que deberían haber hecho los técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba antes de dictaminar que el pueblo, las casas y las escuelas de Bouwer constituyen una zona 'óptima' para recibir un nuevo mega-vertedero donde albergar la basura de Córdoba durante los próximos 30 años", apuntó la comunicadora Nayla Azzinnari, asesora de los vecinos agrupados en Bouwer Sin Basura. "Si tras una visita al predio la justicia resuelve que hay que remediar, es porque el desastre resultó evidente. Esto habla del modo que tiene la Municipalidad de hacer las cosas, mal, y del modo de no arreglarlas pese a sus promesas. Este fallo es todo un antecedente frente al pretendido nuevo proyecto, al que seguiremos resistiendo", puntualizó la vecina Daniela Arce. Sigue en curso la Acción de Amparo La decisión de la Jueza María Graciela Vigilanti derivó de la masiva acción de amparo contra la Municipalidad y la Provincia de Córdobapresentada en Tribunales II el pasado 8 de noviembre para que cese el daño producido en Bouwer por el vertedero de basura (que es el segundo más grande a nivel nacional y que sigue sin ser remediado desde su cierre el 1 de abril de 2010), la fosa de residuos industriales y el incinerador de residuos patógenos, que funcionaron dentro del mismo predio. Una semana después de la presentación, el juez de Juzgado de Control N° 6, Agustín Spina Gómez, se declaró incompetente y derivó la causa a los tribunales de primera instancia de Alta Gracia. Invocando las "facultades oficiosas” que otorga la Ley General del Ambiente N° 25.675, la jueza María Graciela Vigilanti emplazó a la Municipalidad de Córdoba a remediar el vertedero de Bouwer, si bien no se avocó a la causa por entender que no corresponde a su jurisdicción y devolvió el expediente al juzgado original para que éste resuelva sobre la cuestión de fondo. Eventualmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) podría decidir a qué juzgado corresponde la causa. La acción de amparo fue promovida por 26 adultos y a través de ellos también por 17 menores. "El fundamento principal de haber incluido a los niños como actores está en una de las características del daño ambiental: es intergeneracional. Además de ser actual, el daño ambiental es futuro. Y los niños son el mañana, son ellos a quienes debemos dejarles un ambiente sano", apuntó el abogado Federico Macciocchi. Cabe recordar que en Bouwer la tasa de mortalidad infantil para los últimos 13 años es de 22,01 muertes por mil, cifra que duplica la media provincial. Contexto histórico Durante 28 años, la basura de la ciudad de Córdoba y otros 17 municipios periféricos fue depositada en las inmediaciones de Bouwer, una localidad cordobesa de 2.000 habitantes y 106 años de historia ubicada 17 kilómetros al sur de la capital provincial. Más de 12 millones de toneladas de residuos fueron dispuestos en 8 fosas sin membranas y una gran fosa con una montaña de basura de 300 metros por 800 metros, aproximadamente. En el año 2010 el predio fue cerrado debido a una intensa lucha protagonizada por los vecinos de la zona, la Municipalidad de Bouwer y la Fundación para la defensa del ambiente (Funam). Sin embargo, no se efectuaron desde entonces tareas tendientes a reducir el daño ambiental y sanitario provocado por el vertedero, cuyos gases y lixiviados siguen sin ser tratados. Además, funcionaron en el mismo lugar un incinerador de residuos patógenos y una fosa para residuos industriales. A tan solo metros de ese predio se encuentra el caserío de Potrero del Estado (perteneciente a la localidad de Bouwer) y el jardín de infantes y escuela primaria y secundaria Cornelio Saavedra. En este contexto, los gobiernos de la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba proyectan poner en funcionamiento un nuevo vertedero de residuos a tan solo 600 metros del cerrado hace tres años. El próximo enterramiento tendría una vida útil de al menos 30 años, recibiendo durante ese período unas 24 millones de toneladas de basura. El lugar fue decidido por la Municipalidad de Córdoba gracias al aval del ISEA (Instituto Superior de Estudios Ambientales), un organismo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En un estudio encargado por la Municipalidad, el ISEA califica de "óptima" la zona de Bouwer para la instalación de otro enterramiento. Dicho informe es duramente cuestionado por no haber contemplado la radicación de viviendas próximas al predio, la existencia de antiguos basurales, y la ya delicada situación sanitaria de su población. Para mayor información contactar a: Biólogo Ricardo Suárez Asesor técnico vecinal Teléfono celular: +54 9 351 6 823 960 Correo: suar.bio@gmail.com Juan Lupi Intendente de Bouwer Teléfono celular: +54 9 351 5 103 490 Mgter. Adolfo González Asesor de la Municipalidad de Bouwer Teléfono celular: +54 9 3547 5 76247 Correo: adolgonzalez@hotmail.com Prof. Dr. Raúl Montenegro Presidente de FUNAM Teléfono celular: +33 7 8581 9048 Correo: biologomontenegro@gmail.com Abogado Federico Macciocchi Patrocinante de FUNAM y vecinos/as de Bouwer Teléfono celular: +54 9 351 5 140 715 Correo: fmacciocchi@clubdederecho.org.ar Daniela Arce Vecina de Bouwer Teléfono celular: +54 9 351 3 249 784 Isabel Pires Vecina de Bouwer Teléfono fijo: +54 351 499 3165 Alicia Alfonzo Vecina de Bouwer Teléfono celular: +54 9 351 8 001 554 Mónica Rescala Vecina de Bouwer Teléfono celular: +54 9 351 3 092 539 Contacto de prensa: Lic. Nayla Azzinnari Correo: nay_azz@hotmail.com Skype: nayla.az Teléfono celular: +33 6 8904 8723

