El Consejo de la Magistratura como títere KK.

¿DDHH?

Hoy, el Consejo de la Magistratura está en poder del oficialismo. Ese Consejo no está actuando para la justicia, sino para un proceso político, mas allá si esta ajustado a derecho o no, que no les interesa…


Por Oscar A Cavallo

Interesante resolución aunque no prospere. Seguramente las Organizaciones que lucran con sus muertos, pero no nombran a quienes a ellos mataron, mantienen silencio sobre los más de 13000 víctimas de los terroristas, civiles inocentes, niños, adolescentes, amas de casa, que nada tenían que ver con la lucha desatada por esa lacra que ataco al país, presionen políticamente para que el Juez sea destituido, por el simple hecho de ajustar su accionar a derecho.

Hoy, el Consejo de la Magistratura está en poder del oficialismo. Ese Consejo no está actuando para la justicia, sino para un proceso político, mas allá si esta ajustado a derecho o no; Que no les interesa, solo les interesa el poder para mantener sus fueros y así su impunidad y apetencias ideológicas. Están actuando para el gran negocio que han transformado, una causa tan noble como son los DDHH.

Ya llegará la hora que los jueces como el doctor Daniel Herrera Piedrabuena, se multipliquen. Saben que es la verdad, saben que es justicia ajustada derecho, lo otro es un circo armado. Saben que no hubo secuestro, hubo detenciones que las leyes permitían en tal especial situación que pasaba el país.

La verdad llegará inexorablemente y esos inescrupulosos demagogos y mercenarios, que generalmente forman los Juzgados, y actúan según las ordenes telefónicas o personales de sus mandantes, políticos ellos, serán puestos de manifiesto en su accionar delictivo, sus firmas en las sentencias no ajustadas a derecho, serán la pruebas irrefutable que los condene.

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La Cámara Federal de Córdoba revisará una causa de La Rioja que involucra al Gral. Menéndez

En los próximos días se espera que llegue a la Cámara Federal de Córdoba un recurso de apelación por la resolución del juez Daniel Herrera Piedrabuena en la “causa Menéndez” de la provincia de La Rioja.

En plena feria judicial, el magistrado cerró los procesamientos de 17 de los 66 imputados por secuestros y tormentos en el principal centro de detención clandestino riojano, el Instituto de Rehabilitación Social (IRS).

Con habilitación de la feria –insólita para este tipo de decisiones–, el 17 de enero el juez sobreseyó o dictó falta de mérito para la cadena intermedia de mandos y dejó las responsabilidades libradas sólo a Luciano Benjamín Menéndez (entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército) y a quienes cometieron directamente los secuestros o las torturas, un grupo de gendarmes o guardiacárceles.

De esta forma, el magistrado argumentó que los tormentos son delito “de propia mano” (aquellos consumados únicamente por quienes realizan personalmente la acción) y no debe involucrarse a quienes consintieron o estaban por encima en la cadena de mandos.

Por otra parte, respecto de las detenciones y allanamientos, Herrera Piedrabuena convalidó los secuestros y lejos de considerarlos privación ilegítima de la libertad o violación de domicilio entendió que no deben considerarse delito.

En estos dos puntos el juez riojano va en contra de toda la jurisprudencia en la materia y ha recibido fuertes críticas que no se limitan al ámbito de su provincia.

Otra de las cuestiones más resistidas de la resolución fue el sobreseimiento del antecesor de Herrera Piedrabuena, el juez federal Roberto Catalán, quien cumplía prisión domiciliaria y ahora está libre.

Él estaba a cargo de las personas privadas de su libertad y se dice que conocía las condiciones de detención y tomaba declaración a los detenidos con los ojos vendados.

Pero Herrera Piedrabuena negó que esos detenidos hayan estado ilegítimamente privados de su libertad. Entendió, en cambio, que estaban sometidos a proceso por la ley 20.840 que reprimió los “delitos subversivos” o que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) entonces a cargo de la Junta Militar.

Por este y otros motivos, el fiscal federal de La Rioja Darío Illanes el 28 de enero apeló la resolución.

Fuentes allegadas a este funcionario judicial mostraron su indignación porque aún no fue notificado de la concesión del recurso.

En la vecina provincia no se demoraron las reacciones en torno a esta resolución judicial.

Además de considerar que nunca en la historia de la Justicia federal se habilitó la feria judicial para dictar una resolución de este tipo, lanzaron fuertes críticas por los argumentos esgrimidos por el magistrado.

El juez federal riojano también fue denunciado por la “unidad fiscal de crímenes de lesa humanidad” de la Procuración General de la Nación.

Además del pedido de apelación del fiscal Illanes, familiares de detenidos, organizaciones sociales y partidos políticos acordaron pedir el juicio político a Herrera Piedrabuena.

El requerimiento será formalizado ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura nacional, hoy con mayoría oficialista.

Para apoyar esa intención, en La Rioja se están juntando firmas y, según el sitiohttp://www.datarioja.com/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=3870&PHPSESSID=f739795813320b7cfdc95bf90777f3f6 en dos días se reunieron 400 adhesiones.

El semanario digital citó declaraciones de las víctimas de la dictadura: “Herrera Piedrabuena debe explicarle al pueblo de La Rioja el por qué de su apresuramiento para dar sobreseimiento y falta de mérito a quienes hicieron tanto daño al país y el por qué de su lentitud para citar a los aproximadamente 50 testigos restantes”. (La Voz del Interior)