Clarissa Antonini, denunciada.

En el día de ayer se presento denuncia penal contra Clarissa Antonini, la prevaricadora titular de la UFI Nro 2 de Florencio Varela.
La denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público y encubrimiento, se radicó en la mesa general de entradas, a pesar de los esfuerzos de la mafia judicial para enervar el trámite.

Hoy, el vocero presidencial Alfredo Scoccimaro y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fueron citados a declarar por “malversación de caudales públicos”.

Scoccimarro y Abal Medina, citados a indagatoria por malversación de fondos

La causa se abrió hace dos años, cuando los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Daniel Presti los denunciaron por el polémico spot emitido en Fútbol para Todos. Allí, se le echaba la culpa al Gobierno porteño de no ser capaz de hacerse cargo del subte a pesar de tener los recursos.

El spot decía “Los problemas de financiamiento provienen de la suspensión del proceso de traspaso decidida por el gobierno de la Ciudad” y agregaba “El gobierno de la Ciudad tiene la obligación legal, los recursos nacionales y de los porteños para hacerse cargo del subte. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que viajes tranquilo. Pero también solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar. ¿Por qué no lo hace?”.

Al día siguiente, el macrismo contestó con un video en Youtube, en donde desmentía paso a paso las declaraciones del oficialismo. Pero el tema no quedó ahí.

Unos días después, los legisladores Ritondo y Presti presentaron una denuncia ante la Justicia federal, por “malversación de caudales públicos”. Entre sus argumentos, señalaron que “El Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos públicos –que debieron ser utilizados para otros fines comunes a la ciudadanía y evidentemente asignados presupuestariamente a otros conceptos– para realizar una publicidad cuyo objetivo fue emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual” y agrega “A ese entender, a afectos de satisfacer fines que hacen a la defensa política propia, el Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos que pertenecen al estado argentino”.

Por el momento, se está ocupando el juzgado de Claudio Bonadío, que terminó la investigación a fines del año pasado. De esta forma, el juez citó a Rodrigo Rodríguez, ex subsecretario de Comunicación Pública de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Fernández Russo, a cargo de la subsecretaría de Comunicación y Contenidos de Difusión, Alfredo Scoccimarro, secretario de Comunicación Pública y vocero presidencial, y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Los funcionarios y ex funcionarios fueron citados a declarar el 20, 24, 26 y 28 de febrero respectivamente.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba refutó la decisión del Tribunal de primera instancia y sobreseyó al ex presidente en la causa de Río Tercero, que lo tenía como principal imputado.

Menem fue sobreseído por la explosión en la fábrica militar de Río Tercero

 La explosión en la fábrica militar, ocurrida en 1995, dejó un saldo de siete personas fallecidas. 

La Cámara, presidida por Ignacio María Vélez Funes e integrada por José Vicente Muscará –juez subrogante- y Rafael Vaggione (en calidad de conjuez), resolvió por mayoría -con disidencia del Dr.- Vaggione- revocar el procesamiento de Carlos Saúl Menem dictado por el Juzgado Federal de Río Cuarto el 12 de agosto de 2013.

En su momento, el juez federal en primera instancia Carlos Arturo Ochoa había dispuesto el procesamiento del ex presidente Carlos Saúl Menem. Así, había considerado que “no puede negarse a esta altura que la maniobra de venta ilegal de material bélico no concluyó sólo con el contrabando, sino que, a raíz de haber quedado al descubierto, se llevaron a cabo otras actividades conexas que terminaron con la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, con el objeto de borrar cualquier rastro que pudiera vincular a funcionarios con el mentado contrabando”.

La defensa del ex presidente reposo en la prueba indiciaria, es decir en la capacidad de probar indicios que conecten al acusado con el hecho en cuestión. Así, el juez Vélez Funes, dictaminó “si bien el hecho a partir del cual el Juez infiere la participación de Menem podría justificar el inicio de una investigación y la correspondiente receptación de declaración indagatoria al imputado frente a la sospecha de su participación en la voladura de la F.M.R.T., como modo de ocultar los hechos de contrabando de armas que tuvo por probados la C.N.C.P., no alcanza, en modo alguno, para motivar una resolución de procesamiento”.

