Absolvieron a Yanina González.

TRIUNFO DE LA LUCHA POPULAR - HACE INSTANTES

(Por La Retaguardia) La fiscal Carolina Carballido Calatayud pidió la semana pasada 6 años y siete meses de prisión para Yanina. Gabriela Conder, la abogada de la Gremial de abogados, que defendió a Yanina, nos confirmó su absolución y afirmó: “Ya estamos para salir. Todavía no leí los fundamentos. No declararon la nulidad del juicio, la absolvieron. Estamos contentas porque ya sale Yanina. Pensábamos que podían decidir cualquier cosa. La vamos a seguir peleando porque estas cosas son muy graves y no pueden quedar impunes”. También destacó la importancia de la organización: “Tuvo que ver la presencia de todos. Les agradezco a todas las personas que estuvieron acompañando el juicio para que sea público, con las deficiencias que tuvo. Era muy restringido. Los principios de oralidad y publicidad están un poco violados también. A mi hoy no me dejaban pasar hasta que alguien se dio cuenta de que era la abogada. Quizás tengo pinta de feminista, eso es bueno”.

El Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro dio a conocer en horas del mediodía el fallo en el que absolvieron a Yanina González, que fue acusada y juzgada por abandono de persona seguida de muerte. Su hija de dos años falleció como consecuencia de los golpes que le habría propiciado Alejandro Fernández, quien ejerció violencia de género contra la madre y la hija y actualmente está en libertad y participó del juicio como testigo. Hay otra causa, que está demorada, en la que se investiga la muerte de la niña, en la que Fernández es el principal imputado.

La fiscal Carolina Carballido Calatayud pidió la semana pasada 6 años y siete meses de prisión para Yanina. Gabriela Conder, la abogada de la Gremial de abogados, que defendió a Yanina, nos confirmó su absolución y afirmó: “Ya estamos para salir. Todavía no leí los fundamentos. No declararon la nulidad del juicio, la absolvieron. Estamos contentas porque ya sale Yanina. Pensábamos que podían decidir cualquier cosa. La vamos a seguir peleando porque estas cosas son muy graves y no pueden quedar impunes”. También destacó la importancia de la organización: “Tuvo que ver la presencia de todos. Les agradezco a todas las personas que estuvieron acompañando el juicio para que sea público, con las deficiencias que tuvo. Era muy restringido. Los principios de oralidad y publicidad están un poco violados también. A mi hoy no me dejaban pasar hasta que alguien se dio cuenta de que era la abogada. Quizás tengo pinta de feminista, eso es bueno”.

Por su parte, Ernestina Arias, de Anred, que participó de la transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos, mostró su alegría: “Felicitamos esta organización que se ha gestado en torno a su libertad, y también a los medios alternativos que participamos, y que cuidamos a las personas”.

Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Lorenzetti y Highton encabezarán un acto por la implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Será el próximo 7 de abril. El presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema integraron la Comisión de Reforma que elaboró el Anteproyecto de ese cuerpo normativo, que entrará en vigencia el 1° de agosto de este año. CIJ TV transmitirá en vivo

El presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, respectivamente, encabezarán el próximo 7 de abril un acto por la implementación y entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Al mismo asistirán jueces y juezas del fuero civil y comercial, académicos, profesores de derecho, representantes de universidades, colegios de abogados, organizaciones no gubernamentales y sectores interesados en el tema.

El encuentro se realizará a las 12, en la Sala de Audiencias del Máximo Tribunal.

Cabe recordar que Lorenzetti presidió la Comisión de Reformas que elaboró el Anteproyecto de ese cuerpo normativo, que integraron además Highton de Nolasco y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entrará en vigencia el 1° de agosto de este año.

El acto será transmitido en vivo por CIJ TV, el canal de transmisión en vivo por internet del Centro de Información Judicial.

Vicente López :Presentan habeas corpus preventivo y colectivo para disfrutar libremente un espacio público verde.

