ARGENTINA
Según el Gobierno formoseño, hay quienes ?lucran y desinforman? con el conflicto con los tobas
30/11/10 -
El ministro de Gobierno acusó a sectores que no identificó de "desinformar" y ?lucrar políticamente? con lo sucedido en la comunidad aborigen La Primavera. El martes pasado, la Policía provincial reprimió y hubo dos muertos en los incidentes.
Ayer, el gobernador formoseño Gildo Insfrán rompió el silencio y acusó a la oposición de ?sembrar la discordia?, luego de los sucesos en la comunidad toba La Primavera.
El martes pasado la Policía provincial reprimió a los integrantes de la comunidad que protestaban sobre la ruta nacional 86 y finalizó con la muerte del oficial Ever Falcón, de 34 años, y el aborigen Roberto López, de 52.
Ahora, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, acusó a sectores a los que no identificó de "desinformar" sobre el conflicto y sostuvo que hay quienes "pretenden lucrar políticamente" con esos sucesos, que costaron la vida a dos personas.
El ministro publicó una solicitada en los diarios de la provincia, sin identificación del gobierno y sólo con su firma, en la que evitó mencionar los dos muertos que causó la acción policial durante una protesta.
Jorge González indicó que "en ningún momento la comunidad de La Primavera fue afectada en las tierras de su propiedad comunitaria". El ministro quien por su cargo es el jefe político de la Policía de Formosa, no mencionó la represión de la que fueron objeto los manifestantes toba, durante la cual murió un joven uniformado y un integrante de esa comunidad aborigen.
"Es importante conocer la verdad, desenmascarar a quienes pretenden lucrar políticamente con un hecho que nos duele a todos. Solo la verdad nos hará libres", manifestó el funcionario en la solicitada.
Hace una semana, un grupo de aborígenes fue desalojado por la policía de un predio que reclaman para sí por derecho ancestral y también de la ruta nacional 86, que cortaban desde hace cuatro meses, para sostener esa demanda.
Pagina de encuentro para las personas interesadas en la promocion y defensa de los derechos civiles. 011-4275-1783. 011-4275-1306. franciscobenzi@yahoo.com.ar
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miércoles, 1 de diciembre de 2010
Crece el narcotrafico en la Bolivia de Evo Morales.
Cardenal Terrazas se solidariza con Mons. Solari ante agresiones oficialistas en Bolivia
(http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=31985)
LA PAZ, 01 Dic. 10 (ACI).-
El Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Cardenal Julio Terrazas Sandoval, expresó su solidaridad a Mons. Tito Solari ante las críticas que recibió por expresar su preocupación por el avance del narcotráfico en Bolivia.
Hace dos semanas, el Arzobispo de Cochabamba dijo que había sido alertado por padres de familia de Chapare de que en esa zona hay menores de edad que se dedican al microtráfico de drogas. Esta denuncia le provocó ataques de personas afines al Gobierno de Evo Morales.
Sin embargo, los obispos y agrupaciones católicas expresaron su respaldo al Prelado. El Cardenal Terrazas afirmó durante la Misa dominical que los ataques a Mons. Solari no son motivo para desalentarse, "sino un motivo para darle gracias a Dios, que quiere que nos mantengamos despiertos, vigilantes y listos a tomar las acciones debidas para impedir que la muerte se vaya apoderando de personas, de grupos o de espacios físicos".
En ese sentido, el Purpurado alentó a los fieles a no tener miedo para que, llenándose de Cristo, "sigan diciendo la verdad" y "señalando los espacios donde hay víctimas de grupos más poderosos que intentan romper todo aquello que es valor, que es autenticidad en nuestra gente".
"Tenemos que caminar aunque sea lentamente diciendo en este lugar hay víctimas de la injusticia, en este lugar hay víctimas del narcotráfico, en este otro lugar hay víctimas de la prepotencia y del poder y contra toda víctima se hace presente el Señor, se encarna en nosotros para decirnos que somos obras de Dios y que él nos quiere como sus hijos y como hermanos entre todos nosotros", señaló.
Por otro lado, lamentó el robo de las joyas del Museo de la Catedral de Santa Cruz. Indicó que se trata de un hecho "repudiable" y pidió hallar a los delincuentes.
(http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=31985)
LA PAZ, 01 Dic. 10 (ACI).-
El Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Cardenal Julio Terrazas Sandoval, expresó su solidaridad a Mons. Tito Solari ante las críticas que recibió por expresar su preocupación por el avance del narcotráfico en Bolivia.
Hace dos semanas, el Arzobispo de Cochabamba dijo que había sido alertado por padres de familia de Chapare de que en esa zona hay menores de edad que se dedican al microtráfico de drogas. Esta denuncia le provocó ataques de personas afines al Gobierno de Evo Morales.
