Libertad de expresión en Argentina.

¿Una gran muralla en la Argentina?

Lo que se necesita para evitar la construcción de una “gran muralla” en el ejercicio de la libertad de expresión es la vigencia del Estado de derecho.   Por Martín Carranza Torres (*)

En tiempos en los que la libertad de expresión parece no conocer fronteras, cabe preguntarnos acerca de la posibilidad de que en el país se construya, del modo en que lo ha hecho China, lo que se conoce como great firewall , una suerte de “gran muralla”, pero de la información y de la libre expresión. La respuesta a esa pregunta requiere atender a dos aspectos o pilares centrales para el análisis: lo institucional y lo cultural.   Hay distintos fundamentos jurídicos y filosóficos para la adopción de heterogéneos sistemas institucionales. Conforme sean esos fundamentos, serán las instituciones que rijan en una determinada sociedad. Pero, además de ellos, juega un rol muy importante la evolución de esos sistemas de acuerdo a los factores culturales que entran en juego y que llevan, muchas veces, a resultados imprevisibles.   Tenemos un claro ejemplo de esto en el tema de la libertad de expresión. Las bases jurídicas y filosóficas del sistema vigente en la Argentina actual son claramente favorables al reconocimiento del derecho individual de expresar libremente las ideas por medio de la prensa.   La Constitución Nacional consagra en forma expresa ese derecho como uno de los pilares fundamentales de la democracia republicana, en cláusulas que bien podrían ser consideradas como verdaderas copias de la Constitución de los Estados Unidos. Desde lo filosófico y jurídico, ambas constituciones guardan una estrecha relación de parentesco. En este sentido, nuestro sistema debería asegurar que las garantías individuales, la libertad de expresión y la libertad de prensa son correctamente respetadas.   No obstante, el sistema institucional norteamericano, al igual que el de su par inglés, está construido sobre una estructura de leyes flexibles, con una aplicación estricta, mientras que el sistema institucional argentino, en sentido inverso, está construido sobre una estructura de leyes estrictas de aplicación flexible.   Garantía menguada. La cultura en la que está enmarcado talla a cada sistema, diferenciándolo del otro. Es por eso que nuestras instituciones no garantizan por completo la libertad de expresión. Y acá está la grieta a través de la cual el ambiente político y su entorno cultural constituyen una amenaza a la libertad de expresión y puede avizorarse cierto intento de construir una “gran muralla” en la Argentina.   Un ejemplo concreto es el de la llamada “ley espía”, que establecía la obligación –para los proveedores de servicios de comunicación– de resguardar todas las comunicaciones, con la excusa de tenerlas disponibles si un juez competente lo disponía.   En el “caso Halabi”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional, arguyendo que la ley era vaga, toda vez que no indicaba cuándo esas comunicaciones podían ser obtenidas sin una autorización legal y, de manera adicional, no garantizaba que la información no fuera utilizada con otros fines.   Es interesante notar que muchas veces, cuando hablamos de Internet en la Argentina, el temor principal recae sobre el poder que las compañías de la red –Google y Facebook, entre otras– tienen sobre los datos personales, simpatizando una buena parte de la sociedad con la idea de un fuerte control gubernamental sobre el tráfico de Internet. Esto es cultural.   Sin embargo, lo cierto es que, como comunidad, no debiéramos estar tan preocupados sobre las compañías que ganan dinero por la información sino, en todo caso, sentirnos seriamente amenazados por los gobiernos que controlan a esas empresas. Son éstos los que pueden construir una “gran muralla”.   Si a esto sumamos la creciente disputa entre el Gobierno y las empresas periodísticas, la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –que da a la autoridad la facultad de eliminar licencias de multimedios–, el problema con Papel Prensa, la adquisición de los derechos de la transmisión del fútbol –que se utiliza como medio de propaganda oficial– y la intervención de facto de los sindicatos cuando los medios de prensa publican noticias contrarias a sus intereses, el panorama se complica más aun.   Otra influencia cultural es el hecho de que el sistema legal argentino evoluciona de emergencia en emergencia: la volatilidad de las circunstancias generales impacta con fuerza en la aplicación de la ley.   En épocas de crisis, los gobiernos suelen declarar “derecho de emergencia” por alguna razón o por otra, lo cual afecta algún derecho o la protección de otros. Por ejemplo, durante cierto tiempo estuvo prohibido ejecutar las hipotecas, lo cual ciertamente afectaba los derechos de propiedad. En otra ocasión, el Estado se declara inmune a toda acción civil y todas las acciones se cancelan, transformándolo en irresponsable de sus obligaciones.   Lo que se necesita para evitar la construcción de la “gran muralla” es la plena vigencia del Estado de derecho, que es lo que necesitamos para, parafraseando a Ronald Reagan, evitar tener que derribar ese muro.   La movilización por la libertad de expresión debe empezar por un movimiento que demande que el espíritu de la Constitución brille en su aplicación y que el sistema sobre el cual se basa se traduzca en garantías para la libertad de expresión en la práctica.   (*) Abogado, socio de Carranza Torres & Asociados