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Washington, 23 Ene. 12 (ACI/EWTN Noticias).-La administración Obama anunció el 20 de enero que no ampliará la exención para los grupos religiosos que se oponen al pago de planes de seguro médico para sus empleados que incluyan esterilización y anticonceptivos, también los de efecto abortivo.
Kathleen Sebelius, Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirmó en un comunicado que los empresarios religiosos que se oponen a proporcionar esta cobertura estarán obligados a cumplir con la ley desde el 1 de agosto de 2013.
Entre los que se oponen al mandato figuran muchas organizaciones católicas, tales como escuelas, hospitales y entidades sociales.
Entre los que se opusieron a la norma figuran el Cardenal Daniel N. DiNardo, presidente del Comité Pro-Vida de los obispos de EE.UU. advirtiendo que ni Jesús tendría derecho a la exención por motivos religiosos.
En diciembre, un grupo de más de 60 líderes evangélicos, bautistas y judíos expresaron su oposición al mandato en una carta al presidente Barack Obama. Se observó que "las organizaciones religiosas más allá de la comunidad católica tienen profundas objeciones morales" a la propuesta.
Aunque la norma entrará en vigor para la mayoría de los empleadores el 1 de agosto de 2012, Sebelius dijo que habrá un año de "retraso en la aplicación" del mandato de los empleadores sin fines de lucro que actualmente no ofrecen cobertura de anticonceptivos en sus planes de seguros debido a creencias religiosas.
"Este año adicional permitirá a estas organizaciones más tiempo y flexibilidad para adaptarse a esta nueva norma", dijo.
Sebelius agregó que estos empleadores estarán obligados a informar a los empleados "que los servicios de anticoncepción están disponibles en sitios como centros comunitarios de salud, clínicas públicas y hospitales".
El Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene dos demandas a cargo de abogados del Fondo Becket, una en nombre de Belmont Abbey College y la otra por la Universidad Cristiana de Colorado.
Hannah Smith, asesora jurídica del Fondo Becket, considera que la administración de Obama sabe que la norma "no puede sobrevivir al escrutinio constitucional" y por lo tanto "trata de retrasar el inevitable día del juicio" en el año electoral.
Kathleen Sebelius, Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirmó en un comunicado que los empresarios religiosos que se oponen a proporcionar esta cobertura estarán obligados a cumplir con la ley desde el 1 de agosto de 2013.
Entre los que se oponen al mandato figuran muchas organizaciones católicas, tales como escuelas, hospitales y entidades sociales.
Entre los que se opusieron a la norma figuran el Cardenal Daniel N. DiNardo, presidente del Comité Pro-Vida de los obispos de EE.UU. advirtiendo que ni Jesús tendría derecho a la exención por motivos religiosos.
En diciembre, un grupo de más de 60 líderes evangélicos, bautistas y judíos expresaron su oposición al mandato en una carta al presidente Barack Obama. Se observó que "las organizaciones religiosas más allá de la comunidad católica tienen profundas objeciones morales" a la propuesta.
Aunque la norma entrará en vigor para la mayoría de los empleadores el 1 de agosto de 2012, Sebelius dijo que habrá un año de "retraso en la aplicación" del mandato de los empleadores sin fines de lucro que actualmente no ofrecen cobertura de anticonceptivos en sus planes de seguros debido a creencias religiosas.
"Este año adicional permitirá a estas organizaciones más tiempo y flexibilidad para adaptarse a esta nueva norma", dijo.
Sebelius agregó que estos empleadores estarán obligados a informar a los empleados "que los servicios de anticoncepción están disponibles en sitios como centros comunitarios de salud, clínicas públicas y hospitales".
El Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene dos demandas a cargo de abogados del Fondo Becket, una en nombre de Belmont Abbey College y la otra por la Universidad Cristiana de Colorado.
Hannah Smith, asesora jurídica del Fondo Becket, considera que la administración de Obama sabe que la norma "no puede sobrevivir al escrutinio constitucional" y por lo tanto "trata de retrasar el inevitable día del juicio" en el año electoral.
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