Unidos por el río - Vicente López

Para

Vecinos de Vicente López e integrantes de la Asamblea Unidos por el Rio y el Foro Salud y Ambiente local, con el patrocinio de Naturaleza de Derechos, interpusieron ante la Justicia de San Isidro, un habeas corpus colectivo y preventivo contra el Municipio de dicha localidad bonaerense, a fin de que cesen las requisas y cacheos personales que personal municipal conjuntamente con la Policía de la provincia de Buenos Aires, realizan todos los fines de semanas a los vecinos que concurren a recrearse al espacio verde costeño de Vicente López.            La presentación judicial recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías Penal de San Isidro, la que inmediatamente dispuso que el trámite fuera tratado por el Juzgado penal de Garantías departamental de turno, en el caso, Garantías Nro 2, a fin de garantizar la doble instancia judicial.           Con el habeas corpus interpuesto, los vecinos tratan de neutralizar una práctica sistemática de requisas ilegales con amedrentamiento psicológico, implementado por el Municipio de Vicente López desde hace un tiempo atrás, que se constituye en una modalidad estatal para implementar solapadamente “un estado de sitio de hecho”, donde se ejerce una suerte de derecho de admisión para acceder al espacio verde y costero de Vicente López.         Efectivamente las requisas se realizan en retenes dispuestos sobre todas las arterias que conducen al Vial Costero (espacio público), transformando el acceso al mismo en un ingreso a un lugar privado.        De las más de 20 informaciones sumarias de vecinosvicentelopecinos adjuntadas a la presentación judicial, surge clara la actividad ilegal del Municipio en realizar requisas sin orden judicial y efectuar un prejuzgamiento de los vecinos, los cuales al negarse a ser requisados son violentados y amedrentados por los miembros de la fuerza policial.  El Municipio de Vicente López aduce que las requisas son para evitar que las personas "ingresen" con alcohol al Vial Costero. Con ese fin, los vecinos que quieren acceder al espacio público verde son obligados a mostrar sus pertenencias y arrojar inclusive el agua de sus termos.                Lo que el Municipio desconoce que toda requisa debe ser ordenada por un Juez, y que excepcionalmente se puede relevar la autorización judicial para casos de emergencia y flagrancia, ello es cuando acabadamente surja que el requisado ha cometido un delito. En este sentido, ante la justicia, Naturaleza de Derechos argumentó que en un estado de derecho la motivación que debe guiar a las fuerzas de seguridad  en una requisa personal debe ser la de hallar cosas provenientes o constitutivas de un delito o elementos que puedan ser utilizados para la comisión del mismo, además de exigir que los hechos se produzcan en la vía pública, y con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonablemente y objetivamente permitan justificar la medida, tal como lo prescribe jurisprudencia unívoca en la materia.              Un operativo público de control razonable y compatible con el orden constitucional es que las fuerzas policiales estén presenten en el lugar, que lo patrullen, que ante un hecho objetivo evidente que denote la probable comisión de un delito o bien que el mismo se ha cometido, ahí actúen y no poner un vallado “de ingreso” a un lugar público con requisas y cacheos ilegales a todos los vecinos, incluidos, en algunos casos, a menores.                         La Justicia ya requirió información al Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Municipio de Vicente López, resta que dicte la resolución judicial.

Sin cadenas ni arandelas de sujeción.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

(APL)Basta de cadenas en las celdas. No más arandelas de sujeción en las rodillas y esposas entre detenidos en los vehículos de traslados. Así lo estableció La Corte Cuprema de Justicia de la Nación al ratificar el fallo de primera instancia haciendo lugar al habeas corpus correctivo colectivo presentado por la defensa de un detenido en la Cárcel de Devoto. A la vez, el Supremo Tribunal dictaminó que “el cese de una situación irregular estructural que ilegítimamente agrava la detención de las personas puede no alcanzarse mediante el mero requerimiento a las autoridades penitenciarias para que se abstengan de realizar una conducta determinada sino que, por el contrario, para poner fin a este estado de cosas, también puede resultar necesario exigir la adopción, por parte de las autoridades penitenciarias, de conductas positivas de realizar reformas sistémica”.

La jueza de Primera instancia reconocía el agravamiento de las condiciones de detención, denunciado por el detenido mediante la interposición de un habeas corpus correctivo colectivo, generado por el riesgo para la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad en el CPF de Devoto debido al uso de cadenas para asegurar puertas de rejas en el establecimiento y a las personas trasladadas en los móviles del SPF. El mecanismo de apertura de las puertas internas del establecimiento es dificultado por el uso de cadenas para asegurarlas, un factor peligroso ante el caso de una emergencia. En el mismo sentido, la inexistencia de un sistema de seguridad en los móviles de traslado de personas presas –no se dispone de cinturones de seguridad, no hay matafuegos dentro del móvil, etc.- sumado a la utilización de esposas para sujetar a las personas presas entre sí y a una arandela a la altura de las rodillas, incrementan el riesgo de sufrir lesiones o de no poder evacuar el vehículo frente a un accidente.



