La Cámara Federal no hizo lugar a un pedido del subsecretario Rafael Enrique Llorens, solicitando que el estado sea querellante por la tragedia de Once, donde murieron 51 personas y más de 1700 resultaron heridas.

El juez Claudio Bonadío había aceptado en un principio al estado como querellante en la causa, pero víctimas de la tragedia y familiares de victimas querellantes apelaron y la Cámara revocó esa decisión.

El Gobierno intentó nuevamente en un tribunal de alzada pero los camaristas rechazaron de nuevo esa pretensión.

Los jueces sostuvieron que el rechazo se funda en “la concreta existencia de querellantes que han manifestado su voluntad de accionar contra el Estado Nacional en su condición de titular y garante del servicio público concesionado”.

“Habilitar la intervención como acusador privado a quien las víctimas directas del hecho sindican como responsable civil de los daños ocasionados (…) implicaría admitir como posible que puedan coexistir en la misma persona el ejercicio de roles procesales tan antagónicos como estratégicamente opuestos”, agregaron.