Condenan a cadena perpetua a 14 criminales de dictadura argentina.

ARGENTINA-DDHH

11 miembros del Ejército argentino y 3 de la policía fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983. El Tribunal Federal de la ciudad de Bahía Blanca realizó la sentencia.

Dicho tribunal condenó este miércoles a los 14 acusados a prisión perpetua. Asimismo, sancionó a otros 3 imputados con penas de entre 17 y 18 años de cárcel. El Tribunal Oral Federal de la ciudad argentina de Bahía Blanca dictaminó el fallo y consideró los crímenes cometidos por los acusados como delitos de lesa humanidad. Esta resolución fue dada a conocer por el Centro de Información Judicial (CIJ). Allí señaló que los delitos "fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en Argentina durante la última dictadura cívico-militar". Este juicio contra militares y policías había comenzado en junio de 2011. La audiencia de lectura de fundamentos de la sentencia de este miércoles fue fijada para el próximo 9 de noviembre. Durante el desarrollo del juicio se investigaron los crímenes cometidos contra 90 personas en el centro clandestino de detención llamado "La Escuelita", ubicado en Bahía Blanca. Por otro lado, el Tribunal que sancionó a los acusados resolvió que el cumplimiento de la pena debe ser en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal de Argentina. Según organismos argentinos de Derechos Humanos, 30 mil personas fueron detenidas desaparecidas durante la última dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Además, 5 mil recién nacidos fueron apropiados ilegalmente. (PÚLSAR)

El boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios, condenado a cuatro años de prisión por la muerte de la joven embarazada Yamila González en un accidente de tránsito, podrá seguir manejando hasta que su sentencia por homicidio culposo quede firme.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) había hecho un pedido a la justicia para que el boxeador quede inhabilitado para manejar, pero el Tribunal Oral Criminal Nº 3 lo desestimó hasta tanto el fallo sea confirmado por Casación.

La Cámara de Garantías de Mar del Plata ya había revisado el fallo de inhabilitación y lo había revocado hasta que la condena quedara firme, pero aun así la ANSV había hecho el pedido.

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 consideró que la agencia no necesitaba recurrir a la justicia para pedir la inhabilitación de Barrios, ya que eso podía llevarse a cao administrativamente.

El boxeador de mudó a Córdoba recientemente, donde entrena bajo las órdenes de Luis Olivero Canales en el gimnasio del Club Argüello Juniors.

En Mar del Plata, un juez federal falló a favor de un demandante que reclamaba que no se cobrara el impuesto a las ganancias por haber cobrado el aguinaldo.

El titular del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó que no se cobre el gravamen al demandante, debido a que no hubo actualización del mínimo no imponible.

“Debe tenerse en cuenta que en la última década, caracterizada por la gran crisis económica y social que afrontó nuestro país a comienzos del año 2002, el mínimo no imponible fue sufriendo diversas actualizaciones por parte del Estado nacional”, afirmó en su fallo.

“En lo que va del 2012 y pese que ya faltan pocos meses para finalizar el año, el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias no ha sufrido modificación alguna. Ante lo cual, cabe preguntarse si, dado el escenario económico/social reinante actualmente en la República Argentina y la situación particular del amparista, resulta razonable que dichos montos continúen inmutables”.

“El propio texto expreso de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias (ordenada por Decreto 649/97) en su artículo 25 prevé la ‘actualización anual de los importes de las ganancias no imponibles y de las compensaciones’, según las pautas allí fijadas”.

“La falta de actualización en cuestión importa en los hechos una irrazonable afectación al módico salario que percibe mensualmente el amparista y con el cual debe hacer frente a todas las necesidades básicas e indispensables, propias y de su familia. Vulnerándose en forma manifiesta su poder adquisitivo”.

Carrascosa confirmado en perpetua.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires ratificó la cadena perpetua de Carlos Carrascosa al desestimar los recursos presentados por sus defensores en el caso del crimen de María Marta García Belsunce.

El máximo tribunal desestimó los dos pedidos de nulidad que habían sido presentados por la defensa del viudo, ratificando así su condena.

Según indicaron fuentes judiciales, el rechazo a la nulidad solicitada se tomó por razones procesales y no de fondo.

Los administradores de la web Taringa, los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama, irán a juicio oral y público tras la decisión del juez porteño Eduardo Daffis Niklisson de hacer lugar al pedido de la fiscal de instrucción Felisa Krasucki.

Los jóvenes están acusados de “violación a la ley de propiedad intelectual por permitir que a través de esa web se descarguen de manera ilegal obras sin autorización”.

Es la primera vez que se debatirá en un juicio oral, la responsabilidad de las páginas de internet para descargar música, películas, libros, etc., que están protegidos por la propiedad intelectual.

