jueves, 17 de marzo de 2011

A favor de la impunidad en la delincuencia juvenil.


No a la baja de edad de imputabilidad
Para no criminalizar a los pibes
[16/03/2011 - ACTA]  Los diputados nacionales de Proyecto Sur, dirigentes de la CTA y niños habitantes de villas de emergencia se pronunciaron en el Congreso Nacional este jueves en contra del proyecto sancionado por el Senado que baja a los catorce años la edad de imputabilidad penal, durante una audiencia pública realizada en la Cámara baja.
“Ningún pibe nace chorro”. Con este lema, los legisladores nacionales de Proyecto Sur Claudio Lozano y Liliana Parada, organizaron una audiencia en el Anexo de la Cámara de Diputados, de la cual participaron dirigentes de la CTA, entre ellos Pablo Micheli y Carlos Chile, el Coordinador Nacional de la Constituyente Social Víctor De Gennaro y representantes de Madres-Línea Fundadora, de Serpaj, del espacio "No a la baja", Abuelas de Plaza de Mayo, Foro de los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires, Comité contra la Tortura, entre otros.

Durante el encuentro se dieron las razones “técnicas” por las cuales “el Poder Judicial no puede resolver problemáticas sociales y por qué el sistema penal no es una garantía para disminuir los casos de niños-adolescentes en conflicto con la ley”.

Parada y Lozano son autores de un proyecto ley con dictamen de comisión que establece que “en ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la Comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema penal general”.

La iniciativa sostiene además que tampoco podrán "atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores de 18 años" y se contrapone con la iniciativa aprobada por el Senado que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Parada advirtió en la audiencia que el 60 por ciento de los jóvenes privados de su libertad provienen de institutos de menores, de acuerdo con informaciones oficiales.

En ese marco, entendió que la baja de edad de imputabilidad "lejos de ser un remedio sigue siendo un castigo" para la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

"No es agravando las penas la forma de resolver la situación de los menores vinculados al delito, sino profundizando el sistema de protección de los niños y adolescentes", reflexionó el vicepresidente del bloque GEN, Horacio Alcuaz, al participar de la audiencia.

Consideró que, para ese fin, "hace falta poner en práctica la ley 26.061 (de protección de menores), sancionada hace años pero que todavía no cuenta con presupuesto, al igual que sigue sin haberse nombrado al Defensor del Niño, previsto en esa norma".

No a la Baja

Según el documento conjunto publicado por las organizaciones sociales reunidas en el Espacio No a la Baja para abrir las puertas a la audiencia, el debate sobre el Régimen Penal Juvenil "está mal planteado", ya que "no se puede culpabilizar a los jóvenes de los negocios que involucran a los adultos ni el poder judicial no puede resolver problemáticas sociales".

Y denunciaron: “Es fácil culpabilizar a los jóvenes y plantear leyes más duras, en vez de revisar el sistema penitenciario, el accionar de la policía, de las mafias de la droga, de las autopartes. Mientras no se invierte en darle oportunidades a los jóvenes garantizándoles condiciones de vida digna para que no terminen rehenes de los circuitos delictivos".

Omar Giuliani, referente de la organización Ruca Hueney y Coordinador Nacional de la Constituyente Social, calificó la baja de la edad de imputabilidad como "una aberración social y jurídica". Durante la audiencia, agregó que "en lo social significa estigmatizar y criminalizar a los pibes y desde lo jurídico desoye las leyes internacionales sobre regresividad y progresividad. Bajar la edad de imputabilidad sería regresivo y no aseguraría los derechos a futuro".

Además, Giuliani resaltó: "¿Cuál es el sentido de insistir una ley en la que se castigue a los pibes cuando solo participan en el 4 por ciento de los delitos cometidos? Parece una venganza de clase contra ellos que son la principal denuncia de un sistema que funciona patas para arriba". Según el referente de Ruca Hueney, por el bombardeo mediático "algunos creen que la penalización es el único camino, pero las organizaciones sociales que trabajamos junto a los chicos somos un claro ejemplo de que existen otras posibilidades".

Durante el encuentro público, también se escucharon las adhesiones de referentes de la cultura como Teresa Parodi y Víctor Heredia. "Bajas la edad de imputabilidad es una medida que no sirve de nada. Debemos contener y sostener políticas de inclusión social para poder modificar una realidad tremenda que existe en nuestro país", apuntó Parodi.

También se escuchó la adhesión del conductor radial y periodista Victor Hugo Morales, quien indicó: "Me resisto a tomar los estereotipos que crean los medios dominantes sobre los jóvenes relacionándolos con la droga o el delito. Muchos de ellos están asechados por esos males de la sociedad y lo que hay que hacer es ayudarlos y no imputarlos. La mayoría de los muchachos que cometen delitos son chicos, chicos realmente, que hay que ir a taparlos de noche".

Morales agregó que no se los puede hacer imputables de "un daño que ellos recibieron" y explicó: "Cuando hay un caldo de cultivo para la delincuencia es porque ellos son hijos de los años 90, del genocidio del que fue cómplice buena parte de la sociedad. Son hijos de padres que quedaron sin trabajar y al margen de todo beneficio de esta sociedad".

Los organizaciones convocantes insistieron en que "el delito es liderado y protagonizado mayoritariamente por los adultos. El crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos es gerenciado por adultos y solo es posible con la complicidad de poderes políticos, empresariales, judiciales y policiales".

Y expresaron que "la agenda de la política y el Estado en relación a la niñez y la adolescencia debe priorizar la restitución de derechos y la efectiva aplicación de la Ley 26.061 (de protección integral) con la asignación de recursos correspondiente. El espacio asignado a ley penal juvenil, como única solución, es solo una concesión a los demandantes de la criminalización de la problemática social".

Al mismo tiempo, afirmaron que "el actual régimen penal nacional para adolescentes y jóvenes, es obsoleto, estigmatizante y abusivo. Por lo tanto estamos lejos de defender los que hoy existe" e indicaron que "la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza".

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