Centenares de militares y policías mas serán detenidos.

DERECHOS HUMANOS: UNA INICIATIVA DEL GOBIERNO QUE AFECTA A LAS FUERZAS ARMADAS 

Ya preparan cárceles para los militares que puedan ir presos

Involucra a los ex represores que podrían ser detenidos por la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Habrá una sección especial en Marcos Paz y nuevos calabozos en Campo de Mayo.

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A LA ESPERA. EL COMPLEJO PENITECIARIO II DE MARCOS PAZ, EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ALLI HABRA UNA CARCEL ESPECIAL PARA EX REPRESORES. (Foto: Martín Acosta/ Archivo Clarín)

 

Otro frente de conflictoFernando Gonzalez
fgonzalez@clarin.com

Ya a nadie le sorprenden los gestos ampulosos del Gobierno en materia de derechos humanos. Néstor Kirchner impulsó primero la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el Congreso, y después su anulación a través de la Corte. Pasó a retiro a decenas de generales y le ordenó al jefe del Ejército que descolgara en público un cuadro del represor Jorge Videla, que resistía en el Colegio Militar.

Pero en tiempo de elecciones y aunque el poder militar es una caricatura de lo que fue en el pasado, la preparación de cárceles para los represores que sean detenidos a raíz de la anulación de las leyes del perdón podría convertirse en otro frente de conflicto. Uno más para un Presidente que parece llevar el conflicto en su naturaleza.

Daniel Santoro. 
dsantoro@clarin.com




El Gobierno proyecta abrir una sección especial para militaresdentro de la cárcel de Marcos Paz y construye más calabozos en Campo de Mayo para alojar a ex represores a los que la Justicia le dictará la prisión preventiva en los próximos meses, en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Así lo aseguraron a Clarín fuentes oficiales.

La necesidad de crear cárceles castrenses es una consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida emitida por la Corte Suprema en junio pasado. Esta decisión de la Corte reactivó unas 40 causas en todo el país en las que antes no se podía perseguir penalmente y encarcelar a los ex represores por esas leyes del perdón dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras los levantamientos carapintadas.

Esa reactivación está produciendo la prisión preventiva de "dos o tres militares retirados por semana", quienes hasta cumplen la orden judicial de arresto en los casinos de oficiales de unidades del Ejército o de la Armada.

Pero algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se quejaron al Gobierno y pidieron que los militares cumplieran la prisión preventiva como cualquier otro detenido, es decir sin el beneficio de hacerlo en la comodidad de los cuarteles de las Fuerzas Armadas.

Pero los militares con prisión preventiva por secuestros, desapariciones o asesinatos cometidos en la dictadura no pueden ser alojados en cárceles civiles, al igual que los ex policías o ex jueces presos. Los delincuentes comunes se vengarían y podrían tomar represalias contra ellos.

Por ésta y otras razones, una sección de la Unidad Penitenciaria Federal de Marcos Paz —que tiene una capacidad para 152 internos— "pasará a ser una cárcel especial para militares en los próximos meses", dijo la fuente.

Un vocero del Ministerio de Justicia puntualizó a Clarín que en esa cartera "aún no se abrió ningún expediente sobre la cárcel de Marcos Paz pero no descarto que se haga en el futuro".

Explicó que son los jueces los que ordenan dónde quedan detenidos los imputados y que el Servicio Penitenciario cumple las resoluciones de los jueces. Sucede que, hasta ahora, las Fuerzas Armadas pedían a los jueces que sus miembros fueron detenidos en sus cuarteles. Pero para esta nueva etapa el Ministerio de Defensa no lo permitirá y deberán mandarlos a cárceles comunes.

Mientras tanto, Defensa está ampliando de 40 a 80 los calabozosexistentes en la Escuela de Artillería de Campo de Mayo. Los militares mayores de 70 años pasarían a cumplir prisión domiciliaria, como establece la ley para las personas con esa edad.

El Gobierno se dispone a anunciar estos cambios en forma inminente porque no existen actualmente cárceles comunes para militares. La prisión militar de Magdalena, luego de los indultos decretados por el ex presidente Carlos Menem en 1989 al ex presidente Jorge Videla y los otros ex comandantes condenados por el juicio a las juntas en 1985, fue cedida en los 90 a la provincia de Buenos Aires y convertida en una cárcel para presos comunes.

Actualmente, en todo el país "hay 158 militares detenidos y se prevé que el número llegue a 260", explicó a este diario una fuente gubernamental. Uno de los que dejaría de estar detenido en unidades militares en las próximas semanas es el capitán retirado Jorge "El Tigre" Acosta, quien formó parte del grupo de tareas del centro clandestino que funcionó en la ESMA.

Acosta está preso en dependencias de la Gendarmería, pero en los próximos días sería enviado a la base naval de Punta Indio. Sin embargo, una vez que el Gobierno oficialice estos cambios terminaría en una cárcel común.

El uso de una sección de la cárcel de Marcos Paz y la ampliación de los calabozos de Campo de Mayo se manejan con bajo perfil porque el Gobierno no quiere que crezca el malestar en los cuarteles en medio de la campaña electoral. El ministro de Defensa, José Pampuro, está hasta ahora piloteando con suerte la difícil interna militar y espera que los retirados no se resistan a ir a cárceles comunes.