La procuradora general de la Nación, Gils Carbó, había pedido la suspensión del fiscal al apuntar que “cambió el objeto procesal de una investigación contra Báez por presunta extorsión para quedarse con el expediente”.
Finalmente el mismo fue extraído por la Cámara del Crimen y remitido al juez federal Sebastián Casanello, quien investiga al empresario por lavado de dinero.
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