El infierno de "Nuestra Huella".

Nuestra Huella S.A. en la mira. Detalles del allanamiento a 14 granjas

La granja donde trabajaba Ezequiel, el pibe que murió por manipular agrotóxicos, fue allanada por segunda vez para recabar nuevas pruebas.

Por Lucas Schaer. Publicado en Miradas al Sur. 5 de diciembre de 2010.

Pilar no es una localidad bonaerense más: allí se concentran buena parte de los poseedores de las mayores fortunas nacionales. Su parque industrial, sus countries, sus campos de golf, sus pistas de equitación y sus estancias evidencian que allí vive buena parte de la alta sociedad agroindustrial. Una sociedad que hace pocas semanas se vio salpicada por las bajezas humanas más deplorables. Y es que desde las granjas de la empresa Nuestra Huella S.A. desborda el barro que ensucia a la alta alcurnia en la forma de tráfico de familias migrantes. Allí, en esa próspera localidad, hombres, mujeres y niños humildes son doblegados hasta la esclavitud, y abolida su libertad. Esto lleva a que los pibes, desde los tres años recolecten huevos. O que los galpones se vuelvan escuelas. O que la música funcional sean 25 o 30 mil gallinas cacareando por galpón. O que el aire que pueden respirar sea el aroma del guano. O que el suelo sea una alfombra de materia fecal y sus mascotas, las nubes de moscas.
Las condiciones de producción por la empresa Nuestra Huella S.A. vienen comprobándose en causas judiciales y en expedientes gubernamentales desde abril de 2008. Sin embargo, recién el viernes último – 20 días después de la muerte del niño Ezequiel Ferreyra- se produjo el segundo allanamiento ordenado por la Justicia federal.
Miradas al Sur estuvo durante el operativo judicial en las 14 granjas. La única forma de conocer detalles de lo que allí ocurre era estar en el lugar, ya que el juzgado sigue demorando su promesa de aceptar como querellantes a la Fundación La Alameda. “El viernes estuvo uno de nuestro abogados, pero a pesar de las promesas no obtuvimos el derecho constitucional de presentarnos como querellantes. Ahora lo pasaron para la otra semana”, señaló Gustavo Vera, de La Alameda a Miradas al Sur.
La seguridad en los allanamientos quedó en manos de la Policía Federal, luego de las graves irregularidades cometidas por la Prefectura Naval en la granja La Mimosa III. Allí trabajaba Ezequiel Ferreyra, el pibe de siete años que falleció por un tumor cerebral ocasionado por la manipulación de agrotóxicos.
En este segundo allanamiento realizado el viernes, hubo un importante despliegue de la Federal con las divisiones Trata de Personas y Delitos Ambientales, que tomaron muestras de los agrotóxicos y venenos utilizados en los galpones. La Superintendencia de Investigaciones apoyó relevando a las familias atentas a las medidas ordenadas por el juzgado federal con sede en Campana.
Como solicitó la Fundación Alameda, que asesora y respalda a los trabajadores denunciantes, en los nuevos operativos judiciales se incluyó a diversas dependencias del Gobierno que no tuvieran relación con las áreas municipales y provinciales cuestionadas por su supuesta complicidad con la empresa avícola. Así, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) acercó sus funcionarios para que verificaran el cumplimiento de la normativa de calidad agroalimentaria del Código Alimentario Argentino. También estuvo presente parte del personal del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la delegación del partido de San Martín y miembros de la Dirección de Migraciones que depende del Ministerio del Interior, quienes verificaron la documentación. A ellos se sumó un equipo de la Dirección Nacional de Promoción para el Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia instalado.

Testigos en riesgo. Marisol Díaz vive con su esposo Agustín Navarro Farías –trabajador despedido por accionar gremialmente– y sus tres hijitos en una pequeña casa dentro de la granja La Escondida, también propiedad de la firma Nuestra Huella S.A. “Me entrevistaron –relata-, y les conté todo nuestro caso con Agustín, despedido por denunciar, y conmigo trabajando hasta el último día del parto de Claudia, que hoy tiene un riñón enfermo al punto que se lo van a quitar, también por manipular agrotóxicos. Después dijeron que íbamos a tener que ir a declarar al juzgado.” La joven madre paraguaya agregó que el galpón delante de su casa fue vaciado: “Hace dos días sacaron a la mujer que trabajaba ahí y se llevaron las pollas. Estaba en negro la señora”. Otra granja, como La Mimosa II, que es utilizada para cría, también fue vaciada. Según personal policial, “allí sólo viven tres familias argentinas”.
Durante el último allanamiento, a los testigos en las distintas granjas se los veía alejados de los funcionarios. Por un lado, había algunos de ellos sentados sin hacer nada o riendo con los policías, mientras los funcionarios de Trabajo relevaban a los trabajadores sólo teniendo en cuenta los dichos del capataz, sin recorrer el inmenso predio, ni las casas y galpones en busca de los trabajadores que, en ese momento, se ponían los uniformes de trabajo.
Al momento del allanamiento en las 10 granjas no se detectó trabajo infantil, aunque los responsables del operativo comentaron la necesidad de cruzar los datos brindados por los trabajadores del lugar.
En la granja donde aún sigue viviendo la familia de Ezequiel Ferreyra, La Mimosa III, está el primer trabajador denunciante, Oscar Taboada, boliviano, y María Soledad Garzón. Ella no es cualquier trabajadora: hasta el suicidio de su marido Hernán Flores Arias, defendía a la empresa y echaba a los periodistas que iban a sacar fotos. Su actitud cambió cuando su esposo se suicidó al beber un litro del mortífero veneno Nuban. “Desde la empresa me dijeron que el suicidio de Hernán era como si hubiera renunciado y que no merecía ninguna paga. Se quedaron hasta con el último sueldo. Después, me quisieron echar y me dieron 15 días para irme de la casa. Cuando nosotros siempre trabajamos en negro y todo el día hasta la madrugada cuidando hasta 120 mil gallinas en la granja Alfaceta”, expresó Garzón mientras su hijita de cinco años, Diana, da vuelta alredor. Su hijita casi no habla. María cree que se debe a que, jugando de bebé, tomó veneno. La intervención médica es otra de las medidas solicitadas al juzgado de Adrián Charvay que aún están pendientes
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