Los Botbol y Nakayama están acusados por la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación, pero hay otras causas pendientes por archivos de música.

La Justicia jujeña resolvió excarcelar a casi 60 personas que se encontraban detenidas por el violento intento de usurpación que protagonizaron en Humahuaca, que dejó un muerto.

58 integrantes de la organización “Tití Guerra” fueron liberados en el día de hoy. Se encontraban presos por la usurpación de un terreno y una casa en Humahuaca, Jujuy.

La Justicia incautó, en total, 30 mil pesos que tenían en su poder, que se presume que habrían sido para sostener la toma. 20 mil eran portados por un hombre y 10 mil por una mujer.

El miércoles, miembros de la organización Tití Guerra intentaron ocupar un terreno y encontraron la oposición de los vecinos. En el enfrentamiento, un joven de 29 años fue muerto por una bala en el pecho.

Por el hecho, fueron imputados 48 hombres y 10 mujeres, que fueron apresadas por la policía, con asistencia civil.

MARIOTTO IMPULSA UNA LEY DE ÉTICA PÚBLICA Y BUSCA LA TRASPARENCIA DEL CUESTIONADO PODER JUDICIAL.

Ricardo Vázquez “Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye” 

Escrito por N&P

Mariotto había prometido públicamente que no permitiria la connivencia entre el delito, la policia, los jueces y la politica. Ahora le toca el turno a la justicia.

Ricardo Vázquez “Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye”

MARIOTTO IMPULSA UNA LEY DE ÉTICA PÚBLICA Y BUSCA LA TRASPARENCIA DEL CUESTIONADO PODER JUDICIAL

N&P

Ley de Etica Publica

Lo dijo el senador del GEN-FAP, Ricardo Vázquez, autor del proyecto de Ley de Ética Pública que decidió impulsar el vicegobernador bonaerense.

La iniciativa obliga a todos los funcionarios públicos de la Provincia a presentar declaraciones juradas una vez al año, tal como ocurre en el orden nacional.

El Senado de la provincia de Buenos Aires abrió la discusión acerca de la transparencia de los funcionarios públicos en la Provincia a través de un proyecto de ley presentado por el titular del bloque GEN-FAP, Ricardo Vázquez, y que cuenta con un fuerte respaldo del presidente del Senado, Gabriel Mariotto.

El vicegobernador se reunió ayer con Vázquez y con la jefa del bloque oficialista, Cristina Fioramonti, y acordó con ellos impulsar el debate en comisión para que “todos los funcionarios de la provincia, como hace nuestra presidenta (Cristina Fernández) y todos los funcionarios de la Nación, presenten la declaración jurada como corresponde”.

“Es muy gratificante que Mariotto nos haya recibido y nos apoye, esto sin dudas contribuirá positivamente para el pronto tratamiento del proyecto de ley y la rápida puesta en marcha de este mecanismo de transparencia pública”, señaló hoy Vázquez.

El autor de la iniciativa resaltó la necesidad de contar con una normativa provincial que refleje la transparencia de los funcionarios “ya que cuando se habla de ética, hablamos de responsabilidad, imparcialidad, eficacia, respeto al ordenamiento y cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales acorde al Estado que representa”.

También precisó que la norma estipula deberes, prohibiciones e incompatibilidades que se aplican a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Buenos Aires, a los órganos denominados extra-poder y a los Municipios.

Se intenta “objetivar la moral de los funcionarios para que más allá de las propias convicciones existan pautas mínimas comunes que comprendan a todos sin excepción”, fundamentó el senador del GEN.

En 1999 se sancionó la ley 25.188 de Ética Pública en el orden nacional y en la Provincia el decreto-ley 9624/80.

En este sentido, Vázquez manifestó que “es necesario contar con una nueva ley más cercana en el tiempo, gestada por esta democracia y cuyos postulados estén en consonancia con las normas locales, nacionales y los tratados internacionales de los cuales Argentina es parte”.

El vicegobernador se comprometió a promover el rápido tratamiento en el Senado de un proyecto que, entre otras cosas, obliga a los funcionarios bonaerenses de los tres poderes a presentar declaraciones juradas todos los años.

“Buscamos que haya más transparencia”, explicó Mariotto, tras una reunión con el autor de la propuesta, el legislador Ricardo Vázquez.

La iniciativa parlamentaria busca adecuar al ámbito de la administración bonaerense lo que sucede en la esfera de Nación, donde desde 1999 todos los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año.

“Buscamos que haya más transparencia porque eso nos da más institucionalidad y nos permite atacar los distintos nichos de corrupción”, explicó Mariotto tras recibir en su despacho al creador del proyecto de Ética Pública, el jefe de la bancada del GEN, Ricardo Vázquez, y su par del FpV-PJ, Cristina Fioramonti.

