Por una verdadera reforma del poder judicial.

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: por una verdadera reforma judicial

En un comunicado de prensa, el Colegio Público de Abogados de la Capital subrayó la necesidad de la independencia del Poder Judicial para "evitar posibles excesos de los otros poderes constituidos del Estado".

• Jubilados y pensionados serían los más perjudicados.
• Sobre la "democratización" de la justicia 
• Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: hacia una justicia arbitraria y parcial

(ArgentinosAlerta.org) El Colegio entiende que  las reformas que pretende la Señora Presidente de la Nación, mal llamadas "democratización", no contribuyen a la independencia del Poder Judicial.

El CPACF exhorta para que no se desperdicie esta oportunidad histórica de realizar un verdadero debate para el mejoramiento del Poder Judicial, en aras de asegurarle a todos los argentinos, principalmente a los desposeídos y postergados sociales, el acceso a una justicia independiente, idónea y rápida.  

Reproducimos el comunicado completo. Las negritas son nuestras.

Por una verdadera reforma del poder judicial

Comunicado de Prensa:

La Abogacía de la República Argentina se encuentra indisolublemente comprometida con la defensa del Estado de Derecho, la Supremacía de la Constitución Nacional, la división de poderes de la forma de gobierno repubilcano, la vida democrática y la forma de Estado Federal.

Hoy como ayer y como mañana viene a sostener con profunda convicción, que el Poder Judicial es un pilar fundamental para asegurar la plena vigencia de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y de allí que su integración y funcionamiento deban obedecer a un criterio de independencia, para evitar posibles excesos de los otros poderes constituidos del Estado.

La Abogacía organizada ha acompañado siempre la dinámica social que empuja a implementar cambios en todos los órdenes institucionales en pos de optimizar la administración de justicia, su acceso y la independencia de cada uno de los jueces de todo el País, respecto de los poderes políticos, económicos y de toda índole que impidan el normal desenvolvimiento del servicio de justicia.-

En esta inteligencia, hoy venimos a advertir a los Señores Legisladores, a la Prensa y a la Sociedad en su conjunto que:

La elección popular de los Consejeros que promueve el PEN violentaría la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional. En efecto, en la Convención Reformadora de 1994 se pretendió, con la creación del Consejo de la Magistratura y su composición, acotar poder a la política partidaria en la designación y enjuiciamiento de Magistrados. Ahora, muchos de aquellos Constituyentes que abrazaron estos principios hoy tendrán la carga de mantenerlos y defenderlos desde sus bancas como legisladores.

En tal sentido es clara la inconstitucionalidad en orden a la representación estamental que establece el art. 114 de la C.N. Así como Diputados, Senadores y el Presidente de la Nación determinan por si mismos quienes serán sus representantes, en el caso de Abogados, Jueces y Académicos dicho artículo también establece que los representantes deban ser electos por sus representados, siendo la preposición "de" esclarecedora a todo efecto.

Es indudable que con el proyecto elevado lejos de garantizar la independencia del Poder Judicial, tendrá como efecto la directa vinculación que los consejeros van a tener con el partido político que los proponga, afectando indudablemente esa independencia que hace a unos de los pilares fundamentales de la República.-

En cuanto al proyecto sobre medidas cautelares, no es razonable ni aceptable que se las limite temporalmente por ley, debiendo quedar reservada su fijación al criterio del Juez interviniente, o al del Tribunal que revise su decisorio por la vía recursiva, que deberán merituar las circunstancias fácticas en cada caso.

Resulta de Perogrullo el señalar que, cada juicio tiene sus singularidades, no pudiéndose aceptar que por ley se estipulen generalizaciones que impongan a los magistrados limitaciones, máxime cuando se trate de casos en que la sentencia tardará mucho tiempo en quedar firme y pudiera provocarse un daño irreparable para ese momento, sin perjuicio de colocarse al Estado en una posición muy superior a los particulares en una contienda judicial, provocándose por dicho desequilibrio procesal, el efecto contrario a la pretendida "democratización".

El proyecto atenta decididamente contra derechos que garantizan igualdad, debido proceso, defensa en juicio y, derecho a la tutela jurídica integral que garantizan los arts. 14, 16, 17 de nuestra Constitución Nacional y, los Pactos Internacionales con ese rango del art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

Respecto de la creación de las nuevas Cámaras de Casación, si bien no existe duda que no se presentarían inconvenientes de índole constitucional para ello, tampoco las existe en que, su implementación no beneficiaría a los justiciables porque dilataría sine die los procedimientos.

Con su creación se está propiciando la prolongación artificial de los procesos, con un dispendio jurisdiccional innecesario y que tampoco redundaría en un beneficio para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puesto que ella siempre va a ser la instancia extraordinaria de resolución de un conflicto.

De todos los justiciables, resultan los jubilados y pensionados argentinos quienes más se perjudicarían con la creación de la Cámara de Casación Laboral y Previsional, en orden a que cada demora a su edad, convertiría en ilusoria su expectativa de percibir una sentencia definitiva que ponga fin a sus legítimos reclamos.

Por todo ello venimos a exhortar a los Señores Legisladores, en particular a los Abogados, para que honren su juramento y no se desperdicie esta oportunidad histórica de realizar un verdadero debate para el mejoramiento del Poder Judicial, en aras de asegurarle a todos los argentinos, principalmente a los desposeídos y postergados sociales, el acceso a una justicia independiente, idónea y rápida, otorgando la participación adecuada de la Abogacía del país, para redefinir el rol de los distintos actores del sistema, jueces, abogados, funcionarios, pero teniendo una sola mira, que la transformación cultural tenga como principal beneficiario al justiciable.

Para ello ofrecemos aportar nuestra experiencia templada en el ejercicio diario de transitar los pasillos de los tribunales de todo el país en defensa de nuestros conciudadanos, en todo tiempo y circunstancia, como dan muestra acabada de ello los más de ciento cincuenta colegas desaparecidos.-

Buenos Aires, abril 11 de 2013

Ricardo de Felipe
Presidente de FACA

Bienvenido Rodríguez Basalo
Presidente de COLPROBA

Jorge G. Rizzo
Presidente CPACF