El juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de La Plata, a cargo del doctor Luís Federico Arias, ordenó esta tarde al gobierno provincial el pago en tiempo y forma del aguinaldo a la totalidad de los trabajadores estatales, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICCOP-CTA).
El fallo del magistrado, establece que el Ejecutivo debe asegurar la percepción de los haberes “de acuerdo a la legislación vigente, dentro del plazo de 5 días” de notificada la resolución.
El texto del juez Arias considera que en el estado de derecho el principio de legalidad “preside todo el accionar de la administración, que ésta se encuentra sometida a la ley que debe limitar sus posibilidades de actuación a la ejecución de la misma”, por lo que, interpreta, cualquier decisión que se aparte de ese marco legal es, además, ilegítima.
Tras ello, asegura que “el Poder Ejecutivo provincial habría procedido al fraccionamiento del sueldo anual complementario, sin ley o acto administrativo que le sirva de sustento, afectando con ello el derecho de propiedad de naturaleza alimentaria, en contraposición a las normas que disponen el pago en tiempo y forma de la citada remuneración”.
Arias entiende en su fallo que “la verosimilitud en el derecho invocado, se encuentra ‘prima facie’ acreditada por cuanto una detracción patrimonial en los salarios de los trabajadores del Estado provincial sin sustento formal y jurídico alguno”.
Más adelante, el fallo asegura que “dado el carácter netamente alimentario del derecho comprometido, sumado al tiempo que es previsible insumir para arribar a la sentencia, resulta razonable considerar que privación del goce íntegro de ese derecho podría ocasionarles a los actores un perjuicio de difícil o imposible reparación”.
Tras conocer el fallo, el secretario general Oscar de Isasi, aseguró que “el gobernador Daniel Scioli había ingresado en la ilegalidad, por lo que debió ser la justicia la que lo debió poner en caja, ya que evidentemente Scioli no tuvo reparos legales a la hora de profundizar su ajuste sobre los salarios de los trabajadores".
Vale recordar que Consejo Directivo Provincial de ATE definió un paro de 48 horas para el miércoles y jueves con cortes de calles y en los accesos a la ciudad, al igual que en distintas rutas de la provincia. Y a la tarde de ese miércoles, de confirmarse el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica que propone el gobernador, sus militantes iniciarán una vigilia frente a la Legislatura provincial para evitar que se vote la ley.
El texto del juez Arias considera que en el estado de derecho el principio de legalidad “preside todo el accionar de la administración, que ésta se encuentra sometida a la ley que debe limitar sus posibilidades de actuación a la ejecución de la misma”, por lo que, interpreta, cualquier decisión que se aparte de ese marco legal es, además, ilegítima.
Tras ello, asegura que “el Poder Ejecutivo provincial habría procedido al fraccionamiento del sueldo anual complementario, sin ley o acto administrativo que le sirva de sustento, afectando con ello el derecho de propiedad de naturaleza alimentaria, en contraposición a las normas que disponen el pago en tiempo y forma de la citada remuneración”.
Arias entiende en su fallo que “la verosimilitud en el derecho invocado, se encuentra ‘prima facie’ acreditada por cuanto una detracción patrimonial en los salarios de los trabajadores del Estado provincial sin sustento formal y jurídico alguno”.
Más adelante, el fallo asegura que “dado el carácter netamente alimentario del derecho comprometido, sumado al tiempo que es previsible insumir para arribar a la sentencia, resulta razonable considerar que privación del goce íntegro de ese derecho podría ocasionarles a los actores un perjuicio de difícil o imposible reparación”.
Tras conocer el fallo, el secretario general Oscar de Isasi, aseguró que “el gobernador Daniel Scioli había ingresado en la ilegalidad, por lo que debió ser la justicia la que lo debió poner en caja, ya que evidentemente Scioli no tuvo reparos legales a la hora de profundizar su ajuste sobre los salarios de los trabajadores".
Vale recordar que Consejo Directivo Provincial de ATE definió un paro de 48 horas para el miércoles y jueves con cortes de calles y en los accesos a la ciudad, al igual que en distintas rutas de la provincia. Y a la tarde de ese miércoles, de confirmarse el tratamiento de la Ley de Emergencia Económica que propone el gobernador, sus militantes iniciarán una vigilia frente a la Legislatura provincial para evitar que se vote la ley.
* Equipo de Comunicación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA)
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