El titular del Senado explicó que el bloque oficialista había pensado en elaborar una iniciativa similar, pero “nos dimos cuenta de que ya estaba presentado por el senador Vázquez del GEN, un espacio político distante del nuestro, pero con el que compartimos un ideal”.

“Acordamos que vamos a impulsar el debate en comisión de su proyecto para que todos los funcionarios de la provincia, como hace nuestra presidenta (Cristina Fernández) y todos los funcionarios de la Nación, presenten la declaración jurada como corresponde, sin ningún tipo de problemas”, indicó Mariotto.

La iniciativa legislativa del GEN tiene estado parlamentario desde marzo de 2011 y se encuentra en la Comisión de Trabajo y Legislación Social.

La propuesta establece que todos los funcionarios o agentes de los tres poderes del Estado provincial y municipal con categoría o función no inferior a la de director o equivalente presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción en el cargo.

La misma, deberá ser actualizada una vez al año (actualmente rige el Decreto-Ley Nº 9624/80 que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido, en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.

Asimismo, el texto de la ley prevé una serie de ítems que apuntan a la “transparencia”, a través de la explicitación de una serie incompatibilidades con la función pública (dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione, tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste).

La Ley de enjuiciamiento a magistrados, el Consejo de la Magistratura y la Procuración

La reforma propuesta en el ámbito del Senado bonaerense incluye e implica modificar la ley de enjuiciamiento a magistrados, el Consejo de la Magistratura, la Procuración y la ley de ética pública.

Desde el Senado, donde tiene mayoría, Mariotto impulsa una amplia reforma legal que permitirá apartar preventivamente de su cargo a jueces y fiscales denunciados, antes de ser suspendidos; examinar periódicamente la condición psíquica de los magistrados y poner puntaje u orden de mérito a todos los aspirantes a funcionarios.

El vicegobernador Gabriel Mariotto acordó conla senadora Cristina Fioramonti, presidenta del bloque del Frente para la Victoria, avanzar con la reforma sobre "la corporación" judicial.

El paquete legal incluye tres proyectos, uno para modificar la ley de enjuiciamiento a magistrados; otro, el Consejo de la Magistratura, y el último, la Procuración.

A éstos se suma la señalada ley de ética pública para magistrados y funcionarios públicos, acordado entre Mariotto y la oposición.

Mariotto propone, además, fijar nuevos requisitos para selección del fiscal de Estado.

Mariotto busca dar una cruzada contra el cuestionado Poder Judicial, al que se considera una "corporación", empezando por la Suprema Corte.

El presidente de este tribunal preside también el Consejo de la Magistratura, que el Vicegobernador busca transparentar.

El jury a magistrados también es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial.

En una de las medidas más fuertes, Mariotto busca introducir reformas en la ley de enjuiciamiento a magistrados para poder apartar preventivamente a los jueces, en camino a la suspensión por parte del jury.

Se podría tomar esa medida durante la primera reunión del jurado en la audiencia de jurisdicción, "cuando se tornare inconveniente el ejercicio de su función" .

Es decir, mucho antes de la eventual suspensión por parte del jury . Este apartamiento será por 90 días, prorrogables por otros 90. No supondrá la quita de la remuneración.

Se procura poner plazos al presidente de la Corte para que una vez presentada una denuncia fije la primera audiencia en un plazo no superior a los 30 días.

"Habrá debate", expresó la diputada Fioramonti, autora de la mayoría de los proyectos.

En el Senado, el Frente para la Victoria cuenta con dos tercios de los 46 senadores, una mayoría suficiente para aprobar la reforma.

En Diputados el Frente para la Victoria es la primera minoría, pero podría acordar con el Frente Amplio Progresista, que impulsó junto con Mariotto la ley de ética pública.

La propuesta establece que todos los funcionarios de los tres poderes del estado provincial -es decir, incluidos los jueces, camaristas y ministros de la Corte- presenten una declaración jurada patrimonial desde la asunción en el cargo.

El texto deberá ser actualizado una vez al año (actualmente rige el decreto-ley Nº 9624/80, que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.

Se trata de transparentar la Justicia y acelerar los procesos. En la actualidad hay 140 juries de enjuiciamiento en trámite.

"El presidente De Lázzari ha acelerado el jury en forma histórica. Fijó una audiencia cada quince días", dijeron ayer en el palacio de tribunales. 

Mariotto había prometido públicamente que no permitiria la connivencia entre el delito, la policia, los jueces y la politica.

Los proyectos ingresaron el viernes 7 de setiembre formalmente en el Senado.

El debate recién empieza.La lucha continúa.

Fuentes: AgePeBa / María José Lucesole /LA NACION