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CorteIDH estudiará caso por supuesta injusticia en proceso contra militares argentinos
Efe
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, realizará este miércoles una audiencia pública acerca de una demanda contra Argentina por la realización de supuestos procesos judiciales injustos contra militares acusados de fraude.
En la audiencia, los jueces escucharán a un perito ofrecido por los defensores y a otro por parte del Estado, además de los alegatos finales orales de las partes por este caso llamado "Argüelles y otros contra Argentina".
Esta demanda se relaciona con la supuesta violación del derecho a la libertad personal y al deun juicio justo en los procesos internos realizados entre 1978 y 1980 contra oficiales militares por el delito de fraude militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar (CJM), entonces vigente.
En total, fueron detenidos 50 oficiales militares que estaban a cargo de fondos de diferentes bases de la Fuerza Aérea Argentina, 20 de los cuales serían las presuntas víctimas del caso, explicó la CorteIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que presenta los casos ante la CorteIDH, afirma que el Estado violó el derecho de las presuntas víctimas a contar con asistencia técnica para su defensa y que permanecieron incomunicadas por un período que excedió lo permitido por el CJM.
Además, la CIDH señaló que las supuestas víctimas estuvieron en prisión preventiva por un plazo de entre 7 y 8 años, sin que el Estado haya justificado su detención.
Después de la audiencia, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito a la CorteIDH y a partir de allí los jueces contarán con todos los elementos para emitir un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.
En la audiencia, los jueces escucharán a un perito ofrecido por los defensores y a otro por parte del Estado, además de los alegatos finales orales de las partes por este caso llamado "Argüelles y otros contra Argentina".
Esta demanda se relaciona con la supuesta violación del derecho a la libertad personal y al deun juicio justo en los procesos internos realizados entre 1978 y 1980 contra oficiales militares por el delito de fraude militar, en cumplimiento de las disposiciones del Código de Justicia Militar (CJM), entonces vigente.
En total, fueron detenidos 50 oficiales militares que estaban a cargo de fondos de diferentes bases de la Fuerza Aérea Argentina, 20 de los cuales serían las presuntas víctimas del caso, explicó la CorteIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que presenta los casos ante la CorteIDH, afirma que el Estado violó el derecho de las presuntas víctimas a contar con asistencia técnica para su defensa y que permanecieron incomunicadas por un período que excedió lo permitido por el CJM.
Además, la CIDH señaló que las supuestas víctimas estuvieron en prisión preventiva por un plazo de entre 7 y 8 años, sin que el Estado haya justificado su detención.
Después de la audiencia, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito a la CorteIDH y a partir de allí los jueces contarán con todos los elementos para emitir un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.
La Justicia dictó el procesamiento de ocho jefes y 33 agentes de las policías Metropolitana y Federal, en la causa por la que se investigan las tres muertes ocurridas en el 2010 durante la ocupación del Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati. Los jefes policiales fueron procesados por los delitos de homicidios y lesiones culposas, tal como había reclamado en su momento el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La noticia fue confirmada por el abogado del CELS, Federico Efron, quien representa a familiares de Rossemary Chura Puña, una de las tres víctimas fatales. Efron dijo que el procesamiento fue firmado en la víspera y comunicado este jueves al organismo defensor de los derechos humanos y que ahora "queda pendiente la indagatoria de Eugenio Burzaco, jefe por entonces de la Policía Metropolitana". El letrado explicó que en los pasos siguientes las defensas de los policías podrán apelar y si ello se produce, el tema se elevará a la Cámara del Crimen de la Capital Federal. De los 41 procesados; 8 agentes de la Federal lo fueron por abuso de armas, 25 de la Metropolitana por homicidio y lesiones en agresión, en tanto que la totalidad de jefes de ambas policías lo fueron por homicidio y lesiones culposas..jpg)
"Quiero ir a juicio para demostrar mi inocencia", le dijo Fariña a su abogado Iván Mendoza, y mientras cumple prisión preventiva en Ezeiza en el marco de otra causa por evadir impuestos por casi 30 millones de pesos. Este miércoles, el juez Casanello lo procesó a él y al financista Federico Elaskar por lavado de dinero en una investigación, en donde también se sigue contra el empresario Lázaro Báez. De no apelar la resolución de Casanello, el procesamiento de Fariña quedaría firme y acotaría los tiempos para ir a juicio oral y público.
