Querellan a los responsables del operativo represivo del 20 de Marzo de 1975
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En el marco de los juicios por los crímenes del Terrorismo de Estado, verdadera conquista popular conseguida con la lucha que permitió la anulación de las denominadas “leyes de impunidad” en 2003, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) -su Secretario General de la Filial Villa Constitución, Carlos Sosa- y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Villa Constitución a través de su Secretario General Alberto Piccinini y Juan Actis querellarán penalmente a los responsables del Operativo “Serpiente Roja del Paraná” acaecido el 20 de Marzo de 1975 ordenado por la entonces presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón y gran parte de su gabinete y llevado a cabo por expresa indicación del entonces presidente del Directorio de la Empresa ACINDAR, José Alfredo Martínez de Hoz.
La presentación será este miércoles 29 a las 9 hs. ante el despacho del juez Oyarbide en los Tribunales de Comodoro Py.Alli recibiremos a la prensa o bien en la sede de la Liga, el mismo miércoles por la mañana o al medio día.
El mencionado operativo, funcionó en los estertores del gobierno elegido de manera constitucional -que ya había aumentado la escalada represiva con la declaración de Estado de Sitio en octubre de 1974 y la sanción de la “Ley de Seguridad Interior” o “Ley antisubversiva” (20.840)- como antecedente ideológico, discursivo y metodológico del accionar criminal desde el Estado que se consolidaría tras el golpe del 24 de marzo de 1976.
Con el declarado propósito de buscar la condena de todos los responsables del genocidio, sean éstos tanto sus ejecutores materiales como todo el bloque social que se benefició con éste: los grupos económicos, políticos, intelectuales y todos los sectores del Poder Real que inspiró y llevó a cabo el Terrorismo de Estado en la Argentina y en la región en el marco de la “Doctrina de Seguridad Nacional “ impulsada por el imperialismo norteamericano; la denuncia se orienta a probar la existencia de mecanismos de terrorismo estatal tendiente a disciplinar y desarticular el movimiento de lucha gremial y político con carácter previo al golpe del 76.
La denuncia penal involucra a los citados MARTÍNEZ DE HOZ, ISABEL PERÓN, la totalidad de los miembros del directorio de la empresa ACINDAR S.A. al 20 de diciembre de 1975, así como los cuadros de la Policía Federal Argentina, de Prefectura Naval, integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe, e integrantes del Gabinete Nacional que guarden participación con los hechos del operativo represivo y demás crímenes de lesa humanidad vinculados a éste, entre otros la existencia de un Centro Clandestino de Detención que funcionara desde dicha fecha en las instalaciones del Albergue de Trabajadores Solteros de la Empresa ACINDAR S.A. Todos ellos, son acusados de crímenes de lesa humanidad
Sobre los hechos denunciados
El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las fuerzas represivas policiales tanto de la Policía Federal como de la Provincial, de la Guardia Rural “Los Pumas” -cuerpo especialmente engendrado para la represión política, heredero del cuerpo Los Cardenales, creado por la empresa inglesa La Forestal en los años 20 que consiguió que el gobierno provincial de entonces le permitiera el uso de bandera nacional y uniforme, con asiento en Vera Pintado al norte de la provincia de Santa Fe y con funciones formales de lucha contra el abigeato; de la Prefectura Naval, integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de la Gendarmería, personal del Ministerio de Bienestar Social, parapoliciales (Triple A) y militares, siguiendo la orden del Gobierno Nacional, invadieron la localidad santafesina de Villa Constitución.
Este operativo se dio en llamar Serpiente Roja del Paraná, y fue ordenado en un comunicado firmado por la Presidenta Isabel Perón, acompañada por los titulares de los Ministerios de Defensa (Savino), Justicia (Benítez), Trabajo (Otero) e Interior (Rocamora).Detuvieron a trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la seccional de UOM, reconvirtieron el albergue de solteros de Acindar como centro clandestino de detención y desaparecieron a veinte personas.
