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SEGURIDAD DEMOCRATICA: A PONER REJAS...
El fracasado ex ministro de Seguridad Bonaerense León Arslanian junto al delegado de la Fundación Ford y la Embajada Británica para cuestiones de Seguridad y Defensa de Argentina, el ex terrorista Horacio Verbitzky, salieron a la palestra para dar recomendaciones en cuestiones de seguridad ciudadana y prevención de delitos, con un documento presentado en el Congreso Nacional. En pocas palabras y como de costumbre exhibirse como solución de los problemas que ellos crearon.No es extraña esta actitud, de los personajes citados y otros que los acompañan como coro, dado que la cuestión de la denominada inseguridad ha tomado ya carriles de no retorno, ante lo cual estos ideologistas chantapufis, además de perpetuar el caos, que será lo que pretendan sus mandantes del Poder Mundial ( para eso los financian con millones de dólares) tratan de ponerse la venda antes de ser acusados del desastre que provocaron, cuyas consecuencias se pueden apreciar hoy y diariamente. Tampoco es extraño que todo esto sea promovido por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) terminal aquí del poder económico y cultural yanqui a travez de las Fundaciones Ford y Kelllog entre otras que financian a ese grupo y de la Embajada Británica que también colabora con él.
Juntaron un nutrido grupo de políticos y personajes gastados para presionar, con la finalidad de volver a gobernar la seguridad del distrito mas importante de la Nación como lo es la Provincia de Buenos Aires, a la sombra de Scioli, fiel lacayo del Innombrable. Sospechamos que detras de ellos este la mano de Kirchner.
El texto elaborado por este grupo de hipócritas, inútiles y politicastros del gastado progresismono es mas que un montón de humo, de frases hechas y lugares comunes de la izquierda sistemica: La seguridad no tiene que estar en manos de la policía, las respuestas al delito siempre son autoritarias, las reformas que ellos hicieron tuvieron resultados favorables (seguramente para la delincuencia), y un interminable etcétera de palabrerío vacuo de contenido.
Lo increíble del mismo es que se hace un raconto de lo que son las cárceles, además de afirmarse que en la Argentina, donde gobierna el partido de los derechos humanos del que ellos forman parte, en esas carceles se tortura. Mas increíble aun es que haya personajes del oficialismo avalando esa afirmación. Nos preguntamos quienes han sido los responsables de las cárceles en estos 26 años de democracia.
Sugerimos a Horacio Verbitzky, que parece tan preocupado y competente en el tema de la seguridad, que en lugar de mandar intermediarios como el gordo Arslanian o Marcelo Saín, se ofrezca él para Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Nos gustaría ver que tan apto es para el cargo y para poner la cara a las puteadas de la gente ante los resultados prácticos del abolicionismo penal.
Es importante para el común tomar nota de los nombres que acompañan esta declaración, por que en nuestro país la inseguridad o sea el crimen desbordado y la idea de no reprimirlo condignamente so capa de autoritarismo, la idea de solidarizarse con el delincuente en lugar de hacerlo con la víctima, la idea de que reprimir el crimen pone en peligro la democracia, la idea de que el problema es la policía y no los delincuentes, la idea de los consensos para no hacer nada, la idea de que el delincuente es solamente un excluido económico, la idea de dejar libre s a los criminales con el argumento de que no hay lugar en las cárceles; sale de la cabeza de estos personajes nefastos. Esas ideas desfilan en este pronunciamiento.
Por lo cual es necesario conocer a estos individuos, saber quienes son, para al menos, si se presentan como candidatos después, no cometer la insensatez de votarlos, como hacen muchos de los que luego lloran por los resultados, muchas veces delante del cadaver de un familiar o un amigo.
La declaración es la siguiente:
Acuerdo para la Seguridad Democrática
"Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.
Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.
1.- El Estado frente al problema del delito
En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
2.-El Engaño de
Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.
La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.
Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.
Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.
3.- Responsabilidad del Estado
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.
4 Una concepción integral de la seguridad
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.
5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.
Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia
Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
7 Gestión policial no violenta en el ámbito público
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.
8 El papel de
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.
9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.
10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia
Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.
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