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El presidente Mauricio Funes propuso el servicio militar obligatorio para jóvenes que sean propensos a entrar en pandillas o sean amenazados por ésta.
Las autoridades calculan que alrededor de 600.000 jóvenes se encuentran en estas condiciones, por eso recibirían adiestramiento militar sin armas.
La instrucción duraría seis meses y los reclutas recibirían un sueldo en ese lapso, además de aprender un oficio.
Pero los organismos de derechos humanos mostraron resistencia a la iniciativa. Georgina Ramos, procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Juventud, dijo que la idea viola convenios internacionales.
“Es importante abordar todos los factores sociales que causan el problema de las pandillas: la exclusión política y social, la falta de políticas preventivas concretas, la cultura de la violencia”, aseguró.
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