Y agrega: “ni la instrucción judicial, ni los órganos encargados de la acusación tanto pública como privada en cabeza del querellante, han podido aportar elemento alguno de prueba”.

Además, de Menem, también fue sobreseído el entonces jefe del Ejército Martín Antonio Balza, bajo el argumento de que “no ha resultado factible a la instrucción obtener otras constancias relativas a la participación de Martín Antonio Balza en el hecho, siendo que la prueba colectada no ofrece ningún dato relevante en torno a su responsabilidad para inculparlo”.

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos citó para el 21 de abril próximo a representantes del Gobierno argentino y de los fondos buitres, en el marco de la disputa por el pago de la deuda en default.

La Corte de Estados Unidos citó al Gobierno argentino por la disputa con los fondos ‘buitre’

Luego de esa audiencia, la Corte norteamericana definirá si tratará o no el caso, vinculado con una presentación del fondo buitre Elliot, del multimillonario Paul Singer, sobre el pedido para poder embargar fondos de la Argentina depositados en bancos radicados en los Estados Unidos y en la sucursal del Banco Nación en Nueva York, según publicó este jueves el matutino Ámbito Financiero.

La Argentina estará representada en la audiencia por los abogados del Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, que podrán exponer puntualmente sobre el reclamo de Elliot pero también por una veintena más de demandas de tenedores de bonos impagos.

La estrategia de los abogados que defienden al Estado argentino será plantear las consecuencias sobre todo el sistema financiero de sostener los fallos de primera instancia del juez de Nueva York Thomas Griesa y de segunda instancia a favor de los fondos buitre.

En esos fallos, se obliga al país a Argentina a pagar al contado 1.330 millones de dólares que reclaman Elliot y el resto de los fondos.

Los negociadores argentinos, enrolados en la Unidad de Renegociación de la Deuda -que maneja el exministro de Economía Hernán Lorenzino- creen que la cita del 21 de abril, en Washington, será la última oportunidad para convencer al máximo tribunal de Estados Unidos de tratar el caso.

Pero si finalmente la Corte norteamericana no aceptara la posición argentina, la Casa Rosada tendrá algunos meses para encarar una negociación con algunos fondos buitre.

De tener que recurrir a esta última iniciativa, la intención es pagarles a los fondos buitre con dineros públicos a través de terceros, que serían dos “fondos amigos” de la Argentina: el Gramercy y el Fintech.

Esos fondos le ofrecerían Singer comprarle su deuda en default al contado, con dinero que aportarían los propios bonistas que accedieron al canje.

La Presidente recibió en la Casa de Gobierno el proyecto de reforma del Código Penal, elaborado por una comisión encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni.

Cristina Kirchner recibió el proyecto de reforma del Código Penal

Fuente: Télam

Al encuentro asistieron los integrantes de la comisión, los diputados Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo y María Elena Barbagelata y León Carlos Arslanian.

Cristina Fernández a su vez estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el ministro de Justicia, Julio Alak, en cuyo ámbito se desarrolló el proyecto de reforma de Ley elaborado por los miembros de Comisión que se creó a tal efecto en mayo de 2012.

La comisión fue creada a través del decreto 6782012, con el objeto de elaborar el proyecto de ley de reforma que contaba con un plazo de 180 días corridos a partir de la fecha de su constitución (7 de mayo de 2012), aunque el mismo podía ser ampliado a pedido de la comisión, la actualización e integración del Código Penal de la Nación.

El decreto establecía que la comisión tenía por finalidad producir un único cuerpo normativo que concentre toda la normativa penal.
Esta iniciativa constituye “un compromiso político asumido por el Gobierno nacional en procura de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales, para la presente y las futuras generaciones de argentinos”, se señaló en el decreto.

En los considerandos el decreto expresa que el Código Penal ha tenido múltiples reformas, lo que genera la introducción de numerosas modificaciones en el articulado tanto de su Parte General como de su Parte Especial.
También se menciona que “se sometió a consulta pública por espacio de tres meses el anteproyecto elaborado por la Comisión, tras lo cual se efectuaron modificaciones finales al texto y se recabó una extensa nómina de las personalidades y organizaciones adherentes, pese a lo cual el propósito reformador no pudo concretarse”.
Además indica que “subsiste la necesidad de emprender la labor de reforma penal integral, siendo un compromiso político asumido por el Gobierno Nacional en procura de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales, para la presente y las futuras generaciones de argentinos”.
Por último, aclara que “por ello se estima conveniente la creación de una Comisión que lleve a cabo el objetivo de reforma, actualización e integración de la legislación penal en un único cuerpo normativo”.

