El gobierno racista de Bolivia sanciona una ley antirracista...

¿Una ley contra el racismo en Bolivia?

Evo Morales se alinea, también en esto, en la fila de demagogos encabezada por Hugo Chávez y junto a los Kirchners, Correa y Ortega, quienes consideran que educar al pueblo significa imponer su ideología con el látigo en la mano.

Por José Leopoldo Decamilli

Con el apoyo complaciente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Senado el gobierno boliviano ha conseguido la aprobación de la llamada “Ley contra el racismo y todas las formas de discriminación”. Evo Morales acogió con júbilo la nueva ley. “Luego de 500 años de racismo, con 185 años de vida estatal, 184 años de Estado Colonial y un año de Estado Plurinacional, por fin, aprobamos una ley contra el racismo”

¿Es realmente así? Veamos.

En primer lugar hay que decir que toda iniciativa que realmente vaya enderezada a combatir el racismo debe ser acogida con alborozo. El racismo es una ideología perversa que contradice el principio fundamental del humanismo cristiano de la unidad e igualdad esencial de todos los hombres. La Organización de las Naciones Unidas se conformó al fin de la II Guerra Mundial para oponerse a los desvaríos del Nacional-Socialismo y a la barbarie de otros totalitarismos, por eso asentó como base de todos sus esfuerzos la defensa de la persona humana y de sus inalienables derechos.

Si ésa hubiera sido la verdadera intención del gobierno boliviano seguramente habría contado con el apoyo de todo el pueblo. Desgraciadamente hay datos concretos que nos obligan a pensar que no es precisamente la preocupación por el racismo el motivo que le impulsó a conseguir la promulgación de la ley.

De entrada hay que anotar que el presidente de Bolivia no puede condenar sinceramente el racismo porque toda su política se nutre esencialmente de un racismo indigenista radical. Su estrecho esquema mental y el de los ideólogos que le sostienen tienen su raíz en una interpretación arbitraria de la historia de Bolivia y de toda Hispanoamérica en la que se mezclan burdamente un racismo indigenista con dogmas entresacados del marxismo. Aún concediendo que fuera verdad la concepción de que la historia de Bolivia no haya sido otra cosa que la historia de la explotación de los indígenas por parte de los “racistas” españoles –una interpretación peregrina que deja de espaldas los datos fehacientes de la ciencia histórica sobre nuestra América- nada justifica que se promueva hoy una política que privilegie a los aimarás y quechuas en detrimento de los blancos y mestizos, y aún de las 31 comunidades indígenas que también viven en Bolivia. A la prueba me remito: la Constitución Nacional Plurinacional.

La duda sobre los verdaderos designios del Gobierno se consolida cuando se lee el texto de la ley 045 y muy especialmente los Art. 16 y 23 de la misma. La nueva ley concede al presidente de la nación la facultad de decidir si un órgano de la prensa, o un trabajador de un medio de comunicación, ha publicado o escrito un artículo de contenido racista. Conociendo la mentalidad del presidente, que considera como racista o discriminador a todos los que disientan de su opinión, los efectos de tal atribución pueden ser realmente devastadores. En todo caso, la publicación de artículos de contenido racial o discriminatorio comporta para un órgano de la prensa o de la radio sanciones económicas y la suspensión de la licencia de funcionamiento. Los periodistas autores de artículos de esa naturaleza incurren en delitos castigados por el Código Penal sin poder alegar en su defensa ninguna “inmunidad ni fuero”.

Pero, además, el Presidente mismo manifestó públicamente, en repetidas oportunidades, que considera a los medios de comunicación como sus “primeros enemigos” y que se debería “normar” el trabajo de los empresarios y periodistas para que “no mientan”.

Es manifiesto, por consiguiente, que el gobierno utiliza la ley antirracista para encubrir su afán de someter a las voces disidentes a su política despótica. El Presidente de la Sociedad Internacional de la Prensa, Alejandro Aguirre, manifestó muy acertadamente que “esta ley tan importante contra la discriminación social y necesaria para el desarrollo democrático no tiene por qué incurrir en graves atentados contra el deseo del pueblo a saber”. Exactamente: una cosa es combatir el racismo y otra emplear el racismo como pretexto para reprimir la libertad de expresión y de información.

Evo Morales se alinea, también en esto, en la fila de demagogos encabezada por Hugo Chávez y junto a los Kirchners, Correa y Ortega, quienes consideran que educar al pueblo significa imponer su ideología con el látigo en la mano. Algunos de ellos proceden así en la firme creencia de que ellos son, realmente, profetas redentores de sus pueblos; en otros la ideología del despotismo es el disfraz de la corrupción.

La respuesta de la sociedad boliviana ante estos ataques a la libertad de información ha sido casi unánime. Todos coinciden en la apreciación de que la ley antirracista es en realidad una ley mordaza; una ley que impone por la fuerza el silencio a quienes disienten de la concepción política del partido gobernante. Así lo han manifestado la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBURA), la Confederación de Trabajadores de la Prensa y también Sociedad Internacional de la Prensa (SIP). Han expresado igualmente su desacuerdo y condena la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y partidos de la oposición.

La reacción de Evo Morales a las críticas pone al descubierto su mentalidad autocrática: acusa a todos ellos de racistas. “Sigo convencido de que quienes rechazan la Ley del Racismo son racistas y racistas confesos”.

José Leopoldo Decamilli, Berlín