La ciudad fue sitiada desde la madrugada del 20/3/75 por fuerzas represivas y el entonces cura con misión sobre esa localidad y las de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino (ya fallecido) festejó el comienzo del procedimiento haciendo sonar las campanas de la parroquia local San Pablo Apóstol. La Prefectura por su parte, desplegó lanchas sobre el río Paraná para impedir que los ‘buscados’ pudieran escapar por las costas.
En la madrugada de ese día, también se clausuró el local de la UOM de Villa Constitución y se procedió a detener para luego someter a brutales tratos por parte de la Policía Provincial y Federal y otras fuerzas de seguridad a la mayor parte de la Comisión Directiva que encabezaba Alberto Piccinini. Fue también detenido en esas circunstancias Carlos Sosa, entonces Secretario General de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución. Centenares de militantes, colaboradores y simpatizantes del movimiento gremial zonal fueron igualmente arrestados de manera ilegal, sometidos a malos tratos y privados de su libertad muchos luego a disposición del PEN. Del operativo represivo participaron más de cien vehículos “Ford Falcon” y alrededor de quinientos individuos dirigidos por el Comisario Córdoba Sala Caín y el mismo controlado desde Santa Fe por el comisario Antonio “Don Chicho” Fischietti. Quien fuera delegado de la Policía Federal en la Provincia de Tucumán y que cumpliera funciones en el ámbito represivo abarcando el área IV de “Seguridad Federal”, o sea toda la zona noroeste de la Argentina con posterioridad.
Parte de estos efectivos se instalaron en las dependencias del complejo industrial Acindar, utilizando como lugar de asentamiento los albergues destinados al personal jerárquico de la misma empresa, que posteriormente se convertirían en uno de los primeros lugares de detención ilegal en el país. Ese día, cuatro mil efectivos portando armas de guerra, sin órdenes judiciales ni respetando siquiera a mujeres y niños, sembraron la metodología del terror.
Entre los detenidos habían mujeres y jóvenes. La mayoría de las personas estaba vinculada al movimiento y al sindicalismo pero también fueron detenidas personas que no tenían nada que ver. El operativo significó el arresto no sólo de los trabajadores de Villa Constitución sino que también detuvieron a habitantes de las vecinas ciudades de San Nicolás (Pcia. de Bs. As.) y de Rosario (Pcia. de Santa Fe) .
Se trató la represión de una prueba piloto de la que participaron fuerzas de tareas realizando un copamiento de la ciudad que comenzó con tiros y bombas con el fin de instalar el terror. Las fuerzas invasoras colocaron un camión celular que estaba en uno de los extremos de la ciudad y otro igual fue situado en el otro extremo de la localidad, en Ruta 171 camino a Chapuy con el objetivo de cerrar todas las salidas.
Todo lo relatado deja a las claras que el operativo represivo “Serpiente Roja del Paraná” como acción criminal represiva fue esencial a los fines y objetivos de la empresa ACINDAR que prestó todo tipo de servicios a la realización del mismo. Realizado con el objetivo de “disciplinar” y aterrorizar tanto a los trabajadores de la empresa como a la población del lugar para llevar a cabo sus planes tendientes a maximizar las ganancias empresarias. No podría haber logrado la empresa esos beneficios ya mencionados de no haberse llevado a cabo el operativo delictivo y la perpetración de los crímenes de lesa humanidad que se denuncian.
Sobre las pruebas ofrecidas
La denuncia que se efectúa por ante el Juzgado de Instrucción Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 5 de la Capital Federal a cargo del Dr. Norberto Oyarbide, se inicia solicitando su conexidad con los autos “Martínez de Hoz, José Alfredo” en los que el ex ministro de Economía se encuentra acusado por el secuestro del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel. Como prueba de los hechos denunciados se ofrecerá como documental entre otros elementos la denuncia sobre la represión en Villa Constitución que consta tanto en las denuncias realizadas por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Filial Villa Constitución) en Julio de 1975 y la parte correspondiente al operativo represivo denunciado del Informe presentado en ese año al Segundo Tribunal Russell -Tribunal Ético Internacional contra los Crímenes de Guerra-; así como el testimonio de varios de los afectados directos que resultaron víctimas del operativo represivo terrorista: Piccinini, Actis y Sosa entre otros.
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