Carlos García, el gasista que fue detenido por la explosión del edifico de la calle Salta en Rosario, que dejo como saldo 21 muertos y más de 60 heridos, continuará el proceso en libertad.

En el día de hoy, el juez Javier Beltramone accedió al pedido de la defensa y dispuso la excarcelación de García. El gasista está culpado en la causa por estrago culposo.

A su vez, hoy se conoció la declaración de García ante la Justicia, realizada al otro día de la tragedia. Aunque reconoció que había estado trabajando en el edificio derrumbado, culpó a la empresa Litoral Gas por el mal estado de las instalaciones.

El gasista aseguró que corrió “desesperado” a buscar ayuda cuando comenzó la fuga de gas y que sufrió un ataque de nervios. Además, comentó que intentó “pedir ayuda al 911 y a la guardia de Litoral Gas”, pero dijo que nunca le contestaron y que como vio que “tenía que pedir auxilio” agarró la camioneta y fue “lo más apurado a Litoral Gas”.

Sin embaego, se negó a responder preguntas que no provinieran de sus abogados defensores “manifestando rechazo a las imputaciones” de la Justicia.

El ex superior del actual jefe Ejército César Milani fue procesado este viernes con prisión preventiva por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo durante la última dictadura.

Esteban Sanguinetti, es el ex militar acusado por el delito de ‘privación ilegítima de la libertad’ y ‘homicidio calificado’ por el juez federal de Tucumán Raúl Bejas.

Sanguinetti, de 71 años, fue  detenido el miércoles de la semana pasada, luego de ser imputado en la causa por el titular del Juzgado Federal de Tucumán número 1.

Actualmente cumple arresto domiciliario en Yerba Buena debido a su avanzada edad, era en aquel entonces jefe del Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 de La Rioja que estaba de maniobra en la provincia.

El exmilitar, asistido por la defensora oficial Carolina Cuenya, negó en su declaración responsabilidad en el secuestro del conscripto, afirmando que: “su labor estaba enfocada en la tarea social y en la reparación de caminos y de escuelas de Tucumán”, y según La Gaceta de Tucumán: “Se negó a contestar preguntas”.

El juez federal  Bejas dispuso ‘su procesamiento con prisión preventiva’ y ‘le dio la posibilidad de cumplirla en el domicilio de amigos’.

La versión oficial sobre la desaparición de Ledo fue que había desertado en junio de 1976 y el encargado del sumario correspondiente fue el entonces subteniente Milani.

La compañía en que revistaba, cuyo jefe era Sanguinetti, se encontraba en misión en Tucumán, en ese momento en el marco de la Operación Independencia de represión a la guerrilla rural.

Bejas había dispuesto la semana pasada el secreto del sumario hasta resolver la situación procesal del imputado, cuya defensa pidió en reiteradas ocasiones, de manera infructuosa, la eximición de prisión.

Llorar como hombres lo que no se supo defender como mujeres.

FAMILIARES DE MILITARES PRESOS, PROTESTAN FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

 

 

En el día de la fecha, en horas de la mañana, un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina se presenta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el objeto de exigir una inmediata reunión con el titular del organismo, Dr. Julio César Alak.

 

Motiva la solicitud la permanente violación de los derechos humanos sufrida actualmente por el personal detenido por hechos relacionados con los trágicos hechos que dividieron a los argentinos en la década del 70. Porque más allá de las aberraciones jurídicas cometidas en nombre de la ley por jueces prevaricadores e inescrupulosos, el estado argentino no deja de sorprender todos los días, con medidas arbitrarias y selectivas que menoscaban los derechos más elementales de una porción de la población carcelaria.

 

Como en la época del nazismo más furibundo, el método de la represalia se ha instituido en el estado argentino. Por la fuga de dos detenidos, sufren sus consecuencias los que permanecen todos los días cumpliendo con dignidad el arbitrario castigo impuesto. En un claro atentado contra la integridad de la vida humana, se priva a detenidos que cuentan con más de 60 años, de la atención médica indispensable para poder mantenerse con vida. Los establecimientos carcelarios, no cuentan con la infraestructura de salud necesaria para cubrir las necesidades de personas que tienen en el presenta más de 60, 70 u 80 años de edad.

