miércoles, 17 de abril de 2013

La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, emitió ayer un duro comunicado contra los proyectos de ley del Gobierno para ‘democratizar’ la justicia .



“En nada contribuyen al mejoramiento de la Justicia y, por el contrario, cercenan su independencia”.
“Estos proyectos pretenden terminar con el carácter de poder del Estado de la Justicia, haciendo depender a los jueces de un órgano dominado por la mayoría electoral circunstancial”.
“Esa mayoría electoral contará con las dos terceras partes del cuerpo y le resultará fácil seleccionar y acusar a jueces. Por eso, reclamó ser escuchada en un amplio debate”.
El oficialismo anunció que abriría a discusión sus proyectos e invitó al Senado a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, cercanas al Gobierno, que habían expresado críticas a las iniciativas., pero no dijo, por el momento, sumar jueces al debate.
En los tribunales se multiplican las reuniones  anti-reforma: Anoche, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, recibió a la Junta de Presidentes de Cámaras, que agrupa a tribunales de alzada de todo el país. Los camaristas le llevaron una nota de apoyo y le expresaron su preocupación.
La reunión se concretó  en el Palacio de los Tribunales. Los camaristas llegaron a las 19:00 con un documento que habían consensuado, firmado por casi todos (no, por la presidenta de la Cámara del Crimen, tribunal que decidió no opinar) y dirigido a la Corte.
En el comunicado hacían  saber que: “estaban preocupados por algunos de los cambios que promueve el Gobierno. Sobre todo, porque ya no sean los jueces quienes nombren a los nuevos funcionarios, que se traspasen de la Corte al Consejo las facultades ‘técnico-administrativas’ y que pueda someterse a juicio a los magistrados con una mayoría menos exigente”.
La  nota no fue dada a publicidad. Su contenido fue relatado a LA NACION por dos de los presentes en la reunión, que dijeron que: “Lorenzetti agradeció y reiteró que la Corte no dejará de defender la independencia judicial”.
Aunque no se manifestó en público sobre los proyectos, el alto tribunal siguió muy de cerca la reacción de los jueces de las instancias inferiores; sobre todo, de la Asociación de Magistrados.
La Asociación dedicó un párrafo central a defender las atribuciones de la Corte: “Se pretende sustituir a la Corte Suprema como cabeza de uno de los poderes del Estado, vaciándola de las funciones que constitucionalmente le son inherentes para el desempeño adecuado de la tarea judicial”.
“No resulta respetuosa del equilibrio que la Constitución Nacional prescribe”.
“Las propuestas del Poder Ejecutivo no atienden a los verdaderos problemas que distancian al Poder Judicial de las soluciones prácticas que la sociedad requiere”.
Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, que reúne a centenares de jueces de todas las provincias, pretendía que el comunicado fuera más duro. El texto consensuado, de tres páginas, fue el resultado de más de tres horas de discusión.
El primer borrador criticaba también la creación de nuevas cámaras de casación y reclamaba que el Gobierno cubriera las vacantes de jueces; decía que estaba en juego la ‘división de poderes’ y afirmaba que las propuestas de ley del kirchnerismo pretendían ‘apuntalar un sistema basado en la presión y el temor’.

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