El Partido Justicialista y la CGT siguen asesinando.

Crímenes políticos: El qom Roberto López y Mariano Ferreyra o la vigencia del PJ y la CGT

PRENSA DE FRENTE

Sería necio no reconocer la existencia y disputa de los diferentes sector internos que conviven y confrontan dentro del proyecto político encarnado por el oficialismo. No menos necio resulta quien, a la luz de los asesinatos de Mariano Ferreyra y la balacera contra los pobladores qom en Formosa, en manos de una patota sindical y de fuerzas de seguridad respectivamente, duda sobre cuales son las fracciones y estructuras que hoy hegemonizan la conducción del “proyecto nacional”.

Hasta la fecha, el curso judicial y político de los crímenes sucedidos en Capital Federal y en la comunidad formoseña “La Primavera”, han tomados diferentes ribetes en cada caso. Poco después del asesinato del militante trotskista, la fiscal y la jueza que llevan la causa procesaron a 7 integrantes de la patota que atacó la movilización de trabajadores ferroviarios tercerizados a mediados de octubre, sumando luego la imputación como instigador al Secretario General de Unión Ferroviaria, José Pedraza. Mucho menos contundente que el proceso judicial, el repudio político al asesinato se redujo a la condena de los movimientos u organizaciones oficialistas extrapejotistas, ya que a excepción del sector de CTA que conduce Hugo Yasky y el espacio político de Martín Sabatella, ninguna fuerza se expresó en calle contra el crimen, aunque algunos sí mostraron su desacuerdo a través de solicitadas o declaraciones públicas. No hubo voces de repudio entre los integrantes de la dirección del PJ, y ni un solo gremio de la CGT promovió medidas gremiales de protesta, por el contrario, la UF desató una huelga en la línea Roca protestando por la detención de sus afiliados matones.

En el caso del asesinato a manos de la policía provincial del comunero toba Roberto López, cuando intentaban desalojarlos del paraje formoseño “La Primavera”, las respuestas fueron si se quiere, aún más contradictorias. La acción judicial brilla por su ausencia y la condena política se dividió entre el tibio repudio y el silencio. Un profundo gesto político del oficialismo fue la videoconferencia realizada el mismo día del asesinato de López, entre la presidenta de la Nación y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el que anunciaron la inauguración de un cableado de alta tensión entre las regiones del NOA y el NEA, ignorando completamente el desalojo de los terrenos toba. Por esos días, el argumento esgrimido por los “defensores de cualquier cosa” fue que la presidenta no estaba al tanto de la represión, argumento que, en caso que fuera cierto, se desmorona por el silencio oficial pasados ya 10 días del crimen.

Una vez más, quienes salieron a apagar el fuego fueron los sectores progresistas externos al PJ que integran el oficialismo. El miércoles 1° de diciembre, una conferencia de prensa organizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), conducido por Claudio Morgado, convocó a los integrantes de ese espacio político a una conferencia de prensa para repudiar el accionar de la policía provincial y pedir la cabeza del gobernador Insfrán. En el acto participaron referentes de Carta Abierta, el Cels, movimientos sociales kirchenristas y algunos referentes de la oposición, pero nuevamente se pegaron el faltazo los dirigentes de primera línea del PJ y la CGT. De más está decir que no hubo declaraciones de condena ni de parte del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ni del ministro del Interior, Eugenio Randazzo.

Lo cierto es que este espacio o corriente progresista dentro del kirchnerismo, ha sabido hacerse de un lugar dentro del armado oficialista. Lo lograron principalmente a partir de proyectos de ley que generaron un fuerte impacto social, sobre todo en la ampliación de los derechos civiles. Así, tanto luchas sectoriales que clamaban por el matrimonio con iguales derechos para parejas del mismo sexo, como reivindicaciones históricas de organizaciones sociales y políticas, se fueron materializando vía parlamento, en muchos casos con apoyo de diferentes sectores de la oposición. Entre las medidas que reivindican como propias en este sector están la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario y el acceso universal por hijo, como las más destacadas.

Es discutible adjudicar sueltamente la autoría de varios de esos proyectos al oficialismo, sobre todo cuando la intención no es reivindicar el proceso de movilización y lucha a través de los que fueron gestados e impulsados por diversos actores sociales. Lo que no es discutible es que esas medidas chocan de frente con una realidad política e ideológica hegemonizada por el Partido Justicialista y la Confederación General del Trabajo, que en los últimos meses hicieron una demostración de poder de fuego y de continuidad de las prácticas antipopulares arraigadas en más de 35 años como organismo determinantes del partido del orden.