 

 

El Hospital Militar constituye el lugar natural donde física y mentalmente, estos hombres deberían atender sus dolencias en el ocaso de sus vidas. Pero la política del odio y de la venganza, instituidos desde los ámbitos gubernamentales, pretende aplicar una pena de muerte encubierta, para regocijo y aplauso de quienes han hecho de los derechos humanos un negocio rentado sumamente lucrativo.

 

Nos presentamos ante el Ministerio de Justicia porque le corresponde a este organismo tutelar el respeto y goce de los derechos humanos de toda la población argentina, incluyendo en esta categoría a nuestros familiares y amigos. Venimos con la serenidad y la firmeza de estar reclamando aquello que nos corresponde. No venimos a rogar, ni pedir clemencia. Como familiares de soldados, venimos con la frente alta a reclamar por nuestros derechos.

 

Porque no estamos dispuestos a permitir que, en nombre de los derechos humanos, se termine aplicando un genocidio sobre el grupo humano que nos representa. Porque no tenemos ninguna duda de que en el presente, desde el estado argentino, se está persiguiendo a nuestros familiares y amigos, como grupo humano con identidad propia, privándolos de derechos reconocidos universalmente, lo que constituye lisa y llanamente, un crimen de lesa humanidad.

 

María Cecilia Pando

 DNI 18046597

Rafael Cuneo Libarona, abogado de Jorge Rial explicó los argumentos judiciales que determinaron el procesamiento de D´Auro por “chantaje en grado de tentativa”.

Primiciasya. com publicó: Recordemos que como primera medida, Silvia D´Auro, ex mujer del periodista Jorge Rial, fue llamada a indagatoria por considerarla en “estado de sospecha” por la jueza que entiende en la causa iniciada por el periodista de América, tras una entrevista que la ex cónyuge brindó a la revista Noticias por el delito de extorsión.

En la causa, a raíz de las pruebas incorporadas (declaraciones testimoniales de los periodistas de la revista Noticias, el ejemplar de la revista, la grabación de la entrevista y su transcripción, entre otras), la Sra. Juez entiende que se conformó el estado de sospecha requerido por ley para convocar a una persona imputada a fin de ser interrogada, artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Dicha norma dispone que “cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla”.

Sobre este tema la ex mujer de Rial presentó un escrito para declarar su “ajenidad a toda conducta ilícita” y decir que su ex fundamenta la acusación de extorsión en su contra en una “versión editada de mis expresiones”. “No he formulado las aseveraciones que se me atribuyen, referidas a supuestos pagos que políticos le habrían hecho a Jorge Rial”, dijo Silvia D´Auro a modo de defensa y desligando responsabilidades en su escrito.

Sobre esto, Noticias salió al cruce de los dichos de D´Auro. El semanario destaca que no hay una grabación de la voz de Silvia diciendo eso. Hay dos. A pedido de la Justicia, ambas están en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 31, a cargo de la jueza Susana Mabel Castañera de Emiliozzi.

Cuando Noticias le pregunta a D´Auro sobre la vinculación de Rial con el poder político, responde que “parece que llegó la moto (con gesto de mensajero entregando un sobre con plata)”.

Nunca nombró a los funcionarios en cuestión, pero la información llegó a la revista de boca de fuentes incuestionables ligadas al entorno de la señora, que prefieren mantenerse anónimas.

A mucha menos velocidad que los testigos de la ruta de “lavado de dinero K”, D´Auro también se “elaskariza”.

Ante la Justicia, Silvia se desdijo y negó haber efectuado esas declaraciones: “No he formulado las aseveraciones que se me atribuyen, referidas a supuestos pagos que políticos le habrían hecho a Rial”.

Pese a lo expuesto por D´Auro, la jueza que entiende en la causa determinó el procesamiento por “chantaje” y le trabó un embargo por 50 mil pesos.