El Consejo de la Magistratura de Río Negro realizó su primer llamado a concursos en lo que va de 2014.

Se vienen los concursos en Río Negro

 Se busca cubrir cargos de jueces, fiscales y secretarios. Hay tiempo hasta el próximo 28 de marzo para hacer las presentaciones.

El Consejo de la Magistratura rionegrino llevó a cabo su primer llamado para concursos para este año, a través de las resoluciones uno, dos, tres y cuatro mediante las cuales buscan incorporar nuevos jueces, fiscales y secretarios y, además, volver a ocupar algunos cargos que quedaron vacantes a raíz de renuncias y jubilaciones.

 

En torno a la primera circunscripción, los consejeros señalaron que se está buscando cubrir un cargo de secretario de la Cámara del Trabajo con asiento de funciones en la ciudad de Viedma y eventuales vacantes en la Primera Circunscripción Judicial de Secretario de Cámara y Secretario de Primera Instancia.

 

En tanto, en la segunda circunscripción judicial Un cargo de juez de la Cámara del Trabajo con asiento de funciones en la ciudad de General Roca; un cargo de agente fiscal con asiento de funciones en la ciudad de Río Colorado.

 

Un cargo de secretario de Familia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Familia y Sucesiones número 21 asiento de funciones en la ciudad de Villa Regina; un cargo de secretario de Familia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Familia y Sucesiones 31 asiento de funciones en la ciudad de Choele Choel; un cargo de secretario del Juzgado de Instrucción 2 con asiento de funciones en la ciudad de General Roca. 

 

Un cargo de secretario del Juzgado de Instrucción 12 con asiento de funciones en la ciudad de General Roca y eventuales vacantes en la Segunda Circunscripción Judicial de juez de Cámara, juez de Primera Instancia, funcionarios del Ministerio Público, secretario de Cámara y secretario de Primera Instancia.

 

En la tercera circunscripción el llamado fue dirigido para cubrir un cargo de juez de la Cámara Segunda en lo Criminal con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche y eventuales vacantes en la Tercera Circunscripción Judicial de juez de Cámara, juez de Primera Instancia, funcionarios del Ministerio Público, secretario de Cámara y secretario de Primera Instancia.

 

Finalmente, en la cuarta circunscripción la llamada fue apuntada a cubrir un cargo de fiscal de Cámara Nro. 1 con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti y eventuales vacantes en la Cuarta Circunscripción Judicial de juez de Primera Instancia, Funcionarios del Ministerio Público, secretario de Cámara y secretario de Primera Instancia.

Dju

Un grupo de ONG solicitaron al Máximo Tribunal de Justicia que convoque a una audiencia pública para supervisar el cumplimiento de la sentencia en un caso de aborto no punible.

Corte para hablar del aborto

Foto: Telam

Cuatro organizaciones no gubernamentales solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que convoque a una audiencia pública para supervisar el cumplimiento de la sentencia dictada en el caso “F.,A.L.” sobre aborto no punible.

Ello puesto que “más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con protocolos hospitalarios que aseguren el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921”.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina, en su calidad de amicus curiae, solicitaron la audiencia pública.

“A casi dos años del dictado de la sentencia, un informe de la ADC, muestra que más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921”, dicen desde las organizaciones.

En su presentación, las organizaciones sostienen que “la situación normativa poco promisoria, así como el persistente activismo judicial en contra de los derechos de las mujeres, además de la reiteración de casos en los que se dificulta el acceso al aborto, justifican la celebración de una audiencia pública”, explicaron.

Ello, “a fin de que la Corte se informe sobre el estado de situación del acceso al aborto no punible en el país, luego del dictado de su sentencia y tome las medidas necesarias para lograr su cumplimiento efectivo”.

En aquella sentencia la Corte determinó el alcance del derecho al aborto no punible, establecido en el artículo 86 del Código Penal. También, el tribunal “exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a implementar protocolos hospitalarios a fin de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios de atención de los abortos no punibles”.

Dju