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La presentación busca cercenar el derecho individual a investigar, difundir y recibir información, consagrado como un derecho humano con jerarquía constitucional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según Báez, las notas publicadas en el diario La Nación por el periodista Hugo Alconada Mon se basan en datos contables que “deberían ser resguardados” por la Justicia.
La investigación exhibe negocios entre empresas de Báez y la familia Kirchner, propietaria de distintos hoteles en el sur del país. De acuerdo a la información a la que accedió el periódico, Báez alquiló habitaciones en los complejos que compraron los Kirchner a cambio de millonarios ingresos.
La Nación informó que dichos ingresos no fueron incluidos en las declaraciones juradas de Néstor y Cristina Kirchner. Esta mañana, esa versión fue desmentida por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Según el abogado de Báez, las notas confirman que el periodista tuvo acceso a “ciertos contratos confidenciales firmados por Valle Mitre S.A.”.
Asimismo agrega que esa información sólo pudo haber sido conseguida en el contexto de “una verificación impositiva o que obran en poder del organismo recaudador en función de los deberes de información que pesan sobre los contribuyentes”.
“La información divulgada no es, ciertamente, de aquella que deba ser publicada, informada o certificada de algún modo ante los registros que controlan el normal funcionamiento de las sociedades comerciales”, agrega la presentación judicial.
Hasta ahora, Báez había cuestionado las informaciones periodísticas que lo imputaban como autor de distintos delitos. Es más, había utilizado su propio diario para desmentir las versiones. Sin embargo, este tipo de pedidos judiciales busca censurar el rol de la prensa en una sociedad democrática.
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