El delincuente Ale a la cárcel.

Internado pero detenido y procesado

"La Chancha" Ale, detenido por una causa de lavado de dinero

Rubén "La Chancha" Ale se entregó hoy a la Justicia, que ordenó su detención y la de otras cuatro personas en una causa por lavado de activos que investiga el juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña.

Poviña ordenó el procesamiento por asociación ilícita y lavados de activos agravados con prisión preventiva contra Ale, su expareja María Jesús Rivero, Roberto Dilascio, Fabián González y Alberto Suárez.

Fuentes judiciales señalaron que el abogado de Ale se comunicó con el juez Poviña para informarle que su cliente estaba internado en terapia intensiva del Sanatorio Modelo, donde quedó en calidad de detenido y custodiado por una guardia de Gendarmería.

Poviña ordenó el procesamiento por asociación ilícita y lavados de activos agravados con prisión preventiva contra Ale, su expareja María Jesús Rivero, Roberto Dilascio, Fabián González y Alberto Suárez.

Las medidas del juez fueron confirmadas a Télam por el fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría General de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Gonella precisó que además fueron procesados por lavados de activos sin prisión preventiva, Angel Ale, Valeria Fernanda Bestán y Julia Esther Picone. Finalmente se dispuso la falta de mérito para Daniela Milheim, Pablo González y el hijo de Rubén Ale.

La investigación por el lavado de activos comenzó hace varios meses a partir de una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la impulsa la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbatella.

Ale había sido acusado por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, de ser responsable del secuestro y desaparición de su hija, aunque la Justicia local nunca lo vinculó con el caso.

Su expareja Rivero, que también fue detenida, en cambio estuvo imputada al igual que otras 12 personas en el juicio que finalizó hace un año con un polémico fallo en el que todos resultaron absueltos.

Sin embargo, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Tucumán modificó parcialmente el fallo y encontró culpables a 10 de los imputados, pero absolvió a Rivero y a su hermano Víctor.

