Proponen reemplazar el "Certificado de Antecedentes Penales".

MODIFICAR REGLAS DE JUEGO

(AW)Con el propósito de favorecer la inserción social de los presos que recuperan su libertad y evitar que éstos tengan dificultades a la hora de, por ejemplo, conseguir trabajo en el medio abierto, un grupo de especialistas en derecho penal y criminología acaba de presentar en sociedad un proyecto de transformación institucional que modifica la ley del Registro Nacional de Reincidencia, N° 22.117. Uno de los instrumentos que transforma en perpetua cualquier condena La propuesta es el resultado de la labor que desde hace varios meses el Espacio Locos, Tumberos y Faloperos (LTF) desarrolla en diferentes unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, especialmente con los estudiantes de derecho y periodismo de la Unidad N° 31 de Florencio Varela. Se centra en sustituir el "Certificado de Antecedentes Penales" actual, por un "Certificado de Información Penal Socialmente Relevante (CIPSoR)", de contenido sustancialmente diferente al primero (Ver Cuadro Comparativo). "Resulta harto contradictorio que por un lado se diga que el objetivo de la cárcel es la reinserción social de los presos y que por el otro se complique el acceso a un trabajo o una educación digna por el estigma que representa la existencia de un documento tan dañino como el Certificado de Antecedentes Penales. La sociedad es muy prejuiciosa. Y para cambiar esto, además de un trabajo cultural a largo plazo, es indispensable modificar algunas de las reglas de juego vigentes en un Estado de Derecho como el nuestro" (...) "Hoy cualquiera te puede negar un trabajo por tener un pasado en la cárcel. Así no hay reinserción que valga. Hay que terminar con el doble discurso y la hipocresía del sistema" (...) "No puede ser que ante la comisión de un delito haber cumplido una pena de prisión no sea suficiente. El sistema de certificación de información penal, tal cual está vigente en la ley 22.117, no hace otra cosa que contribuir a maximizar los índices de reincidencia", explican los abogados Maximiliano Postay, Sebastián Cabezas y María Eugenia D'Agostino, miembros de LTF y co-autores del proyecto al que se hace referencia. "El quid de la problemática radica en que el ‘preso', una vez que recupera su libertad padece en carne propia la indiferencia de la sociedad a la hora de incorporarse nuevamente a su vida cotidiana, y esto -hay que decirlo hasta el cansancio- no sólo responde a cuestiones culturales o prejuicios históricos difíciles de erradicar, sino también a la existencia de un 'papel' que durante los diez años posteriores al cumplimiento de una condena acompaña a la persona en cuestión con una etiqueta imposible de superar: haber hecho ‘algo malo' en el pasado y haber pagado por ello en alguna de las cárceles argentinas. Esto, además de contribuir a la consolidación de una sociedad cuyos valores excluyentes y sectarios deben ser enérgicamente repelidos, se transforma en un camino sin escalas hacia la reincidencia, principalmente en aquellas personas privadas de su libertad para las que el delito era y/o es su principal medio de subsistencia (‘delincuentes' contra la propiedad o vinculados al micro tráfico de estupefacientes - grupos que, dicho sea de paso, en conjunto constituyen casi el 65 % de la población carcelaria total de nuestro país)" (...) "Que quede claro algo. Lo que se propone no sólo apunta a proteger o beneficiar a los presos. Esta modificación es -ni más ni menos que- una política de seguridad para todos. Si los presos vuelven a la calle y no reinciden, creemos que habremos logrado algo importante".