Sin embargo, los obispos y agrupaciones católicas expresaron su respaldo al Prelado. El Cardenal Terrazas afirmó durante la Misa dominical que los ataques a Mons. Solari no son motivo para desalentarse, "sino un motivo para darle gracias a Dios, que quiere que nos mantengamos despiertos, vigilantes y listos a tomar las acciones debidas para impedir que la muerte se vaya apoderando de personas, de grupos o de espacios físicos".
En ese sentido, el Purpurado alentó a los fieles a no tener miedo para que, llenándose de Cristo, "sigan diciendo la verdad" y "señalando los espacios donde hay víctimas de grupos más poderosos que intentan romper todo aquello que es valor, que es autenticidad en nuestra gente".
"Tenemos que caminar aunque sea lentamente diciendo en este lugar hay víctimas de la injusticia, en este lugar hay víctimas del narcotráfico, en este otro lugar hay víctimas de la prepotencia y del poder y contra toda víctima se hace presente el Señor, se encarna en nosotros para decirnos que somos obras de Dios y que él nos quiere como sus hijos y como hermanos entre todos nosotros", señaló.
Por otro lado, lamentó el robo de las joyas del Museo de la Catedral de Santa Cruz. Indicó que se trata de un hecho "repudiable" y pidió hallar a los delincuentes.
Los abortistas engañaron con informacion falsa al Congreso Argentino.
ONG abortista presenta datos manipulados ante diputados argentinos, denuncia experto
BUENOS AIRES, 30 Nov. 10 (ACI).-La ONG "Human Rights Watch (HRW) manipula el texto del Código Penal" argentino y sostiene "la necesidad de legalizar el aborto" en el país sin precisar "razones jurídicas", denuncia el Dr. Nicolás Lafferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia.
El experto hace esta denuncia en el marco de la ponencia de Marianne Mollman de la abortista HRW esta tarde en la Cámara de Diputados de Argentina. En esta intervención sugerirá la despenalización del aborto en ese país, usando como recurso un informe publicado en agosto de 2010.
Sobre este informe, el Dr. Lafferriere afirma que las fuentes a las que recurre HRW "magnifican las estadísticas" sobre la cantidad de abortos. Esta organización omite toda referencia "al tema de la mortalidad materna" y a los problemas que existen "en torno a la atención obstétrica de emergencia".
El director del Centro de Bioética espera "que el Congreso Nacional no acepte las presiones internacionales y mantenga la coherencia de su legislación", y continúe protegiendo a "la vida humana desde la concepción".
Para leer el informe completo que rebate los argumentos de HRW, ingrese a http://www.centrodebioetica.org/biblioteca/aborto/hrwaborto.pdf
A juicio por torturar un preso.
cambio de carátula
Penitenciarios procesados por tortura
(AW) La causa por los tormentos aplicados a Fabián Sampietro cambió de carátula, pasando de "apremios ilegales y vejámenes" al de "tortura", por lo que la jueza se declaró incompetente y el caso será investigado por un tribunal oral en lo criminal.
Martes 30 de noviembre de 2010 (La Cantora)
La Jueza Claudia Grecco se declaró incompetente y se elevó la carátula de apremios ilegales y vejámenes a torturas. Ayer, en la primera jornada del juicio a los tres penitenciarios de la Unidad Nº45, a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 4, Grecco resolvió declinar su competencia a pedido de la parte acusatoria y dispuso que tome a cargo el caso un tribunal en lo criminal.
Penitenciarios procesados por tortura
(AW) La causa por los tormentos aplicados a Fabián Sampietro cambió de carátula, pasando de "apremios ilegales y vejámenes" al de "tortura", por lo que la jueza se declaró incompetente y el caso será investigado por un tribunal oral en lo criminal.
Martes 30 de noviembre de 2010 (La Cantora)
La Jueza Claudia Grecco se declaró incompetente y se elevó la carátula de apremios ilegales y vejámenes a torturas. Ayer, en la primera jornada del juicio a los tres penitenciarios de la Unidad Nº45, a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 4, Grecco resolvió declinar su competencia a pedido de la parte acusatoria y dispuso que tome a cargo el caso un tribunal en lo criminal.
En la mañana de ayer, lunes 29 de noviembre, bastaron las declaraciones de la víctima del caso, Fabián Sampietro, y de uno de los testigos, Pablo Casals para que a la fiscal del juicio, Claudia Cendoya, no le quedaran dudas de que lo que le hicieron a Fabián aquel 5 de julio 2006 en la Unidad Nº45 merecía el nombre de tortura. Así lo había caratulado el juez de instrucción, Marcelo Romero, pero luego la carátula bajó la acusación a "apremios ilegales y vejámenes".