Fuente: Telam

Susana Freydoz, condenada a 18 años de cárcel por el asesinato de su esposo, el ex gobernador rionegrino Carlos Soria, será trasladada en los próximos días al pabellón psiquiátrico del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Asesino a su esposo y tiene 18 años para estar encarcelada en Ezeiza

Piden el traslado al penal de Ezeiza de la viuda del ex gobernador Soria

Las autoridades del centro médico consideraron que "ya no es recomendable" que la paciente permanezca en ese lugar, por lo que solicitaron a la justicia rionegrina que el traslado se concrete antes del 31 de este mes.

La mujer, cuya condena fue confirmada hace tres semanas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, está alojada desde el pasado mes de abril en la clínica psiquiátrica Avril, de la ciudad de Buenos Aires, después de provocarse un intento de suicidio con la ingesta de una alta dosis de barbitúricos.

Las autoridades del centro médico consideraron que "ya no es recomendable" que la paciente permanezca en ese lugar, por lo que solicitaron a la justicia rionegrina que el traslado se concrete antes del 31 de este mes.

Después del crimen, ocurrido en la madrugada del 1 de enero de 2012, Freydoz estuvo internada en el servicio de salud mental del hospital de Cipolletti.

En ese lugar fue notificada, en abril pasado, sobre su traslado a la cárcel provincial de General Roca pero, en un descuido de su acompañante terapéutico, ingirió gran cantidad de pastillas que la dejaron en coma durante varios días.

Cuando estuvo repuesta en lo físico, y ante la inexistencia en el territorio provincial de lugares de detención para pacientes siquiátricos, por orden judicial fue derivada a la clínica Avril.

La resolución de traslado a Ezeiza, con acuerdo del Servicio Penitenciario Federal, fue firmnada en la víspera por los jueces de la Cámara Segunda del Crimen de General Roca.

Ese mismo tribunal condenó a Susana Freydoz a 18 años de cárcel,  por "homicidio calificado y agravado por el vínculo", pero bajo "situaciones extraordinarias atenuantes" que redujeron la pena al mínimo previsto en el Código Penal.

Este fallo, de noviembre del año pasado, fue apelado en casación tanto por la fiscalía, pidiendo la ampliación de la condena a 25 años; como por la defensa, que planteó la absolución.

El Superior Tribunal escuchó a las partes en audiencia pública, deliberó y resolvió la confirmación de la sentencia de la cámara; la defensa, no conforme, aún tiene plazo para interponer recurso extraordinario federal. 

Fuente: Telam

Luego de la absolución de los acusados por las coimas en el Senado, entre los cuales se encontraba el ex presidente Fernando de la Rúa, la Justicia pidió investigar a los que impulsaron la causa, como Mario Pontaquarto, el juez Daniel Rafecas (foto), el legislador Aníbal Ibarra y el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Los camaristas Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez dictaminaron que los hechos imputados no existieron y elevaron una denuncia para que el Consejo de la Magistratura evalúe el desempeño de Rafecas, el magistrado federal que estuvo a cargo de la instrucción de la causa.

Asimismo no descartaron la posibilidad de la causa haya sido armada políticamente, basándose en que hubo algunas reuniones entre Pontaquarto y Fernández antes de hacer pública la denuncia, en el 2003. Así argumentaron: “”No quedó nada claro el motivo ni la necesidad de esas reuniones, de manera previa a la confesión”.

“Por el contrario, la existencia de un precio, la presencia en el episodio de autoridades políticas, como así también un curioso y concomitante sumario administrativo labrado en la Secretaría de Inteligencia, constituyen episodios que, como denunciaron las defensas, pudieron dar lugar a la preconstitución de prueba, con el objeto de manipular la dirección de la investigación”, agregaron.

Cabe señalar que el juez Rafecas, que recolectó todas las pruebas que formaron parte del expediente, está bajo la vista de los camaristas, quienes cuestionaron la manera en que este recolectó la evidencia con la que se quiso probar el pago de sobornos, alegando una “sustancial violación a las reglas del debido proceso”.