“La Justicia ordenó el procesamiento de Silvia D´Auro por el delito de chantaje en grado de tentativa. Y ordenó a trabar embargos sobre sus bienes por la suma de 50 mil pesos. El chantaje en grado de tentativa es porque la justicia consideró que la Sra. brindó un reportaje en la revista Noticias, donde amenazaba con revelar secretos profesionales de Jorge Rial, y a cambio de eso obtener un beneficio patrimonial indebido”, confirmó Rafal Cuneo Libarona en diálogo con Primiciasya.com.

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que tiene como fin agilizar el trámite de adopciones.

El diputado Marcelo Feliú (FpV-PJ) llevó adelante la iniciativa, la cual fija “un plazo 6 meses desde que se toma la primera medida de protección del menor de edad para que el juez decida si están dadas las condiciones de “desamparo moral o material” para resolver la adoptabilidad”.

Feliú aclaró que “esto no quiere decir que a los 6 meses se entregue en adopción a un niño, pero sí que el juez tendrá que analizar el expediente en ese lapso”.

La legislatura bonaerense informó que “en la provincia actualmente existen 947 niños con la declaración de adoptabilidad ya formulada, de los 5.000 que se encuentran institucionalizados, y hay 17.601 familias inscriptas para adoptar”.

La Justicia admitió el amparo y ordenó suspender el proyecto La Greta de YPF.

FRACKING EN CHUBUT

(AW) La empresa YPF S.A. deberá suspender las actividades en el pozo de exploración no convencional (fracking) de petróleo conocido como “La Greta”, ubicado a 15 kilómetros de Río Mayo, debido a que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hizo lugar al amparo ambiental presentado por Marcelo Pintihueque por intermedio de la dra. Silvia de los Santos. Chubut, 24 dejunio de 2013 ( Puerta E).- La empresa YPF S.A. deberá suspender las actividades en el pozo de exploración no convencional (fracking) de petróleo conocido como “La Greta”, ubicado a 15 kilómetros de Río Mayo. Así lo informó la abogada Silvia de los Santos, quien indicó que el miércoles pasado tomó conocimiento de la sentencia judicial mediante la cual se admitió un amparo ambiental y se concedió una medida cautelar que la letrada había presentado en representación de Marcelino Pintihueque, integrante de la comunidad Comarca Chubut. “El amparo había sido declarado inadmisible en primera instancia y la cautelar rechazada”, recordó De los Santos, al tiempo que agregó: “ahora la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala B, revocó la sentencia, declaró admisible el amparo y otorgó la medida cautelar de suspender el proyecto de YPF S.A.”. La abogada comentó que “el amparo y medida cautelar se presentaron contra la provincia del Chubut e YPF S.A. por el pozo de exploración no convencional (fracking) de petróleo en Río Mayo, Chubut, conocido como La Greta”. Al momento de iniciar esta acción legal, De los Santos explicaba que la medida interpuesta se basaba en “la falta de consulta al mundo indígena ante cualquier actividad a realizarse en su territorio, la violación del debido proceso y acceso a la información ambiental, la participación efectiva de la comunidad en audiencia pública y la preservación del agua”. Además el amparo realiza tres denuncias, una de ellas es la falsificación de documento público, la existencia de un expediente mellizo y la omisión de los deberes de funcionarios públicos “por incumplimiento de las funciones del Instituto Provincial del Agua, y de los organismos competentes por falta de resguardo de zona arqueológica y material arqueológico en superficie”, señalaba

El juez Claudio Bonadio convocó para el miércoles 10 de julio por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al secretario de Comercio Guillermo Moreno.

El juez Bonadio lo citó a indagatoria por la causa en la que el funcionario está imputado debido a que aplicó multas a las consultoras privadas que miden la inflación.

Para el juez: “Moreno no tenía facultades para multar a las consultoras privadas que determinaban que la inflación era mayor a lo que publicaba el INDEC desde el año 2007”.

Por los delitos que será indagado Moreno, el Código Penal establece que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

La Secretaría de Comercio aplicó en 2011 multas de hasta 500.000 pesos a varias consultoras que realizan investigaciones económicas y que revelaban que el costo de vida era mayor al de los números oficiales del gobierno Nacional.