Por todo ello la magistrada ordeno a la autoridades del servicio penitenciario Federal: a) iniciar tareas de estudio y análisis para estructurar un sistema reglamentado que reduzca el tiempo de respuesta ante una emergencia; b) implementar un sistema de sujeción de los detenidos durante los traslados, que permita atender los diversos perfiles, y capacitar al personal de traslados para la actuación en caso de siniestros vehiculares.


Por su parte, la Corte Suprema de Justicia agrego: a) el cese de una situación irregular estructural que ilegítimamente agrava la detención de las personas puede no alcanzarse mediante el mero requerimiento a las autoridades penitenciarias para que se abstengan de realizar una conducta determinada sino que, por el contrario, para poner fin a este estado de cosas, también puede resultar necesario exigir la adopción, por parte de las autoridades penitenciarias, de conductas positivas de realizar reformas sistémicas y b) no resulta relevante a los efectos de determinar el carácter colectivo de la acción de habeas corpus que la misma haya sido iniciada por una persona a título personal, en tanto que las circunstancias que motivaran su interposición tuvieran incidencia colectiva.


Fuente: Prensa Procuración Penitenciaria de la Nación

Nueva denuncia contra Cri$tina, Héctor Timerman, Andrés Larroque y Luis D’Elía.

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman había presentado contra la presidente Cristina Fernández de Kirchner, apenas cuatro días antes de morir y los funcionarios Héctor Timerman, Andrés Larroque y Luis D’Elía por “encubrir a los imputados iraníes en la causa AMIA “, firmó el dictamen y vía la solicitud de medidas de prueba inició formalmente la investigación contra la Presidente, el canciller y los demás implicados por el fallecido fiscal en una plan para encubrir a los imputados por el atentado a la AMIA.

Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, firmó hoy el requerimiento para que se tomen varias decenas de medidas de prueba.

Fuentes judiciales informaron que mediante un escrito presentado ante el juzgado federal 3 a cargo de Daniel Rafecas, el fiscal Pollicita hizo curso a una denuncia que presentó su colega fallecido Alberto Nisman.

El fiscal también imputó al diputado Nacional por el Frente para la Victoria Andrés Larroque; al dirigente kirchnerista Luis D’Elía; al líder de Quebracho, Fernando Esteche; al ex juez Héctor Yrimia y a Allan Bogado.

El pedido de Pollicita no incluye citaciones a indagatoria, como lo había sugerido Nisman en su denuncia, y sí una batería de medidas que ahora evaluará el juez Rafecas, quien está de licencia hasta el 20 de febrero próximo y por ahora lo subroga su par Sebastián Ramos.

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich; a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; y al de Salud, Juan Manzur, por la muerte del niño de la comunidad qom Néstor Femenía el 8 de enero pasado.

Mediante un escrito presentado en las últimas horas, el fiscal pidió investigar a los funcionarios por el delito de homicidio por comisión de omisión en la persona de Femenía, en concurso ideal con abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fallecimiento del niño Femenía tuvo lugar en Chaco el 8 de enero de 2015. En la causa se investigan las responsabilidades políticas de la muerte, a raíz de un supuesto caso de desnutrición.

Consultado por el caso durante una conferencia de prensa, Capitanich consideró en enero que la difusión de esa noticia era una “operación política”, respuesta que le valió un sinfín de notas.

La denuncia fue de Adrián Rois y en la misma acusó que el Fondo Especial de Desnutrición y Alimentación Nacional faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas que fueran necesarias para asegurar la aplicación.

Por su parte, según el denunciante, el Ministerio de Salud es responsable del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, que sería un organismo de Promoción y Programas Sanitarios que no se estaría aplicando correctamente.

También se denunció que el área de Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de la Dirección Nacional de Atención en la Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, “no estaría realizando lo conducente para evitar las situaciones como la del menor fallecido”.

En su requerimiento, el fiscal Di Lello pidió varias medidas de prueba, como oficios a distintos organismos involucrados en la denuncia. También que se pida al Hospital Bicentenario Güemes de Chaco que informe la situación de internación respecto al niño Femenias.

Daniel Rafecas reasumirá sus funciones.

El magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, según lo informa el sitio Centro de Información Judicial, resolvió cancelar su licencia. Fue luego de que el fiscal Gerardo Pollicita le devolviera el expediente que se iniciara por la denuncia del fiscal Alberto Nisman. 

El juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, resolvió cancelar su licencia que le había sido concedida hasta el 22 de febrero próximo y reasumir este miércoles sus funciones. Fue luego de que el fiscal Gerardo Pollicita le devolviera el expediente que se iniciara por la denuncia del fiscal Alberto Nisman.