Finalmente ayer la causa volvió a su estado original y los agentes penitenciarios Martín Ernesto Marcos -Jefe de la unidad en aquel entonces, Diego Démola y Saúl Rojas serán sometidos a juicio por un tribunal oral en lo criminal, que será sorteado próximamente.
Lo ocurrido ayer fue un gran paso para comenzar a tomar conciencia de que en las cárceles de la democracia hay torturas, hay muerte y hay miles de personas que exigen a diario ser escuchadas por la sociedad extramuro y que se haga justicia.
Represión racial en Formosa.
¿Y los derechos humanos de los pueblos originarios?
(AW) A sólo dos días de que la policía reprimiera salvajemente a los qom, la Presidente de la Nación dialogó amablemente por videoconferencia con Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995. O Cristina Fernández desconocía lo que había pasado en esa provincia o desconoce los derechos de los pueblos originarios, o simplemente no les interesa.
Sábado 27 de noviembre de 2010
Por Darío Aranda
¿Derechos humanos?
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
"Este Gobierno no reprime la protesta social". Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta , ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. "Exigimos respeto" es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. "El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas", afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una "voz autorizada" para amplificar su pesar: "El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia", afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: "En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público".
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agro-combustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja , donde la represión recae sobre asambleas socio-ambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quienes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios "algo habrán hecho".
http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/
Darío Aranda
(AW) A sólo dos días de que la policía reprimiera salvajemente a los qom, la Presidente de la Nación dialogó amablemente por videoconferencia con Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995. O Cristina Fernández desconocía lo que había pasado en esa provincia o desconoce los derechos de los pueblos originarios, o simplemente no les interesa.
Sábado 27 de noviembre de 2010
Por Darío Aranda
¿Derechos humanos?
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
"Este Gobierno no reprime la protesta social". Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta , ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. "Exigimos respeto" es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. "El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas", afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una "voz autorizada" para amplificar su pesar: "El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia", afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: "En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público".
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agro-combustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja , donde la represión recae sobre asambleas socio-ambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quienes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios "algo habrán hecho".
http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/
Darío Aranda
Las elecciones en Haití se desarrollan en medio de la violencia.
.- Las elecciones presidenciales y legislativas que se llevan a cabo en el país caribeño se enmarcan en serias irregularidades, en tanto que la población enfrenta la epidemia de cólera y trata de salir a flote luego del terremoto.
Algunas personas denunciaron que sus nombres no aparecerían en los registros electorales, en tanto que muchos dijeron que han perdido sus tarjetas para votar luego del sismo.
Por otra parte, el cólera mantiene a muchas personas alejadas de los centros de votación. Hay quienes se quejan porque aseguran que el gobierno les ha quitado su derecho de votar, informó la BBC.
Sin embargo, el jefe de la Misión de Estabilización de la ONU (Minustah), Edmond Mulet aseguró que “en general todo transcurre bien, todo está tranquilo; hay en Desdunes (al norte del país) incidentes menores” pero “no hay ninguna razón para tener miedo” pues “es una fiesta electoral”.
Por su parte, el alcalde de Desdunes, Wesner Archelus, aseguró que “hubo tiros toda la noche” y que “los disturbios estallaron en un centro de votación, donde un representante del Partido Inité (oficialista) fue secuestrado brevemente” y luego él mismo fue agredido hasta que se refugió en una comisaría.
Peligro!!!!Scioli quiere ser padre.
Daniel Scioli pidió ser padre en el Muro de los Lamentos
.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, visitó el Muro de los Lamentos, donde realizó un emotivo pedido en el marco de su visita oficial a Israel.
El funcionario estaba acompañado por su mujer, la modelo y empresaria Karina Rabolini, quien se mostró muy feliz y entusiasmada por el pedido de Scioli de ser padre. “Ruego a Dios que podamos. Soy muy familiero y sería muy lindo que se pueda dar como resultado de un amor de 25 años”, comentó.
En tanto, Karina expresó: “Escribí una línea, después otra y otra más, y terminé casi ocupando los márgenes de la hoja”, y agregó: “Por todo lo que escribí yo más lo que pidió Daniel, si seguimos así vamos a tener 14 hijos”.
Por otra parte algunos de los colaboradores del gobernador, bromeó con respecto a los comicios presidenciales del año que viene. “Creo que se veían números y eran 2011″, dijo entre risas el funcionario con la eventual candidatura de Scioli.
Para acercarse al Muro de los Lamentos, los hombres ingresan por un lado y las mujeres por otro. Ellos deben usar la tradicional “kipá” y, preferentemente, atuendos de color negro. Ellas no deben mostrar los hombros ni las rodillas. Rabolini optó por saco, pantalón y zapatos negros.
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